MIÉRCOLES 23 DE FEBRERO DE 2022
/ Gloria Leticia Díaz Con 86 periodistas asesinados desde 2011, 40 más desplazados de sus zonas de trabajo por la violencia, los ataques a periodistas y defensores de derechos humanos “se agravaron desde que comenzó la gestión de Andrés Manuel López Obrador”, quien, como otros funcionarios, “utilizan las ruedas de prensa oficiales para desacreditar el trabajo de comunicadores y medios críticos”, situación que dificulta el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. La conclusión forma parte de un informe realizado por Reporteros Sin Fronteras (RSF), titulado “Bajo riesgo”, que analiza los mecanismos de protección a periodistas en los cuatro países considerados por la organización internacional como los más peligrosos del continente: México, Honduras, Colombia y Brasil. “Es urgente detener esta espiral de violencia cuyas consecuencias son dramáticas para las democracias de la región”, afirmó el director de la oficina de América Latina de RSF, Emmanuel Colombié, al señalar que “la vulnerabilidad de los periodistas no es una fatalidad que debe asumirse”. La revisión de los sistemas de protección de los cuatro países permitió a la organización presentar 80 recomendaciones, enfocadas a atender las deficiencias identificadas y mejorar la eficacia de los mismos. En el caso mexicano, RSF tiene identificados al menos 74 asesinatos de 2011 a 2020, a los que se sumaron siete en 2021 y cinco en lo que va de 2022, casos en los que la organización resalta en su informe que compartían un perfil, “cubrían noticias locales sobre corrupción, narcotráfico, violencia, seguridad pública y asuntos relacionados”. En su análisis del Mecanismo de Protección, la organización destaca que, “el mayor
Informe de RSF: con AMLO, ataques sistemáticos a periodistas y defensores se agravaron obstáculo” para que avance “es el propio discurso oficial del presidente, Andrés Manuel López Obrador, que nunca ha abandonado su postura de criticar y desprestigiar abiertamente a periodistas y defensores de derechos humanos”. Se agrega, que, durante la gestión de López Obrador, “los ataques sistemáticos a periodistas y defensores de derechos humanos se agravaron”, persistiendo “las amenazas, las agresiones físicas y digitales, el uso arbitrario del sistema de justicia, las desapariciones y los asesinatos; se multiplicaron las campañas de desprestigio, el hostigamiento y las intimidaciones a organizaciones y medios de comunicación”. Al incluir las denuncias de que la agencia de noticias Notimex “es la responsable de usar ‘bots’ con mensajes intimidatorios”, el informe de RSF resalta que “varios mandatarios municipales y de los estados, así como el propio presidente López Obrador utilizan las ruedas de prensa oficiales para descreditar el trabajo de comunicadores y medios críticos”, lo que genera “un marco sumamente complejo y desafiante para el funcionamiento del mecanismo de protección mexicano”. Al recordar que en un informe de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya consideraba a México como “el más peligroso del continente para el ejercicio del periodismo”, el documento resalta lo infructuosa que ha resultado la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) en el combate a la impunidad, pues de las mil 140 investigaciones iniciadas desde su
Morena propone que ONG dejen de recibir donaciones si “promueven golpismo”
creación en 2010 a 2018, “sólo el 16.3% terminó en procesos o juicios, y de las diez sentencias obtenidas con base en las investigaciones, seis tenían por lo menos un servidor público involucrado”. El documento destaca que pese a existir una legislación robusta a favor de la libertad de expresión y que México se ha ratificado la mayoría de instrumentos regionales e internacionales, prevalece un “clima de autocensura” que se advierte en el desplazamiento forzado de unos 40 periodistas, como parte de una “crisis de derechos humanos” reconocida por funcionarios de la Secretaría de Gobernación, encargada del Mecanismo de Protección. Tras una profunda revisión el marco legislativo bajo el que opera el Mecanismo de Protección y un análisis de su funcionamiento, RSF advierte que el organismo cuenta con un presupuesto para este año de unos 400 millones de pesos, que tiene una nómina de 45 personas, para atender a un padrón de mil 459 beneficiarios, hasta junio de 2021, para los que se tiene contratado a una empresa, RCU Sistemas S.A., encargada de materializar los planes de protección, y que para RSF cuenta con “un catálogo limitado”. Entre las deficiencias de operación que identifica la investigación de la organización resalta la falta de coordinación interinstitucional y en los estados para la protección de periodistas, sobre todo si se considera que “una parte importante de los agresores son agentes de las fuerzas de seguridad del Estado”, y que ha costado la vida de al menos siete periodistas que estaban bajo la protección del Mecanismo.
Reyna Celeste | Foto @Mx_Diputados En la propuesta se busca que las ONG informen al SAT y a Gobernación el origen, monto y porcentaje de sus recursos que proceden de gobiernos, asociaciones o empresas extranjeras. Y aclara que estas organizaciones pueden realizar litigios políticos siempre que tales actividades no sean remuneradas y no sean en favor de personas que les hayan otorgado los recursos. En caso contrario, se les revocará la autorización para recibir donativos deducibles. Artículo 19 es la organización en defensa de la libertad de prensa que promovió y ganó un amparo en la SCJN para que la Cámara de Diputados regule y aclare las reglas de operación de la llamada "Ley Chayote", que se encarga de entregar recursos públicos a través de publicidad oficial a medios de comunicación. Actualmente, la Ley de Comunicación Social opera a discrecionalidad de las autoridades.
El análisis destaca que ante la violencia que enfrentan algunos comunicadores, en 70 casos el Mecanismo ha ofrecido refugio temporal como medida de protección, y “ha optado por ampliar las medidas de remoción, considerando que el tipo de protección que ofrecen los escoltas es limitado ante el riesgo en algunos casos”. El documento incluye los cuestionamientos de las organizaciones de la sociedad civil y de usuarios del Mecanismo sobre el proyecto del gobierno de López Obrador de modificar la legislación para crear un Sistema Nacional que “termine trasladando la responsabilidad de la política de protección a los estados, desobligando al mecanismo federal de su papel”. Entre las acciones programadas para marzo de 2022, RSF considera “un paso importante” que se pretenda lazar una campaña de reconocimiento a la labor de periodistas y defensores, pero que “décadas de omisión no serán superadas con una campaña presidencial de comunicación”, pues “la historia demuestra que proteger a los periodistas y defensores no es una prioridad de los gobiernos”. Para la organización, los cambios más urgentes que requiere el Mecanismo de Protección están en la articulación de organismos públicos, en el personal técnico que lo compone, el diseño institución, la previsión presupuestal, las medidas implementadas, el trato a los periodistas, el marco normativo, la metodología y procedimientos, la confiabilidad y la transparencia y participación social.
La Comisión de Bolsa y Valores de EU admitió denuncia sobre la “Casa Gris”: Xóchitl Gálvez /Neldy San Martín
/ Melissa Amezcua Hoy, en la Gaceta Parlamentaria, apareció una propuesta a cargo de la diputada Reyna Celeste Ascencio, de Morena, que propone la revocación del derecho que tienen las organizaciones civiles a recibir dinero de gobiernos o corporaciones extranjeras, si es que se dedican a “promover el golpismo”. Aunque la legisladora a cargo no subió a tribuna a leer su iniciativa en la sesión de hoy, se publicó en la Gaceta la exposición de motivos para reformar el artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, justificando que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) deben regular y transparentar los recursos que reciben del extranjero, especialmente, si se dedican a desarrollar actividades de cabildeo y litigio en contra de México. En el documento se habla de que los “adversarios” de la llamada 4T son grandes capitales e intereses extranjeros que buscan mantener sus privilegios y, para ello, financian a ONG que promueven o retrasan cambios legislativos, recursos y juicios. “Estas organizaciones se escudan en la protección de grupos vulnerables, el medio ambiente o la defensa de los derechos humanos”, detalla. La propuesta de la legisladora cita a las conferencias matutinas del presidente del 7 de febrero de 2022 y del 7 de mayo de 2021, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a Claudio X. González y a Artículo 19. “Claro, es injerencia, es intervencionismo y es promover el golpismo”, declaró López Obrador.
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La senadora Xóchitl Gálvez del PAN informó que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia admitieron las denuncias que presentó para que investiguen un posible conflicto de interés entre la empresa de servicios petroleros Baker Hughes y Petróleos Mexicanos, luego que se diera a conocer que José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente, y su pareja Carolyn Adams, rentaron una mansión que perteneció a un exdirectivo de la compañía estadounidense. “Quiero anunciarles que la Securities and Exchange Commission ha admitido la denuncia que una servidora hizo para ser investigada, y esta admisión, aquí está el número de admisión para que lo conozca, es el 16439-711-457-818, esta es una real denuncia”, dijo Gálvez en conferencia de prensa con la bancada del PAN en el Senado. La senadora informó que anexará a la denuncia la primera hoja del contrato de arrendamiento entre Carolyn Adams, nuera del presidente Andrés Manuel López Obrador, y Keith L. Schilling, ex directivo de Baker Hughes, que hizo público este fin de semana el periódico La Jornada. “Hoy tengo la posibilidad de anexar pruebas, que ella ha hecho público parte del contrato, para corroborar que sí hay una relación contractual entre un alto ejecutivo de Baker Hughes y Carolyn Adams”, dijo. “Esto es una realidad, por lo tanto, le diría a Morena que no coma ansias, sé que ellos están acostumbrados de manera autoritarias a resolver las cosas, a sacar pañuelos blancos, pero quien va a determinar el posible conflicto de interés y posibles actos de corrupción es el
departamento de Justicia de Estados Unidos y la Securities and Exchange Commission, que por cierto el Departamento de Justicia ya me admitió la denuncia”, añadió. Gálvez comparó el anuncio que hizo este lunes Baker Hughes sobre que un despacho independiente concluyó que no hubo conflicto de interés y que no se benefició en la renta de la casa con la conclusión de que no existió conflicto de interés a la que llegó en el sexenio pasado Virgilio Andrade, ex secretario de la Función Pública, sobre la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera. “Ayer conocimos la versión 4T de Virgilio Andrade, ¿no? Ahí en las mismas oficinas de Pemex, saliendo a exculpar a la empresa Baker Hughes con una auditoría que ellos pagaron, totalmente a modo, y ellos dicen que se comprobó que no hubo conflicto de interés”, comentó. “Por más que Carolyn Adams exija que se respete su vida privada, decirle que al casarse con el hijo del presidente ella se convirtió en un personaje políticamente expuesto. Así es que es de interés público saber si la relación contractual, que hoy la conocemos, porque ella hizo pública la primera página del contrato, incidió esta relación contractual que tenía con Keith L. Schilling, alto directivo de Baker Hughes, si tuvo algo que ver con el incremento millonario que en ese momento se dieron a los contratos de Baker Hughes”, agregó. El pasado jueves 3 de febrero, la panista anunció en sus redes sociales que presentó denuncias en Estados Unidos para que las dependencias de ese país investiguen si existe corrupción en este caso que fue revelado por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y publicado en Latinus.
