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J. JeSúS eSquivel
Por los desaparecidos
Revela funcionario de López Obrador: Por “hipocresía de la DEA”, el cierre de la SIU
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cristian dE lira
A 15 años del caso Maverick, en que 10 personas desaparecieron, familiares y activistas de personas víctimas de desaparición y feminicidio en Aguascalientes y la región, se manifestaron en la Plaza Patria, colgaron tendederos con fotografías y fichas de reporte de desaparición, para señalar la falta de avance en los casos.
El acuerdo al que llegó Iván Reyes Arzate con el Departamento de Justicia de Estados Unidos al declararse culpable de delitos de narcotráfico fue la gota que derramó el vaso y llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador a desmantelar al equipo especial mexicano que trabajaba con la estadunidense Administración Antidrogas (DEA).
“El presidente lo tomó como una burla. Reyes Arzate está comprobado que estaba metido con el narco, con el Cártel de Sinaloa, pero la DEA lo perdonó; así no se puede colaborar con los agentes estadunidenses”, explica a Proceso un alto funcionario del gobierno federal mexicano.
Esta semana la agencia británica de noticias Reuters reveló que en abril de 2021 el gobierno de López Obrador desmanteló la Unidad de Investigaciones Sensibles (SIU), que durante años trabajó con la DEA en el combate al narcotráfico en México.
Reyes Arzate, excomandante de la hoy desaparecida Policía Federal y mano derecha de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, en octubre del año pasado se declaró culpable de los cargos de narcotráfico que le imputó la DEA.
Ante la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, donde justamente en el otoño próximo García Luna será enjuiciado por narcotráfico, Reyes Arzate aceptó el acuerdo que le propuso la DEA de convertirse en testigo protegido.
“¡No puede ser! Este hombre (Reyes Arzate) era el operador de García Luna en el gobierno de Calderón; la misma DEA lo detuvo en Estados Unidos al igual que al comandante de la Policía Federal y por las mismas causas, pero no actúan parejo”, indica el funcionario mexicano.
A condición del anonimato –por tratarse de un asunto sensible en la relación con Estados Unidos–, el alto funcionario del gobierno de López Obrador explica que desde 2020, cuando Reyes Arzate fue detenido por la DEA, se empezó a conocer que Estados Unidos perdonaría a este expolicía corrupto.
/ j. jEsús EsquivEl
Enojo prEsidEncial
Durante el sexenio de Calderón la DEA trabajó con y manipuló a Reyes Arzate, quien precisamente fue jefe de la SIU, equipo en el que también había integrantes de la Secretaría de Marina.
“Es una hipocresía de la DEA y así lo tomó el presidente López Obrador y decidió cerrar ese capítulo que, si se revisa bien, expone por igual la corrupción de las agencias estadunidenses. ¿De qué otra forma se puede entender, si no es así, la exoneración de Reyes Arzate?”, añade la fuente.
Según el acuerdo de cooperación al que llegó con la DEA, el otrora mano derecha de García Luna, al declararse culpable de narcotráfico y aceptar la cooperación con la DEA, se dedicará a incriminar a narcos y a exfuncionarios mexicanos.
El próximo 24 de octubre de 2022, al iniciarse el juicio por narcotráfico contra García Luna ante el juez federal Brian Cogan, de la Corte en Brooklyn, y a partir de esa fecha en cualquier audiencia del proceso, Reyes Arzate podría estrenarse como testigo protegido de la DEA.
Al exjefe del SIU, el gobierno de Estados Unidos lo instruirá –como hace con todos los testigos protegidos y cooperantes– para incriminar a García Luna y a un sinnúmero de criminales, políticos y militares por sus presuntos nexos con el narcotráfico de México.
Las declaraciones bajo juramento que otorgue Reyes Arzate en las cortes federales estadunidenses, en procesos judiciales por narcotráfico, le servirán para que eventualmente, a pedido de la DEA, un juez lo castigue con pocos años de cárcel y eventualmente se le cambie la identidad para que pueda vivir tranquilamente en Estados Unidos.
“Al presidente le molestó –y mucho– lo que hizo la DEA con Reyes Arzate, porque no sabemos si éste mentirá y protegerá a políticos y exfuncionarios del gobierno de Calderón que estaban coludidos con el narcotráfico y fueron benevolentes con la DEA; el SIU ya no tenía sentido”, acota el alto funcionario del gobierno de López Obrador.
Por las nuevas leyes de seguridad, el gobierno de AMLO obligó a que a partir de abril del año pasado los agentes de la DEA y de otras agencias federales estadunidenses entreguen sus reportes de actividades en México.
Ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, desde abril de 2021 los 54 agentes que tiene la DEA asignados en México presentan su informe de actividades en territorio mexicano: deben decir con quiénes hablan, dónde estuvieron y qué tipo de investigaciones llevan a cabo.
Por medio de la hoy desaparecida Iniciativa Mérida, Calderón –por presiones de la Casa Blanca– aceptó que se instalara en México la Oficina Binacional de Inteligencia (OBI).
Ese mecanismo, avalado por el entonces presidente panista, dio licencia para espiar y moverse por todo México, sin limitaciones, a la DEA, la CIA, el FBI y a las agencias de inteligencia del Pentágono, con el compromiso de que lo harían sólo para combatir al narcotráfico.
La inocencia de Calderón, al confiar en la DEA y en las agencias estadunidenses, quedó exhibida con la formación de expedientes secretos de acusaciones de narcotráfico contra figuras clave de su sexenio, como fueron los casos de García Luna y Reyes Arzate.
La SIU en casi todo el sexenio de Calderón y bajo el mando de García Luna y Reyes Arzate, se concentró en apoyar a la DEA para desmantelar y capturar a los jefes y operadores principales de Los Zetas, dejando de lado o para después al Cártel de Sinaloa.
Tanto García Luna como Reyes Arzate fueron señalados por la DEA como cómplices del Cártel de Sinaloa, en particular de la fracción que dirigían los hermanos Beltrán Leyva; los golpes más notorios de la SIU al narcotráfico fueron dados a los grupos enemigos de sus presuntos compinches.
“Desde 2020, cuando la DEA captura a Reyes Arzate, a los pocos meses nos enteramos de que lo iban a perdonar; el presidente López Obrador desde entonces tomó la decisión de acabar con la SIU, pero lo ejecutó hasta que estuvieron listas las nuevas leyes de seguridad”, dice la fuente.
Concluido el sexenio de Calderón, sabiendo y estipulado ya en encausamientos sellados ante cortes federales en Estados Unidos los casos de corrupción de García Luna, Reyes Arzate y otros, la DEA dio un giro a su colaboración y manipulación de la SIU.
BAJO PRESIÓN Rumores
EDILBERTO ALDÁN
Es sencillo y simple acusar al Estado de los crímenes que más nos lastiman. Es sencillo porque es cierto, la ausencia de las autoridades y la corrupción suelen provocar y alentar a las organizaciones criminales, los delincuentes reconocen que hagan lo que hagan, quedarán sin castigo y de ahí se aprovechan. Es simple, porque el hecho de reconocer la impunidad como producto de la corrupción y la indolencia de las autoridades, la más de las veces, nos exime de toda responsabilidad, son ellos, los otros, quienes deben solucionar e impartir justicia.
Impartir justicia no puede quedar en manos de la sociedad, los linchamientos son la clara evidencia de que la masa suele confundir reparación del daño con venganza, sin instituciones solemos abrazar la Ley del Talión, aunque sepamos que no hay castigo igual al crimen cometido; ante un asesinato, una desaparición, ¿qué daño se debe infligir al o los responsables? Sin embargo, la falta de confianza en las instituciones y el gusto por el rumor, no permiten que se evalúe a los órganos que tienen la tarea de impartir justicia, por el contrario, generan condiciones propicias para que la impunidad se mantenga.
Ayer Javier Espinosa Granados se manifestó ante Palacio de Gobierno de Aguascalientes, es el padre de uno de los desaparecidos en un acto delictivo que ocurrió hace 15 años, el caso Maverick, gobernadores y fiscales han pasado y ninguno tiene alguna pista mínima que ayude a resolver las desapariciones. La indolencia con que han declarado acerca del asunto los diversos responsables es de una indolencia aterradora, ni siquiera se tiene claro el total de las personas que fueron secuestradas ni si en verdad fueron asesinados en Zacatecas por un grupo de sicarios; más grave, sobre este hecho todos conocemos una versión que justifica el delito, muchos son los que dicen saber la verdad acerca de este crimen, sin problema, esparcen los rumores acerca de deudas por cobrar, ajustes de cuentas entre grupo criminales o un asunto que involucra al narcotráfico.
Culpar al gobierno estatal en turno no ayuda a solucionar absolutamente nada, la demanda de justicia y reparación del daño a las víctimas pasa por la evaluación del trabajo de las fiscalías, si sólo se señala que el Estado es culpable, nada se gana; pero tampoco se gana nada ofreciendo versiones alternativas basadas en lo que nos contaron, o creemos saber.
Coda. Ayer, a Javier Espinosa Granados, le cerraron la puerta de Palacio de Gobierno, ninguna autoridad lo atendió. Desde siempre, nosotros, los que esparcimos los rumores, la información de una fuente que no podemos revelar, la verdad contada por terceros, siempre hemos abierto la puerta a que la impunidad se mantenga.
Cuando el abuso viene de los padres
/ gloriA leticiA DíAz
Los bebés permanecen acostados en el suelo; las niñas y niños, sentados junto con sus madres, también en el piso de los pasillos, mientras otros pequeños tratan de sobrellevar horas de espera a fin de ser atendidos en un Centro de Justicia para las Mujeres.
La espera en el edificio público fue precedida de otra de entre dos y tres horas en plena calle, a escasos metros de una comandancia de policía a donde llegan presuntos delincuentes, esposados, algunos con golpes en la cara, que desfilan frente a mujeres e infantes que buscan denunciar las agresiones y abusos de que han sido víctimas.
La visita al lugar debe realizarse con la mayor discreción porque está prohibido el ingreso a personas que no vayan a presentar una denuncia. Ante el temor de alguna represalia contra quien facilita el ingreso, se omite la identificación exacta del Centro de Justicia para Mujeres.
Se ven lágrimas y miradas perdidas en rostros desencajados de mujeres y menores, mientras llantos de bebés, dentro y fuera de las instalaciones, alertan sobre el calvario en que se convierte el procedimiento para las víctimas de violencia familiar, contra las mujeres y sus hijos, que se animaron a denunciar los abusos.
Miradas de fastidio y desesperación también se observan en los “licenciados”, agentes del Ministerio Público responsables de tramitar las querellas en cubículos diminutos en los que apenas son visibles los escritorios y las computadoras bajo las torres de papel de los expedientes, muchos de ellos abiertos por abuso sexual infantil.
En esos pequeños espacios se desarrollan entrevistas con víctimas y testigos, en el caso de niñas y niños, y son el escenario de videograbaciones para documentar las denuncias contra sus agresores, con frecuencia sus progenitores o parientes cercanos.
En los pasillos de tribunales de justicia y en salas de espera de organizaciones civiles, como la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac), algunas madres, hijas e hijos se han hermanado ante el dolor, la angustia, el coraje y la impotencia que experimentan hacia un sistema de justicia penal y familiar que deja indefensos a menores abusados sexualmente.
Un grupo de familiares de víctimas de sus progenitores, agredidos entre los cero y los cinco años, logró crear una red de apoyo para dar seguimiento a sus casos y otros similares en el ámbito penal y familiar. Sus integrantes buscaron a la reportera para narrar el calvario que significa denunciar los abusos y que la gran mayoría de sus casos sean minimizados y sus recursos legales descartados o bien considerados como “venganzas” de “mujeres dolidas” con sus maridos.
Por miedo, para evitar represalias o porque así lo aconsejaron sus representantes legales, las personas que se acercaron a este medio pidieron que ni ellas ni las víctimas sean identificadas con sus nombres.
Los temores se derivan de los obstáculos que han tenido para que los agresores sean vinculados a proceso penal, pues pese a las pruebas que han presentado los familiares de las víctimas, autoridades judiciales han desestimado los casos, poniendo en duda la palabra de niñas y niños abusados sexualmente.
Raquel –como ha pedido que se le nombre– muestra parte de la carpeta de investigación que se integró, desde diciembre de 2015, por abuso sexual contra su hija Adriana –como ha pedido que se llame a su pequeña–; hasta el momento no ha logrado que el responsable sea imputado y vinculado a proceso.
Hojas con dibujos que Adriana realizó cuando tenía tres años encendieron los focos rojos para Raquel: falos en distintas posiciones alertaban de que algo no estaba bien con la niña, quien solía ser amorosa y se volvió retraída, presentó cuadros de ansiedad que se manifiestan con manchas rojas en la piel y succiones en los brazos, provocadas por ella misma.
El expediente se integró con el testimonio de Adriana ante un juez familiar, un informe de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, un reporte psicológico del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y un informe terapéutico de Adivac, que confirma la agresión por parte del progenitor, así como recetas médicas del tratamiento que ha tenido la menor para aminorar la ansiedad que lleva a Adriana a la autolaceración.
Pese a que en el ámbito familiar Raquel ha logrado que se declare la suspensión de visitas del padre de Adriana por comprobarse el abuso, en el ámbito penal se le ha negado el acceso a la justicia.
“He dejado mi trabajo, mi vida personal, para dedicarme a defender a mi hija, y con lo que me topo es con funcionarios insensibles con los niños, que todo lo reducen a un pleito de pareja, que se trata de alienación parental, que yo estoy manipulando a mi hija para acusar a su padre”, dice Raquel, quien litiga a través del agente del Ministerio Público y va por el segundo intento de judicializar la carpeta de investigación.
/ Agustín BAsAve
La democracia es exigente. Sólo funciona a plenitud en condiciones difíciles de alcanzar: ciudadanía madura y refractaria a fanatismos, medios veraces y críticos, altos estándares de educación y bajos niveles de desigualdad. A ello se refería Churchill cuando la catalogó como el peor sistema que existe con excepción de los demás que se han inventado. Con todo, la precariedad democrática, la que suele darse en sociedades que incumplen esos requisitos, es preferible a la autocracia más refinada.
El problema con las posturas fundamentalistas es que dificultan la transición pacífica del poder. Polarizan, cierran la puerta a la pluralidad, socavan el reconocimiento de la legitimidad del contrincante, invocan encono y crispación. La democracia se descompone cuando un partido o movimiento deslegitima a los demás y se arroga la exclusividad de la representación popular. Si se proclama que el triunfo de la oposición haría que la nación misma dejara de existir, si la descalificación del otro llega al extremo de tacharlo de vendepatrias, de ilegítimo y en consecuencia de inelegible, se atenta contra la posibilidad de la alternancia.
El debate en torno a la reforma eléctrica del presidente López Obrador mostró cómo se llega a ese nefando escenario. Los prolegómenos estaban ahí: desde 2018 se estigmatiza desde la Presidencia a todo aquel que se le oponga: se le mete a empellones en la bartolina conceptual del “conservadurismo” con los epítetos de corrupto, hipócrita, clasista, racista y un ominoso etcétera. Pero lo que AMLO y Morena arrojaron a los diputados que osaron votar contra su proyecto es un anatema de deshonra que rompe su propio récord de intolerancia: si antes separaba a la población entre los honestos de la 4T y los corruptos opositores, ahora la divide entre los mexicanos que lo siguen y los apátridas que rechazan la única opción para fortalecer al país –la suya– que es concebir a la Comisión Federal de Electricidad no como un medio sino como un
¿Regresa el fraude patriótico?
fin en sí mismo. Dice AMLO que nadie pudo votar en contra de su propuesta por convicción, que quienes lo hicieron son entreguistas o fueron comprados por empresas extranjeras. El discurso maniqueo de que el oficialismo detenta el monopolio del amor a México y que en la oposición no hay patriotas es francamente estúpido. De esa lógica emanó la barbaridad de que quienes no apoyaron la iniciativa de AMLO traicionaron no al presidente sino a la mismísima patria, que él encarna, y una ridícula posdata: quienes aprobaron la reforma de Peña Nieto y ahora respaldaron la de AMLO fueron una suerte de héroes alienados.
El debate en el pleno de la Cámara de Diputados fue vergonzoso. Salvo raras excepciones, campeó el dogmatismo en las filas gobiernistas, cuyos integrantes se enfrascaron en una abyecta competencia por el campeonato de complacencia al Señor Presidente. Como en los peores tiempos del culto a la personalidad, no esgrimieron nuevas tesis: se limitaron a declamar los mantras del templo mañanero, a recitar las invectivas presidenciales. Tampoco acusaron a los opositores de estar equivocados en el camino que creen benéfico para los mexicanos; los injuriaron y los difamaron impunemente. AMLO pudo haber enmendado las disposiciones constitucionales en materia eléctrica si hubiese actuado con una pizca de humildad. En lugar de eso, con soberbia supina, él y sus acólitos ofendieron y ofenden a diputadas y diputados de bien –que los hay– que quieren a su país pero discrepan de la 4T. El daño que le hace a México ese fundamentalismo, que en cualquier momento puede pasar de la violencia verbal a la violencia física, es incalculable.
En tales circunstancias es válido el cuestionamiento: si la (el) candidata(o) de Morena perdiera la próxima elección presidencial, ¿entregaría AMLO la banda a un conservador dispuesto a enajenar la nación, como juzga a todos sus “adversarios”? Y si lo vetara, ¿no sería esa posición maximalista equivalente a la de quienes le endilgaron el infame mote de “un peligro para México”? Atención: lo que quedaba del mantra de “no somos iguales” se cayó a pedazos en la consulta revocatoria, cuando AMLO recurrió al acarreo, al uso clientelar de programas sociales y a otras marrullerías de sus antecesores. En 1986, en Chihuahua, se acuñó el término “fraude patriótico”. El PRI-gobierno impidió a la mala la victoria del candidato del PAN a la gubernatura de ese estado bajo la peregrina excusa de que si la derecha gobernara una entidad fronteriza existía el peligro de perder territorio a manos de Estados Unidos. El robo de votos se convirtió así en un acto de patriotismo. ¿Qué hará AMLO en 2024 si están a punto de triunfar quienes, según pregona, personifican la antimexicanidad? Sé que le indigna que se le considere capaz de perpetrar aquello contra lo que luchó, pero no puede refutar dos verdades: 1) en la revocación de mandato presidió una elección de Estado; 2) usar el aparato estatal para obtener los resultados deseados es hacer una elección fraudulenta. Como diría Fernando del Paso, el fraude suele realizarse antes de la jornada electoral.
Al adversario se le derrota, al enemigo se le destruye. A quien se le cree buen mexicano, cuyas ideas se asumen erradas, se le combate en las urnas y se respeta su derecho a gobernar si la mayoría lo decide. A quien se tilda de mal mexicano, al que el poderoso acusa de traición, se le frena, haiga sido como haiga sido. Así no se precariza la democracia: así se intenta demolerla.
/ GlorIa letIcIa díaz
Con más de 30 años en la atención a víctimas de violencia sexual, la especialista Laura Martínez Rodríguez vive en constante ajetreo. Como fundadora y directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas A.C. (Adivac), se mantiene al tanto del trato que se da a las personas que semanalmente acuden a este espacio, así como de los informes y reportes que autoridades de procuración y administración de justicia le solicitan a la organización. “Cada semana nos llegan en promedio entre tres y cuatro oficios, todos urgentes, sobre evaluaciones de víctimas, o solicitudes de tribunales familiares para dar tratamiento a niños y niñas para restablecer vínculos con sus progenitores, que muchas veces son quienes abusaron de ellos, lo que nos parece aberrante”, dice la experta.
En su larga trayectoria de apoyo a víctimas de violencia sexual, Martínez Rodríguez advierte que, sobre todo en el caso de niños, los integrantes del Poder Judicial en los estados “siguen en la época de las cavernas”, pues desconocen estándares y tratados internacionales para erradicar la violencia y discriminación hacia las mujeres, así como los derechos de los infantes.
Adivac atiende semanalmente a unas 400 personas, de las cuales 30% son niñas, niños y adolescentes. Muchos de ellos han sido víctimas de sus progenitores, contra quienes sus madres han peleado “hasta 11 años en los tribunales y hemos visto casos en los que los jueces de lo familiar dieron los niños a sus agresores, lo que es parte del pacto patriarcal”.
En la memoria de Laura Martínez hay un lugar especial para Mireya Agraz, mujer que se suicidó junto con sus hijos en junio de 2017, cuando perdió la patria potestad de sus hijos ante su agresor, por considerar que los niños habían sido víctimas de alienación parental por parte de Mireya, es decir, que ella manipulaba a sus hijos para que acusaran a su papá de abuso sexual.
En ese caso, Adivac participó y en todo momento consideró ante tribunales la inconveniencia de que los pequeños fueran entregados a su progenitor por ser su agresor sexual.
“Como el caso de Mireya hay muchos –lamenta la especialista–. Aunque en la Ciudad de México se derogó en el Código Civil la alienación parental, que no tiene sustento científico, se sigue cuestionando a las madres, cuando en temas de abuso los niños no mienten. El mismo sistema sigue generando, alimentando la impunidad y que los agresores sexuales digan: ‘No van a hacer nada’, empezando lo que implica iniciar una averiguación.”
Entre las prácticas de agentes ministeriales están llamar a declarar a los menores violentados, contra lo que dice la Ley General de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes; la utilización de Bosty, un títere animado detrás del que hay un psicólogo, “que no tiene sustento científico”, o desestimar denuncias bajo el argumento de que el acusado no tiene perfil de agresor sexual, “cuando esa figura legal para estos casos no existe”.
“He escuchado que los agentes del Ministerio Público le preguntan a un niño: ‘¿Ratificas o no ratificas la declaración?’, después de que sacan a la mamá y al papá, lo dejan solito con un tipo que ejerce su autoridad y que no sabe cómo tratar a un niño. Los niños se asustan”, destaca la directora de Adivac.
Con base en su trabajo cotidiano, Martínez también alerta de un incremento de la violencia sexual contra la niñez, pero admite que hasta ahora es un tema que carece de datos estadísticos; hasta el momento hay algunos acercamientos para documentar el abuso sexual en México, pero no con detalle.
Por ejemplo, en 2016 la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) presentó el Diagnóstico cuantitativo sobre la atención de la violencia sexual a México, en el que menciona que de 2010 y 2015 se habrían cometido 2 millones 996 mil 180 delitos sexuales en el país, lo que equivale a unos 600 mil al año.
El cálculo del Comité de Violencia Sexual de la CEAV se basó en los reportes de 83 mil 463 averiguaciones previas por delitos sexuales, proporcionados por 15 procuradurías estatales y la entonces Procuraduría General de la República sobre ese quinquenio, y las consideraciones de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública de 2014, de que 98.5% de los delitos sexuales no son denunciados por las víctimas.
“De lo anterior, la cifra negra de delitos sexuales en el quinquenio en estudio se puede estimar en 1 millón 414 mil 627, en la mitad de las entidades federativas. Si esta cifra se multiplica por dos, se puede señalar que el total de delitos sexuales cometidos en el país durante el periodo 2010-2015 fue de 2 millones 996 mil 180, esto es, casi 600 mil delitos sexuales anualmente”, concluye el informe.
Desprotegidos por el sistema judicial
| Foto @ADIVACMEXICO
InfancIa y adolescencIa sIn derechos
Sobre la situación de niñas y niños, el estudio Violencia sexual infantil en México. Retos y oportunidades en las principales fuentes de información estadística, de marzo de 2022, resalta que en 2021 se registraron 69 mil 516 delitos de carácter sexual a nivel nacional, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
A su vez, el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal de 2020 reportó que de los 51 mil 273 delitos sexuales cometidos contra víctimas, que obran en carpetas de investigación y averiguaciones previas abiertas por el Ministerio Público y el especializado en adolescentes, 42.4% de las víctimas (es decir, 21 mil 717) eran menores de edad, 83% de las cuales eran del sexo femenino.
En materia de atención médica en centros hospitalarios públicos, en 2017 la Dirección General de Información en Salud informó que en 2017 hubo “464 egresos de menores de edad por maltrato, de los cuales 281 fueron por abuso sexual infantil, donde 84% de éstos corresponden a niñas”.
Y en 2020, del total de personas atendidas en instituciones de salud por lesiones, 43.2% (es decir 5 mil 494) fueron niñas, niños y adolescentes “víctimas de violencia sexual, de los cuales 92.4% (5 mil 76) fueron mujeres y 7.6% (418) hombres, mientras que tres de cada cuatro sufrieron este tipo de violencia en sus hogares”.
CONVICCIONES El territorio y los votos en el 2024
RUBÉN AGUILAR VALENZUELA
La votación en el ejercicio de ratificación de mandato y propaganda política de Estado, que tuvo lugar el pasado 10 de abril, arroja información relevante que ya se conocía, pero aporta importantes matices.
Se emitieron 16 millones 502 mil 636 votos que representan el 17.77 % de un padrón electoral de 94 millones de electores posibles. Fue una participación baja con relación al 63 % de la elección presidencial de 2018.
Del total de las 32 entidades federativas, 16 votaron por arriba del promedio y otras 16 abajo del promedio. El resultado de la votación da cuenta de un país fragmentado electoralmente.
En el Centro – Norte, los electores no se presentaron a votar. Fue una abstención premeditada y consciente. En el Centro – Sur es donde ocurre la mayor votación. Es ahí donde el presidente consigue el voto de ratificación de su mandato.
Nueve estados de la región Centro – Sur tuvieron una participación que va del 35.94 % al 21.46 % del padrón electoral. Son: Tabasco (35.94 %); Chiapas (32.13 %); Campeche (27.81 %); Veracruz (26.88 %); Tlaxcala (24.90 %); Guerrero (24.41 %); Oaxaca (23.58 %); Yucatán (21.53 %) y Quintana Roo (21.46 %).
En los otros siete estados con una votación superior a la media el nivel de participación fue del 20.29 % al 17.92 % del padrón electoral. Son: Hidalgo (20.23 %); Nayarit (20.23 %); CDMX (19.74 %); Puebla (19.67 %); Sinaloa (19,21 %); Morelos 18.72 %) y Tamaulipas (17.92 %).
De estos 16 estados, en 11 de ellos gobierna Morena. En los electores de esas entidades hay una clara simpatía por el presidente, pero el resultado revela también la fuerza de la estructura partidaria y la capacidad de movilización de los lectores.
En la región Centro – Norte en diez estados el promedio de la participación fue del 16.71 % al 11.84 % del padrón electoral. Son: San Luis Potosí (16.71 %); Edomex (16.06 %); Coahuila (15.77 %); Baja California Sur (16.75 %); Colima (15.66 %); Zacatecas (14.20 %); Michoacán (14.16 %); Sonora (13.91 %); Baja California (13.22 %) y Chihuahua (11.84 %).
Los otros seis estados con participación inferior a la media nacional el nivel de participación fue del 10.82 % al 19.06 % del padrón electoral. Son: Durango (10.82 %); Nuevo León (10.75 %); Querétaro (10.73 %); Guanajuato (9.48 %) Aguascalientes (9.20 %) y Jalisco (9.06 %).
De estos 16 estados, en 10 de ellos gobierna la oposición. En los electores de esas entidades la actitud hacia el presidente es más bien de rechazo. El resultado revela también la escaza fuerza de Morena en esos estados.
En los seis estados con mayor participación electoral gobierna Morena y en los seis con menor participación lo hace la oposición. La escasa votación del 10 de abril da cuenta de un país fraccionado electoralmente.
Los resultados prefiguran como se podría votar en la elección presidencial del 2024. El candidato o la candidata de Morena tendrá una mayor aceptación en la región Centro – Sur y quien represente a la oposición en la Centro – Norte.
