JUEVES 20 DE ENERO DE 2022 IMCO Modificar el sector eléctrico como pretende la iniciativa, en lugar de fortalecer a la CFE, provocará que la empresa se vuelva aún más dependiente de los subsidios del Estado. Actualmente se discute en el congreso una iniciativa de reforma energética que pretende, entre otras cosas, recuperar la participación de mercado del 54% en la generación de la energía demandada en el país (participación de mercado que tuvo la CFE en 2018). Al cierre de 2020 la CFE generaba aproximadamente el 38% de la energía demandada en México. Aunque la CFE tiene capacidad instalada de generación para producir un mayor porcentaje de energía, esta capacidad no es utilizada; esto se debe a que sus plantas son comparativamente más antiguas e ineficientes y, por lo tanto, tienen mayores costos. El IMCO advierte que en caso de aprobarse la iniciativa e implementarse las políticas propuestas, la CFE se vería forzada a incurrir en costos adicionales para poder generar y suministrar la energía eléctrica demandada en el país. Estos costos tendrían impactos significativos para los consumidores, afectarían el clima de inversión, así como las finanzas públicas y la economía del país. No es necesario erogar recursos públicos adicionales en un segmento donde actores del sector privado, mediante la correcta regulación por parte de organismos autónomos, pueden asumir el riesgo financiero y la responsabilidad. La CFE debe priorizar las inversiones en sus monopolios legales, es decir, reforzar y expandir sus redes de transmisión y distribución,
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Iniciativa de Reforma Energética debilitaría las finanzas de la CFE donde si la empresa no invierte, nadie más lo hará. Con el objetivo de analizar su potencial impacto, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) construyó tres escenarios a partir de datos oficiales para identificar estos costos. En cada uno de los escenarios se calculó el costo para la CFE de generar por sí misma el diferencial de energía necesaria para cumplir con la meta de participación de 54%, además de la energía adicional que se demande en el país entre 2022 y 2028. Estos son: Escenario 1: Se plantea un supuesto en que la CFE invierte en el nuevo parque fotovoltáico y en la renovación de 14 de las 60 centrales hidroeléctricas, y el resto de la demanda se cubre con termoeléctricas, carboeléctricas y ciclos combinados. La CFE enfrentaría un costo de 512 mmdp a precios del 2021 para el periodo 2022-2028: 427 mmdp para generación eléctrica, 70 mmdp de inversión y 15 mmdp de operación y mantenimiento. Escenario 2: CFE invierte en el nuevo parque fotovoltáico y se aumenta el factor de planta (indicador que refleja la relación entre la energía real generada en un tiempo determinado y la energía que se habría producido si la planta operara al 100% de su capacidad) de todas las hidroeléctricas de 40 a 60% (promedio mundial). El resto de la demanda se cubre
Detienen a sujeto presuntamente ligado al asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez / Jesusa Cervantes La Fiscalía General del Estado detuvo esta mañana a Ángel “N”, como parte de las líneas de investigación en torno al asesinato del fotoperiodista independiente Margarito Martínez Esquivel, ocurrido el pasado lunes. Por la mañana, el secretario de Gobierno, Catalino Zavala Márquez, confirmó la detención; más tarde, la FGE, a través de un comunicado de prensa, dijo que está “buscando obtener información que facilite el esclarecimiento de los hechos ocurridos el pasado lunes”. Como parte de las investigaciones, la FGE cateó varios lugares, entre ellos la casa de Ángel “N”, y durante la revisión se le encontró “una cantidad aún no determinada de la droga conocida como mariguana. Por esa razón, se procedió a su detención”. En estos momentos se le procesará por el presunto delito de narcomenudeo, lo que no elimina la investigación en torno al asesinato del fotoperiodista. Ángel “N” acusó a Margarito Martínez Esquivel de promover páginas de redes sociales en las que se abordaban temas de narcotráfico. El secretario de Gobierno informó que la próxima semana se firmará un convenio entre Estado y Federación en materia de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, para luego echar a andar la comisión estatal de protección a quienes realizan estas actividades ya que por el momento esta no funciona en el ámbito local.
con termoeléctricas, carboeléctricas y ciclos combinados. La CFE enfrentará un costo de 406 mmdp a precios del 2021: 324 mmdp por costos de generación, 73 mmdp por costos de inversión y 9 mmdp por costos de operación y mantenimiento. Escenario 3: Supone que la CFE compra su energía adicional en las subastas a largo plazo (donde los suministradores y grandes usuarios pueden celebrar contratos anuales a largo plazo -15 años para energía y potencia y 20 años para Certificados de Energías Limpias- que se llevaron a cabo entre 2015 y 2017) sin cambios a la legislación existente. De comprar la energía adicional en las subastas a largo plazo, la CFE tendría que cubrir un costo de 94 mmdp a precios del 2021. Este escenario es conservador en la medida que los costos de generación renovable no son estáticos, sino que han registrado reducciones por las mejoras tecnológicas. Modificar el sector eléctrico como pretende la iniciativa de reforma energética, en lugar de fortalecer a la CFE, provocará que la empresa se vuelva aún más dependiente de los subsidios del Estado. Los costos de generación y de inversión en estos escenarios pondrían a la empresa en una situación financiera precaria e insostenible por lo que, a mediano plazo
se hará imposible mantener las tarifas eléctricas sin incrementos mayores a la inflación como ha prometido repetidamente el gobierno federal. La política energética debe poner a ciudadanos y consumidores en el centro. Independientemente de una discusión entre Estado y mercado, la meta debe ser ofrecer electricidad confiable, limpia y a precios competitivos. Esto se logra a través de competencia, regulación e inversión. Fortalecer a la CFE empieza por reconocer que la empresa no tiene la capacidad para ser el único actor relevante en la industria eléctrica. Por ello el IMCO Propone: Retomar las subastas a largo plazo. Las subastas a largo plazo tenían como objetivo beneficiar a ciudadanos y consumidores al incentivar inversiones en energías renovables, fomentar la competencia en el sector y estabilizar los precios de la potencia. Fortalecer y expandir la Red Nacional de Transmisión para garantizar la seguridad del sistema y facilitar la unión de generadores privados a la red. Retomar el programa de retiro de centrales. Se propone que se retiren las plantas de generación más contaminantes y, a largo plazo, se priorice la instalación de aquellas con menor huella ambiental y de carbono para su funcionamiento.
ONU condena los asesinatos de los periodistas Alfonso Margarito Martínez y José Luis Gamboa / Gloria Leticia Díaz La Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó los asesinatos de Alfonso Margarito Martínez Esquivel y José Luis Gamboa Arenas, los primeros dos periodistas asesinados en 2022, que se suman a los 28 asesinados y dos desaparecidos, de primero de diciembre de 2018 a la fecha, registrados por el organismo internacional. Si bien el gobierno federal registra al menos 50 comunicadores víctimas de homicidio durante el actual sexenio, la sumatoria de la ONU-DH contempla los casos en que las causas de los asesinatos estarían directamente vinculadas con el oficio periodístico. En cuanto a los homicidios de Martínez Esquivel, ocurrido el 17 de enero en Tijuana, Baja California, y el de Gamboa Arenas, el 10 de enero en Veracruz, Veracruz, en su pronunciamiento la ONU-DH urgió a “garantizar una investigación pronta y exhaustiva que agote la posibilidad de que los crímenes estén vinculados con su actividad periodística”. El representante de la oficina, Guillermo Fernández-Maldonado, alertó que los recientes homicidios “son un doloroso recordatorio de la alarmante violencia dirigida contra la prensa en México”. El defensor abundó que agresiones contra periodistas, como la
José Luis Gamboa difamación y ataques más graves como la desaparición y el asesinato, “constituyen dramáticas violaciones no sólo en contra de las víctimas directas, sino también contra el derecho a la información, la libertad de expresión y el pluralismo de toda la sociedad democrática”. Sobre los recientes asesinados, la ONU-DH resaltó que Martínez Esquivel tenía una larga trayectoria como fotoperiodista que daba cobertura a temas de seguridad y violencia para medios nacionales e internacionales, en tanto que Gamboa Arenas encabezaba el medio digital Inforegio, que informaba sobre temas de inseguridad y políticos. De acuerdo con los registros de ONU-DH, después de la toma
de posesión de López Obrador, en diciembre de 2018, ocurrió el homicidio del periodista Alejandro Márquez, que se sumó a ocho más en ese año; en 2019 se registraron otros 12 casos, tres de los cuales contaban con medidas de protección del Estado mexicano; en 2020 fueron asesinados siete periodistas; y en 2021, ocho comunicadores fueron asesinados y dos permanecen en condición de desaparecidos, en tanto que dos guardias de seguridad que custodiaban las instalaciones de un medio de comunicación también fueron ultimados. “La ONU-DH alienta a las autoridades a desarrollar una investigación efectiva y exhaustiva de estos graves ataques, considerando todas las líneas de investigación relevantes, incluyendo la hipótesis de un vínculo entre los asesinatos y la labor periodística realizada por las víctimas”, en apego al protocolo especializado para atender estos casos, adoptado por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en octubre de 2018. Apuntó que las investigaciones de los homicidios deben “permitir esclarecer no sólo a los autores materiales, sino las razones de los mismos y, en su caso, las personas responsables intelectualmente de estos ataques”. La ONU-DH se condolió con los familiares, colegas y amistades de los dos periodistas asesinados, y solicitó a las autoridades “garantizar la atención efectiva a sus familiares”.
