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PAN, PRI y PRD presentan ante la SCJN acción de inconstitucionalidad contra PEF 2022
El presupuesto aprobado transgrede el principio de progresividad y es regresivo, señalan los coordinadores de las tres bancadas
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Cámara de diputados
Los coordinadores parlamentarios Jorge Romero Herrera (PAN), Rubén Moreira Valdez (PRI) y Luis Espinosa Cházaro (PRD) presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022, pues transgrede el principio de progresividad, mismo que fue incorporado al artículo uno constitucional en la reforma de 2011.
En un comunicado, detallaron que este principio, como lo ha sostenido la SCJN, tiene como finalidad que los derechos se desarrollen de manera gradual y evolutiva, es decir, que no permanezcan estáticos.
Los líderes parlamentarios señalaron que es la primera acción de esta naturaleza que presentan los tres partidos, luego de lo establecido en las modificaciones constitucionales del 2011.
Refirieron que el presupuesto aprobado transgrede el principio de progresividad y es regresivo, ya que no aumentó y recortó recursos a programas presupuestales que tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos humanos de los y las mexicanas.
Añadieron que estos programas permiten avanzar en una mayor y mejor cobertura de educación, salud, fortaleciendo del federalismo y protección a mujeres.
Señalaron que el presupuesto está afectando derechos humanos. Para ejemplificar, citaron el caso del sector salud, donde el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) sigue sin garantizar la cobertura y los recursos efectivos para beneficiarios.
Otros de los programas que refieren es el de “la Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral”, pues tuvo un recorte en de aproximadamente 10 mil millones de pesos, lo que “muestra la regresividad”.
En educación, las y los diputados de la colación Va X México acusan que se dejó de lado la recuperación de programas destinados a apoyar a las escuelas en el combate del rezago educativo, principalmente en las zonas más vulnerables del país.
Eso sumado a la desaparición de los programas de Escuelas de Tiempo Completo, el de Atención a la Diversidad de la Educación Indígena; entre muchos otros, subrayaron.
Respecto a los programas enfocados en la igualdad y la protección de la mujer ante la violencia, el presupuesto aprobado también resulta regresivo, así lo muestran los recortes a la promoción, atención y prevención de la violencia contra las mujeres, así como el de atención a víctimas y estancias infantiles.
En lo relativo al medio ambiente, se concretaron afectaciones al presupuesto para áreas naturales protegidas y la protección de especies y ecosistemas, así como en una disminución real en el anexo 16 destinado al rubro.
Las y los diputados explicaron que las dos características de los derechos y los programas públicos que fundamentan la presentación de la acción de inconstitucionalidad son la progresividad y la no regresividad. Tanto el presupuesto de egresos en su conjunto, como los programas públicos en lo individual, deberían ser cuidadosos de estas características.
Respecto al mandato de no regresividad, se explicó que, una vez alcanzado un determinado nivel de satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, el Estado está obligado a no dar marcha atrás, de modo que las prestaciones concretas otorgadas en un momento determinado constituyen el nuevo estándar mínimo a partir del cual debe seguirse avanzando hacia la satisfacción plena de tales derechos.
Sobre el mandato de progresividad, se deben adoptar las medidas necesarias hasta el máximo de los recursos disponibles, tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos, expusieron.
En ambos casos, el presupuesto de egresos para 2022 aprobado está siendo violatorio. Por ello, las y los legisladores consideraron necesaria la presentación de la acción de inconstitucionalidad.
Agregaron que este presupuesto de egresos significa una amenaza a la democracia en México, pues afecta el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, obligándolos a materializar su mandato constitucional sin los recursos suficientes, y vulnerando así el derecho que tienen las y los mexicanos a participar en dichos procesos democráticos, como la revocación de mandato.
Refirieron la importancia que tiene que, por primera vez, en atención a la reforma de 2011, los tres partidos impugnen el presupuesto 2022, por ser regresivo en los derechos humanos de la población mexicana. Los coordinadores del PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados, que forman la alianza Va por México, anunciaron que presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el Presupuesto de Egresos de la Federación.
En un comunicado de prensa, los líderes parlamentarios Jorge Romero Herrera (PAN), Rubén Moreira Valdez (PRI) y Luis Espinosa Cházaro (PRD) manifestaron que la partida presupuestal para el próximo año que se aprobó en San Lázaro transgrede el principio de progresividad, el cual se encuentra enmarcado en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Argumentaron que el presupuesto aprobado por la mayoría integrada por los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), viola dicho principio debido a que recortó y no aumentó la cantidad de dinero destinada a programas presupuestales o dependencias especializadas, mismos que tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos humanos.
Va por México presenta acción de inconstitucionalidad ante la SCJN contra el presupuesto
“Este principio, como lo ha sostenido la SCJN, tiene como finalidad que los derechos se desarrollen de manera gradual y evolutiva, es decir, que no permanezcan estáticos”.
Refirieron que con el voto a favor de Morena, PT y el PVEM se ha dejado desprotegida a la ciudadanía en temas de educación, salud, fortalecimiento del federalismo, medio ambiente y protección a la mujer, pues es en estos rubros donde se pudo apreciar mayor reducción económica.
Asimismo, recordaron el caso del Instituto Nacional Electoral (INE) y como se “obligó” al órgano colegiado a seguir con sus actividades previstas para el 2022 “sin los recursos suficientes”.
“Las y los diputados agregaron que este presupuesto de egresos significa una amenaza a la democracia en México, pues afecta el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, obligándolo a materializar su mandato constitucional sin los recursos suficientes; vulnerando así el derecho que tienen las y los mexicanos a participar en dichos procesos democráticos, como es el caso de Revocación de Mandato”, señalaron en su comunicado.
Partidos deben postular a tres mujeres para competir por una gubernatura en 2022
En 2022 los partidos políticos deberán postular al menos a tres mujeres para competir por alguna de las seis gubernaturas que se elegirán en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.
Esta es la segunda vez que las agrupaciones políticas estarán obligadas a registrar mujeres para competir por estos cargos, ya que en 2020 el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un acuerdo para garantizar la paridad en gubernaturas y postular candidatas en al menos 7 de las 15 gubernaturas que se eligieron en 2021.
El resultado de esa medida, que en un principio no gustó a los partidos y fue controvertida ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde también generó controversia porque el INE supuestamente invadió la vida interna partidaria, fue que por primera vez en la historia del país hay siete mujeres gobernadoras.
Actualmente, en el estado de Guerrero gobierna Evelyn Salgado Pineda; en Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros; en Chihuahua, María Eugenia Campos Galván; en Colima, Indira Vizcaíno Silva; en Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda y en Campeche, Layda Sansores San Román. A estas entidades se suma la Ciudad de México, donde desde diciembre de 2018 gobierna Claudia Sheinbaum Pardo.
Hasta diciembre de 2021 solo Morena ha anunciado a sus candidatas para las próximas elecciones. Ellas son María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, conocida como Mara Lezama, actual presidenta municipal de Benito Juárez, quien buscará la gubernatura en Quintana Roo; y Alma Marina Vitela Rodríguez, alcaldesa de Gómez Palacio y quien tratará de dirigir Durango.
También por Morena, Nora Ruvalcaba Gámez será la candidata en Aguascalientes en la elección del próximo 5 de junio. Actualmente ella es delegada de Programas para el Desarrollo en el estado.
Compromiso por la paridad
La reforma constitucional publicada el 6 de junio de 2019, conocida como Paridad en Todo, obligó a integrar los órganos ejecutivos, legislativos y judiciales, de los tres niveles de gobierno, de forma paritaria y vinculó a los Congresos locales a realizar las reformas pertinentes para garantizar la paridad. Sin embargo, ni el Congreso de la Unión, ni las legislaturas de los estados, a excepción de Hidalgo que en agosto aprobó una reforma sobre paridad, han establecido las reglas para cumplir este principio constitucional en gubernaturas. Es por eso que en agosto de este 2021 el INE aprobó un acuerdo para obligar a cumplir la paridad en gubernaturas en las elecciones del siguiente año.
El organismo decidió resguardar el derecho de las mujeres a ser votadas, considerando que desde 1979, cuando Griselda Álvarez se convirtió en la primera mujer gobernadora de Colima, hasta 2020, solo hubo siete gobernadoras electas en la historia del país.
Se trata de Griselda Álvarez en Colima; Beatriz Paredes Rangel en Tlaxcala: Amalia García Medina en Zacatecas; Ivonne Ortega Pacheco en Yucatán; Claudia Pavlovich en Sonora; Martha Érika Alonso, quien gobernó diez días hasta su muerte en Puebla y Sheinbaum Pardo, aún en funciones en la Ciudad de México.
En el mismo periodo se suman dos mujeres gobernadoras en calidad de provisionales: Dulce María Sauri Riancho en Yucatán y Rosario Robles en el entonces Distrito Federal.
Recientemente, en el proceso electoral de junio de 2021, de acuerdo con datos del INE, 56 candidatas compitieron por las gubernaturas, de las cuales 53 fueron postuladas por partidos políticos nacionales, dos por locales, y una candidata no registrada. Seis de ellas resultaron ganadoras y se espera que que el siguiente año haya tres gobernadoras más.
En la discusión sobre paridad en gubernaturas, el pasado 27 de agosto en el Consejo General del INE, los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional reiteraron su rechazo a la medida, pero informaron que acatarían el acuerdo.
El representante del PAN, Obdulio Ávila, dijo que aunque postularían a tres mujeres, los criterios no satisfacían del todo al partido y el representante del PRI, Gerardo Triana Cervantes, agregó que no veía “con antipatía” la propuesta del blanquiazul de revisar el acuerdo, aun así los criterios fueron aprobados por mayoría.
México detuvo a 252 mil migrantes este año; el 1.8% estaba vinculado a algún delito
/ Mathieu tourliere
De las 252 mil 526 personas migrantes que el gobierno mexicano detuvo este año, y de las 101 mil 571 que deportó a sus países de origen, apenas 4 mil 468 –o el 1.8% de los detenidos–, estaban vinculadas con algún delito; es decir, que el 98.2% de las personas detenidas no había cometido ningún delito.
De acuerdo con las cifras oficiales, entre enero y noviembre de este año las autoridades mexicanas detuvieron a 252 mil 526 personas migrantes en el territorio nacional, la cifra más alta desde que se generan estadísticas sobre detenciones de personas; entre ellas, 108 mil 448 provenían de Honduras, 70 mil 644 de Guatemala, 20 mil 553 de El Salvador y otras 18 mil 235 de Haití.
Durante los mismos 11 meses, el gobierno mexicano deportó a 101 mil 571 personas, casi todas originarias de los tres países que forman el Triángulo Norte de Centroamérica; entre ellos, 12 mil 345 eran menores de edad, incluyendo 4 mil 494 niños de menos de 11 años.
La cifra récord de detenciones es producto del incremento en los flujos de personas –detonado en parte por los estragos que causó la pandemia de covid-19 en las economías de Centroamérica–, pero también del endurecimiento y la militarización de la política migratoria pactados con el gobierno de Estados Unidos.
Este endurecimiento, negociado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) durante la administración de Donald Trump y continuado con la de Joe Biden, incluye el despliegue de miles de soldados de la Guardia Nacional en las fronteras sur y norte para impedir el paso a las personas que busquen llegar a Estados Unidos, y el nombramiento de militares al frente de las delegaciones del Instituto Nacional de Migración (INM).
Organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado que la militarización de la frontera sur no ofrece ninguna solución a la salida masiva de personas de sus países, y en su lugar arroja a decenas de miles de personas hacia las muy prosperas redes de tráfico de personas.
En un boletín difundido este martes, el INM presumió que “deportó o rechazó” a
Rescate humanitario de 114 personas migrantes de origen cubano y venezolano | Foto @INAMI_mx
4 mil 468 personas “vinculadas a delitos o faltas a la Ley de Migración”, por lo que presumió su rol “en la salvaguarda de la seguridad en el territorio mexicano”.
En este comunicado, la dependencia sostuvo que estas personas fueron deportadas por “contravenir la Ley de Migración y su reglamento, poner en riesgo la seguridad nacional, actividades ilícitas, contar con órdenes de aprehensión o ser requeridos en otras naciones”, e insistió en que “4 mil 056 fueron deportadas por delitos como: homicidio, lavado de dinero, secuestro agraviado, robo, sustracción de menores, tráfico de armas, de drogas, y de persona; de ellas, 490 fueron rechazadas al estar señaladas como ofensoras sexuales en sus respectivas naciones”.
Sin embargo, 4 mil 468 personas representan apenas el 1.77% de las 252 mil personas detenidas por las mismas autoridades en México, y el 4.4% de todas las personas deportadas.
CNDH investiga desaparición en Chiapas del poeta y activista Alberto Pérez Gálvez
/ Gloria leticia Díaz
A cuatro días de la desaparición del poeta y activista chiapaneco Alberto Pérez Gálvez y su acompañante Luis Mario García Castro, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que realiza acciones para su localización a través del Programa Especial de Personas Desaparecidas del Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas (SINPEF).
El organismo destacó que a partir de que se hizo pública la desaparición del poeta chiapaneco, quien perdió comunicación con su familia el 24 de diciembre mientras transitaba en su vehículo sobre la carretera Huehuetán-Comitán, se comunicó con sus parientes y “sostuvo comunicaciones telefónicas con personas servidoras públicas de las comisiones nacional y estatal de búsqueda, de la Fiscalía General del estado de Chiapas y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de la entidad”.
Destacó que la FGE de Chiapas abrió dos expedientes ministeriales y que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) también está dando seguimiento, mientras que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Chiapas anunció que realizará acciones de búsqueda en la ciudad de Comitán así como en hospitales, albergues y centros de reclusión. El organismo indicó que “seguirá en contacto con los familiares de las personas desaparecidas para salvaguardar sus derechos y vigilar que sus derechos humanos sean garantizados”. De acuerdo a las primeas informaciones sobre la desaparición, Pérez Gálvez y García Castro fueron vistos por última vez el 23 de diciembre en Huehuetán, alrededor de las 23:00 horas, y se dirigían a Comitán a bordo de una camioneta Kia Sportage color negro con placas de circulación de la Ciudad de México.
Según ese primer reporte, la última señal de localización fue una video llamada que no fue recibida con un familiar a las 4:30 horas del 24 de diciembre, que fue ubicada en Motozintla.
La familia del poeta desaparecido y su acompañante, explicó que la zona por donde transitaba hacia Comitán “en los últimos meses ha cobrado relevancia por la presencia de grupos armados (paramilitares) y presencia de cárteles de la droga”.
Ante la presencia de grupos delincuenciales en esa zona, la familia consideró tener “sospecha fundada que (Pérez Gálvez) podría haber sido secuestrado y posteriormente desaparecido junto con su acompañante”.
La alerta fue enviada al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas; al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas; a la titular de la CNB, Karla Quintana y a la CNDH. El documento fue suscrito por Irma Pineda Santiago, representante en México del Foro Permanente de los Pueblos sobre Cuestiones Indígenas; la actriz Juliette Binoche; la realizadora Marie-Monique Robin y el senador Emilio Álvarez Icaza.
Matan al reportero Pastor Iván Carrillo y al abogado Masami Nikaido; Fiscalía de Sonora indaga
La Fiscalía de Sonora inició una investigación para esclarecer las causas del asesinato del reportero Pastor Iván Carrillo Ochoa, de 40 años de edad, y del abogado Masami Alejandro Nikaido Rivera, de 32.
Las líneas de investigación incluyen, por protocolo, los ámbitos de entorno personal, social, familiar y profesional de ambas víctimas, es decir, si sus trabajos como periodista y abogado fueron determinantes en el homicidio, refiere El Universal.
Pastor Iván Carrillo Ochoa era reportero del Portal Digital de Noticias “Cajeme News” y Masami Alejandro Nikaido Rivera se dedicaba a la abogacía. Ambos fueron asesinados a balazos la noche del 27 de diciembre.
Según información de las autoridades, después de las 22 horas, afuera de un domicilio ubicado en calle Nuevo León, entre calles Hidalgo y Allende, en la colonia Centro, fueron acribillados.
“Los cuerpos de las víctimas presentan impactos de balas de armas largas, al igual que un vehículo tipo vagoneta, marca Jeep, modelo 2021, propiedad de Masami Alejandro”, señalaron las autoridades de la entidad.
Los primeros respondientes fueron elementos de la Policía Preventiva Municipal de Seguridad Pública y posteriormente al sitio llegaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y peritos de la FGJE Sonora a procesar la escena donde se recuperaron datos de prueba, así como casquillos percutidos.
