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LUNES 25 DE ABRIL DE 2022
/Juan Omar Fierro Con la eventual intervención de cuatro senadores estadunidenses y del fiscal general de Joe Biden, Merrick Brian Garland, el periodista Alonso Castillo Cuevas busca que las autoridades de ese país apliquen la Ley Global Magnitsky, sobre Responsabilidad de Derechos Humanos, al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, con lo cual podrían congelarse bienes y cuentas del funcionario mexicano en Estados Unidos. Nieto de Laura Morán Servín –pareja del finado Federico Gertz Manero– e hijo de Alejandra Cuevas Morán, ambas absueltas de “homicidio por omisión de cuidados” en agravio del hermano del fiscal Alejandro Gertz, por sentencia unánime de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alonso Castillo se reunió con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, para exponerle las graves violaciones a los derechos humanos que se dieron en el caso de su madre. Además, Castillo Cuevas busca reunirse con el fiscal Merrick Garland para exponerle lo que califica como “una extorsión” del fiscal Alejandro Gertz, quien le exigía declararse culpable de un delito por la muerte de Federico Gertz, luego de una larga convalecencia médica. Ciudadano estadunidense desde hace 14 años, Alonso Castillo señala que el
En la mira, los bienes que Gertz posee en EU intento de extorsión ocurrió pese a que él se encontraba en Estados Unidos y Alejandro Gertz en México, lo que configura un delito en agravio de un ciudadano norteamericano. Por lo anterior, considera que puede aplicarse la Ley Magnitsky al fiscal Gertz Manero, derivado de su intervención ilícita para encarcelar a su madre, Alejandra Cuevas, una mujer de 69 años que recuperó su libertad gracias a un fallo inapelable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de permanecer 528 días presa. Tocar las puertas del Capitolio Para lograr su objetivo también ha mantenido comunicaciones con los senadores estadunidenses Robert Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores; Patrick Leahy, presidente del Comité de Asignaciones, así como con los senadores Benjamin Cardin y Jeffrey Merkley. De igual manera buscará el apoyo del senador por Florida, Marco Rubio. “En la más reciente reunión con Mayorkas le expuse el caso y la fabricación
del caso contra mi mamá; le dije que, aunque está fuera de su ámbito, le pedía que él fuera un puente para reunirme con el secretario de Estado, Antony Blinken, y con el fiscal Merrick Brian Garland, para exponer los delitos que se cometieron”, dijo. En ese contexto, también solicitará que se indaguen las cuentas y bienes de Alejandro Gertz Manero para que se le aplique la Ley Magnitsky, por ser un funcionario violador de derechos humanos. Esa ley, vigente desde 2016, permite sancionar a funcionarios extranjeros, y “Gertz es el candidato ideal para ser sancionado”. Recordó que Gertz Manero tiene departamentos en Nueva York y Florida, bienes que podrían ser congelados, además de que se le podría prohibir su entrada a Estados Unidos. “Yo estoy muy interesado en que se le aplique esa ley y creo que deben investigarse sus bienes; les voy a entregar el número de cuenta que tiene en un paraíso fiscal”, sentenció. Explicó que entregará las grabaciones de la llamada
telefónica en la que el actual fiscal le exigía que se declarara culpable de un delito que no cometió, así como las grabaciones que se dieron a conocer en el caso de su intervención en la Suprema Corte, previo a la resolución de los amparos de su madre Alejandra Cuevas y de su abuela Laura Morán. “Tengo confianza en que podré reunirme con el fiscal de Estados Unidos y con el secretario de Estado para entregar toda la información relativa a Gertz Manero y que se le investigue, que ellos sepan que se reúnen con un violador de derechos humanos y con una persona que se niega a hacer público su patrimonio, pese a que la ley en México lo obliga a hacerlo.” Por último, lamentó que el actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez, no haya continuado la investigación que inició su antecesor, Santiago Nieto. Además, señaló que la protección para su familia, que le fue prometida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, todavía no ha llegado.
Gertz, denunciado por tráfico de influencias / Juan Omar Fierro La batalla jurídica que sostienen Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia, y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dio un nuevo giro con una demanda que Scherer presentó contra Gertz ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la propia FGR. En la denuncia –entregada el viernes 22 a las 11:00 horas, según el acuse de recibo–, Scherer Ibarra contraataca a Gertz Manero con la imputación del mismo delito que la Fiscalía General de la República (FGR) le ha atribuido al exconsejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador: tráfico de influencias. La querella agrega otras conductas delictivas que podrían imputarse al fiscal: coalición de servidores públicos, asociación delictuosa y lo que resulte. Además, en el escrito se señala como coimputado de Gertz al subprocurador de Control Competencial de la Fiscalía, Juan Ramos López, considerado el brazo derecho del fiscal. En el documento también se señala a los tres fiscales de la FGR que buscaron imputar los delitos de tráfico de influencias, extorsión, lavado de dinero y delincuencia organizada a cuatro abogados que han laborado en los mismos despachos que el exconsejero jurídico de la Presidencia. Los señalados son la fiscal de Asuntos Internos de la FGR, Adriana Campos López; el fiscal de Asuntos Especiales de la FGR, Manuel Granados Quiroz, y la ministerio público María Eugenia Castañón Osorio. Granados Quiroz no sólo es el titular de Asuntos Especiales de la FGR, sino que tiene a su cargo la dirección de las audiencias penales de los casos más relevantes para la Fiscalía, como el proceso penal que se le sigue a la exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol) Rosario Robles Berlanga. El fiscal para Asuntos Especiales de la FGR tuvo a su cargo formular la imputación contra los cuatro abogados (César
Alejandro Gertz Manero | Foto Gobierno de México Omar González Hernández, Juan Antonio Araujo Rivapalacio, Isaac Pérez Rodríguez y David Gómez Arnau) que son señalados en la denuncia del también litigante Juan Collado Mocelo por presunta extorsión. Incluso, Granados Quiroz puso en aprietos a la defensa de los abogados César Omar González Hernández, Juan Antonio Araujo Rivapalacio, Isaac Pérez Rodríguez y David Gómez Arnau en las dos últimas audiencias del caso, adelantando las penas de prisión de hasta 40 años que se les podrían imponer a los imputados de este caso. “El fiscal general de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero; el fiscal de Control Competencial, el señor Juan Ramos López, y otros servidores públicos de la institución deben responder… por las faltas, omisiones y violaciones sistemáticas graves a los derechos humanos, a la ley en perjuicio del suscrito y de otras personas, así como a los principios que debieron regir su actuar”, señala el texto de la denuncia.Se acusa a Gertz Manero de ser un hombre “parcial,
vengativo y envenenado” que ha utilizado a la FGR para litigar sus asuntos personales, como el caso de las imputaciones penales que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó contra su cuñada, Laura Morán, y la hija de ésta, Alejandra Cuevas. En su denuncia, Scherer asegura que el fiscal general utilizó de manera facciosa la FGR relacionándolo con “hechos fabricados y productos de intercambio ilícitos de la FGR con particulares en casos relevantes para que interpongan denuncias en mi contra, a cambio de obtener cancelaciones de órdenes de aprehensión o para que les sean aprobados criterios de oportunidad a su favor”. Dice que las pesquisas abiertas por esos funcionarios son “para situarme y hacer parecer que cometí una conducta contraria a la ley”, y carecen de asidero legal porque, en todo caso, debieron integrarse en la Fiscalía Anticorrupción y no ante la Fiscalía de Control Competencial ni la de Asuntos Internos.
En ambas instancias “se fabrican hechos y se extorsionan denunciantes mediante ofrecimientos ilícitos para presentar denuncias en contra del suscrito y otras personas”, lo que –considera– constituye asociación delictuosa. Además, también se acusa a Alejandro Gertz Manero de intentar influir en un proceso judicial para favorecer a un empresario que ha sido su socio y cliente, Gabriel Alarcón Velázquez, acusado por su familia del delito de defraudación, derivado de que se habría apropiado “de una herencia de cientos de millones de dólares”. “La contraparte en el litigio de dos décadas es la hermana, la señora María Eugenia Alarcón Velázquez, y sus hijos, los hermanos Gerardo, Francisco y Ernesto, quienes se apellidan Álvarez Morphy Alarcón. Desde el inicio el doctor Alejandro Gertz Manero ha participado como asesor del señor Gabriel Alarcón Velázquez. Se ha publicado que este cliente le ha pagado fortunas en dinero e inmuebles al fiscal general de la República y que comparten un avión privado que el doctor Alejandro Gertz Manero costea con recursos provenientes de la UDLA”, agrega la denuncia promovida por Scherer Ibarra. De acuerdo con Scherer, Gertz Manero usó a la FGR “para investigar y acusar a los señores Francisco y Ernesto Álvarez Morphy Alarcón mediante la imputación de delitos fiscales sin que existiera un procedimiento de revisión por parte de la Secretaría de Hacienda Crédito Público”, repitiendo así un modus operandi que se vio en el caso de su familia política. “El fiscal general de la República pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atracción del caso de uno de los hermanos Álvarez Morphy cuando estaba a punto de ser resuelto en definitiva por parte de un Tribunal Colegiado. Terminó perdiendo el asunto, demostrando, de nueva cuenta, que maneja a la Fiscalía General de la República como su oficina particular”, señala el documento.
