MIÉRCOLES 24 DE NOVIEMBRE DE 2021
Injustificado, el acuerdo de López Obrador contra la transparencia y el derecho a la información: ITEA Adrián Flores Sin justificación y sin fundamento legal es como se publicó el acuerdo con el cual el Gobierno Federal declara de “interés público” y “seguridad nacional” casi cualquier obra de infraestructura que pueda realizar, por lo que información respecto a millonarias obras federales podría restringirse a la sociedad en general. Así lo consideró Marcos Javier Tachiquín Ruvalcaba, comisionado presidente del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA), quien explicó que el acuerdo, ya publicado oficialmente, ni siquiera va de acuerdo con la Constitución, con la Ley General de Transparencia y que incluso tampoco apuesta por el sentido del concepto de la transparencia y la rendición de cuentas para un gobierno más abierto. Consultado sobre el tema por LJA. MX, el experto e integrante del Sistema Nacional de Transparencia reiteró que dicho acuerdo “no tiene razón de ser, no se justifica”. Tachiquín Ruvalcaba recordó que las obras públicas, como se interpreta desde su nombre, deben de garantizar transparencia en las licitaciones, en los montos de contratación y en todo proceso que implique su construcción, incluso, añadió, eso debe de ser así en toda erogación que implique uso del recurso público, mismo que se deriva de los impuestos de las y los ciudadanos de México. –¿Es un retraso en la lucha anticorrupción? –Definitivamente es un retraso, pero creo que más bien es un tema de desconocimiento de la misma Ley -General- de Transparencia. Creo que faltó por ahí conocimiento del tema, porque suena demasiado aventurado. Creo que ahí más bien es una situación donde faltó asesoría jurídica en el tema de transparencia, porque es notoriamente improcedente. El comisionado presidente del ITEA aseguró que no hay suficientes argumentos jurídicos para que el acuerdo pueda sostenerse, por lo que una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto donde viene ese acuerdo podría proceder sin problemas, ya que existe suficiente material para sustentar la inconstitucionalidad.
Al tratarse de un caso federal, es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) quien podría emitir dicha acción de inconstitucionalidad. El INAI ya revisa el caso No pasaron 24 horas de discusión en la opinión pública para que el propio INAI emitiera su postura a través de un comunicado donde se aseguró que el acuerdo lopezobradorista sería objeto de análisis, ya que posiblemente sí vulnera el derecho al acceso a la información y a la máxima publicidad. En el artículo primero del decreto presidencial aprobado ayer, se señala expresamente que todos los proyectos y obras a cargo del Gobierno de México, asociados con “comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”, se consideran de “seguridad nacional”, por lo que, con base en la Ley General de Transparencia, el gobierno podría ocultar la información relativa a proyectos de contratos millonarios que impliquen relación con alguno de los rubros mencionados. Bajo el argumento de “seguridad nacional”, por ejemplo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha ocultado o evitado responder cuantiosas solicitudes de información que ciudadanos, académicos y periodistas le hacen a través del Sistema de Transparencia, y es por ello que dicho acuerdo podría vulnerar el acceso a la información. Respecto al caso, el INAI sentenció que ya se están explorando distintas vías legales a emprender para asegurar que este derecho de todas y todos los habitantes no se vea vulnerado. Incluso, la coalición de oposición legislativa, Va por México, donde panistas, perredistas y priistas se aliaron, ya advirtieron que también buscarán promover una acción de inconstitucionalidad contra el decreto federal.
Diputados de oposición anuncian controversia para tirar el “decretazo” presidencial / Melissa Amezcua Legisladores de las bancadas del PRI, PAN y PRD rechazaron el llamado “decretazo presidencial” por considerarlo anticonstitucional y un blindaje. “Le decimos no al ‘decretazo’, como coalición opositora Sí Por México, primero demuestra cada vez menos contenido el talante autoritario del Presidente en este país; es otra vez por decreto, es decir, de manera unilateral, determinar cosas que son flagrantemente inconstitucionales, flagrantemente ilegales”, dijo el diputado Jorge Romero, coordinador de la bancada del PAN. El legislador adelantó que alianza conformada por los tres partidos de oposición en San Lázaro interpondrá una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, basándose en el artículo 105 constitucional. El grupo parlamentario aludió al impacto ambiental y la falta de transparencia en
las obras como argumentos para estar en contra del decreto presidencial que se publicó la tarde del pasado lunes, que declara a las obras federales de interés público y seguridad nacional, por lo que los exime de algunos trámites. “La mayor salida del dinero mexicano es el Tren Maya, no son los programas sociales y ahora pretenden blindarlo con un decreto que viola la Constitución, a cualquiera debería preocupar la acumulación de todo el país en un solo hombre, es peligroso para la democracia en este país”, sostuvo Luis Espinosa Cházaro, del PRD. Romero consideró que durante la administración de López Obrador como Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal se hizo lo mismo con los recursos de la construcción del segundo piso del Periférico. Mientras que Rubén Moreira, del PRI, llamó a los legisladores de las tres bancadas a sumarse a la controversia.
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El INAI evalúa acuerdo de AMLO sobre seguridad nacional en megaobras para garantizar transparencia El Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) analiza si el acuerdo emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador para declarar como seguridad nacional la culminación de sus obras de infraestructura vulneran el derecho a la información y el principio de “máxima publicidad”. En su edición vespertina se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo en el cual “se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”. El INAI considera necesario que las áreas especializadas del Instituto analicen los alcances y, de ser necesario, exploran las distintas vías legales a emprender para asegurar que el derecho de acceso a la información de la sociedad sea garantizado. Se trata, precisa el INAI en un comunicado emitido horas después de que se
dio a conocer el acuerdo presidencial, de garantizar que el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad no sean violados. "Al ser la 'seguridad nacional' una de las causales de reserva de información, prevista en el artículo 110, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el INAI advierte que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal pueden llegar a reservar, de manera general, la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo", apuntó el organismo. “En ese sentido, las áreas especializadas del Instituto estudian los alcances del Acuerdo y, de ser necesario, exploran las distintas vías legales a emprender para asegurar que el derecho de acceso a la información de la sociedad sea garantizado, sin restricción alguna”, precisa en un comunicado emitido horas después de que se dio a conocer el acuerdo presidencial. En este contexto, el INAI, como órgano garante del derecho de acceso a la información, precisa que está facultado para hacer cumplir la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Asimismo, evalúa si dicho Acuerdo no se contrapone a lo establecido en dicho marco normativo.
Exigen a Sánchez Cordero acción de inconstitucionalidad contra “decretazo” / Neldy San Martín Senadoras y senadores de oposición presionaron a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, para que promueva una acción de inconstitucionalidad en contra del acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador para declarar de interés público y seguridad nacional la realización de las obras de infraestructura del gobierno. Durante la sesión de este martes, la senadora Xóchitl Gálvez del PAN dijo que el acuerdo presidencial permitirá al gobierno hacer cualquier obra de infraestructura, comunicaciones, telecomunicaciones, puertos, aeropuertos y ferrocarriles, sin contar con los permisos correspondientes por parte de las dependencias, por lo que pidió a la presidenta de la Cámara de Senadores que “presente una controversia constitucional”. “La dimensión de este decreto es grave, es delicado, viola derechos humanos, viola el derecho a la transparencia y a la rendición de cuentas, porque con el argumento de seguridad nacional prácticamente van a poder construir cualquier cosa”. También la senadora Claudia Anaya del PRI dijo que el Senado tiene que emprender una acción de inconstitucionalidad en contra del “decretazo” porque las facultades del presidente para la administración pública jamás pueden estar por encima del orden jerárquico de las leyes. “Tenemos Constitución y tenemos leyes que obligan a que el Estado mexicano cumpla con cierta normatividad, y con este ‘decretazo’ constitucional no solamente nos vamos a la opacidad de las contrataciones, de las adjudicaciones directas (…) además, dándoles este carácter
de interés público, quieren por afirmativa ficta otorgarse todos los permisos para no cumplir con los requisitos normativos que exige el derecho en este país”, argumentó. También acusó que con este acuerdo el presidente pretende “legislar en un decreto que obviamente invade otras esferas de la ley”. Germán Martínez del Grupo Plural, criticó que con este documento el presidente se pase “por el arco del triunfo la consulta previa a los pueblos originarios y la consulta previa en materia de medio ambiente”. “Es cierto, el gobierno es un elefante lento reumático, pero la Cuarta Transformación no puede ser una víbora rápida corrupta y ponzoñosa”, opinó. Gustavo Madero dijo que el llamado Grupo Plural repudia este acuerdo que solapa la corrupción, tapa la información, la transparencia, los datos, permite los abusos y las asignaciones directas. “Él quiere que todos nos sometamos a reglas menos él, lo hace de una manera ilegal, no tiene sustento jurídico asumir como seguridad pública cosas que no lo son. Tenemos una incontinencia presidencial autoritaria y mientras no generemos una reacción de repudio a este tipo de abusos no lograremos detenerlo y va a ser expansivo, va a ser incontrolable... hasta que sea demasiado tarde”, aseguró Madero. En defensa del acuerdo, los morenistas César Cravioto dijo que la Oposición tenía que dejarse de hipocresías y mejor manifestarse a favor de los amparos que buscan frenar las obras del gobierno. “Mejor digan: queremos seguir metiendo amparos para que no avancen las obras del gobierno. Queremos seguir metiendo amparos para que no cumpla el gobierno. Pero como ya les dije: ‘se van a quedar con las ganas”.
