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aPRO / GlORia leticia Díaz
/ Gloria leticia Díaz
Con 86 periodistas asesinados desde 2011, 40 más desplazados de sus zonas de trabajo por la violencia, los ataques a periodistas y defensores de derechos humanos “se agravaron desde que comenzó la gestión de Andrés Manuel López Obrador”, quien, como otros funcionarios, “utilizan las ruedas de prensa oficiales para desacreditar el trabajo de comunicadores y medios críticos”, situación que dificulta el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
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La conclusión forma parte de un informe realizado por Reporteros Sin Fronteras (RSF), titulado “Bajo riesgo”, que analiza los mecanismos de protección a periodistas en los cuatro países considerados por la organización internacional como los más peligrosos del continente: México, Honduras, Colombia y Brasil.
“Es urgente detener esta espiral de violencia cuyas consecuencias son dramáticas para las democracias de la región”, afirmó el director de la oficina de América Latina de RSF, Emmanuel Colombié, al señalar que “la vulnerabilidad de los periodistas no es una fatalidad que debe asumirse”.
La revisión de los sistemas de protección de los cuatro países permitió a la organización presentar 80 recomendaciones, enfocadas a atender las deficiencias identificadas y mejorar la eficacia de los mismos.
En el caso mexicano, RSF tiene identificados al menos 74 asesinatos de 2011 a 2020, a los que se sumaron siete en 2021 y cinco en lo que va de 2022, casos en los que la organización resalta en su informe que compartían un perfil, “cubrían noticias locales sobre corrupción, narcotráfico, violencia, seguridad pública y asuntos relacionados”.
En su análisis del Mecanismo de Protección, la organización destaca que, “el mayor
Informe de RSF: con AMLO, ataques sistemáticos a periodistas y defensores se agravaron
obstáculo” para que avance “es el propio discurso oficial del presidente, Andrés Manuel López Obrador, que nunca ha abandonado su postura de criticar y desprestigiar abiertamente a periodistas y defensores de derechos humanos”.
Se agrega, que, durante la gestión de López Obrador, “los ataques sistemáticos a periodistas y defensores de derechos humanos se agravaron”, persistiendo “las amenazas, las agresiones físicas y digitales, el uso arbitrario del sistema de justicia, las desapariciones y los asesinatos; se multiplicaron las campañas de desprestigio, el hostigamiento y las intimidaciones a organizaciones y medios de comunicación”.
Al incluir las denuncias de que la agencia de noticias Notimex “es la responsable de usar ‘bots’ con mensajes intimidatorios”, el informe de RSF resalta que “varios mandatarios municipales y de los estados, así como el propio presidente López Obrador utilizan las ruedas de prensa oficiales para descreditar el trabajo de comunicadores y medios críticos”, lo que genera “un marco sumamente complejo y desafiante para el funcionamiento del mecanismo de protección mexicano”.
Al recordar que en un informe de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya consideraba a México como “el más peligroso del continente para el ejercicio del periodismo”, el documento resalta lo infructuosa que ha resultado la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) en el combate a la impunidad, pues de las mil 140 investigaciones iniciadas desde su creación en 2010 a 2018, “sólo el 16.3% terminó en procesos o juicios, y de las diez sentencias obtenidas con base en las investigaciones, seis tenían por lo menos un servidor público involucrado”. El documento destaca que pese a existir una legislación robusta a favor de la libertad de expresión y que México se ha ratificado la mayoría de instrumentos regionales e internacionales, prevalece un “clima de autocensura” que se advierte en el desplazamiento forzado de unos 40 periodistas, como parte de una “crisis de derechos humanos” reconocida por funcionarios de la Secretaría de Gobernación, encargada del Mecanismo de Protección.
Tras una profunda revisión el marco legislativo bajo el que opera el Mecanismo de Protección y un análisis de su funcionamiento, RSF advierte que el organismo cuenta con un presupuesto para este año de unos 400 millones de pesos, que tiene una nómina de 45 personas, para atender a un padrón de mil 459 beneficiarios, hasta junio de 2021, para los que se tiene contratado a una empresa, RCU Sistemas S.A., encargada de materializar los planes de protección, y que para RSF cuenta con “un catálogo limitado”.
Entre las deficiencias de operación que identifica la investigación de la organización resalta la falta de coordinación interinstitucional y en los estados para la protección de periodistas, sobre todo si se considera que “una parte importante de los agresores son agentes de las fuerzas de seguridad del Estado”, y que ha costado la vida de al menos siete periodistas que estaban bajo la protección del Mecanismo.
El análisis destaca que ante la violencia que enfrentan algunos comunicadores, en 70 casos el Mecanismo ha ofrecido refugio temporal como medida de protección, y “ha optado por ampliar las medidas de remoción, considerando que el tipo de protección que ofrecen los escoltas es limitado ante el riesgo en algunos casos”.
El documento incluye los cuestionamientos de las organizaciones de la sociedad civil y de usuarios del Mecanismo sobre el proyecto del gobierno de López Obrador de modificar la legislación para crear un Sistema Nacional que “termine trasladando la responsabilidad de la política de protección a los estados, desobligando al mecanismo federal de su papel”.
Entre las acciones programadas para marzo de 2022, RSF considera “un paso importante” que se pretenda lazar una campaña de reconocimiento a la labor de periodistas y defensores, pero que “décadas de omisión no serán superadas con una campaña presidencial de comunicación”, pues “la historia demuestra que proteger a los periodistas y defensores no es una prioridad de los gobiernos”.
Para la organización, los cambios más urgentes que requiere el Mecanismo de Protección están en la articulación de organismos públicos, en el personal técnico que lo compone, el diseño institución, la previsión presupuestal, las medidas implementadas, el trato a los periodistas, el marco normativo, la metodología y procedimientos, la confiabilidad y la transparencia y participación social.
Morena propone que ONG dejen de recibir donaciones si “promueven golpismo”
/ Melissa aMezcua
Hoy, en la Gaceta Parlamentaria, apareció una propuesta a cargo de la diputada Reyna Celeste Ascencio, de Morena, que propone la revocación del derecho que tienen las organizaciones civiles a recibir dinero de gobiernos o corporaciones extranjeras, si es que se dedican a “promover el golpismo”.
Aunque la legisladora a cargo no subió a tribuna a leer su iniciativa en la sesión de hoy, se publicó en la Gaceta la exposición de motivos para reformar el artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, justificando que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) deben regular y transparentar los recursos que reciben del extranjero, especialmente, si se dedican a desarrollar actividades de cabildeo y litigio en contra de México.
En el documento se habla de que los “adversarios” de la llamada 4T son grandes capitales e intereses extranjeros que buscan mantener sus privilegios y, para ello, financian a ONG que promueven o retrasan cambios legislativos, recursos y juicios.
“Estas organizaciones se escudan en la protección de grupos vulnerables, el medio ambiente o la defensa de los derechos humanos”, detalla.
La propuesta de la legisladora cita a las conferencias matutinas del presidente del 7 de febrero de 2022 y del 7 de mayo de 2021, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a Claudio X. González y a Artículo 19.
“Claro, es injerencia, es intervencionismo y es promover el golpismo”, declaró López Obrador.
En la propuesta se busca que las ONG informen al SAT y a Gobernación el origen, monto y porcentaje de sus recursos que proceden de gobiernos, asociaciones o empresas extranjeras.
Y aclara que estas organizaciones pueden realizar litigios políticos siempre que tales actividades no sean remuneradas y no sean en favor de personas que les hayan otorgado los recursos. En caso contrario, se les revocará la autorización para recibir donativos deducibles.
Artículo 19 es la organización en defensa de la libertad de prensa que promovió y ganó un amparo en la SCJN para que la Cámara de Diputados regule y aclare las reglas de operación de la llamada "Ley Chayote", que se encarga de entregar recursos públicos a través de publicidad oficial a medios de comunicación. Actualmente, la Ley de Comunicación Social opera a discrecionalidad de las autoridades.
Reyna Celeste | Foto @Mx_Diputados
La Comisión de Bolsa y Valores de EU admitió denuncia sobre la “Casa Gris”: Xóchitl Gálvez
/NelDy saN MartíN
La senadora Xóchitl Gálvez del PAN informó que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia admitieron las denuncias que presentó para que investiguen un posible conflicto de interés entre la empresa de servicios petroleros Baker Hughes y Petróleos Mexicanos, luego que se diera a conocer que José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente, y su pareja Carolyn Adams, rentaron una mansión que perteneció a un exdirectivo de la compañía estadounidense.
“Quiero anunciarles que la Securities and Exchange Commission ha admitido la denuncia que una servidora hizo para ser investigada, y esta admisión, aquí está el número de admisión para que lo conozca, es el 16439-711-457-818, esta es una real denuncia”, dijo Gálvez en conferencia de prensa con la bancada del PAN en el Senado.
La senadora informó que anexará a la denuncia la primera hoja del contrato de arrendamiento entre Carolyn Adams, nuera del presidente Andrés Manuel López Obrador, y Keith L. Schilling, ex directivo de Baker Hughes, que hizo público este fin de semana el periódico La Jornada.
“Hoy tengo la posibilidad de anexar pruebas, que ella ha hecho público parte del contrato, para corroborar que sí hay una relación contractual entre un alto ejecutivo de Baker Hughes y Carolyn Adams”, dijo.
“Esto es una realidad, por lo tanto, le diría a Morena que no coma ansias, sé que ellos están acostumbrados de manera autoritarias a resolver las cosas, a sacar pañuelos blancos, pero quien va a determinar el posible conflicto de interés y posibles actos de corrupción es el departamento de Justicia de Estados Unidos y la Securities and Exchange Commission, que por cierto el Departamento de Justicia ya me admitió la denuncia”, añadió. Gálvez comparó el anuncio que hizo este lunes Baker Hughes sobre que un despacho independiente concluyó que no hubo conflicto de interés y que no se benefició en la renta de la casa con la conclusión de que no existió conflicto de interés a la que llegó en el sexenio pasado Virgilio Andrade, ex secretario de la Función Pública, sobre la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera.
“Ayer conocimos la versión 4T de Virgilio Andrade, ¿no? Ahí en las mismas oficinas de Pemex, saliendo a exculpar a la empresa Baker Hughes con una auditoría que ellos pagaron, totalmente a modo, y ellos dicen que se comprobó que no hubo conflicto de interés”, comentó.
“Por más que Carolyn Adams exija que se respete su vida privada, decirle que al casarse con el hijo del presidente ella se convirtió en un personaje políticamente expuesto. Así es que es de interés público saber si la relación contractual, que hoy la conocemos, porque ella hizo pública la primera página del contrato, incidió esta relación contractual que tenía con Keith L. Schilling, alto directivo de Baker Hughes, si tuvo algo que ver con el incremento millonario que en ese momento se dieron a los contratos de Baker Hughes”, agregó.
El pasado jueves 3 de febrero, la panista anunció en sus redes sociales que presentó denuncias en Estados Unidos para que las dependencias de ese país investiguen si existe corrupción en este caso que fue revelado por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y publicado en Latinus.
La Marina reforzará la seguridad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
/ patricia dáviLa
Foto Cristian de Lira Personal de la Secretaría de Marina-Armada de México se sumó a la seguridad y a la administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Realizará operaciones de vigilancia, inspección, apoyo y control para neutralizar el tráfico de armas, drogas, divisas, mercancía ilegal y evitar el tráfico de personas.
También se tiene contemplada la participación directa del personal naval en las áreas de periferia, ambulatoria, plataformas y sala de monitoreo.
Para ello se creó la Coordinadora de la Estrategia de Seguridad Aeroportuaria y la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria del AICM, integradas por mil 500 elementos navales. En un comunicado, la Secretaría de Marina indicó que dichas tareas se dan en coadyuvancia con las autoridades fiscales, aduanales y de migración.
Detalló que en la Estrategia de Seguridad Aeroportuaria Integral participan con la Marina las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de Relaciones Exteriores, de Agricultura y Desarrollo Rural, la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional de Migración, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Agencia Nacional de Aduanas de México y el Gobierno de la Ciudad de México, entre otras autoridades.
Asimismo, personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) capacitó a 69 elementos navales para fungir como comandantes de aeropuerto y terminales, así como oficiales de Migración, con el fin de apoyar a la estrategia de seguridad tanto en el área de migración como en el manejo de la seguridad operacional del aeropuerto.
Además, en la Aduana del AICM se cuenta actualmente con 28 elementos navales y se tiene proyectado que sean más de 80, con el fin de fortalecer las acciones de control y vigilancia en las operaciones aduaneras que se realizan en las terminales 1 y 2.
También se tiene contemplada la participación directa del personal naval en las áreas de periferia, ambulatoria, plataformas y sala de monitoreo, con mil 255 elementos desplegados, 23 vehículos y 16 binomios caninos de la Armada de México, con los que se apoyará a la seguridad privada contratada por el aeropuerto.
El fin es evitar el robo o sustracción de pertenencias y cumplir con la Reglamentación Aeroportuaria Internacional correspondiente.
También se trabajará en conjunto con personal de Sanidad Internacional, para prevenir la diseminación en el territorio nacional de enfermedades consideradas como objeto de vigilancia epidemiológica internacional, brindando apoyo con médicos y enfermeros navales, coadyuvando con las funciones del área.
Buscan combatir el tráfico de armas, drogas, divisas, mercancía ilegal y evitar el tráfico de personas
El Fisgón, Fernanda Tapia y Villamil defienden la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados
/ meLissa amezcua
“Hoy vamos a ganar por default porque no se presentaron los comunicólogos voceros de estas empresas extranjeras”, expresó Fernanda Tapia esta mañana en una de sus participaciones en el Foro 23, donde acudió junto a Jenaro Villamil, Rafael Barajas El Fisgón, Pedro Miguel y Meme Yamel, youtuber asidua a las conferencias mañaneras de AMLO, a defender la reforma eléctrica.
El foro titulado “Democracia y pluralidad política en el debate de la Reforma Eléctrica” fue un evento de cerca de tres horas para hablar en favor de la reforma. En contra la única ponente fue Alicia Landín del Movimiento Climático Juvenil de México, quien repudió que el 78 por ciento de los invitados a los más de 20 foros han sido hombres, 29 funcionarios de la CFE y 53 por ciento han sido a favor de la reforma.
Al encuentro de hoy estaban invitados oradores en contra como Víctor Trujillo “Brozo”, Valeria Moy, Leo Zuckerman, Ana Paula Ordorica, Jesús Silva-Herzog y Carlos Elizondo, según mencionó el diputado petista Gerardo Fernández Noroña en su participación.
El Fisgón, por su parte, aseguró que la narrativa de quienes han ido a oponerse en los foros celebrados en San Lázaro ha sido una “envoltura de un discurso frívolo” mediante lenguaje técnico y confuso para la población en general. Y acusó que varios de los ponentes en contra de la reforma han trabajado para empresas eléctricas privadas.
Meme Yamel, directora del portal The Mexico News, reiteró el discurso de los demás oradores al decir que los comunicadores ausentes son cabilderos de empresas privadas.
Villamil aseguró que directivos de medios de comunicación públicos han sido intimidados por los consejeros del INE, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, de ya no transmitir los foros bajo la justificación de la veda electoral por la consulta de Revocación de Mandato, y pidió a la Jucopo que tome cartas en el asunto. “La veda no es mordaza, señor Ciro”, afirmó Villamil.
Auditoría confirma fraude en casas abandonadas del Infonavit por 2 mil mdp
/ GuiLLermO López
Era el 20 de noviembre de 2021 cuando en Proceso publicábamos la investigación que demostraba que el fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, había entregado un cheque por 2 mil millones de pesos al presidente Andrés Manuel López Obrador por el supuesto combate a la corrupción, que provenía de acuerdos extrajudiciales, que a casi dos años de su entrega no se había podido utilizar y que había sido devuelto a la FGR. Dicha investigación fue confirmada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su revisión del ejercicio del gasto del 2020, ratificando que los 2 mil millones fueron regresados a la Fiscalía el 13 de abril del 2021.
La investigación publicada en Proceso (Casas abandonadas del Infonavit: Historia de negocios millonarios y una alegada trama de corrupción), mostraba cómo la supuesta recuperación de los 2 mil millones de pesos estaba rodeada de acuerdos extrajudiciales, muchos alejados de las normas jurídicas y que fueron entregados por los hermanos André y Max Elmann, principales accionistas de la empresa de bienes raíces Fibra Uno, como acuerdo reparatorio por su supuesta participación en un fraude al Infonavit por más de 5 mil millones de pesos.
El cheque de los 2 mil millones de pesos fue entregado en una primera instancia por el presidente a Jaime Cárdenas, entonces titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep); este en diversas ocasiones solicitó a la FGR el acuerdo que daba sustento a recurso, que no existía, por lo que el cheque fue devuelto a la Fiscalía poco más de un año después de la supuesta entrega del recurso al presidente.
La ASF en su revisión del gasto 2020 confirmó lo difundido por la investigación publicada en Proceso: 1) que el cheque entregado al presidente no se había podido utilizar por parte del gobierno federal; 2) que el cheque había sido devuelto por el gobierno federal por medio del Indep a la FGR, y 3) la existencia de acuerdos extrajudiciales por parte de la FGR alejados de la normativa jurídica.
Falleció el líder del STUNAM a causa del covid-19
El líder del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), Agustín Rodríguez Fuentes, falleció el lunes a los 71 años de edad a causa de complicaciones derivadas del covid-19.
Por 28 años ocupó la secretaría general del gremio de sindicalizados de la UNAM, aunque era ingeniero electricista egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. También fue diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática.
Durante más de cuatro décadas desempeñó diversos cargos en la estructura de representación de los trabajadores universitarios.
De 1994 a la fecha estuvo al frente de la secretaría general del gremio de trabajadores administrativos universitarios y antes fue secretario de finanzas y secretario del trabajo.
Su trayectoria sindical la inició como delegado en la Facultad de Odontología de la UNAM, en la década de los 70 y más tarde fue presidente de la comisión mixta de escalafón del STUNAM. Entre 1977 y 1980 fue vocal de la comisión autónoma de escalafón de la organización sindical y de 1980 a 1985 secretario de análisis. De ese año a 1988, y posteriormente un breve periodo en 1991, ocupó la secretaría de deportes del STUNAM.
Tras el deceso de Rodríguez Fuentes, la UNAM expresó sus condolencias mediante un desplegado que publicó en su portal de internet.
López ObradOr envía pésame pOr La muerte deL Líder deL stunam
El presidente Andrés Manuel López Obrador envió sus condolencias a los familiares y amigos de Agustín Rodríguez Fuentes, líder del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), quien murió a causa de complicaciones por covid-19.
En su conferencia de este martes, López Obrador envió su pésame por la muerte del líder sindical, quien desde 1997 fungió como secretario general del sindicato universitario hasta su muerte.
El presidente recordó que conocía al líder sindical. “Quiero expresar, manifestar mi pésame a los trabajadores, a los amigos de Agustín Rodríguez, secretario general de trabajadores de la UNAM. Lo conocí y estuvo como dirigente durante varios años del sindicato y siempre una postura de defensa de los trabajadores y al mismo tiempo de conciliación”, dijo.
Rechaza INE acusaciones de Jenaro Villamil y niega haber intimidado a medios
El Instituto Nacional Electoral (INE) aseguró que no ha presionado a ningún medio de comunicación para que transmita o deje de transmitir los ejercicios de Parlamento Abierto que realiza el Congreso de la Unión sobre la Reforma Energética, como lo afirmó el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Jenaro Villamil.
“La autoridad electoral niega que se le haya intimidado o instruido a funcionario alguno del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano o a cualquier otro medio de comunicación el cese de alguna transmisión”, sostuvo el INE.
Por la mañana, Jenaro Villamil acusó a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, de intimidar a los medios de comunicación por infligir la veda por la consulta de revocación de mandato, y por ello urgió a la Cámara de Diputados a enviar un extrañamiento al órgano electoral.
Al abrir su participación en el Foro en el Parlamento Abierto “Democracia y pluralidad política en el debate de la reforma eléctrica”, al posicionar a favor de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, Villamil acusó a los consejeros de enviarles requerimientos por difundir información prohibida en medio de la veda por la consulta de revocación de mandato.
En respuesta, a través de un comunicado, el INE señaló que para el instituto, como autoridad electoral, es claro que estos foros son parte del trabajo legislativo y no se busca destacar alguna acción de gobierno que haya sido realizada por el titular del Ejecutivo Federal, algún legislador u organismo legislativo; sino que tiene como objetivo informar a la ciudadanía de las consecuencias de la aprobación de una iniciativa de reforma constitucional.
No obstante, el INE refrenda su llamado a todos los funcionarios de los tres órdenes de gobierno (federal, local y municipal) de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a respetar la Constitución y la Ley Federal de Revocación de Mandato, que en su artículo 33 establece:
“Durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato, desde la emisión de la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de votación, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno. Queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato”.
Precisó que cualquier recordatorio que el INE o alguno de sus consejeros haya hecho públicamente sobre el respeto que debe prevalecer a la legalidad no constituye un acto de intimidación, sino de prevención y difusión.
TEPJF confirmó que los 18 gobernadores de la 4T deben retirar un comunicado de apoyo al presidente de México
TEPJF
Durante una sesión privada y por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó las medidas cautelares dictadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), que ordenó a las gubernaturas de 18 entidades federativas detener la difusión de un comunicado en apoyo al presidente de la República, por considerarse, de manera preliminar, propaganda gubernamental en el periodo de veda por la Revocación de Mandato.
El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia en contra de un comunicado difundido en redes sociales titulado “Gobernadores y gobernadoras de la 4ta Transformación”, mediante el cual la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y diversas gubernaturas del país manifestaron su respaldo al presidente de México y destacaron las políticas públicas impulsadas por el Gobierno federal.
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE declaró procedentes las medidas cautelares solicitadas por el PAN y ordenó retirar el comunicado denunciado. Lo anterior fue impugnado por la jefa de Gobierno y diversas gubernaturas firmantes.
A propuesta del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, el pleno de la Sala Superior confirmó la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. Lo anterior, pues desde una perspectiva preliminar, la difusión del comunicado sí podría ser contraria a lo establecido en la Constitución federal y en la Ley Federal de Revocación de Mandato. Dicha normatividad establece la prohibición de difundir propaganda gubernamental desde la emisión de la convocatoria a la consulta hasta la conclusión de la jornada de votación.
Las magistradas y los magistrados de la Sala Superior mencionaron que para que las expresiones emitidas por servidores públicos sean consideradas propaganda gubernamental no se requiere necesariamente acreditar que éstas sean financiadas con recursos públicos, sino, para efectos de las medidas cautelares, es necesario que dichas expresiones están relacionadas con informes, logros de gobierno, beneficios o compromisos cumplidos por parte de algún representante público.
La Sala Superior determinó que las restricciones en materia de propaganda gubernamental pueden materializarse a través de todo tipo de medio de comunicación social —incluyendo las redes sociales. En este sentido, resaltó que, si bien los funcionarios gozan de libertad de expresión, también tienen un especial deber de cuidado de sus actos y expresiones con motivo de sus funciones. Es por ello que la Sala Superior confirmó el Acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE por el cual dictó las medidas cautelares a las y los gobernadores firmantes de dicho comunicado. (SUP-REP-33/2022 y acumulados).
Congreso estatal debe mostrar su compromiso con la rendición de cuentas y nombrar ya contralor interno
GabriEl Soriano
Ya se cumplieron cinco meses desde que la LXV legislatura inició actividades y hasta la fecha siguen sin lograr un consenso entre las bancadas para designar a quien será el titular del Órgano Interno de Control, a pesar de que estaban obligados a hacerlo durante los primeros treinta días del actual periodo del poder legislativo.
El diputado presidente de la Comisión de Vigilancia, Jaime González de León, ha exhortado al resto de los legisladores para que tomen importancia a este puesto e inicien a la brevedad el proceso para seleccionar al contralor, sin embargo, este llamado no tuvo mayor repercusión en el poder legislativo.
El comisionado presidente del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA), Marcos Javier Tachiquín Rubalcava, resaltó la importancia de esta figura ante el cierre de la última etapa de verificación en obligaciones de transparencia.
Explicó que designar a un contralor interno está relacionado con la rendición de cuentas. Sin embargo, los ejercicios de transparencia no dependen directamente
Obligaciones de transparencia no se han frenado a pesar de la ausencia del contralor
de la contraloría, pues se puede nombrar una unidad de transparencia que haga frente a las solicitudes que se presentan o solvente los ejercicios de revisión que realice el ITEA, que es como está trabajando actualmente el Congreso local, por lo que no hay afectación:
“¿En qué sí puede afectar? Pues que si se detecta alguna irregularidad tendría que haber ya un ente constituido para que pueda darle el seguimiento. Nosotros sancionamos respecto a la falta de información, pero la responsabilidad administrativa sí es propia del Órgano Interno de Control”.
Insistió en que es importante que el Congreso del Estado cuente con el titular del Órgano de Control Interno para que, de esa manera, muestre su compromiso con la rendición de cuentas.
López Obrador violó la veda electoral: ratifica el TEPJF
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) violó la veda por la consulta de revocación de mandato al realizar actos de propaganda gubernamental.
En una votación unánime en la Sala Superior del TEPJF se determinó que el presidente debe eliminar de su portal oficial diversas publicaciones por ser “propaganda gubernamental difundida en periodo prohibido”.
Entre las publicaciones prohibidas están las relativas a su gira de trabajo realizada los días 12 y 13 de febrero pasado por Sonora.
Asimismo, confirmó la adopción de medidas cautelares, en su vertiente de tutela preventiva, con el fin de que el titular del Ejecutivo se abstenga de emitir cualquier tipo de propaganda gubernamental durante el periodo prohibido.
Las medidas cautelares se emitieron a petición del Partido Acción Nacional (PAN), que presentó una queja ante el Tribunal, ya que estimó una indebida promoción de los actos de gobierno.
Advirtió que en el sitio de internet lopezobrador.org.mx y redes sociales oficiales se difundieron las reuniones de trabajo que el presidente sostuvo el 12 y 13 de febrero pasados en el estado de Sonora.
A partir de un estudio preliminar, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) consideró que, en efecto, las publicaciones resaltan acciones realizadas por el Poder Ejecutivo federal. Finalmente, estableció que las publicaciones difunden actividades gubernamentales, principalmente la realización de obra pública.
