MARTES 20 DE JULIO DE 2021 / Gloria Leticia Díaz Ante la revelación de que 15 mil números telefónicos fueron espiados durante la administración de Enrique Peña Nieto, a través de Pegasus, organizaciones civiles exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) “una investigación imparcial, amplia, exhaustiva y profesional”, en la que se involucre a las víctimas y se sancione a los responsables de la vigilancia ilegal de defensores, periodistas y opositores políticos, hechos que hasta ahora permanecen en la impunidad. En un comunicado conjunto, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Artículo 19, Tecnología Digital para el Cambio Social (Social Tic) y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), apuntaron que la investigación Pegasus Project, coordinada por Forbidden Stories, organización francesa dedicada al periodismo de investigación, y Amnistía Internacional, confirmó que “desde las agencias del Estado mexicano como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría General de la República y la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), existió un patrón de uso de los sistemas de vigilancia gubernamentales en contra de periodistas, defensores de derechos humanos, activistas y opositores políticos que no debe quedar en la impunidad”. Recordaron que, desde hace cuatro años, cuando se tuvieron las primeras pruebas de la vigilancia ilegal, víctimas de Pegasus y organizaciones firmantes interpusieron una denuncia formal. Agregaron que pese a que la FGR tiene la investigación abierta desde entonces, “su alcance limitado, la ausencia de garantías de independencia y de avances significativos en el esclarecimiento, rea-
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Organizaciones civiles exigen investigación exhaustiva sobre el espionaje mediante Pegasus firman la necesidad de replantear y fortalecer la investigación”. Insistieron en que la investigación debe ser “imparcial, amplia, exhaustiva y profesional que identifique a todas las víctimas de espionaje, a los responsables materiales e intelectuales de perpetrar ataques, así como de los funcionarios que hayan participado en el encubrimiento de los mismos; de manera que las víctimas y la sociedad en general puedan conocer la verdad completa de los hechos”. Las organizaciones resaltaron que entre los 15 mil números mexicanos reportados como objetivos de espionaje a través de malware Pegasus, que forman parte de un conjunto de 50 mil en todo el mundo, hay defensores de derechos humanos, familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como más de 25 periodistas, entre ellos Cecilio Pineda Brito, “quien fue asesinado en marzo de 2017, apenas una semanas después de haber sido atacado con Pegasus”. De acuerdo a las evidencias, otros periodistas también espiados fueron los integrantes de Río Doce, de Sinaloa, Ismael Bojórquez, Andrés Villarreal y Griselda Triana, viuda de Javier Valdez, así como la conductora Carmen Aristegui, sus familiares y su equipo de trabajo. “Mientras estos abusos no sean esclarecidos a cabalidad, continuarán representando un duro obstáculo para el
INE investiga supuesta venta del padrón electoral; con datos de 95 millones de mexicanos / Rodrigo Vera El Instituto Nacional Electoral (INE) denunció la posible venta ilegal de información del Padrón Electoral, la cual contiene datos sensibles de alrededor de 95 millones de mexicanos. Detalló que, el pasado 14 de julio, detectó una publicación en un foro dedicado a la comercialización de información obtenida de manera no autorizada en el mercado negro, la cual hace referencia a la venta de presunta información del padrón, por lo que ya inició una investigación. El órgano electoral agregó que, en dicha publicación, se observa que la estructura de los datos sospechosos puede corresponder a datos del padrón de 2018. “De manera preliminar y con la información con que se cuenta al momento, se identifica que el corte de la información no sería de 2021. Podría tratarse, en cambio, de un corte de información de 2018, cuya exposición se ha estado investigando desde abril de 2020”, indicó. Y recordó que, el 8 de mayo de 2020, interpuso ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (FEDE) una denuncia por hechos que podrían constituir delitos por acceso y uso indebido de datos asociados al Padrón Electoral. Esta denuncia ante la FEDE, dijo, “representó el inicio de una investigación que deberá llegar a sus últimas consecuencias, incluyendo, de ser el caso, el ejercicio de las acciones penales que tengan lugar”. En esa ocasión se dio vista al Órgano Interno de Control del INE, a la Unidad Técnica de lo Contencioso y a la Dirección Ejecutiva de Administración, a fin de que investiguen y procedan de acuerdo a sus atribuciones, y así se puedan fincar las responsabilidades administrativas, electorales y laborales, respectivamente. Por último, el INE reiteró su compromiso de proteger la base de datos del Padrón Electoral –con información sensible de cerca de 95 millones de mexicanos– que tiene bajo su custodia, “velando en todo momento por la seguridad y buen uso que se haga de la misma”.
Enrique Peña Nieto | Foto Presidencia de la República ejercicio del periodismo libre y la defensa de los derechos humanos, un riesgo para la privacidad de las personas que han sido atacadas con Pegasus y sería una amenaza contra las instituciones democráticas”, resaltaron las organizaciones civiles en su posicionamiento. Apuntaron que, tras los nuevos hallazgos publicados en medios como Aristegui Noticias, Proceso, The Washington Post y The Guardian, es urgente “modificar el marco legal para impedir la adquisición irregular, uso ilegal y la impunidad en
el uso de herramientas de vigilancia en México, el cual permanece intacto a pesar de las recomendaciones internacionales y la promesa de la actual administración de no espiar”. Tras puntualizar que es “indispensable establecer controles democráticos y la regulación que permita que ese compromiso gubernamental sea verificable”, las organizaciones firmantes solicitaron al fiscal Alejandro Gertz Manero “rediseñe en conjunto con la personas afectadas un plan de investigación serio, exhaustivo e integral, con garantías de independencia y supervisión, así como la participación de peritos externos, toda vez que hasta ahora la Fiscalía no ha realizado una investigación con garantías de independencia capaz de esclarecer lo ocurrido y llevar a los responsables ante la justicia”. Al presidente Andrés Manuel López Obrador y al fiscal Gertz, exigieron transparentar “totalmente los contratos, anexos técnicos, expedientes y cualquier información relacionada al espionaje gubernamental ocurrido, así como la colaboración absoluta con las investigaciones”. Las organizaciones solicitaron a los poderes Ejecutivo y Legislativo que impulsen junto con la sociedad civil, “una agenda de reformas para el establecimiento de controles democráticos a la adquisición, uso y rendición de cuentas respecto de las facultades de intervención de comunicaciones privadas por parte de autoridades en México, como se ha comprometido en el 4to Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto”.
ONU sobre Pegasus: gobiernos deben cesar inmediatamente el uso de tecnologías de espionaje / Gloria Leticia Díaz Ante la divulgación del informe Pegasus Project, que reveló la intervención de al menos 50 mil teléfonos de activistas, periodistas y políticos –15 mil dispositivos en México–, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachalet urgió a “regular mejor la venta, transferencia y uso de tecnología de vigilancia y garantizar una supervisión y autorización estrictas”. En un comunicado fechado en Ginebra, la expresidenta de Chile consideró “extremadamente alarmantes”, las informaciones relacionadas con el uso del software Pegasus para vigilar ilegalmente a diversos sectores de la sociedad, lo que confirma “algunos de los peores temores” sobre el uso de la tecnología para “socavar los derechos humanos de las personas”. Alertó que “sin marcos regulatorios que cumplan con los derechos humanos, existen demasiados riesgos de que se abuse de estas herramientas para intimidar a los críticos y silenciar a la disidencia”. La Alta Comisionada lamentó que el uso ilegal del software esté relacionado con “arrestos, intimidación e incluso asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos”, y con la autocensura “por miedo”. La Alta Comisionada recordó que los periodistas y defensores “juegan un papel indispensable en nuestras sociedades y cuando son silenciados todos sufrimos”. La funcionaria de la ONU resaltó que los softwares Pegasus y Candiru, y otros que permiten la “intrusión detallada en los dispositivos personales”, ponen en riesgo en todos los ámbitos de la vida de un individuo, de ahí que su uso debe restringirse “en investigaciones de delitos graves y de amenazas a la seguridad”.
Para Bachelet, de confirmarse el uso de Pegasus para espiar a periodistas, activistas y disidentes políticos, “esa línea roja se ha cruzado con total impunidad”, por lo que “los gobiernos deben cesar inmediatamente el uso de tecnologías de vigilancia que violen derechos humanos”. Recordó a los Estados que las medidas de vigilancia “sólo se justifican en circunstancias definidas rigurosamente y con un objetivo legítimo que las haga necesarias”. Aunado a ello, los Estados “tienen el deber de proteger a las personas de las trasgresiones del derecho a la privacidad por parte de las empresas”. Abundó que, para evitar el abuso de la tecnología de vigilancia, los Estados deben exigir por ley “que las empresas involucradas cumplan con sus responsabilidades en materia de derechos humanos, sean mucho más transparentes en relación con el diseño y uso de sus productos y establezcan mecanismos de rendición de cuentas más efectivos”. Bachelet apuntó que tanto la ONU-DH como otras agencias de la ONU han alertado “del riesgo de que las autoridades de los países usen esas herramientas de espionaje para piratear teléfonos y computadoras personales de periodistas, activistas y opositores que lleven a cabo una labor legítima”. Urgió a los gobiernos “tomar medidas concretas para proteger contra las invasiones de la privacidad regulando la distribución, uso y exportación de la tecnología de vigilancia creada por un tercer actor”. La Alta Comisionada consideró que “las empresas que desarrollan y distribuyen esas tecnologías son responsables de evitar daños a los derechos humanos por medio de salvaguardas que mitiguen y remedien los daños que sus productos están causando”.
