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APRO/GlORiA leticiA DíAz
La Reforma Fiscal, duro golpe a la población vulnerable
/ Gloria leticia Díaz
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Durante nueve meses de 2020, en medio de la pandemia de covid-19, Lucía Salcedo y sus 14 compañeros activistas de Fomento a la Cultura, Arte, Promoción y Asistencia Social (Focapas), una organización sin fines de lucro, dedicaron buena parte de sus días y noches a distribuir gratuitamente en hospitales públicos implementos de seguridad para personal sanitario.
“Un empresario nos donó mascarillas, cubrebocas, overoles, cubrezapatos, respiradores, y de mayo a noviembre nos dedicamos a entregar ese material a médicos y enfermeras a quienes sus dependencias, de Ecatepec e Ixtapaluca, no les aportaban esos materiales de seguridad”, cuenta Salcedo, también coordinadora de la Red Andrómeda, a la cual se encuentran afiliadas 70 organizaciones sociales del país.
Como directora de Focapas, una de las 9 mil 354 organizaciones donatarias autorizadas –un grupo mínimo frente a las más de 40 mil que existen en México–, Salcedo también coordinó los apoyos a cientos de familias damnificadas por las inundaciones que ocasionaron las lluvias en este año.
“Fuimos a colonias del Estado de México, como La Esperanza, La Teja, Los Bordos, donde autoridades municipales ni siquiera llegaron, y menos las federales; donde no tienen agua, no hay drenaje, donde muchos perdieron sus casas, y no ha entrado nadie, sólo las organizaciones de la sociedad civil”, añade.
En entrevista, la defensora dice que Focapas –dedicada además a la prevención de la violencia contra mujeres y niños– ha realizado desde hace más de 16 años su trabajo de apoyo a las comunidades más vulnerables a través del trabajo de sus 15 voluntarios y donativos de empresas y de personas físicas, que este año ya no tendrán la opción de destinar 7% de sus ingresos anuales a donativos y deducirlos de impuestos.
La miscelánea para el ejercicio fiscal 2022, aprobada en el Cámara de Diputados y en proceso de discusión o en su caso ratificación por el Senado, incluye una reforma al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que sólo permite a las personas físicas deducir 15% del total de sus ingresos o el equivalente a 163 mil pesos, siendo deducibles los gastos médicos, seguros de vida, hipotecas, gastos funerarios, colegiaturas y transporte escolar obligatorio, entre otros.
“Nunca hemos accedido a tomar dinero del gobierno; de las personas morales lo que se toma en su mayoría son donaciones en especie, y de las personas físicas, sus donaciones económicas nos sirven como viáticos, para movernos o mover a beneficiarios.
“Dependemos en 40% de nuestros ingresos de las personas físicas, por eso la miscelánea fiscal nos va perjudicar, porque la deducción fiscal era un incentivo, porque contribuía para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad, y su aportación era deducible de impuestos, y esto ya no va a pasar”, lamenta. Lucía sostiene que la reforma fiscal de 2022 se suma a una serie de obstáculos que la administración de Andrés Manuel López Obrador ha puesto a las organizaciones sociales.
En la lista de “piedritas en el camino” está la prohibición de obtener más de 50% de sus ingresos de otras formas que no sea su objeto social, bajo la amenaza de perder el registro de donataria. Otra razón para perder ese registro es no actualizar las actas constitutivas con las reformas fiscales, tal cual fueron publicadas, e ingresarlas una vez más en el Registro Público de la Propiedad, lo que implica costos de más de 15 mil pesos, “dinero que muchas organizaciones ni siquiera tenemos”, dice.
A ello se suman las amenazas de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) les impondrá multas de entre 86 mil y 100 mil pesos si las organizaciones donatarias no declaran “santo y seña” de los donativos recibidos para atender eventualidades, como los sismos o la pandemia de covid-19.
“Esos montos los conozco muy bien porque, como coordinadora de Andrómeda, unas organizaciones me reportaron que les llegaron multas, cuando en sus estados ni siquiera hubo desastres por los sismos.
“A una de nuestras organizaciones le llegaron los del SAT a embargar porque no pudo pagar la multa y los compañeros les dijeron a los funcionarios: ‘Llévense los árboles que nos donaron, es lo único que tenemos’.
“No tenemos dinero, porque además a las personas morales les están poniendo muchas trabas burocráticas para donar, por ejemplo, alimentos. Ahora prefieren declararlo como merma y destruirlos que donarlos, porque si se equivocan en algún papeleo, las multas para ellos son todavía más graves que las que nos aplican a nosotros”, cuenta.
Pese a esas dificultades, Salcedo confía en que Focapas y las organizaciones asociadas a Andrómeda puedan continuar con su trabajo: “Nos queda claro que el gobierno trae un tema personal con la filantropía ajena, con la gente, pero finalmente nosotros como sociedad civil no vamos a tirar la toalla, vamos a seguir adelante; siempre lo hemos hecho prácticamente sin recursos, no nos va a espantar este gobierno”.
“Huachicol fiscal” en Tamaulipas: Política y negocios... todo queda en familia
/ arturo roDríGuez
El pasado 14 de octubre, unos días después de que José Ramón Gómez Leal fue designado dirigente de Morena en Tamaulipas, Luis Rivera, uno de sus operadores, fue denunciado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante un Ministerio Público federal.
Los delitos que la UIF pretende se le imputen son: “Contrabando documentado, defraudación fiscal equiparada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”, todos relacionados con el llamado “huachicol fiscal” en las aduanas, consistente en usar un mismo permiso para internar varios vehículos y reportar la importación de lubricantes en pipas y ferrotanques cuando en realidad se ingresa gasolina, evitando con eso el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. La operación era facilitada por personal aduanero.
El caso de Rivera, a quien se atribuye la recaudación de sobornos, es apenas el primer avance de una indagatoria que involucra a morenistas de Tamaulipas, a la Administración General de Aduanas (AGA) antes de su ocupación por personal de la Armada, así como a funcionarios relacionados con los programas sociales y que intersectan con las indagatorias al gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Hasta el pasado septiembre Gómez Leal se desempeñaba como coordinador estatal de Programas de Desarrollo, es decir, como “superdelegado”, la figura destinada a concentrar en una misma persona todas las funciones del gobierno.
Fue el propio presidente Andrés Manuel López Obrador quien en diciembre de 2019 desestimó el hecho de que José Ramón –quien es apodado con sus iniciales, El JR, y así se hace llamar en sus redes sociales– fuera cuñado del gobernador García Cabeza de Vaca. El mandatario admitió, en la mañanera del 4 de diciembre de aquel año, que, en efecto, son familiares, pero “para decirlo con claridad: están peleados”.
Gómez Leal ya hizo público su interés de ser postulado por Morena como candidato a gobernador el próximo año. El primer paso es haberse convertido en el nuevo dirigente del partido en Tamaulipas, merced a la operación de Gabriel García Hernández, el senador y excoordinador general de Programas de Desarrollo, y su subordinado, Alejandro Peña, con aval del dirigente Mario Delgado.
La designación motivó la inconformidad de algunos miembros del Comité Nacional, entre éstos la de la secretaria de Organización del partido, Xóchitl Zagal.
Y es que entre morenistas, así como entre la clase política de Tamaulipas, El JR es considerado el “plan B” de García Cabeza de Vaca, cuyo hermano, el senador Ismael, a su vez, aspira a la candidatura del PAN, aunque con oposición interna por el escándalo de corrupción que tiene al actual mandatario frente a la posibilidad de un desafuero para enfrentar diversos delitos en los que la Fiscalía General de la República (FGR), debido al fuero constitucional, no ha podido avanzar.
José Ramón Gómez Leal | Foto @jrgomezleal
MoviMientos financieros
Una investigación del estadounidense FBI puso sobre la pista de García Cabeza de Vaca a la UIF, dado que el caso consiste en rastrear una red de lavado de dinero.
La dependencia, a cargo de Santiago Nieto Castillo, ha presentado tres denuncias desde julio de 2020, a partir de la información que ha recabado sobre movimientos financieros.
La primera de esas denuncias fue con base en el expediente DEN-UIF-65-2020, presentada el 28 de julio de 2020, ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), por una serie de transferencias realizadas entre personas físicas y morales vinculadas con el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Ese caso involucra, además del gobernador, a Baltazar Higinio Reséndez Cantú, empresario identificado por la FGR y la UIF como testaferro del primero y quien fue detenido el pasado 1 de julio en Texas para ser entregado a las autoridades mexicanas, que lo tienen vinculado a proceso.
En ese mismo caso figuran Francisco Javier Tamez Arellano y el senador Ismael García Cabeza de Vaca, así como las razones sociales Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava, T Seis Doce, Bluelimit Comercial e Inmobiliaria RC de Tamaulipas.
El segundo caso fue presentado ante la misma Femdo el 27 de noviembre de 2020, con base en el expediente DENUIF-120-2020, en el que se acredita una riqueza personal del aún gobernador tamaulipeco por el orden de 104 millones de pesos, cuando sus ingresos reportados a lo largo de 20 años suman sólo 21 millones de pesos.
Una tercera denuncia fue presentada el pasado 22 de enero, con base en el expediente DEN-UIF-004-2021, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y, en tal caso, se trata de una serie de contrataciones públicas que implicarían daño al erario de Tamaulipas.
El primero de los casos es el que coincide con las investigaciones del FBI. Aunque la UIF presentó la denuncia en julio de 2020, mantiene líneas de investigación abiertas que le llevaron al aseguramiento y retención de las cuentas bancarias de El JR en mayo pasado, una acción inusitada pues aún era representante del gobierno federal en Tamaulipas; por cierto, uno de los más cercanos al coordinador nacional de Programas de Desarrollo, Gabriel García Hernández.
Según testimonios recogidos por el reportero a condición de anonimato, fue el propio García Hernández quien influyó en Aduanas para que desde el inicio de la administración el superdelegado tamaulipeco recomendara a los jefes aduanales de Nuevo Laredo y Reynosa.
De empresa desahuciada a joya de la corona
/ Rafael RodRíguez castañeda*
Compañía sin futuro en manos del Estado, declarada así por el propio gobierno de Carlos Salinas, Telmex se convirtió en una de las telefónicas más lucrativas del mundo en manos privadas. ¿Pero cómo se logró el milagro empresarial? Rafael Rodríguez Castañeda, exdirector de Proceso, reveló en 1995 en su libro Operación Telmex. Contacto con el poder la operación, maniobras, manipulaciones legales y trucos fiscales ejecutados por la autoridad –por encima de la Constitución– y que le otorgaron a Teléfonos de México carretadas de dinero en efectivo en los años siguientes a su privatización.
¿Qué era lo que iban a comprar los postores de Telmex? ¿Qué fue lo que finalmente adquirieron Carlos Slim y sus socios?
Según funcionarios del gobierno salinista, Telmex era una empresa sin futuro en manos del Estado, sin capacidad de inversión, con escasas perspectivas de enfrentar los retos tecnológicos.
Según los datos disponibles, Telmex no sólo era una empresa paraestatal viable, sino financiera, tecnológica y socialmente rentable.
Jacques Rogozinsky, subsecretario de Hacienda y coordinador de la Unidad de Desincorporación de Paraestatales, explicó en 1994, cuatro años después de la venta de Telmex:
“La crisis económica del inicio de la década de los ochenta impidió que el Estado proporcionara a Telmex los recursos necesarios para el mejoramiento y mantenimiento de un buen servicio (…)
“Era evidente que la empresa telefónica necesitaba cuantiosos recursos económicos, que el gobierno podía aplicar, pues consideraba que las necesidades de crecimiento y modernización requerían una inversión de 10,000 millones de dólares en cinco años (…)”.
Como parte de la desincorporación, las autoridades llevaron a cabo, durante 1990, una serie de acciones de depuración y saneamiento que, en realidad, constituyeron la cereza en el pastel destinado a los futuros compradores.
Relaciones laboRales
Andrés Caso, secretario de Comunicaciones y Transportes y presidente del Consejo de Administración de Telmex, y Arsenio Farell, secretario de Trabajo, negociaron con Francisco Hernández Juárez, líder nacional del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), modificaciones a las condiciones laborales paralelas al Contrato Colectivo de Trabajo de Telmex.
Destacaba la eliminación de 57 acuerdos laborales individuales que, de hecho, podían llegar a representar 57 contratos diferentes. El número de trabajadores se redujo de 1000 a sólo 140. La empresa obtuvo el derecho de asignar a los trabajadores a diversas áreas, según fuera necesario para “la expansión, modernización y calidad del servicio telefónico”.
A cambio, se ofreció a los líderes telefonistas la posibilidad de que el STRM se convirtiera en socio accionista de Telmex.
ReestRuctuRación taRifaRia y fiscal
El gobierno transfirió a Telmex, del sector comunicaciones y transportes, al sector encabezado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Su titular, Pedro Aspe, sustituyó a Caso en la presidencia del Consejo de Administración de Telmex.
Con absoluta libertad en este sentido, el gobierno llevó a cabo un ajuste en las tarifas y en el régimen fiscal de Teléfonos de México. En enero de 1990 fue derogado el impuesto al consumo en los servicios telefónicos, lo cual permitió a Telmex incrementar sus ingresos entre un 68% (servicio local residencial) y un 100% en larga distancia nacional comercial.
Lo más relevante, sin embargo, es que la SHCP creó el Impuesto por Prestación de Servicios Telefónicos (IPST), equivalente a 29% de todos los ingresos de la empresa por prestación de servicios telefónicos, con una cláusula: durante cinco años, a partir de 1991, Telmex podía retener y acreditar como inversión el 65% del monto de ese impuesto. Con otra ventaja: la empresa conservaba el derecho de deducir la totalidad de ese 29% del impuesto sobre la renta.
La SHCP rompió cualquier precedente. Los ingresos de Telmex eran de tal magnitud que esta verdadera devolución de impuestos arrojó cifras enormes que contribuyeron a la explosión de liquidez de la empresa en los años siguientes.
De hecho, las condiciones del IPST violaban la Constitución, que expresamente establece que los ingresos que el Estado obtenga mediante impuestos serán aplicados al gasto público. En el caso de Telmex, la SHCP prácticamente regalaba a Telmex dinero en efectivo.
En forma complementaria, una gran parte de la deuda de Teléfonos con instituciones del exterior fue intercambiada por deuda con el gobierno mexicano.
Durante gobierno de Carlos Salinas, Telmex se convirtió en una de las telefónicas más lucrativas del mundo en manos de empresas privadas | Foto LJA
nueva oRganización sectoRial
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se convirtió en un órgano regulador, sin operar directamente servicios de telecomunicación. Y unas cuantas semanas antes del cierre de operación de compraventa, Telecomunicaciones de México (Telecomm) transfirió en venta a Telmex la Red Federal de Microondas. Con esta medida, Telmex quedó en condiciones de operar los sistemas de larga distancia telefónica de manera integral y absolutamente autónoma.
ley de vías geneRales de comunicación
Se emitió un nuevo Reglamento de la Ley de Vías Generales de Comunicación (LVGC), que abrió a la libre competencia el mercado de equipo terminal y de servicios de valor agregado; fijó “un periodo de ajuste”, hasta 1996, en el cual no podrían otorgarse concesiones de larga distancia; y se estableció que el Estado sólo podría operar los servicios de telecomunicación expresamente señalados en la Constitución: telégrafos y comunicación vía satélite. A mediados de 1995 se aprobó una nueva Ley de Telecomunicaciones que, entre otros cambios, permitió a la iniciativa privada el uso de satélites artificiales.
ReestRuctuRación de capital
En una medida cuyos alcances y objetivos se vieron claros cuando culminó la venta, el esquema accionario de Telmex fue reestructurado de tal manera que el control de la empresa pudiera quedar en un individuo o en un grupo con un desembolso mínimo.
inveRsiones
Contra lo que posteriormente explicó Rogozinsky, aparte de las aportaciones en materia de infraestructura, el gobierno sí tuvo recursos suficientes para invertir en una empresa paraestatal que pensaba vender. A lo largo de 1990 Telmex hizo inversiones por casi cinco billones de pesos, alrededor de 55% de lo que invirtió en 1989.
título de concesión
La culminación de todos estos esfuerzos fue la modificación al Título de Concesión de Telmex –preparada a lo largo de un año, por representantes de la SCT, la SHCP, la Secretaría de Programación y Presupuesto, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y el propio Telmex–, cuyo objetivo expreso era el de poner a la empresa en condiciones de pasar a la iniciativa privada.
Entró en vigor el 10 de agosto de 1990, con las firmas de Andrés Caso, como titular de la SCT; Pedro Aspe, en calidad de presidente del Consejo de Administración de Telmex; y el director general de la empresa, Alfredo Baranda García.
Según la cláusula 2 del Capítulo 8, “Vigencia, Terminación y Caducidad”, la concesión –el periodo de 50 años termina en 2026– podrá ser renovada por un periodo adicional de 15 años, o sea, terminaría en el año 2041. Los nuevos dueños de Telmex aseguraron prácticamente el usufructo de la empresa hasta por 51 años, a partir del año en que la adquirieron, 1990.
Pero había más: un pequeño párrafo al calce de esa misma cláusula agregaba: “Al término de la primera prórroga, la concesión podrá ser prorrogable nuevamente por el periodo máximo que permita la ley”.
En mayo de 1995 fue expedida la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones, cuyo artículo 27 señala: “Las concesiones sobre redes públicas de telecomunicaciones se otorgarán por un plazo hasta de 30 años y podrán ser prorrogadas hasta por plazos iguales a los originalmente establecidos”.
Una interpretación estricta permite deducir que los actuales dueños de Telmex podrán tener en sus manos la concesión telefónica hasta por un máximo de:
De 1990 a 2026= 36 años
Prórroga por + 15 años= 51 años
Prórroga por otros + 30 años= 81 años
Existen dudas, por lo demás, respecto de lo que podrá pasar con las instalaciones de Telmex al término de la concesión. La LVGC dispone que deben quedar, gratuitamente, en poder del gobierno. El título de concesión, a su vez, dice que el gobierno tendrá derecho preferencial de “adquirir en su totalidad las instalaciones telefónicas y sus accesorios, incluyendo terrenos, edificios, muebles y material de almacén y derecho a título oneroso.
Y, finalmente, el reglamento de Telecomunicaciones indica que al vencimiento de las concesiones el gobierno federal tendrá derecho preferente “para adquirir las instalaciones que se determinen en el título de concesión destinados a la prestación del servicio concesionado (…)”.
En materia de tarifas, el título de concesión estableció “un control tarifario” sobre lo que se denominó “canasta de servicios básicos”, que incluía: cargos por instalación y conexión de telefonía básica, renta básica mensual, servicio público de larga distancia nacional, servicio público de larga distancia internacional.
Precisaba: “La estructura tarifaria buscará propiciar una expansión eficiente de la red pública telefónica y proveer las bases para una sana competencia de los servicios.
“Las tarifas aplicables deberán permitir recuperar al menos el costo incremental de largo plazo, de tal forma que se eliminen los subsidios cruzados entre servicios. Ello, con el objeto de que exista el incentivo necesario para expandir cada servicio y establecer las bases justas para una competencia equitativa (…).
“Con base en estos criterios, Telmex podrá modificar periódicamente las tarifas de los servicios de telefonía básica, con el objeto de reducir los subsidios cruzados, de acuerdo con un sistema de precios tope, donde considerando los volúmenes de consumo del periodo anterior, la proyección del gasto de los usuarios por la canasta de servicios básicos para el periodo siguiente, se mantendrá constante en términos reales. Durante 1991 los periodos de ajuste serán mensuales y de 1992 a 1996 los ajustes se harán en forma trimestral (…)”.
De acuerdo con cálculos extraoficiales, Telmex incrementó en los dos primeros años de la concesión en 150% el nivel de sus tarifas de esta “canasta básica”. El costo del servicio telefónico fue mantenido al margen de los Pactos Económicos que incluían al resto de los servicios públicos.
La concesión, por otro lado, dejaba manos libres a Telmex en materia de servicios ajenos a la “canasta básica”.
“Los servicios complementarios y de valor agregado quedarán en régimen de competencia, por lo que las tarifas correspondientes sólo requerirán ser registradas anualmente ante la secretaría, de acuerdo con el reglamento vigente (…)”.
Estos servicios ocuparon pronto lugar prioritario en los proyectos de Telmex privatizada: la red digital superpuesta, los circuitos privados, los servicios de directorio y otros basados en tecnología digital.
