MARTES 1 DE FEBRERO DE 2022
rivada del suceso tanto en contra de Cicsa como de cualquiera de sus afiliadas, accionistas, consejeros, apoderados y/o empleados”. En la cuarta cláusula se acepta que el Acuerdo es “de cumplimiento inmediato, “al no existir prestaciones de cumplimiento diferido a cargo de Cicsa”. De nueva cuenta, la quinta protege textualmente a la constructora, al reconocer que, la presentación del Acuerdo ante el Ministerio Público tiene como consecuencia “la extinción de la acción penal a favor de Cicsa, sus afiliadas, accionistas, consejeros, apoderados y empleados, respecto de cualquier afectación, consecuencia o daño sufrido por la víctima, directa o indirectamente, con motivo del suceso”. En la penúltima cláusula, el Acuerdo ata las manos de la víctima, al aclarar esta que “no se reserva derecho alguno” en contra de Cicsa ni sus afiliadas y que “de manera irrevocable se compromete a no ejercer o proseguir cualquier acción, presente o futura, en contra de dichas personas”. Además, se compromete “a desistir u otorgar los perdones o realizar las gestiones necesarias para dar por concluidos definitivamente, en la forma que sea legalmente adecuada y efectiva, todos y cada uno de los procedimientos o investigaciones derivadas de cualquier acción ejercida y denuncia o querella formulada a la fecha o supervinientes en materia penal, civil y/o administrativa en contra de Cicsa y/o de cualquiera de sus afiliadas, accionistas consejeros, apoderados y empleados, resultado directo o indirectamente del suceso y todos los efectos y consecuencias materiales, inmateriales y jurídicas, de cualquier naturaleza, causadas en perjuicio de la víctima”. En cambio, Cicsa sí “se reserva el derecho de ejercer las acciones penales que estime procedentes en contra de él o los terceros a quien se les pueda imputar responsabilidad respecto de la causación del suceso, a efecto de reclamar el pago de la cantidad erogada con motivo del presente Acuerdo Reparatorio y/o de cualquier otro daño o perjuicio que su celebración le ocasione”. Al final del documento se establece que tanto la víctima, la empresa, el MP, el expediente de la Unidad de Mediación y la Ceavi tendrán una copia del Acuerdo Reparatorio. De acuerdo con los testimonios recabados, si la víctima no acepta firmar el Acuerdo Reparatorio, se levanta un “acta de cierre de proceso” y la investigación sobre el hecho sigue su curso, además de que ninguno de los firmantes puede ni debe buscar a las víctimas para convencerlas de aceptarlo. El conocimiento de este Acuerdo Reparatorio fue el argumento que prevaleció en la más reciente audiencia del caso, el 3 de diciembre de 2021, pues tanto abogados de las víctimas como de cinco de los acusados por los delitos de homicidio, lesiones y reparación del daño exigieron al juez de control que se diera a conocer, mientras que este lo negó con el argumento de que la FGJCDMX lo considera confidencial. Entonces, la audiencia se suspendió y se puso como nueva fecha el 7 de marzo de 2022. En tanto, los abogados solicitaron un amparo para conocer dicho documento.
7
AMLO busca acuerdo con empresa de EU que tenía concesión en Riviera Maya y exige indemnización / Ezequiel Flores El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que una empresa constructora de Estados Unidos, beneficiada durante el gobierno del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León con una concesión minera para extraer material en la Riviera Maya, presentó una denuncia ante un tribunal internacional porque exige una indemnización millonaria debido a que no se les amplió el permiso que tienen para “destruir el territorio” y “afectar el medio ambiente” en Quintana Roo. Dijo que su gobierno está poniendo orden ante las afectaciones ambientales que se registran en el sureste mexicano y en especial en la Riviera Maya. Además, reprochó que los actuales ambientalistas no vieron y tampoco denunciaron los daños fomentados por sus antecesores. En la conferencia mañanera, el mandatario comentó que su gobierno busca un acuerdo con una empresa estadounidense, cuyo nombre omitió, que fue beneficiada como una concesión para extraer
material del lecho marino cerca del destino turístico de Playa del Carmen. “Estamos hablando de una de las regiones, lo acabo de decir, más bellas del mundo. Pues resulta que le dieron a esa empresa dos concesiones hace tiempo, 20 años, para extraer material y llevarse el material a Estados Unidos por barco”, dijo el mandatario. Y explicó que como no se les amplió la concesión porque “estaban incumpliendo, bueno, violando, destruyendo el territorio, se fueron a una denuncia internacional, y están pidiendo una indemnización, no sé, de millones de pesos, o sea, que todavía nosotros les tenemos que pagar”, reprochó el mandatario. No obstante, señaló que afortunadamente, los dueños de la empresa “están respondiendo bien” y el acuerdo que busca su gobierno es que ya no se siga destruyendo el lecho marino y que retiren su demanda, “porque no tiene fundamento legal”, aseveró. “Es una empresa constructora estadounidense famosa que le entregaron el permiso el día 30 de noviembre de 2000, un día antes de que entrara el nuevo gobierno, o sea, estaba (Ernesto) Zedillo,
quién sabe quién era el secretario del Medio Ambiente, pero debe de ser una persona ambientalista, de estos que ya se volvieron paladines de la defensa del territorio”, aseveró. Comentó que la empresa se enfoca en escarbar, crear socavones y se llevan el material a Estados Unidos a través de embarcaciones. “Pero se les venció el plazo, tanto de la mina para extraer como para el uso del puerto en donde sacan el material. Es como destruir el paraíso, y esto lo estamos viendo porque a lo mejor los dueños ni saben y en una de esas hasta participan en los congresos de cambio ambiental”. Dijo que también en el balneario de Tulum hay casos que tienen registrados como daños ambientales y anunció que la zona se va a proteger del impacto negativo porque se trata de preservar el medio ambiente del sureste mexicano. “Pero, además, es la actividad económica principal el turismo, ya hablamos de cuanto ha dado el turismo de esta región, que hay que cuidar esta actividad y el medio ambiente. Entonces, hay estos problemas que se están arreglando”, subrayó.
Vázquez Raña perdió licitación en Pasta de Conchos… pero CFE se la ofrece por adjudicación directa / Arturo Rodríguez La constructora Prodemex-Proacon, propiedad de Olegario Vázquez Raña, consiguió un procedimiento de adjudicación directa para obtener un contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), luego que 20 días antes la constructora fue descalificada para ese mismo contrato durante una licitación con otras cuatro empresas que aspiraban a realizar obras en la Mina Pasta de Conchos. Aún más: de acuerdo con el expediente del procedimiento, cuya copia tiene Proceso, la CFE no establece monto a contratar, sino que le pide a Proacon que ponga el precio. Se trata de una obra especializada, a realizar en la mina Pasta de Conchos, como parte de los trabajos para la recuperación de los 63 cuerpos sepultados en el filón desde el accidente ocurrido en febrero de 2006. Los trabajos, presentados técnicamente como “construcción de lumbreras” consisten principalmente en la construcción de dos tiros verticales, esto es, de dos túneles que por ser subterráneos, implican acciones complejas de seguridad. tales como inhibición de polvo de carbón, ventilaciones específicas para evitar la acumulación de gas y colocación de ademes (soportes) bajo técnicas especializadas, así como previsiones para extracción de agua a fin de evitar inundaciones, e instalaciones eléctricas extremadamente seguras, entre otras. El 9 de noviembre pasado, la CFE convocó al “Concurso Abierto de Carácter Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados para Obra a Precio Mixto y Evaluación por Precio con el Número CFE0035-CACOT-003-2021”, cuyo objetivo era la “Construcción de Lumbreras PCT-1 y PCT-2 en la Mina Pasta de Conchos”. A dicho concurso se presentaron cinco consorcios, entre estos Prodemex-Proacon que, sin embargo, el 4 de enero terminó, como las demás concursantes, descalificada.
| Foto /Organización-Familia-Pasta-deConchos En síntesis, la CFE, a través de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, determinó que las empresas de Vázquez Raña eran descalificadas porque ni siquiera cumplían con la “descripción de la planeación integral del concursante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución”. La conclusión plasmada en el fallo de la licitación abunda en que las empresas concursantes en general no cumplieron “con los requisitos técnicos, legales y administrativos solicitados en el Pliego de Requisitos, realizando la evaluación de cada requisito solicitado, por lo que se determinaron no solventes”. Sin experiencia En el caso de Prodemex, la CFE concluyó que su propuesta no contempló un aspecto de primera importancia, como el eléctrico, pues no presentó nada relativo a las subestaciones eléctricas necesarias para realizar trabajos que deben ser a
prueba de explosión y contar con certificaciones específicas. En concreto, dichas instalaciones eléctricas deben ser “intrínsecamente seguras” y cumplir como requisito con un plan de seguridad “especificado, aprobado y certificado” conforme a un diseño integral considerado en la norma “NFPA-120 Standard for Fire Prevention and Control in Coal Mines”. Este aspecto resulta fundamental, pues la minería de carbón es altamente explosiva, requiere de experiencia en los trabajos y, hasta donde se pudo aquilatar, Prodemex y subsidiarias jamás han trabajado en el sector. No obstante, el 27 de enero pasado la CFE envió una solicitud de oferta a Proacon a fin de que presente, junto con Desarrollo de Terracerías, otra empresa filial de Prodemex, la propuesta para realizar esos trabajos mediante el procedimiento de adjudicación directa con una oferta económica que debe entregar a más tardar hoy. Los trabajos en la mina Pasta de Conchos han seguido un proceso polémico, pues con el propósito de rescatar los cuerpos el Estado mexicano asume los costos dejando a salvo a la empresa propietaria de la mina, Industrial Minera México, subsidiaria de Grupo México, que preside Germán Larrea Mota Velazco. De acuerdo con los diferentes anuncios realizados al respecto por el presidente López Obrador, los trabajos se pagarán con la recuperación de carbón en el yacimiento para ser aprovechado en las carboeléctricas de la CFE. En los últimos meses, la CFE ha realizado adjudicaciones directas de contratos con aparente favoritismo. Por ejemplo, en octubre pasado, adjudicó un contrato millonario a la Compañía Minera Zapalinamé, una filial de Minerales Industrializados, la empresa propiedad del senador morenista Armando Guadiana Tijerina, que hasta hace un año presidió la Comisión de Energía en el Senado.
