4
LUNES 25 DE OCTUBRE DE 2021
La Reforma Fiscal, duro golpe a la población vulnerable / Gloria Leticia Díaz Durante nueve meses de 2020, en medio de la pandemia de covid-19, Lucía Salcedo y sus 14 compañeros activistas de Fomento a la Cultura, Arte, Promoción y Asistencia Social (Focapas), una organización sin fines de lucro, dedicaron buena parte de sus días y noches a distribuir gratuitamente en hospitales públicos implementos de seguridad para personal sanitario. “Un empresario nos donó mascarillas, cubrebocas, overoles, cubrezapatos, respiradores, y de mayo a noviembre nos dedicamos a entregar ese material a médicos y enfermeras a quienes sus dependencias, de Ecatepec e Ixtapaluca, no les aportaban esos materiales de seguridad”, cuenta Salcedo, también coordinadora de la Red Andrómeda, a la cual se encuentran afiliadas 70 organizaciones sociales del país. Como directora de Focapas, una de las 9 mil 354 organizaciones donatarias autorizadas –un grupo mínimo frente a las más de 40 mil que existen en México–, Salcedo también coordinó los apoyos a cientos de familias damnificadas por las inundaciones que ocasionaron las lluvias en este año.
“Fuimos a colonias del Estado de México, como La Esperanza, La Teja, Los Bordos, donde autoridades municipales ni siquiera llegaron, y menos las federales; donde no tienen agua, no hay drenaje, donde muchos perdieron sus casas, y no ha entrado nadie, sólo las organizaciones de la sociedad civil”, añade. En entrevista, la defensora dice que Focapas –dedicada además a la prevención de la violencia contra mujeres y niños– ha realizado desde hace más de 16 años su trabajo de apoyo a las comunidades más vulnerables a través del trabajo de sus 15 voluntarios y donativos de empresas y de personas físicas, que este año ya no tendrán la opción de destinar 7% de sus ingresos anuales a donativos y deducirlos de impuestos. La miscelánea para el ejercicio fiscal 2022, aprobada en el Cámara de Diputados y en proceso de discusión o en su caso ratificación por el Senado, incluye una reforma al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que sólo permite a las personas físicas deducir 15% del total de sus ingresos o el equivalente a 163 mil pesos, siendo deducibles los gastos médicos, seguros de vida, hipotecas, gastos funerarios, colegiaturas y transporte escolar obligatorio, entre otros.
“Nunca hemos accedido a tomar dinero del gobierno; de las personas morales lo que se toma en su mayoría son donaciones en especie, y de las personas físicas, sus donaciones económicas nos sirven como viáticos, para movernos o mover a beneficiarios. “Dependemos en 40% de nuestros ingresos de las personas físicas, por eso la miscelánea fiscal nos va perjudicar, porque la deducción fiscal era un incentivo, porque contribuía para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad, y su aportación era deducible de impuestos, y esto ya no va a pasar”, lamenta. Lucía sostiene que la reforma fiscal de 2022 se suma a una serie de obstáculos que la administración de Andrés Manuel López Obrador ha puesto a las organizaciones sociales. En la lista de “piedritas en el camino” está la prohibición de obtener más de 50% de sus ingresos de otras formas que no sea su objeto social, bajo la amenaza de perder el registro de donataria. Otra razón para perder ese registro es no actualizar las actas constitutivas con las reformas fiscales, tal cual fueron publicadas, e ingresarlas una vez más en el Registro Público de la Propiedad, lo que implica costos de más de 15 mil pesos, “dinero que muchas organizaciones ni siquiera tenemos”, dice.
A ello se suman las amenazas de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) les impondrá multas de entre 86 mil y 100 mil pesos si las organizaciones donatarias no declaran “santo y seña” de los donativos recibidos para atender eventualidades, como los sismos o la pandemia de covid-19. “Esos montos los conozco muy bien porque, como coordinadora de Andrómeda, unas organizaciones me reportaron que les llegaron multas, cuando en sus estados ni siquiera hubo desastres por los sismos. “A una de nuestras organizaciones le llegaron los del SAT a embargar porque no pudo pagar la multa y los compañeros les dijeron a los funcionarios: ‘Llévense los árboles que nos donaron, es lo único que tenemos’. “No tenemos dinero, porque además a las personas morales les están poniendo muchas trabas burocráticas para donar, por ejemplo, alimentos. Ahora prefieren declararlo como merma y destruirlos que donarlos, porque si se equivocan en algún papeleo, las multas para ellos son todavía más graves que las que nos aplican a nosotros”, cuenta. Pese a esas dificultades, Salcedo confía en que Focapas y las organizaciones asociadas a Andrómeda puedan continuar con su trabajo: “Nos queda claro que el gobierno trae un tema personal con la filantropía ajena, con la gente, pero finalmente nosotros como sociedad civil no vamos a tirar la toalla, vamos a seguir adelante; siempre lo hemos hecho prácticamente sin recursos, no nos va a espantar este gobierno”.
“Huachicol fiscal” en Tamaulipas: Política y negocios... todo queda en familia Y es que entre morenistas, así como entre la clase política de Tamaulipas, El JR es considerado el “plan B” de García Cabeza de Vaca, cuyo hermano, el senador Ismael, a su vez, aspira a la candidatura del PAN, aunque con oposición interna por el escándalo de corrupción que tiene al actual mandatario frente a la posibilidad de un desafuero para enfrentar diversos delitos en los que la Fiscalía General de la República (FGR), debido al fuero constitucional, no ha podido avanzar.
/ Arturo Rodríguez El pasado 14 de octubre, unos días después de que José Ramón Gómez Leal fue designado dirigente de Morena en Tamaulipas, Luis Rivera, uno de sus operadores, fue denunciado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante un Ministerio Público federal. Los delitos que la UIF pretende se le imputen son: “Contrabando documentado, defraudación fiscal equiparada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”, todos relacionados con el llamado “huachicol fiscal” en las aduanas, consistente en usar un mismo permiso para internar varios vehículos y reportar la importación de lubricantes en pipas y ferrotanques cuando en realidad se ingresa gasolina, evitando con eso el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. La operación era facilitada por personal aduanero. El caso de Rivera, a quien se atribuye la recaudación de sobornos, es apenas el primer avance de una indagatoria que involucra a morenistas de Tamaulipas, a la Administración General de Aduanas (AGA) antes de su ocupación por personal de la Armada, así como a funcionarios relacionados con los programas sociales y que intersectan con las indagatorias al gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Hasta el pasado septiembre Gómez Leal se desempeñaba como coordinador estatal de Programas de Desarrollo, es decir, como “superdelegado”, la figura destinada a concentrar en una misma persona todas las funciones del gobierno.
José Ramón Gómez Leal | Foto @jrgomezleal Fue el propio presidente Andrés Manuel López Obrador quien en diciembre de 2019 desestimó el hecho de que José Ramón –quien es apodado con sus iniciales, El JR, y así se hace llamar en sus redes sociales– fuera cuñado del gobernador García Cabeza de Vaca. El mandatario admitió, en la mañanera del 4 de diciembre de aquel año, que, en efecto, son familiares, pero “para decirlo con claridad: están peleados”. Gómez Leal ya hizo público su interés de ser postulado por Morena como candidato a gobernador el próximo año. El primer paso es haberse convertido en el nuevo dirigente del partido en Tamaulipas, merced a la operación de Gabriel García Hernández, el senador y excoordinador general de Programas de Desarrollo, y su subordinado, Alejandro Peña, con aval del dirigente Mario Delgado. La designación motivó la inconformidad de algunos miembros del Comité Nacional, entre éstos la de la secretaria de Organización del partido, Xóchitl Zagal.
Movimientos financieros Una investigación del estadounidense FBI puso sobre la pista de García Cabeza de Vaca a la UIF, dado que el caso consiste en rastrear una red de lavado de dinero. La dependencia, a cargo de Santiago Nieto Castillo, ha presentado tres denuncias desde julio de 2020, a partir de la información que ha recabado sobre movimientos financieros. La primera de esas denuncias fue con base en el expediente DEN-UIF-65-2020, presentada el 28 de julio de 2020, ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), por una serie de transferencias realizadas entre personas físicas y morales vinculadas con el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Ese caso involucra, además del gobernador, a Baltazar Higinio Reséndez Cantú, empresario identificado por la FGR y la UIF como testaferro del primero y quien fue detenido el pasado 1 de julio en Texas para ser entregado a las autoridades mexicanas, que lo tienen vinculado a proceso.
En ese mismo caso figuran Francisco Javier Tamez Arellano y el senador Ismael García Cabeza de Vaca, así como las razones sociales Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava, T Seis Doce, Bluelimit Comercial e Inmobiliaria RC de Tamaulipas. El segundo caso fue presentado ante la misma Femdo el 27 de noviembre de 2020, con base en el expediente DENUIF-120-2020, en el que se acredita una riqueza personal del aún gobernador tamaulipeco por el orden de 104 millones de pesos, cuando sus ingresos reportados a lo largo de 20 años suman sólo 21 millones de pesos. Una tercera denuncia fue presentada el pasado 22 de enero, con base en el expediente DEN-UIF-004-2021, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y, en tal caso, se trata de una serie de contrataciones públicas que implicarían daño al erario de Tamaulipas. El primero de los casos es el que coincide con las investigaciones del FBI. Aunque la UIF presentó la denuncia en julio de 2020, mantiene líneas de investigación abiertas que le llevaron al aseguramiento y retención de las cuentas bancarias de El JR en mayo pasado, una acción inusitada pues aún era representante del gobierno federal en Tamaulipas; por cierto, uno de los más cercanos al coordinador nacional de Programas de Desarrollo, Gabriel García Hernández. Según testimonios recogidos por el reportero a condición de anonimato, fue el propio García Hernández quien influyó en Aduanas para que desde el inicio de la administración el superdelegado tamaulipeco recomendara a los jefes aduanales de Nuevo Laredo y Reynosa.
