MARTES 23 DE FEBRERO DE 2021
Juzgado ordena detener obras del Tren Maya en Mérida, Chocholá e Izamal
El presidente Andrés Manuel López Obrador, en el banderazo de inicio de construcción del Tren Maya que correrá de Palenque a Escárcega, 4 de junio del 2020 | Foto Gobierno de México / Gloria Leticia Díaz El Poder Judicial de la Federación (PJF) emitió el primer fallo en contra del Tren Maya al resolver la suspensión definitiva para realizar obras nuevas en los municipios de Mérida, Chocholá e Izamal, cuyos habitantes promovieron un amparo en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), por omisiones detectadas en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del megaproyecto. El amparo fue promovido por el colectivo Kanan Derechos Humanos, que en un comunicado precisó: “esta suspensión definitiva es importante, con ello podremos exigir el derecho a la información pública y obtener una sentencia que se pueda materializar”. La suspensión definitiva, que puede ser impugnada por Fonatur y Semarnat, fue emitida por el Juzgado Tercero de Distrito, que desde el 21 de enero había considerado que había elementos para determinar que las poblaciones impactadas por el Tren Maya no habían contado con la información suficiente para poder opinar sobre la MIA, sometida a consulta en julio de 2020, a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA). En un comunicado, el colectivo Kanan recordó que en dicha consulta “algunas personas detectaron la omisión de ciertos anexos que se señalaban en la MIA del Proyecto ‘Tren Maya Fase 1’, pero que no estaban integrados en el expediente a consultar”. Resaltó que el Juzgado Tercero de Distrito resolvió la suspensión definitiva del Tren Maya el viernes 19, ratificando “su decisión inicial de ordenar la detención de ejecuciones de obras nuevas, con la finalidad de mantener el estado de cosas que se guardan al momento en lo que se resuelve el juicio principal”. El amparo será analizado de fondo para emitir una sentencia definitiva, proceso que, de acuerdo con Kanan, será importante si al concluir “detiene el proyecto para evitar daños irreparables a los derechos de todas las personas, específicamente a la participación pública, transparencia activa y medio ambiente sano”.
Roberto Sánchez, abogado del colectivo, narró que el amparo se inició luego de que “personas interesadas de los tres municipios (Mérida, Chocholá e Izamal) acudieron a la delegación estatal de la Semarnat con el fin de revisar la MIA para revisarla, y se dieron cuenta que faltaban algunos de los 20 anexos que están contemplados, entre ellos faltaban algunos sobre protección de cenotes y protección de fauna silvestre, anexos importantes especialmente por el tema del agua”. Cuando los habitantes de los tres municipios acudieron a Kanan, el colectivo identificó “una violación clara a la información pública, en la vertiente de la transparencia activa, que significa que no tienes que acudir a una solicitud de información, sino que la institución la tiene que exponerla”, abundó. Esa falta de información, agregó, “viola el derecho a la participación pública, porque si no tienes toda la información pública ¿cómo pretenden que puedas aportar observaciones críticas al proyecto? Todo esto se fundamenta en la Constitución, que reconoce estos dos derechos: el de información y de participación pública, pero también las leyes secundarias”. El abogado recordó que la MIA presentada por Fonatur fue aprobada por Semarnat el 30 de noviembre del año pasado y publicada el 3 de diciembre en la Gaceta Ecológica número 45, documento en el que la Semarnat reconoce que habitantes de Yucatán, Campeche, Tabasco y Quintana Roo habían acudido a sus delegaciones en los estados para solicitar información y notificar que faltaban los anexos. “La misma Semarnat dice en la Gaceta que se dio cuenta que faltaban los anexos, que se los solicitó a Fonatur y que la dependencia atribuye la omisión a un error involuntario, pero la consulta de la MIA se realizó en julio, por tanto se violó el derecho a la información y a la participación pública”, puntualizó el abogado. Pese a la resolución judicial, Fonatur podrá continuar realizando obras de mantenimiento de las vías preexistente, porque la suspensión definitiva sólo aplica para las obras nuevas, hasta que el juzgado defina el amparo de fondo.
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La ASF detecta irregularidades por más de 83 mdp en Capufe / Neldy San Martín De 18 contratos celebrados por Caminos y Puentes Federales (Capufe) y revisados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en 14 se detectaron irregularidades por más de 83 millones de pesos. En la auditoría de cumplimiento forense número 331, la ASF señala que Capufe tiene pendiente por aclarar dicho monto, debido a que no acreditó la prestación de servicios contratados con diversas personas morales y no supervisó que éstas cumplieran con las obligaciones a las que estaban sujetas. Además, pagó compromisos del ejercicio fiscal 2018 con cargo al ejercicio fiscal 2019, sin registrar, contabilizar, informar y devengar los recursos en el ejercicio fiscal correspondiente. El organismo descentralizado de la administración pública federal reportó en la Cuenta Pública 2019 cifras diferentes a la información presupuestaria y contable que generó respecto de los recursos pagados. Asimismo, adjudicó servicios sin contar con los requisitos señalados en las convocatorias, no verificó que las personas morales presentaran la póliza de seguro que cubriera el riesgo de responsabilidad civil, y celebró contratos con fecha posterior al inicio de la prestación de los servicios. La ASF también detalló que celebró contratos sin contar con suficiencia presupuestal y no contó con la aprobación para convocar, adjudicar y formalizar contratos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), antes de la autorización de su presupuesto. “Capufe no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, debido a que no acreditó con documentación justificativa y comprobatoria el destino y ejercicio de recursos públicos federales por los importes observados”, señala el organismo fiscalizador. Asimismo, documentó que las anomalías fueron halladas en diferentes contratos de limpieza, seguridad, servicios de vigilancia, capacitación de personal, y vestuario y uniformes. Por ejemplo, la ASF presumió un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública por un monto de 3 millones 646 mil 976 pesos por no acreditar la prestación del servicio de limpieza objeto del contrato número 4500028448 celebrado con Multiservicios Integrales Alusop, S.A. de C.V., así como otro daño por 3 millones 431 mil 537 pesos del contrato número 4500028630 con la misma empresa. Además, la auditoría comprobó que el contrato número 4500028421 con Cadena Basurto, S.A. de C.V., por un millón 252 mil 834 pesos para la prestación del servicio de vigilancia, fue celebrado de manera directa después del inicio de la prestación de los servicios. También señaló un probable daño al erario por un millón 18 mil 230 pesos del contrato número 4500028563, igualmente firmado con Cadena Basurto, luego que la documentación que presentó hace referencia a dos personas morales distintas a las contratadas, y en algunas casetas de cobro no acreditó con evidencia documental la prestación del servicio.
Diputados de Guatemala piden a México reparación del daño por masacre de 16 connacionales en Camargo Diputados de Guatemala se encuentran en México para solicitar una reparación del daño por la masacre de 16 guatemaltecos en Camargo, Tamaulipas. Los legisladores centroamericanos, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), se reunieron este lunes con senadores mexicanos, pero también acudirán al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Hoy sostendrán encuentros en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Secretaría de Gobernación y el Mecanismo Nacional de Acompañamiento, creado para la atención de este caso, en el que participan representantes de la Fiscalía General de la República. Mario Eduardo Gálvez, representante del Departamento de San Marcos, de donde son oriundas la mayoría de las víctimas guatemaltecas, comentó que en primera instancia buscan conocer de primera mano los avances en las investigaciones y la repatriación de los cuerpos, que hasta ahora no se ha realizado. “Y una posible reparación a las familias, en un caso que involucra a policías estatales y funcionarios del Instituto Nacional de Migración, según lo han informado las propias autoridades mexicanas”, señaló Gálvez a través de una tarjeta informativa. El pasado 22 de enero fueron hallados los cuerpos calcinados de 19 personas en Santa Anita, una comunidad de Camargo, Tamaulipas, de las cuales 16 fueron identificadas como ciudadanos guatemaltecos, dos mexicanos y uno aún por definir.
