VIERNES 14 DE ENERO DE 2022
Lorenzo Córdova rechaza el plan de austeridad propuesto por el gobierno para el INE El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, señaló que el plan de austeridad presentado por el gobierno para realizar la consulta de revocación de mandato carece de sustentos técnicos e ignora cómo manejar un organismo autónomo. El gobierno federal acaba de descubrir "cómo abaratar el costo del INE”, manifestó al participar en el webinar La democracia en México, organizado por el PRD. “Acaban de descubrir cómo abaratar el costo del INE; pues hay que desenmascarar cuando estas propuestas están formuladas, pues digamos, sin ningún sustento técnico mínimo y alguna seriedad. Hay que evidenciar que, por ejemplo, quien hace estas propuestas desconoce cómo funciona el INE, porque se dice ‘ah, estamos en una propuesta sin afectar los derechos de los trabajadores sindicalizados del instituto’. Bueno, en el INE no hay sindicatos por definición en la ley”, explicó. Sin embargo, señaló que en el marco de su autonomía constitucional como órgano del Estado mexicano, el INE valorará en sus términos el contenido de ese documento. “Mientras tanto, continuará con sus obligaciones derivadas del mandato constitucional de organizar el eventual proceso de Revocación de Mandato, por pérdida de confianza, del presidente
Lorenzo Córdova | Cristian de Lira de la República", precisó el consejero presidente del INE. Ayer por la mañana, en la conferencia en Palacio Nacional, el secretario Adán Augusto López presentó el plan de austeridad del gobierno federal para que el INE pueda realizar con cabalidad el ejercicio, al margen de si obtiene o no una ampliación en su presupuesto por parte de la Secretaría de Hacienda. Dicho plan del gobierno plantea ajuste en sueldos, fideicomisos, gastos de celulares, viáticos y alimentos, con lo que se tendría una disponibilidad de 2 mil 972 millones de pesos para llevar a cabo la consulta, aún por debajo de los 3 mil 306 millones de pesos solicitados por el Instituto Nacional Electoral.
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INE formaliza petición a Hacienda de 1,738 mdp para revocación de mandato El Instituto Nacional Electoral (INE) hizo formal la solicitud de ampliación de presupuesto ayer por la mañana a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de 1,738 millones de pesos adicionales, para poder llevar a cabo el ejercicio de revocación de mandato, de acuerdo a la ley. Dicha solicitud fue aprobada el miércoles por el Consejo General del INE y se espera una respuesta a más tardar el 31 de enero, pues es necesario llevar a cabo todos los preparativos para el ejercicio y, a más tardar, la convocatoria se debe lanzar el 4 de febrero próximo. En la sesión del Consejo General del INE efectuada el miércoles pasado se informó que se hizo un nuevo ajuste a su presupuesto y logró generar mayor aho-
rro que le permite destinar más dinero a la revocación de mandato. El Consejo General del INE aprobó el miércoles pasado hacer a la Secretaría de Hacienda la solicitud correspondiente. Con esta decisión se acata la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que instruyó al instituto realizar y gestionar las adecuaciones necesarias a su presupuesto para garantizar el desarrollo de las actividades calendarizadas para la organización de la consulta de revocación de mandato. El INE difundió una tarjeta informativa en la que señala que ayer 13 de enero, a través del secretario ejecutivo Edmundo Jacobo, envió a la Secretaría de Hacienda el oficio dirigido al titular Rogelio Ramírez de la O, mediante el cual realiza la solicitud de recursos adicionales para la revocación de mandato.
Consejo General del INE | INETV
Debate electoral
El poder de tu voto Luis Fernando Landeros Ortiz
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urante una sesión llevada a cabo esta semana, la autoridad electoral local distribuyó el financiamiento que, por ley, gozan los partidos políticos dentro de nuestro sistema, tanto para sus actividades cotidianas como para aquellas que, derivado del proceso electoral en el que nos encontramos y por el que renovaremos la titularidad del Poder Ejecutivo local, requieren para los gastos de las actividades que realizarán durante las campañas electorales. He reiterado, en diversas ocasiones, y por diferentes medios, que el presupuesto asignado a partidos no entra dentro del presupuesto del Instituto Estatal Electoral, sino solamente para ser distribuido entre los partidos por medio de una serie de fórmulas que están determinadas desde su cálculo, contenidas en la ley. Esto es, el sostenimiento de los partidos políticos es a través de recursos públicos, otorgados por los gobiernos pues, bajo mecanismos establecidos, y la intervención de las autoridades electorales administrativas es simplemente el cálculo de las cifras y su puntual distribución mes con mes. Resulta interesante a ojos ajenos el mecanismo de financiamiento de las instituciones partidistas. Cálculos señalan que, entre 1989 y 2020, más de 83 mil millones de pesos han sido otorgados a los partidos políticos por financiamiento federal. Esta cantidad, estratosférica por donde se le vea, pareciera no haber sido suficiente, dados los escándalos en los que se han visto involucrados algunos entes por financiamiento al margen de la ley. El argumento principal sobre el que se funda el financiamiento público es la definición que da la Constitución federal sobre los partidos políticos como entidades de interés público que tienen como finalidad promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática
y contribuir a la integración de la representación en los órganos de gobierno. Lo más complicado viene a continuación, cuando dispone que deben contar con elementos para llevar a cabo sus actividades, mismas que se encuentran señaladas en el mismo cuerpo legal y sus derivados. Un aspecto relevante del texto constitucional es que no sólo prevé que los partidos posean elementos para sus fines, sino que estos deben ser proporcionados de manera equitativa, en la medida de lo posible. Esto es, la propia Constitución considera como parte fundamental del sistema electoral a los partidos políticos, pues considera que es el vehículo que permite el acceso de la ciudadanía al poder y que, dado su carácter de entidad de interés público, una suerte de híbrido entre un sujeto no dependiente de la administración pública, ni una empresa privada, obliga al propio estado a que le proporcione ciertas prerrogativas, entre otras, la del financiamiento público y tiempo en los medios de comunicación. Por ello, el financiamiento a los partidos se otorga año con año, sin importar si hay proceso electoral y, en todo caso, durante el año en el que hay campañas electorales, se les asigna un tanto más para sufragar esos gastos derivados. El cálculo de la bolsa de financiamiento a repartir entre los partidos se calcula multiplicando el número de potenciales votantes de la entidad con corte al 31 de julio del año previo al de la elección, por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). El monto obtenido será distribuido entre los partidos políticos que hubieran obtenido por lo menos el 3% de la votación en el proceso electoral anterior, en una proporción de 40-60, esto es: todos recibirán una cantidad igualitaria (equivalente al 40%) y una cantidad proporcional (del 60%) definida de acuerdo con el porcentaje de votos obtenidos en la más reciente elección. Es decir, todos parten de un piso igualitario, y la diferencia de lo que reciben está en su éxito electoral inmediato.
A partir de la definición de este financiamiento ordinario, determinado para las actividades cotidianas del partido, la legislación prevé que el 50% de esa cantidad total por partido, sea añadida, exclusivamente, para ser utilizada en la campaña electoral. En este caso sí prevé la participación de algún partido que, no habiendo obtenido el 3% de la votación, esté participando en el proceso electoral, con el fin de que no vea mermada su participación en la contienda. No se le proporcionan recursos ordinarios, pero sí los que se refieren a las campañas. Adicional a esos montos, se asignará un 3% del financiamiento ordinario para actividades específicas, esto es, una cantidad que deberá ser utilizada para tareas relativas a la educación, capacitación, investigación y divulgación editorial, cantidad que no debe confundirse con el monto a que se ven obligados los partidos a erogar como concepto a destinar para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. De esta manera se conforma el recurso que se otorga a los partidos políticos. Si bien año con año se discute la necesidad de adecuar los montos a una realidad más cercana a la que se vive en el resto de los sectores económicos, lo cierto es que el sistema, basado en la desconfianza, no ha encontrado un esquema mejor que el de la prevalencia del financiamiento público sobre el privado, otorgando a los partidos dinero proveniente de los impuestos de la ciudadanía, con el afán de que no se obtenga de fuentes ilícitas, y complementado por un robusto y eficaz sistema de fiscalización por parte del INE que ha permitido, hasta el momento, garantizar la participación ciudadana en los procesos electorales. En conclusión, nuestro voto no solamente determina quién ocupará los cargos en disputa, sino que, sabiéndolo o no, también definimos la existencia o no de los partidos, y hasta los recursos que se les otorgan. Así de grande es el poder de tu voto.
