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JUEVES 18 DE FEBRERO DE 2021
TEPJF revoca acuerdo de lineamientos emitido por el INE el 15 de enero TEPJF Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), revocó el acuerdo del pasado 15 de enero emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) por el que emitió los lineamientos para las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar parcialmente fundados los argumentos hechos llegar por la representación jurídica del Ejecutivo Federal. La Sala Superior determinó que, contrario a lo considerado por el Consejo General del INE, la emisión de dicho acuerdo no implicó la emisión de medidas cautelares de tipo inhibitorio sino la imposición de medidas de no repetición, ante la supuesta posibilidad de que ocurra un acto lesivo futuro de carácter ilícito. En la sentencia se señala que la naturaleza de la medida de no repetición requiere un estudio de fondo que corresponde a la autoridad jurisdiccional, y no a la etapa de la medida cautelar. En sesión privada, bajo el formato de videoconferencia, los magistrados determinaron sobre el acuerdo INE/CG26/, relativo a la solicitud de medidas cautelares por el PRD por la conferencia matutina del 23 de diciembre, que el instituto partió de la posibilidad de que el presidente López Obrador repitiera un hecho similar, sin embargo, derivado de denuncias previas,
nunca se ha determinado que esas conductas tengan un carácter ilícito. Con esos argumentos la Sala Superior declaró improcedente el dictado de las medidas referidas y dejó sin efectos el acuerdo impugnado, lo que no prejuzga ni representa un pronunciamiento de fondo sobre las conductas denunciadas en el procedimiento especial sancionador que dio origen a las medidas que revoca esta resolución. La representación de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal presentó el 19 de enero el recurso de revisión en torno a los lineamientos del INE, además de un incidente de incumplimiento de sentencia contra el instituto en el asunto SUPREP-3/2021, emitido por la Sala Superior. El incidente de incumplimiento de sentencia se consideró fundado por dos cosas: el Consejo General del INE se excedió en lo ordenado al dictar las medidas cautelares de tipo inhibitorio, emitiendo lineamientos generales con alcances para todos los servidores públicos, de todos los niveles, cuando tenía que ser solamente para el presidente, y, dos, porque el Consejo General delegó a la Comisión de Quejas el dictado de la medida, cuando en la sentencia se le señaló que era el propio Consejo el que tenía que pronunciarse sobre ello. La Sala Superior refirió que hay casos que por sus particularidades, alcances, trascendencia o impacto deben ser conocidos por el Consejo General. (Asunto: SUP-REP-20/2021 y SUPREP-3/2021)
| Foto Gobierno de México
CCE llama al gobierno a fortalecer la infraestructura de transmisión y distribución de energía / Juan Carlos Cruz Vargas El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) hizo un llamado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para trabajar en conjunto y fortalecer la infraestructura de la red de transmisión y distribución de energía, así como el almacenamiento de combustible y gas. “La reciente emergencia eléctrica pone de manifiesto la urgente necesidad de mejorar la infraestructura de transmisión y concentrar los limitados recursos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en las actividades en las que es rentable y en las que tiene exclusividad, por ley y por vocación de servicio a los mexicanos, que son la transmisión y distribución”, puntualizó en un comunicado. Estas divisiones, añadió, son las más rentables de la CFE y las que pueden hacerla más fuerte financieramente. “En lo demás se pueden eficientar los recursos mediante colaboración con el sector privado”.
De acuerdo con el CCE, México no tiene capacidad de almacenamiento de gas natural, combustible con el que se genera el 60% de la energía eléctrica del país y que en su mayoría viene de Estados Unidos”. Y reprochó que al menos 20 proyectos de infraestructura de gas, que representan inversiones por 300 mil millones de pesos, están pendientes de aprobación. Esos proyectos, subrayó, representan 50 mil empleos directos e indirectos. Sobre la participación de empresas privadas, el organismo presidido por Carlos Salazar Lomelín pidió que se permita la competencia en generación de energía para asegurar abastecimiento y tarifas bajas para los usuarios. “La participación de empresas privadas, que ya han invertido más de 44 mil millones de dólares en generación, es el mecanismo probado para que bajen los costos y se beneficie a todos los mexicanos”, concluyó.
Agenda urbana
La vivienda en el Censo 2020 Fernando Granados
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ace algunas semanas se dieron a conocer los resultados del censo 2020 realizado por el Inegi para producir información sobre la dimensión, estructura y distribución espacial de la población del país y sus principales características socioeconómica y culturales, así como la cuenta y características de las viviendas en el país. ¿Cuáles son algunos de los resultados en materia de población y vivienda? Veamos. El país cuenta actualmente con una población de poco más de 126 millones de personas, es decir, 13 millones más que en 2010, de los cuales 51 por ciento son mujeres y 49 por ciento hombres. La edad media de la población es ahora de 29 años, considerablemente mayor que en las últimas dos décadas –en 2000 y 2010 la edad media era de 22 y 26 años, respectivamente-. Específicamente en Aguascalientes, la entidad cuenta con una población de aproximadamente 1.4 millones de personas, ocupando la posición 27 del país por número de habitantes. No obstante, Aguascalientes cuenta con la quinta tasa de crecimiento poblacional más alta del país, solo por debajo de Quintana Roo, Querétaro, Baja California Sur y Nuevo León; e incluso es la quinta entidad con mayor crecimiento demográfico e inmigración. Si bien lo anterior pudiera deberse a distintos factores, muy probablemente esté relacionado con el hecho de que Aguascalientes, aún con el 0.3 por ciento del territorio nacional y solo el 1.2 por ciento de la población, aporta 1.4 por ciento del PIB nacional y su economía ha crecido a tasas superiores a 7 por ciento en las últimas décadas. Por otro lado, el censo muestra que las ciudades del país, y especialmente las zonas metropolitanas, crecen cada vez más, de manera que solo diez de esas zonas concentran el 37 por ciento de la población nacional: Valle de México, Monterrey Guadalajara, Puebla-Tlaxcala, Toluca, Tijuana, León, Querétaro, Juárez y La Laguna. La tendencia hacia la metropolización es evidente, por ello es indispensable establecer marcos normativos e institucionales adecuados para gestionar de manera más eficaz las grandes ciudades y garantizar la provisión adecuada de los bienes y servicios necesarios para garantizar oportunidades de desarrollo y prosperidad para la población. En materia de vivienda, el país cuenta con un total de 35.2 millones de viviendas particulares habitadas, es decir, aproximadamente 13 millones más que 2000; mientras el promedio de habitantes por vivienda continúa en descenso, pues si bien en 2000 y 2010 ese promedio era de 4.4 y 3.9, respectivamente, actualmente es de 3.6 personas por vivienda, lo que sugiere que el tamaño de las vivienda por número de ocupantes es cada vez menor. ¿Qué implicaciones tiene esa disminución para la política de vivienda? ¿Crecerá la demanda de vivienda en ciudades o regiones a medida en que disminuye el número de ocupantes por vivienda? ¿Qué tipologías de vivienda serán necesarias para satisfacer la demanda, por ejemplo, de jóvenes que buscan adquirir o rentar una vivienda o adultos mayores que quizás buscan una vivienda que se adecúe mejor a sus necesidades? ¿Cómo financiar vivienda asequible y de mayor calidad para satisfacer esa demanda? Son solo algunas preguntas que valdría la pena analizar para definir estrategias más adecuadas de vivienda en los próximos años. Más aún, el censo muestra que actualmente 3.5 por ciento de las viviendas cuenta con pisos de tierra, mientras en 2010 esa proporción ascendía a 6.2 por ciento. Igualmente, 78 por ciento dispone de agua entubada dentro de la vivienda, 8 por ciento más que en 2010; mientras ocho de cada diez viviendas se encuentran conectadas a la red pública de drenaje. En el caso de Aguascalientes, solo 0.8 por ciento de las viviendas aún cuenta con piso de tierra, mientras casi 100 por ciento cuenta con energía eléctrica, 95 por ciento dispone de agua entubada y 97 por ciento está conectado a la red pública de drenaje. Los avances en la provisión de servicios en la vivienda en los últimos años, a decir por los resultados del censo, son evidentes, aún a pesar de la falta de acceso o cobertura en áreas rurales o urbanas de mayor marginación y de deficiencias en la calidad y confiabilidad de algunos servicios. Deberíamos reconocer que el país ha avanzado de manera positiva en la prestación de servicios básicos, y fortalecer los esfuerzos para seguir ampliando la cobertura y garantizar que éstos se prestan con mayor eficiencia y calidad. Finalmente, Aguascalientes cuenta con aproximadamente 463 mil viviendas particulares, de las cuales 60 mil, es decir, cerca del 17 por ciento del total, se encuentran deshabitadas. La entidad además presenta la quinta tasa más alta de crecimiento promedio anual de viviendas particulares habitadas, solo detrás de Quintana Roo, Querétaro, Nuevo León y Baja California Sur, pero además de vivienda nueva ¿qué puede hacerse para recuperar las viviendas deshabitadas o abandonadas? En ese rubro pueden existir oportunidades interesantes para los sectores público y privado para ampliar la oferta de vivienda y recuperar esos activos que actualmente pueden encontrarse subutilizados. Más adelante, en este espacio se discutirán algunas de esas oportunidades. fernando.granados@alumni.harvard.edu / @fgranadosfranco
