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INE investiga supuesta venta del padrón electoral; con datos de 95 millones de mexicanos
/ Gloria leticia Díaz
Ante la revelación de que 15 mil números telefónicos fueron espiados durante la administración de Enrique Peña Nieto, a través de Pegasus, organizaciones civiles exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) “una investigación imparcial, amplia, exhaustiva y profesional”, en la que se involucre a las víctimas y se sancione a los responsables de la vigilancia ilegal de defensores, periodistas y opositores políticos, hechos que hasta ahora permanecen en la impunidad.
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En un comunicado conjunto, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Artículo 19, Tecnología Digital para el Cambio Social (Social Tic) y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), apuntaron que la investigación Pegasus Project, coordinada por Forbidden Stories, organización francesa dedicada al periodismo de investigación, y Amnistía Internacional, confirmó que “desde las agencias del Estado mexicano como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría General de la República y la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), existió un patrón de uso de los sistemas de vigilancia gubernamentales en contra de periodistas, defensores de derechos humanos, activistas y opositores políticos que no debe quedar en la impunidad”.
Recordaron que, desde hace cuatro años, cuando se tuvieron las primeras pruebas de la vigilancia ilegal, víctimas de Pegasus y organizaciones firmantes interpusieron una denuncia formal.
Agregaron que pese a que la FGR tiene la investigación abierta desde entonces, “su alcance limitado, la ausencia de garantías de independencia y de avances significativos en el esclarecimiento, rea-
Organizaciones civiles exigen investigación exhaustiva sobre el espionaje mediante Pegasus
firman la necesidad de replantear y fortalecer la investigación”.
Insistieron en que la investigación debe ser “imparcial, amplia, exhaustiva y profesional que identifique a todas las víctimas de espionaje, a los responsables materiales e intelectuales de perpetrar ataques, así como de los funcionarios que hayan participado en el encubrimiento de los mismos; de manera que las víctimas y la sociedad en general puedan conocer la verdad completa de los hechos”.
Las organizaciones resaltaron que entre los 15 mil números mexicanos reportados como objetivos de espionaje a través de malware Pegasus, que forman parte de un conjunto de 50 mil en todo el mundo, hay defensores de derechos humanos, familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como más de 25 periodistas, entre ellos Cecilio Pineda Brito, “quien fue asesinado en marzo de 2017, apenas una semanas después de haber sido atacado con Pegasus”.
De acuerdo a las evidencias, otros periodistas también espiados fueron los integrantes de Río Doce, de Sinaloa, Ismael Bojórquez, Andrés Villarreal y Griselda Triana, viuda de Javier Valdez, así como la conductora Carmen Aristegui, sus familiares y su equipo de trabajo.
“Mientras estos abusos no sean esclarecidos a cabalidad, continuarán representando un duro obstáculo para el Enrique Peña Nieto | Foto Presidencia de la República ejercicio del periodismo libre y la defensa de los derechos humanos, un riesgo para la privacidad de las personas que han sido atacadas con Pegasus y sería una amenaza contra las instituciones democráticas”, resaltaron las organizaciones civiles en su posicionamiento.
Apuntaron que, tras los nuevos hallazgos publicados en medios como Aristegui Noticias, Proceso, The Washington Post y The Guardian, es urgente “modificar el marco legal para impedir la adquisición irregular, uso ilegal y la impunidad en el uso de herramientas de vigilancia en México, el cual permanece intacto a pesar de las recomendaciones internacionales y la promesa de la actual administración de no espiar”.
Tras puntualizar que es “indispensable establecer controles democráticos y la regulación que permita que ese compromiso gubernamental sea verificable”, las organizaciones firmantes solicitaron al fiscal Alejandro Gertz Manero “rediseñe en conjunto con la personas afectadas un plan de investigación serio, exhaustivo e integral, con garantías de independencia y supervisión, así como la participación de peritos externos, toda vez que hasta ahora la Fiscalía no ha realizado una investigación con garantías de independencia capaz de esclarecer lo ocurrido y llevar a los responsables ante la justicia”.
Al presidente Andrés Manuel López Obrador y al fiscal Gertz, exigieron transparentar “totalmente los contratos, anexos técnicos, expedientes y cualquier información relacionada al espionaje gubernamental ocurrido, así como la colaboración absoluta con las investigaciones”.
Las organizaciones solicitaron a los poderes Ejecutivo y Legislativo que impulsen junto con la sociedad civil, “una agenda de reformas para el establecimiento de controles democráticos a la adquisición, uso y rendición de cuentas respecto de las facultades de intervención de comunicaciones privadas por parte de autoridades en México, como se ha comprometido en el 4to Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto”.
INE investiga supuesta venta del padrón electoral; con datos de 95 millones de mexicanos
/ roDriGo Vera
El Instituto Nacional Electoral (INE) denunció la posible venta ilegal de información del Padrón Electoral, la cual contiene datos sensibles de alrededor de 95 millones de mexicanos.
Detalló que, el pasado 14 de julio, detectó una publicación en un foro dedicado a la comercialización de información obtenida de manera no autorizada en el mercado negro, la cual hace referencia a la venta de presunta información del padrón, por lo que ya inició una investigación.
El órgano electoral agregó que, en dicha publicación, se observa que la estructura de los datos sospechosos puede corresponder a datos del padrón de 2018.
“De manera preliminar y con la información con que se cuenta al momento, se identifica que el corte de la información no sería de 2021. Podría tratarse, en cambio, de un corte de información de 2018, cuya exposición se ha estado investigando desde abril de 2020”, indicó.
Y recordó que, el 8 de mayo de 2020, interpuso ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (FEDE) una denuncia por hechos que podrían constituir delitos por acceso y uso indebido de datos asociados al Padrón Electoral.
Esta denuncia ante la FEDE, dijo, “representó el inicio de una investigación que deberá llegar a sus últimas consecuencias, incluyendo, de ser el caso, el ejercicio de las acciones penales que tengan lugar”.
En esa ocasión se dio vista al Órgano Interno de Control del INE, a la Unidad Técnica de lo Contencioso y a la Dirección Ejecutiva de Administración, a fin de que investiguen y procedan de acuerdo a sus atribuciones, y así se puedan fincar las responsabilidades administrativas, electorales y laborales, respectivamente. Por último, el INE reiteró su compromiso de proteger la base de datos del Padrón Electoral –con información sensible de cerca de 95 millones de mexicanos– que tiene bajo su custodia, “velando en todo momento por la seguridad y buen uso que se haga de la misma”.
ONU sobre Pegasus: gobiernos deben cesar inmediatamente el uso de tecnologías de espionaje
/ Gloria leticia Díaz
Ante la divulgación del informe Pegasus Project, que reveló la intervención de al menos 50 mil teléfonos de activistas, periodistas y políticos –15 mil dispositivos en México–, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachalet urgió a “regular mejor la venta, transferencia y uso de tecnología de vigilancia y garantizar una supervisión y autorización estrictas”.
En un comunicado fechado en Ginebra, la expresidenta de Chile consideró “extremadamente alarmantes”, las informaciones relacionadas con el uso del software Pegasus para vigilar ilegalmente a diversos sectores de la sociedad, lo que confirma “algunos de los peores temores” sobre el uso de la tecnología para “socavar los derechos humanos de las personas”.
Alertó que “sin marcos regulatorios que cumplan con los derechos humanos, existen demasiados riesgos de que se abuse de estas herramientas para intimidar a los críticos y silenciar a la disidencia”.
La Alta Comisionada lamentó que el uso ilegal del software esté relacionado con “arrestos, intimidación e incluso asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos”, y con la autocensura “por miedo”.
La Alta Comisionada recordó que los periodistas y defensores “juegan un papel indispensable en nuestras sociedades y cuando son silenciados todos sufrimos”.
La funcionaria de la ONU resaltó que los softwares Pegasus y Candiru, y otros que permiten la “intrusión detallada en los dispositivos personales”, ponen en riesgo en todos los ámbitos de la vida de un individuo, de ahí que su uso debe restringirse “en investigaciones de delitos graves y de amenazas a la seguridad”.
Para Bachelet, de confirmarse el uso de Pegasus para espiar a periodistas, activistas y disidentes políticos, “esa línea roja se ha cruzado con total impunidad”, por lo que “los gobiernos deben cesar inmediatamente el uso de tecnologías de vigilancia que violen derechos humanos”.
Recordó a los Estados que las medidas de vigilancia “sólo se justifican en circunstancias definidas rigurosamente y con un objetivo legítimo que las haga necesarias”.
Aunado a ello, los Estados “tienen el deber de proteger a las personas de las trasgresiones del derecho a la privacidad por parte de las empresas”.
Abundó que, para evitar el abuso de la tecnología de vigilancia, los Estados deben exigir por ley “que las empresas involucradas cumplan con sus responsabilidades en materia de derechos humanos, sean mucho más transparentes en relación con el diseño y uso de sus productos y establezcan mecanismos de rendición de cuentas más efectivos”.
Bachelet apuntó que tanto la ONU-DH como otras agencias de la ONU han alertado “del riesgo de que las autoridades de los países usen esas herramientas de espionaje para piratear teléfonos y computadoras personales de periodistas, activistas y opositores que lleven a cabo una labor legítima”.
Urgió a los gobiernos “tomar medidas concretas para proteger contra las invasiones de la privacidad regulando la distribución, uso y exportación de la tecnología de vigilancia creada por un tercer actor”.
La Alta Comisionada consideró que “las empresas que desarrollan y distribuyen esas tecnologías son responsables de evitar daños a los derechos humanos por medio de salvaguardas que mitiguen y remedien los daños que sus productos están causando”.
AmAzon cAncelA servicios A nso Group trAs publicAción de lA investiGAción peGAsus project
El gigante Amazon anunció que cerró la infraestructura y los servicios que ofrecía a NSO Group, la empresa israelí que desarrolló y vendió el programa Pegasus, después de las revelaciones sobre los abusos sistemáticos perpetrados por agencias gubernamentales, que fueron dadas a conocer por 17 medios en 10 países en el marco de la investigación internacional Pegasus Project. En la mañana de este lunes, un vocero de Amazon dijo a Vice que “cuando supimos sobre esta actividad, actuamos rápidamente para cerrar la infraestructura y las cuentas en cuestión”, es decir, los servicios que la rama de “cloud” de Amazon arrendaba a NSO para las operaciones de Pegasus. De acuerdo con el sitio del gigante estadounidense, NSO contrató el Amazon CloudFront, que le garantizaba altas velocidades de transferencias de datos, que abarcaba videos y aplicaciones, un servicio importante para enviar y recibir la información extraída de los celulares, y para proteger NSO Group de ciertas prácticas de análisis y monitoreo. | APRO / Mathieu Tourliere | Foto @AmazonNewsES
Un libro para conocer la revocación del mandato en México
WALTER LIMÓN
Estimado lector, estos días han sido de gran emoción para mí, pues se materializó en libro, un proyecto que desde hace algún tiempo, maquinaba mi cabeza: generar una obra ligera y concisa, que explicara la figura de la revocación del mandato y su evolución normativa en México, en donde contrario a lo que se piensa, no es tan novedosa.
Mi primer acercamiento a la revocación del mandato, fue cuando cursaba la Maestría en Derecho Electoral. Posiblemente las primeras charlas sobre el tema las tuve con mis amigos Julien Pariset y Betzabé Ramírez, hace aproximadamente diez años, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió las acciones de inconstitucionalidad 65/2009 y 8/2010 referentes a la normativa de Chihuahua y Yucatán respectivamente, declarando inconstitucional el uso de la revocación del mandato como mecanismo de control político de democracia directa.
Los primeros análisis y debates sobre el tema, que me permitieron comenzar a comprender esa figura y lo que puede significar para una democracia en proceso de madurez como la mexicana, fue en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes (2010-2013), cuando el diputado Gilberto Carlos Ornelas presentó una iniciativa para incorporar la revocación del mandato en la normativa de Aguascalientes; en ese momento me desempeñaba como Coordinador de Procesos Legislativos y las primeras pláticas sobre el tópico las sostuve con Ricardo García y David Juárez, amigos y compañeros del área técnica; con ellos compartí los primeros intentos de análisis crítico sobre lo que la Suprema Corte había determinado.
En ese momento, el único que tenía clara la importancia de impulsar la incorporación de la revocación del mandato como mecanismo de control político de democracia directa, era el propio diputado Ornelas, quien no aceptó alterar la naturaleza democrática de esa figura, lo cual se le sugería para evitar que fuera cuestionada su constitucionalidad con motivo de los criterios de la Suprema Corte; años más tarde, comprendí sus razones.
Ya en la LXII Legislatura (2013-2016), el tema fue retomado por el diputado Cuauhtémoc Escobedo y el propio David Juárez, en ese momento su asesor legislativo.
En esa ocasión el estudio de la revocación del mandato en Aguascalientes, fue más exhaustiva, pues se incluyó en el debate de la reforma político-electoral local; en ese ejercicio, tuve la oportunidad de conocer las impresiones diversos diputados y asesores parlamentarios que enriquecieron mi percepción y comprensión de esa figura.
Algunos de los legisladores y asesores de esa legislatura, fueron Ángeles “la China Aguilera”, Jorge Varona, Lula Dávila, Norma Guel y Luis Fernando Muñoz, diputados por el Partido Revolucionario Institucional, así como Francisco Martínez (el querido maestro “Pancho Reatas”) que era uno de los asesores de ese partido; también Ulises Ruíz, Leonardo Montañez y Mario Michaus, en ese momento diputados por el Partido Acción Nacional y el maestro Aquiles Romero, coordinador de Asesores de ese partido; J. Jesús Rangel de Lira, diputado por el Partido del Trabajo; Anayeli Muñoz, diputada por el Partido Verde Ecologista de México; Oswaldo Rodríguez, diputado por Movimiento Ciudadano; y claro, el promotor de la propuesta, el diputado Cuauhtémoc Escobedo, del Partido de la Revolución Democrática; en el área técnica, además de los ya mencionados, también asesoraban Horacio López Castañeda, así como el maestro Miguel Nájera, quien era el jefe del área, desempeñándose como secretario general.
Fue en las últimas reuniones de análisis de la reforma político-electoral local, que pudo ser a finales de junio o principios de julio de 2014, cuando las distintas expresiones partidistas acordaron la inclusión de la revocación del mandato en el texto de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.
Recuerdo que en una de esas reuniones el diputado Jorge Varona, me envió una nota escrita en una cartulina de un octavo de carta que, en letra de molde escrita con tinta negra, decía:
“La ley regulará la revocación del mandato de las autoridades de elección popular y señalará las causales, los procedimientos para su solicitud y los mecanismos para que la misma se lleve a cabo.
Ya está autorizado, me piden que te pase la redacción. Gracias”.
Ese texto fue el que se aprobó en definitiva por el Congreso y los Ayuntamientos, instancias que conforman el órgano revisor de la Constitución local; y por tanto se adicionó al artículo 17 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, como parte de la reforma político-electoral publicada el 28 de julio de 2014.
Aún tengo esa nota, cualquiera que la vea pensaría que es un apunte irrelevante, pero yo sé que, en realidad, en ella consta el origen de una decisión de Estado.
El estudio académico sobre la revocación del mandato, me llegó en los siguientes años, pues entre 2015 y 2016, elegí ese tema para titularme del Máster en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa por la Universidad de Castilla la Mancha (UCLM). Así, mi trabajo final de máster se denominó “Revocación del mandato. Propuesta de Regulación para México”, el cual elaboré bajo la dirección de Rubén Martínez Dalmau, académico de la Universidad de Valencia, y que de manera rigurosa fue orientando mi análisis, al impacto que en la legitimidad democrática puede llegar a tener la revocación del mandato, siempre que cuente con una buena y prudente regulación. Ese trabajo también contó con las aportaciones de mi hermosa compañera de vida, Majo, sin su ayuda no se hubiera logrado.
Un texto fundamental para el desarrollo de mi trabajo, ha sido La dosis hace el veneno. Análisis de la revocatoria del mandato en América Latina, Estados Unidos y Suiza obra editada en 2014, coordinada por Yanina Welp y Uwe Serdült, y que compila una serie de reflexiones de ellos mismos y otros estudiosos, sobre la experiencia que diversos países han tenido en relación a la revocación del mandato, y que reafirma la importancia de que la ley la module adecuadamente. El título es una síntesis precisa del tema, pues son los requisitos y limitaciones para revocar el mandato, los que determinan el efecto en la vida democrática: si la dosis es muy alta puede llevar a la parálisis o necrosis institucional, pero si la dosis es adecuada, será un antídoto que protegerá la vida democrática.
El trabajo que desarrollé, me permitió tener contacto con la propia Yanina Welp, quien desde la Universidad de Zúrich, en 2016 impulsó la publicación de “La revocación del mandato en México” en la serie de documentos de trabajo del C2D (Centre for Research on Direct Democracy), texto que retoma sustancialmente las reflexiones y conclusiones de mi Trabajo Final de Máster. La lectura de sus textos y el diálogo a distancia con ella, me ha permitido acabar mi entendimiento de la revocación del mandato.
Luego de 2016, continué con el seguimiento de la evolución de la revocación del mandato en nuestro País, lo que me permitió publicar “Implementación de la revocación del mandato en México y legitimidad democrática” en la revista Justicia Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; así como “¿Revocación del mandato=a juicio político?. El caso Aguascalientes” en la revista Justicia y Sufragio del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco.
“Pasado y presente de la revocación del mandato en México” es la aportación que hoy me atrevo a presentar, y que se edifica con todas esas piezas que, de una u otra forma, me fueron regalando todas las personas que menciono, a quienes aprecio y agradezco haber compartido conmigo su visión y crítica sobre el referéndum revocatorio, como mecanismo de control político de democracia directa. A todas ellas reitero mi gratitud y cariño.
También agradezco a mi amigo Iván Caballero, su ayuda y paciencia en el diseño de portada, en la que, con piezas de ajedrez, se logró un simbolismo claro de lo que es la revocatoria.
Pasado y presente de la revocación del mandato en México, es el libro que contiene mis conclusiones más importantes y actualizadas sobre dicha figura, y en el que explico su naturaleza como mecanismo de control político, su funcionamiento, conceptualización y por qué puede llegar a ampliar la legitimidad democrática.
Muestro el pasado de la revocación del mandato en México, repasando todas las normativas subnacionales que se emitieron desde 1938 (año en que por primera vez se reguló en el ámbito local), así como los precedentes en los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estudiado su constitucionalidad (casos Chihuahua, Yucatán y Ciudad de México); para luego situarme en el presente de esa figura, describiendo el proceso legislativo que originó la reforma constitucional del 20 de diciembre de 2019, que permitirá su aplicación al Presidente de la República, a los gobernadores de los estados y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, concluyendo con diversas reflexiones respecto a tal regulación constitucional, precisando inconvenientes y aspectos que deberán desarrollarse en leyes ordinarias, o en su caso, por instancias jurisdiccionales y que permiten avizorar su futuro inmediato, como un reto para el legislador y para el aparato judicial.
Es una obra ligera y concisa, que aspira a convertirse en un instrumento de consulta útil para cualquier persona interesada en comprender la revocación del mandato, pero también, útil para autoridades y académicos involucrados en su implementación o análisis, por las reflexiones que aporta.
Hoy, algunos de los que se opusieron a la introducción de la revocación del mandato en el orden jurídico nacional, buscan su reglamentación inmediata para asegurar su aplicación al actual gobierno; no obstante, el legislador deberá tener como principal objetivo, lograr una regulación que atempere su aplicación, asegurando por un lado, que no será un instrumento de venganza política, y por otro, que tampoco constituirá una simulación democrática; el reto es lograr construir una herramienta que permita reflejar, templadamente, la percepción de la ciudadanía sobre el buen o mal desempeño de un servidor público.
