MIÉRCOLES 29 DE DICIEMBRE DE 2021
PAN, PRI y PRD presentan ante la SCJN acción de inconstitucionalidad contra PEF 2022 El presupuesto aprobado transgrede el principio de progresividad y es regresivo, señalan los coordinadores de las tres bancadas Cámara de Diputados Los coordinadores parlamentarios Jorge Romero Herrera (PAN), Rubén Moreira Valdez (PRI) y Luis Espinosa Cházaro (PRD) presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022, pues transgrede el principio de progresividad, mismo que fue incorporado al artículo uno constitucional en la reforma de 2011. En un comunicado, detallaron que este principio, como lo ha sostenido la SCJN, tiene como finalidad que los derechos se desarrollen de manera gradual y evolutiva, es decir, que no permanezcan estáticos. Los líderes parlamentarios señalaron que es la primera acción de esta naturaleza que presentan los tres partidos, luego de lo establecido en las modificaciones constitucionales del 2011. Refirieron que el presupuesto aprobado transgrede el principio de progresividad y es regresivo, ya que no aumentó y recortó recursos a programas presupuestales que tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos humanos de los y las mexicanas. Añadieron que estos programas permiten avanzar en una mayor y mejor cobertura de educación, salud, fortaleciendo del federalismo y protección a mujeres. Señalaron que el presupuesto está afectando derechos humanos. Para ejemplificar, citaron el caso del sector salud, donde el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) sigue sin garantizar la cobertura y los recursos efectivos para beneficiarios. Otros de los programas que refieren es el de “la Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral”, pues tuvo un recorte en de aproximadamente 10 mil millones de pesos, lo que “muestra la regresividad”. En educación, las y los diputados de la colación Va X México acusan que se dejó de lado la recuperación de programas destinados a apoyar a las escuelas en el combate del rezago educativo, principalmente en las zonas más vulnerables del país. Eso sumado a la desaparición de los programas de Escuelas de Tiempo Completo, el de Atención a la Diversidad de la Educación Indígena; entre muchos otros, subrayaron. Respecto a los programas enfocados en la igualdad y la protección de la mujer ante la violencia, el presupuesto aprobado también resulta regresivo, así lo muestran los recortes a la promoción, atención y prevención de la violencia contra las mujeres, así como el de atención a víctimas y estancias infantiles. En lo relativo al medio ambiente, se concretaron afectaciones al presupuesto para áreas naturales protegidas y la protección de especies y ecosistemas, así como en una disminución real en el anexo 16 destinado al rubro. Las y los diputados explicaron que las dos características de los derechos y los programas públicos que fundamentan la presentación de la acción de inconstitucionalidad son la progresividad y la no regresividad. Tanto el presupuesto de egresos en su conjunto, como los programas públicos en lo individual, deberían ser cuidadosos de estas características. Respecto al mandato de no regresividad, se explicó que, una vez alcanzado un determinado nivel de satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, el Estado está obligado a no dar marcha atrás, de modo que las prestaciones concretas otorgadas en un momento determinado constituyen el nuevo estándar mínimo a partir del cual debe seguirse avanzando hacia la satisfacción plena de tales derechos. Sobre el mandato de progresividad, se deben adoptar las medidas necesarias hasta el máximo de los recursos disponibles, tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos, expusieron. En ambos casos, el presupuesto de egresos para 2022 aprobado está siendo violatorio. Por ello, las y los legisladores consideraron necesaria la presentación de la acción de inconstitucionalidad. Agregaron que este presupuesto de egresos significa una amenaza a la democracia en México, pues afecta el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, obligándolos a materializar su mandato constitucional sin los recursos suficientes, y vulnerando así el derecho que tienen las y los mexicanos a participar en dichos procesos democráticos, como la revocación de mandato. Refirieron la importancia que tiene que, por primera vez, en atención a la reforma de 2011, los tres partidos impugnen el presupuesto 2022, por ser regresivo en los derechos humanos de la población mexicana.
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Va por México presenta acción de inconstitucionalidad ante la SCJN contra el presupuesto Los coordinadores del PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados, que forman la alianza Va por México, anunciaron que presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el Presupuesto de Egresos de la Federación. En un comunicado de prensa, los líderes parlamentarios Jorge Romero Herrera (PAN), Rubén Moreira Valdez (PRI) y Luis Espinosa Cházaro (PRD) manifestaron que la partida presupuestal para el próximo año que se aprobó en San Lázaro transgrede el principio de progresividad, el cual se encuentra enmarcado en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Argumentaron que el presupuesto aprobado por la mayoría integrada por los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), viola dicho principio debido a que recortó y no aumentó la cantidad de dinero destinada a programas presupuestales o dependencias especializadas, mismos que tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos humanos.
“Este principio, como lo ha sostenido la SCJN, tiene como finalidad que los derechos se desarrollen de manera gradual y evolutiva, es decir, que no permanezcan estáticos”. Refirieron que con el voto a favor de Morena, PT y el PVEM se ha dejado desprotegida a la ciudadanía en temas de educación, salud, fortalecimiento del federalismo, medio ambiente y protección a la mujer, pues es en estos rubros donde se pudo apreciar mayor reducción económica. Asimismo, recordaron el caso del Instituto Nacional Electoral (INE) y como se “obligó” al órgano colegiado a seguir con sus actividades previstas para el 2022 “sin los recursos suficientes”. “Las y los diputados agregaron que este presupuesto de egresos significa una amenaza a la democracia en México, pues afecta el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, obligándolo a materializar su mandato constitucional sin los recursos suficientes; vulnerando así el derecho que tienen las y los mexicanos a participar en dichos procesos democráticos, como es el caso de Revocación de Mandato”, señalaron en su comunicado.
Partidos deben postular a tres mujeres para competir por una gubernatura en 2022 En 2022 los partidos políticos deberán postular al menos a tres mujeres para competir por alguna de las seis gubernaturas que se elegirán en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Esta es la segunda vez que las agrupaciones políticas estarán obligadas a registrar mujeres para competir por estos cargos, ya que en 2020 el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un acuerdo para garantizar la paridad en gubernaturas y postular candidatas en al menos 7 de las 15 gubernaturas que se eligieron en 2021. El resultado de esa medida, que en un principio no gustó a los partidos y fue controvertida ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde también generó controversia porque el INE supuestamente invadió la vida interna partidaria, fue que por primera vez en la historia del país hay siete mujeres gobernadoras. Actualmente, en el estado de Guerrero gobierna Evelyn Salgado Pineda; en Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros; en Chihuahua, María Eugenia Campos Galván; en Colima, Indira Vizcaíno Silva; en Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda y en Campeche, Layda Sansores San Román. A estas entidades se suma la Ciudad de México, donde desde diciembre de 2018 gobierna Claudia Sheinbaum Pardo. Hasta diciembre de 2021 solo Morena ha anunciado a sus candidatas para las próximas elecciones. Ellas son María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, conocida como Mara Lezama, actual presidenta municipal de Benito Juárez, quien buscará la gubernatura en Quintana Roo; y Alma Marina Vitela Rodríguez, alcaldesa de Gómez Palacio y quien tratará de dirigir Durango. También por Morena, Nora Ruvalcaba Gámez será la candidata en Aguascalientes en la elección del próximo 5 de junio. Actualmente ella es delegada de Programas para el Desarrollo en el estado. Compromiso por la paridad La reforma constitucional publicada el 6 de junio de 2019, conocida como Paridad en Todo, obligó a integrar los órganos ejecutivos, legislativos y judiciales, de los tres niveles de gobierno, de forma paritaria y vinculó a los Congresos locales a realizar las reformas pertinentes para garantizar la
paridad. Sin embargo, ni el Congreso de la Unión, ni las legislaturas de los estados, a excepción de Hidalgo que en agosto aprobó una reforma sobre paridad, han establecido las reglas para cumplir este principio constitucional en gubernaturas. Es por eso que en agosto de este 2021 el INE aprobó un acuerdo para obligar a cumplir la paridad en gubernaturas en las elecciones del siguiente año. El organismo decidió resguardar el derecho de las mujeres a ser votadas, considerando que desde 1979, cuando Griselda Álvarez se convirtió en la primera mujer gobernadora de Colima, hasta 2020, solo hubo siete gobernadoras electas en la historia del país. Se trata de Griselda Álvarez en Colima; Beatriz Paredes Rangel en Tlaxcala: Amalia García Medina en Zacatecas; Ivonne Ortega Pacheco en Yucatán; Claudia Pavlovich en Sonora; Martha Érika Alonso, quien gobernó diez días hasta su muerte en Puebla y Sheinbaum Pardo, aún en funciones en la Ciudad de México. En el mismo periodo se suman dos mujeres gobernadoras en calidad de provisionales: Dulce María Sauri Riancho en Yucatán y Rosario Robles en el entonces Distrito Federal. Recientemente, en el proceso electoral de junio de 2021, de acuerdo con datos del INE, 56 candidatas compitieron por las gubernaturas, de las cuales 53 fueron postuladas por partidos políticos nacionales, dos por locales, y una candidata no registrada. Seis de ellas resultaron ganadoras y se espera que que el siguiente año haya tres gobernadoras más. En la discusión sobre paridad en gubernaturas, el pasado 27 de agosto en el Consejo General del INE, los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional reiteraron su rechazo a la medida, pero informaron que acatarían el acuerdo. El representante del PAN, Obdulio Ávila, dijo que aunque postularían a tres mujeres, los criterios no satisfacían del todo al partido y el representante del PRI, Gerardo Triana Cervantes, agregó que no veía “con antipatía” la propuesta del blanquiazul de revisar el acuerdo, aun así los criterios fueron aprobados por mayoría. Anayeli García Martínez | Cimacnoticias
