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ConViCCiones El gobierno rompe récord en la detención de migrantes
Rubén AguilAR VAlenzuelA
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El gobierno de López Obrador al terminar 2021 habrá detenido a 300,000 migrantes de acuerdo con información de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob). Es la cifra más alta desde que en 2002 se comenzó a llevar esta estadística.
Al cierre de octubre ya sumaban 228,115 y se calcula que en noviembre y diciembre se capture a 37,000 migrantes cada mes, que ha sido el promedio mensual en el año, para llegar a las 300,000 mil detenciones.
El actual gobierno supera así el récord que tenía el gobierno de Peña Nieto con 198,000 migrantes detenidos en 2015, cuando se puso en marcha el llamado Plan Frontera Sur.
La cantidad de las detenciones sube a partir de la visita a México de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, el pasado ocho de junio. En esa ocasión se reunió con el presidente López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard.
En el encuentro se firmó un acuerdo de cooperación en materia migratoria que promete fomentar las oportunidades económicas y laborales en Centroamérica; la principal región expulsora de personas por motivos económicos o de inseguridad.
No se dijo de manera pública que México se comprometía a incrementar el número de los detenidos, para luego deportarlos, pero queda claro que así fue. A partir de entonces las capturas se disparan: 22% más en julio; 71% más en agosto; 127% más en septiembre y 91% en octubre.
Este aumento en las detenciones y deportaciones en México aumentan también en Estados Unidos. En la administración Biden de octubre de 2020 a septiembre de 2021 se han deportado 1 millón 659 mil personas. Es la cifra más alta registrada desde el 2000. El 40 % son mexicanos.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) considera que el creciente flujo migratorio flujo responde “a una gran desesperación humana motivada, en particular, por la crisis económica que desató la pandemia, aunado a que en muchos otros países también se están produciendo crisis de seguridad y crisis políticas, como en Nicaragua, Venezuela o Haití”.
Y añade que el actual gobierno estadounidense y mexicano están “priorizando la detención y deportación de personas por encima del acceso a una migración legal, o al asilo”. Esto explica el aumento en las detenciones por parte de la oficina de migración de Estados Unidos y de cuerpos de corte militar como la Guardia Nacional en México.
En el marco de este clima antiinmigrante de parte del gobierno de Estados Unidos y México, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) hizo pública una declaración en la que afirma recibió “con decepción” que el gobierno haya decidido reanudar el programa “Quédate en México”.
Afirma que este programa “viola múltiples principios internacionales en materia de refugio y asilo, como el derecho al debido proceso y a la no devolución, y no permite el debido ejercicio de los derechos fundamentales de las personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado”.
En el comunicado los obispos mexicanos sostienen que en el tema de la migración “la situación que estamos viviendo es caótica: sufrimiento, desesperación y violencia” y que “corresponde al Gobierno de México crear condiciones dignas para el ejercicio de todos los derechos para todas las personas de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
La CEM llama a los tres niveles del gobierno en México a respetar los compromisos para la promoción y protección de los derechos fundamentales de las personas migrantes. Y señala que “con profunda sinceridad deseamos que las personas en contexto de migración que se encuentran en territorio mexicano puedan ver una luz de esperanza en este valle de indiferencia, dolor y discriminación por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno”.
@RubenAguilar
2021 fue un año de retrocesos para los derechos humanos de las personas migrantes en México
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MENORES DE EDAD
Fueron detenidos y deportados a sus países de origen de enero a septiembre de 2020, según las organizaciones civiles Organizaciones civiles que trabajan a favor de las personas migrantes denunciaron que durante 2021 hubo fuertes retrocesos hacia los Derechos Humanos de esta población, debido a la prevalencia de políticas migratorias de contención y militarizadas, por lo que exigieron a los gobiernos de México, El Salvador, Guatemala, entre otros, coordinarse implementar estrategias que respeten el derecho a migrar, al asilo y a la no devolución en contextos violentos.
En distintos comunicados por el “Día Internacional de las personas migrantes” -celebrado el 20 de diciembre de cada año-, organizaciones civiles como el Instituto para las Mujeres en la Migración y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, detallaron que en el mundo hay 272 millones de personas migrantes, lo que equivale al doble de la población que hay en México, El Salvador y Guatemala juntos. A pesar de esta dimensión, las personas migrantes, en particular las mujeres y niñas, se enfrentan a diversas dificultades para transitar por los territorios y encontrar mejores contextos, donde no sean violentadas, y tengan acceso a servicios básicos, señalaron.
Las organizaciones resaltaron que, en un “afán por contener la migración han endurecido y militarizado las políticas migratorias”, los gobiernos llevan a cabo deportaciones masivas, uso excesivo de la fuerza, entre otras prácticas que no miden las repercusiones que dejan en la vida de las personas migrantes, en específico de las y los niños, recién nacidos, mujeres embarazada o personas con alguna discapacidad.
Estas acciones, señalaron las organizaciones, han tenido como resultado “altos números rojos”. Por ejemplo, 56 personas migrantes fallecieron y otras 50 salieron heridas en Chiapas el pasado 10 diciembre, debido a que viajaban hacinadas en la caja de un transporte de carga cuyo conductor perdió el control debido al exceso de velocidad. Días después de este hecho, un grupo de migrantes llegó a la Ciudad de México, donde fue agredido y encapsulado por un alto número de policías.
Desde agosto de 2020, diversas caravanas de personas migrantes salieron de países centroamericanos para ir a Estados Unidos, pero en su camino para buscar mejores oportunidades para sus hijas e hijos quedaron varados en México, debido a que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) no ha dado respuesta a sus solicitudes de refugios, resultado de la falta de personal y presupuesto con el que cuenta este organismo, de acuerdo con las organizaciones.
Las personas migrantes han caminado con los pocos artículos que pueden portar y en su recorrido han sido violentados por elementos de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM), los culés, de acuerdo con organizaciones | Foto Cristian de Lira
civiles, ejercen fuerza excesiva y violencia sexual y trasladan de manera forzada a las y los migrantes hacia Guatemala y Honduras, sin notificar a sus consulados.
De enero a septiembre de 2020, según las organizaciones civiles, alrededor de 8 mil 185 menores de edad fueron detenidos y deportados a sus países de origen, además de ello, otras 22 mil personas centroamericanas también fueron espulgadas, de las cuales 23 por ciento fueron mujeres, y la COMAR tiene un total casi de 18 mil 833 solicitudes de asilo por resolver.
Las organizaciones expresaron que otro hecho que visibiliza más consecuencias de las actuales políticas migratorias es la “Masacre de Camargo”, ocurrida en enero de 2021 en Chihuahua, donde 19 personas migrantes fueron halladas calcinadas, entre ellas 16 migrantes guatemaltecas . Lo único que se conoce del caso hasta ahora es que el delito fue realizado por un grupo de Policías de Operaciones Especiales (OPE), pero aún nadie ha sido castigado por ello.
A todas estas violencias, dijeron las organizaciones, se suman el tráfico ilícito de personas migrantes, las desapariciones, las ejecuciones, entre muchas más, que no son atendidas por las autoridades de sus países de origen o de trayecto, por lo que se ha edificado una fuerte impunidad hacia los delitos contra las y los migrantes.
Frente a este contexto, las organizaciones exigieron que los gobiernos de México, Guatemala, El Salvador, entre otros, que atiendan estas problemáticas, desarrollen políticas públicas enfocadas en respetar los Derechos Humanos, y cumplir con los tratados y leyes internacionales que protegen el derecho a migrar.
Agrupación entrega al INE otras 2 millones de firmas para la consulta de revocación de mandato
Foto /QueSigaMX De nueva cuenta, la asociación Que Siga la Democracia entregó un nuevo paquete de firmas al Instituto Nacional Electoral (INE) con 504 cajas que contienen 2 millones 79 mil rúbricas para respaldar la consulta sobre revocación de mandato que estaba agendada para el próximo 10 de abril.
Dicha organización encabezada por Gabriela Jiménez, hizo esta cuarta entrega con la que aseguran suman 5 millones 800 mil 34 firmas, poco más de tres millones más de las 2 millones 750 mil necesarias para que se convoque a consulta.
“Queremos pedirle a la autoridad que se realice este ejercicio de consulta. Somos millones de mexicanos que dimos nuestra firma en apoyo a este proceso y pedimos que ahora nos cumplan”, declaró
Gabriela Jiménez, presidenta de la organización, entregó las firmas en cajas en las afueras del INE, a pesar de que el viernes pasado apareció como inhabilitada en una lista que difundió el consejero electoral Ciro Murayama por entregar registros falsos.
“Según la lista que publicó el consejero Murayama estás inhabilitada”, se le planteó.
“Eso fue algo muy irresponsable, ya que es totalmente mentira: no fui inhabilitada. Los únicos que fueron inhabilitados fueron 37 auxiliares de la asociación civil que usaron la aplicación (del INE). Nosotros registramos cerca de 19 mil auxiliares y de esos 19 mil solamente fueron invalidados 37”, explicó.
Dijo que eran falsas las afirmaciones de consejeros de irregularidades en las formas entregadas.
“Me parece muy mal que desacrediten el trabajo de tantos millones de personas que han firmado”, respondió.
Anaya no publicó su video semanal y le dicen: “como buen ‘whitexican’ ya se fue de vacaciones”
El excandidato presidencial del PAN que se fue del país porque supuestamente el presidente lo quiere encarcelar, pero quiere ser presidenciable en 2024, no publicó en sus redes sociales su casi tradicional video de todos los lunes, a las 7:00 horas, quejándose de Andrés Manuel López Obrador y su gobierno.
Hace un año con 3 meses, el 21 de septiembre de 2020, Anaya anunció su regreso a la vida pública justificándose porque, dijo, creyó que era correcto darle espacio a quien ganó la elección, pero esa, añadió, fue la misma razón que lo trajo de regreso. Ahora, ni video de despedida publicó.
Su último video está fechado el 13 de diciembre y lo tituló: “No es lo duro, sino lo tupido”. Para presentarlo, en Twitter y Facebook, escribió:
“Difícil de creer la cantidad de torpezas, engaños y promesas incumplidas que acumula López Obrador. En 2024 Morena se tiene que ir. ¡Sí hay de otra!”
En su cuenta de YouTube se pueden contar 77 videos publicados desde que anunció su regreso a la vida pública, mismos que están publicados en Facebook y Twitter.
Sus críticos en redes sociales publicaron un video, editado, donde dicen que por primera vez están de acuerdo con él, pues señaló en un clip de 11 segundos: “Quizá te caigo gordo, y además sé que, en este momento, hay tantos problemas urgentes en México, que lo que me pase a mí es lo de menos”.
Otros consideraron que “como buen ‘whitexican’ ya se fue de vacaciones y que cuando regrese de Miami contará la triste vida que tienen que pasar los mexicanos de tez humilde y costumbres rústicas y se mofaron de su recurrente frase: “¡No se vale! ¡Me da muchísimo coraje!”
Entre los comentarios de su último video fechado el 13 de diciembre algunos lo apoyaron con la idea de “sacar a Morena del gobierno” en 2024 pero los detractores se burlaron de una usuaria porque quiere hacerlo “repitiendo ‘Morena se va’ todo el día en Twitter”.
Uno más dijo que los proyectos del gobierno son inviables, pero le respondieron que, por el contrario, expertos como Ángel Balderas han dicho lo contrario y le preguntaron si cree que el ingeniero miente.
Otros cuestionaron de qué vive Ricardo Anaya, pues lleva cinco meses viviendo en Estados Unidos, sin trabajar y publicando videos. Lo justificaron diciendo que tanto él como su familia “son de clase alta”, que lo mantiene su esposa con los negocios familiares o de los “moches” millonarios que recibió por aprobar la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto y así se siguieron peleando en Twitter los seguidores de Anaya contra los de López Obrador.
Despenalización del aborto avanzó en cuatro estados en 2021, falta reforma federal
Este 2021 el movimiento feminista consiguió que cuatro entidades despenalizaran la interrupción del embarazo hasta las doce semanas de gestación: Hidalgo, Veracruz, Baja California y Colima, los cuales se sumaron a Ciudad de México (2007) y Oaxaca (2019) que ya contaban con esta legislación. No obstante, el Senado de la República aún debe dictaminar cinco iniciativas vinculadas con el acceso al aborto.
Además de los congresos locales que despenalizaron la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, en septiembre de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró por unanimidad la inconstitucional de la criminalización del aborto de manera absoluta en el estado de Coahuila y se pronunció a favor de garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre la interrupción del embarazo sin que ello implique enfrentar consecuencias penales.
Estas reformas y el fallo de la Suprema Corte de Justicia constituyen un paso esencial en la defensa y protección de los derechos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar, según una investigación del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
Además de este avance, en concordancia con el fallo de la SCJN, en la actual Legislatura del Senado, legisladoras de diversos grupos parlamentarios presentaron una iniciativa para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, la Ley General de Salud y al Código Penal sobre la objeción de conciencia y para garantizar el servicio de aborto seguro y la despenalización en el país, la cual está en análisis.
La investigación sobre el panorma legislativo en torno al aborto, realizada por Irma Kánter Coronel, explica que los datos disponibles sobre el número de abortos que ocurren anualmente en México son insuficientes y limitados debido al carácter estigmatizado que esta práctica tiene en distintos entornos geográficos y socioeconómicos, aunque las estimaciones indican que en México al año ocurren un millón de abortos.
El documento refiere que el Instituto Guttmacher y El Colegio de México hicieron un estudio en 2012 donde encontraron que la penalización del aborto en México no evita su práctica, ya que alrededor de 54 por ciento del total de embarazos no planeados se resuelve mediante un aborto inducido, lo que en términos absolutos se traduce en alrededor de un millón de abortos inducidos anualmente.
Este estudio indica que la práctica del aborto es más frecuente en las jóvenes, unidas y no unidas, sexualmente activas de menos de 25 años, lo que es un claro indicio de que retrasan la primera maternidad en un contexto de uso limitado de la anticoncepción moderna a estas edades, en particular entre las edades de 15-19 años.
Además, poco más de un tercio (36 por ciento) de las mujeres con abortos inducidos tienen complicaciones que requieren atención médica; proporción que se incrementa hasta 45 por ciento en el caso de las mujeres rurales y en condiciones de pobreza del país.
A pesar de esto, en México, la regulación del aborto es restrictiva tanto en el ámbito federal como en el estatal y las mujeres pueden enfrentar penas que van desde un mínimo de 15 días de prisión en el estado de Tlaxcala, hasta un máximo de seis años en el caso de Sonora. Sin embargo, también hay circunstancias bajo las cuales no se considera un delito, por ejemplo, si el embarazo es producto de una violación.
Asimismo, 24 estados del país y el Código Penal Federal establecen como causal de exclusión cuando la salud o la vida de la mujer corran peligro; diez estados permiten este procedimiento en caso de malformaciones graves del producto; nueve incluye la causal de inseminación artificial no consentida y Michoacán y Yucatán contemplan como causal de exclusión o no punibilidad razones económicas graves.
En este contexto, de 2018-2021, en el Senado se presentaron cinco iniciativas para garantizar el acceso al aborto. Tres de ellas son suscritas por el Partido Revolución Democrática (PRD); otra propuesta corresponde a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y la quinta fue del Partido Revolucionario Institucional. Ninguna se ha dictaminado.
Además, después de 2021 se presentaron dos propuestas más, una de Morena y otra de legisladoras de todas las bancadas, las cuales hasta el cierre de este periodo de sesiones se encuentran pendientes de análisis y dictaminación en las Comisiones de Justicia, Estudios Legislativos, Estudios Legislativos, Segunda y Para la Igualdad de Género.
En la investigación se concluye que las recientes reformas para despenalizar el aborto hasta las doce semanas de gestación por los congresos locales de Hidalgo, Veracruz y Baja California (Colima, en diciembre de este año), así como el fallo de la Suprema Corte muestran que se tiene que avanzar tanto a escala federal como en cada una de las entidades federativas del país.
