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MARTES 5 DE OCTUBRE DE 2021
Empresa de Guadiana gana licitación para obras de recuperación en Pasta de Conchos / Arturo Rodríguez La Compañía Minera Zapaliname, propiedad del senador morenista y presidente de la Comisión de Energía en el Senado, Armando Guadiana Tijerina, ganó la licitación para obras de recuperación en la mina Pasta de Conchos, convocada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El monto adjudicado es por 32 millones 828 mil 220 pesos, y consiste en obras de perforación de pozos, pruebas de bombeo, obtención de núcleos, instalación de piezómetros y apoyo en maniobras in situ, dentro del Proyecto Pasta de Conchos en el estado de Coahuila. Hay más: la licitación tuvo participación de cinco empresas, entre estas la Compañía Minera Álamos, cuyo accionista mayoritario es el hermano y socio en otros negocios del senador, José Luis Guadiana Tijerina. Como se recordará, el 19 de febrero de 2006, en la Mina 8 Unidad Pasta de Conchos, propiedad de Industrial Minera México, subsidiaria de Grupo México, se registró un accidente cuyas causas se desconocen. Desde entonces no hubo trabajos periciales y la empresa, con el aval de los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, consiguió en cada oportunidad evitar cualquier labor en el perímetro localizado en San Juan de Sabinas, Coahuila. Las acciones de deudos y familiares se mantuvieron a lo largo de los 15 años transcurridos, tanto en el ámbito judicial mexicano como en instancias internacionales, con el objetivo de rescatar los cuerpos de los trabajadores, contando con el apoyo de técnicos y especialistas que, de lograr dicha recuperación, proponía también determinar las causas de lo ocurrido en el siniestro que cobró la vida de 65 mineros y uno más en las labores de rescate antes de su suspensión, en abril de 2007, cuando Grupo México cerró la mina.
Alejandro Encinas Rodríguez | Foto @A_Encinas_R Armando Guadiana Tijerina | Foto @aguadiana Dicho cierre se basó en un informe apócrifo de supuestos expertos estadounidenses y fue avalado por el secretario del Trabajo calderonista, Javier Lozano Alarcón. Posteriormente, un dictamen del Foro Consultivo Científico y Tecnológico fue usado por Lozano para insistir en la imposibilidad de las acciones. Fue hasta el 1 de mayo de 2019 cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció, en compañía de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, que realizaría el rescate de los cuerpos. Para esto último, el gobierno federal sostiene la idea de que es posible financiar las labores con el carbón que se extraiga de las obras in situ que, si bien por su calidad, no es necesariamente aprovechable en carboeléctricas. No obstante, el mandatario ha dicho que el mineral será adquirido por la CFE. Es por ello que la CFE está a cargo de las labores y las contrataciones para la realización de obras que, en el caso del procedimiento CFE0002-CACON-0007-2021, fue asignado a la empresa del senador morenista, Armando Guadiana.
Aplazan nuevamente audiencia inicial contra Anaya; juez pide al panista comparecer junto a su defensa / Juan Omar Fierro Con dudas sobre el paradero de Ricardo Anaya Cortés y nuevos señalamientos contra la Fiscalía General de la República (FGR) por retrasar la entrega del expediente a la defensa, un juez federal volvió a aplazar la audiencia inicial de imputación contra el excandidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN) por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho. En una audiencia que el juez de Control, Marco Antonio Tapia Fuerte, presidió desde el Reclusorio Norte, la defensa de Anaya y el panista comparecieron por separado vía remota, lo que generó cuestionamientos de la Fiscalía sobre el paradero real del político. En su primera intervención, el abogado defensor de Ricardo Anaya, Eduardo Aguilar Sierra, informó al juez de control que apenas el pasado viernes 1 la FGR les había entregado mil hojas adicionales del expediente, por lo que era necesario aplazar la audiencia para que los defensores pudieran conocer su contenido y evitar que se violara el derecho de su cliente a contar con una defensa adecuada. El juez de la causa decretó en ese momento un largo receso para verificar si las palabras del defensor se podían comprobar con los registros de la carpeta judicial, lo que finalmente sucedió, por lo que el impartidor de justicia determinó
Difusión de documentos sobre caso Ayotzinapa podría replantear el rumbo de la investigación: Encinas
aplazar la audiencia hasta el próximo 8 de noviembre a las 9 horas. Sin embargo, antes de finalizar la audiencia, el juez de Control Marco Antonio Fuerte reiteró su petición a la defensa de Anaya para que el político mexicano comparezca en territorio nacional, tal y como lo había solicitado el anterior juez de Control. Por lo anterior, el juzgador federal decretó que, para la próxima comparecencia de Ricardo Anaya, el excandidato presidencial del PAN deberá comparecer en conjunto con sus abogados y no de forma separada como lo hizo en la audiencia de este lunes. Más tarde, el abogado Eduardo Aguilar Sierra emitió un comunicado en el que dio a conocer que el juez de la causa suspendió la audiencia con el objeto de que “la defensa” cuente con mayor tiempo para estudiar las constancias entregadas por la Fiscalía. “La Fiscalía estuvo de acuerdo con el diferimiento” (de la audiencia). En este marco, el litigante destacó que su cliente goza actualmente de todos sus derechos jurídicos y ciudadanos, ya que no ha sido imputado ni tampoco vinculado a proceso por ningún delito. “Reiteramos la total inocencia del señor respecto a los hechos que se le imputan. Ya se ha evidenciado en la opinión pública que este proceso no es otra cosa que una persecución política”, concluye el comunicado de la defensa.
/ Gloria Leticia Díaz El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, desestimó que la difusión de información compartida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ponga en riesgo la investigación. Lo anterior, luego de que la representación legal de los familiares, a través del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), así como los integrantes de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), criticaron esa determinación. Al término del reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano en las violaciones a derechos humanos cometidas en contra de una persona con discapacidad, como lo ordenó la ONU, Encinas Rodríguez informó que la Sedena ha entregado a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj) 18 mil documentos generados durante la pasada administración. Cuestionado por el reproche que hicieron el Centro Prodh y el GIEI, horas después de la difusión de la información, el viernes pasado, el funcionario descartó que la indagatoria que lleva a cabo la Unidad Especial para la Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR) esté en riesgo por tal difusión. “Yo tengo mi criterio jurídico sobre eso. No comparto lo que han dicho algunas personas. Estoy consciente que no va a dañar de ninguna manera, sino que puede alentar el avance de la indagatoria”, dijo Encinas. Para el funcionario, lejos de dañar el rumbo del expediente penal en curso, la divulgación del documento compuesto por dos fojas originadas en el Estado Mayor de la Defensa Nacional (E.M.D.N.) y el Centro Militar de Información (C.M.I.) podría “replantear el rumbo de la investigación”. Encinas insistió en defender la difusión de la información, respondiendo a la orden del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la semana pasada, de hacer públicos documentos compartidos por la Sedena. El viernes 1, en la página de la Segob, se compartió lo que se anuncia como “comunicaciones fechadas el 26 de septiembre y el 4 de octubre de 2014 entre Francisco Salgado Valladares, Felipe Flores y una persona denominada Gilberto Gil, así como Alejandro Palacios cholo y otro más denominado Ramón”, reproducciones que no precisan la forma en que fueron obtenidas o si las versiones estenográficas derivaron de la intervención a teléfonos celulares. Ante la difusión de la documentación, el Centro Prodh se deslindó de esa decisión y advirtió “que el Ejército ocultó información desde 2014 y que siguió administrándola después de que, por Decreto Presidencial, se le impusiera en diciembre de 2018 la obligación de entregar a las autoridades civiles todos los elementos que tuviera sobre el particular”. Ante la posibilidad de que el documento sea el resultado de intervención ilegal de comunicaciones por parte de la Sedena, la organización exigió una explicación sobre el origen de las versiones estenográficas, sin descartar que existan más comunicaciones de personajes involucrados en la desaparición de los jóvenes, en posesión del Ejército. Ángela Buitrago, Carlos Beristáin, Francisco Cox y Claudia Paz y Paz, integrantes del GIEI, pidieron a las autoridades del Covaj “no repetir en el futuro” la difusión de información contenida en el expediente penal sin antes ser consultados. “Si bien comprendemos la importancia de la transparencia y acceso a la información, en este caso se trata de información reservada que desde el GIEI se ha solicitado a entidades estatales, a través de Covaj, para ser presentada en la investigación penal”, señalaron los expertos, tras recordar que lo divulgado “se trata de información reservada”. Rechazaron la decisión de publicar los documentos alegando la instrucción presidencial, porque “expone la investigación y sus avances, además de alertar a presuntos perpetradores”. Los expertos reprocharon no haber sido consultados previamente antes de la divulgación de la información e insistieron en que no se repita esa práctica.
