MARTES 21 DE DICIEMBRE DE 2021
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Convicciones
El gobierno rompe récord en la detención de migrantes Rubén Aguilar Valenzuela
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l gobierno de López Obrador al terminar 2021 habrá detenido a 300,000 migrantes de acuerdo con información de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob). Es la cifra más alta desde que en 2002 se comenzó a llevar esta estadística. Al cierre de octubre ya sumaban 228,115 y se calcula que en noviembre y diciembre se capture a 37,000 migrantes cada mes, que ha sido el promedio mensual en el año, para llegar a las 300,000 mil detenciones. El actual gobierno supera así el récord que tenía el gobierno de Peña Nieto con 198,000 migrantes detenidos en 2015, cuando se puso en marcha el llamado Plan Frontera Sur. La cantidad de las detenciones sube a partir de la visita a México de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, el pasado ocho de junio. En esa ocasión se reunió con el presidente López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard. En el encuentro se firmó un acuerdo de cooperación en materia migratoria que promete fomentar las oportunidades económicas y laborales en Centroamérica; la principal región expulsora de personas por motivos económicos o de inseguridad. No se dijo de manera pública que México se comprometía a incrementar el número de los detenidos, para luego deportarlos, pero queda claro que así fue. A
partir de entonces las capturas se disparan: 22% más en julio; 71% más en agosto; 127% más en septiembre y 91% en octubre. Este aumento en las detenciones y deportaciones en México aumentan también en Estados Unidos. En la administración Biden de octubre de 2020 a septiembre de 2021 se han deportado 1 millón 659 mil personas. Es la cifra más alta registrada desde el 2000. El 40 % son mexicanos. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) considera que el creciente flujo migratorio flujo responde “a una gran desesperación humana motivada, en particular, por la crisis económica que desató la pandemia, aunado a que en muchos otros países también se están produciendo crisis de seguridad y crisis políticas, como en Nicaragua, Venezuela o Haití”. Y añade que el actual gobierno estadounidense y mexicano están “priorizando la detención y deportación de personas por encima del acceso a una migración legal, o al asilo”. Esto explica el aumento en las detenciones por parte de la oficina de migración de Estados Unidos y de cuerpos de corte militar como la Guardia Nacional en México. En el marco de este clima antiinmigrante de parte del gobierno de Estados Unidos y México, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) hizo pública una decla-
ración en la que afirma recibió “con decepción” que el gobierno haya decidido reanudar el programa “Quédate en México”. Afirma que este programa “viola múltiples principios internacionales en materia de refugio y asilo, como el derecho al debido proceso y a la no devolución, y no permite el debido ejercicio de los derechos fundamentales de las personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado”. En el comunicado los obispos mexicanos sostienen que en el tema de la migración “la situación que estamos viviendo es caótica: sufrimiento, desesperación y violencia” y que “corresponde al Gobierno de México crear condiciones dignas para el ejercicio de todos los derechos para todas las personas de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. La CEM llama a los tres niveles del gobierno en México a respetar los compromisos para la promoción y protección de los derechos fundamentales de las personas migrantes. Y señala que “con profunda sinceridad deseamos que las personas en contexto de migración que se encuentran en territorio mexicano puedan ver una luz de esperanza en este valle de indiferencia, dolor y discriminación por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno”. @RubenAguilar
2021 fue un año de retrocesos para los derechos humanos de las personas migrantes en México Las personas migrantes, en particular las mujeres y niñas, se enfrentan a diversas dificultades para transitar por los territorios
8,185 MENORES DE EDAD Fueron detenidos y deportados a sus países de origen de enero a septiembre de 2020, según las organizaciones civiles
Organizaciones civiles que trabajan a favor de las personas migrantes denunciaron que durante 2021 hubo fuertes retrocesos hacia los Derechos Humanos de esta población, debido a la prevalencia de políticas migratorias de contención y militarizadas, por lo que exigieron a los gobiernos de México, El Salvador, Guatemala, entre otros, coordinarse implementar estrategias que respeten el derecho a migrar, al asilo y a la no devolución en contextos violentos. En distintos comunicados por el “Día Internacional de las personas migrantes” -celebrado el 20 de diciembre de cada año-, organizaciones civiles como el Instituto para las Mujeres en la Migración y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, detallaron que en el mundo hay 272 millones de personas migrantes, lo que equivale al doble de la población que hay en México, El Salvador y Guatemala juntos. A pesar de esta dimensión, las personas migrantes, en particular las mujeres y niñas, se enfrentan a diversas dificultades para transitar por los territorios y encontrar mejores contextos, donde no sean violentadas, y tengan acceso a servicios básicos, señalaron. Las organizaciones resaltaron que, en un “afán por contener la migración han endurecido y mili-
tarizado las políticas migratorias”, los gobiernos llevan a cabo deportaciones masivas, uso excesivo de la fuerza, entre otras prácticas que no miden las repercusiones que dejan en la vida de las personas migrantes, en específico de las y los niños, recién nacidos, mujeres embarazada o personas con alguna discapacidad. Estas acciones, señalaron las organizaciones, han tenido como resultado “altos números rojos”. Por ejemplo, 56 personas migrantes fallecieron y otras 50 salieron heridas en Chiapas el pasado 10 diciembre, debido a que viajaban hacinadas en la caja de un transporte de carga cuyo conductor perdió el control debido al exceso de velocidad. Días después de este hecho, un grupo de migrantes llegó a la Ciudad de México, donde fue agredido y encapsulado por un alto número de policías. Desde agosto de 2020, diversas caravanas de personas migrantes salieron de países centroamericanos para ir a Estados Unidos, pero en su camino para buscar mejores oportunidades para sus hijas e hijos quedaron varados en México, debido a que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) no ha dado respuesta a sus solicitudes de refugios, resultado de la falta de personal y presupuesto con el que cuenta este organismo, de acuerdo con las organizaciones. Las personas migrantes han caminado con los pocos artículos que pueden portar y en su recorrido han sido violentados por elementos de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM), los culés, de acuerdo con organizaciones
| Foto Cristian de Lira civiles, ejercen fuerza excesiva y violencia sexual y trasladan de manera forzada a las y los migrantes hacia Guatemala y Honduras, sin notificar a sus consulados. De enero a septiembre de 2020, según las organizaciones civiles, alrededor de 8 mil 185 menores de edad fueron detenidos y deportados a sus países de origen, además de ello, otras 22 mil personas centroamericanas también fueron espulgadas, de las cuales 23 por ciento fueron mujeres, y la COMAR tiene un total casi de 18 mil 833 solicitudes de asilo por resolver. Las organizaciones expresaron que otro hecho que visibiliza más consecuencias de las actuales políticas migratorias es la “Masacre de Camargo”, ocurrida en enero de 2021 en Chihuahua, donde 19 personas migrantes fueron halladas calcinadas, entre ellas 16 migrantes guatemaltecas . Lo único que se conoce del
caso hasta ahora es que el delito fue realizado por un grupo de Policías de Operaciones Especiales (OPE), pero aún nadie ha sido castigado por ello. A todas estas violencias, dijeron las organizaciones, se suman el tráfico ilícito de personas migrantes, las desapariciones, las ejecuciones, entre muchas más, que no son atendidas por las autoridades de sus países de origen o de trayecto, por lo que se ha edificado una fuerte impunidad hacia los delitos contra las y los migrantes. Frente a este contexto, las organizaciones exigieron que los gobiernos de México, Guatemala, El Salvador, entre otros, que atiendan estas problemáticas, desarrollen políticas públicas enfocadas en respetar los Derechos Humanos, y cumplir con los tratados y leyes internacionales que protegen el derecho a migrar. Aline Espinosa Gutiérrez Cimacnoticias
