LUNES 11 DE ABRIL DE 2022
11
Ley General de Movilidad pone una nueva jerarquía en la infraestructura vial Claudia Rodríguez Loera Patricia Mercado Castro, senadora del Congreso de la Unión, observó que las inversiones en infraestructura vial, a partir de que entre en vigencia la recién aprobada Ley de Movilidad, deberá tomar en cuenta, obligatoriamente, la nueva jerarquía: primero los más vulnerables, al referirse a los peatones, después de vehículo no motorizado (las bicicletas), seguido por el transporte público (ya que el 70% de la población del país se mueve por este medio), seguido por el de carga y al final el vehículo particular, junto con la motocicleta. “Todos tienen su lugar en la vía, pero hasta ahora el 70% de la inversión pública en el país ha sido para el vehículo particular, eso deberá de cambiar en cuanto a las prioridades del gasto de los recursos”, recalcó la legisladora. Observó que la nueva ley crea un sistema en el que se encuentran todas la entidades federativas, que no se basa en el punitivismo ni es demandante, ya que la estrategia nacional deberá de ser diseñada por el gobierno federal de la mano de los estados, al haber dos criterios mínimos en los que habrán de basarse: alcohol y velocidad.
Resaltó que al menos 3 niños mueren cada día en el país por atropellamiento, al ser la primera causa de muerte en personas de 1 a 24 años; además de que 9 de cada 10 hechos viales en donde pierden la vida las personas o hay consecuencias graves en la integridad física, son por las altas velocidades y porque los conductores vienen alcoholizados o con consumieron alguna otra sustancia. “Alcoholemia, límite de velocidades, uso de cascos de protección a motociclistas, sistemas de retención en los autos para niños hasta de 12 años, preferencia peatonal son algunos otros de los aspectos que habrán de considerase en los estados, ya que esta legislación es de complemento obligatorio al largo y ancho del país, por lo que aquellas entidades que aún no cuenten con una reglamentación en esta materia, deberán basarse en la mencionada ley general, y en el caso de aquellos que ya cuentan con una normativa, habrán de armonizarla a nivel estatal y municipal. La legisladora consideró que más que la inversión económica, esta ley implica implementar aspectos como los cruces seguros para los peatones; en cuanto a las licencias de manejo las autoridades se
verán obligadas a llevar un proceso que implique la aplicación de un examen, a fin de que hayan aspectos mínimos que los conductores deben saber. En cuanto a la aplicación de nuevas tecnologías en todas las acciones que se deban tomar en términos viales, Patricia Mercado explicó que no se trata de la implementación de las fotomultas, pues se integró debido a que los transportistas pidieron directamente que sus licencias fueran electrónicas, por lo que quedó esta solicitud en la ley, ya que al parecer es algo importante para este sector. Sin hablar específicamente de los problemas de vialidad de Aguascalientes, la senadora manifestó que generalmente en el país la infraestructura le da prioridad al uso del automóvil e incluso lo incentiva, por ello el objetivo de esta ley es crear un marco de convivencia y una nueva cultura de distribución y uso del espacio público. Otro aspecto que quedó en la ley, a propuesta de la Cámara de Diputados y por petición de los transportistas, quedó establecido que no se les gravara a los conductores en las casetas y se instaurara una cuota nacional; destacó que este tema podría traer controversias, pero por ahora ya está en la legislación.
Patricia Mercado Castro
BRAVUCONADAS
Y… ¿la ley es la ley? MARIO BRAVO
H
ace poco más de 5 mil años (nos alecciona la columnista de El Economista Tere Vale) por una intuición salvadora de nuestros antepasados, las comunidades humanas decidieron acordar mediante quién sabe qué método, qué está prohibido y qué está permitido para todos. Cuando se logró este sencillo, pero extraordinariamente útil acuerdo, nació la civilización. La historia de la civilización viene acompañada de la historia de la ley, desde sus orígenes caminan de la mano permitiéndose avanzar paso a paso. Lo logrado, lo hecho hasta ahora por todas las sociedades humanas, es el resultado inequívoco de su necesaria armonía y entendimiento. La cultura, la ciencia, la tecnología, la política, la organización social, el Estado, son producto de esta alianza. Así de simple. Fortalecer el conocimiento de la ley, su desarrollo y perfeccionamiento, su aplicación y respeto, son fundamentales para organizar el funcionamiento de las sociedades y los instrumentos garantes de su seguridad y convivencia, internas y externas. Parece un principio sencillo de entender, casi de sentido común (aunque a veces resulta ser el menos común de los sentidos), cuya comprensión y práctica, nos permitiría transitar con cierto orden en momentos complejos y, acaso, hasta desconocidos. Pero ¿a qué viene esta perorata sobre la civilización y las leyes? El miércoles 6 de abril pasado en su ya famosa conferencia mañanera, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, a la postre, presidente de México, en una más de sus diatribas contra la realidad rebelde que no entiende qué es la Cuarta Transformación, esta vez esa realidad personalizada en la figura de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin entender bien a bien eso de la separación de poderes, del respeto necesario al Poder Judicial de la Federación, se refirió a los magistrados como “abogados patronales”, los señaló con su consabida exquisitez, “si podía más el poder de las empresas que el del pueblo, y remató: “No me vengan con el cuento de que la ley es la ley”. De ese tamaño el presidente de la República.
En esa semana que recién terminó, el gobierno de la 4t se afanó, por dejarle claro a sus gobernados que para ellos, efectivamente, la ley es un cuento, cuando los preceptos legales no le convengan o no se ajusten a sus acciones o decisiones que impulsen en el sentido de su proyecto político. Así, el fin de semana anterior, observamos al flamante secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández y al comandante de la Guardia Nacional, general Luis Rodríguez Bucio, al senador morenista por Coahuila Armando Guadiana Tijerina y al mismísimo Mario Delgado, presidente en funciones del partido Morena, utilizar un avión de la Guardia Nacional para asistir en la ciudad de Torreón a un evento proselitista para promover la consulta de revocación (ratificación) de mandato de su jefe López Obrador. Violando sin el menor empacho la Constitución y diversas leyes (de revocación de mandato, electoral, de responsabilidades administrativas y un largo etcétera), además retando y faltando a la autoridad electoral en un marco de sobrada impunidad bajo la sobra presidencial. Ese mismo miércoles en el monumento a la Revolución, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, así como parte importante de su gabinete, entre ellos Martí Batres, secretario de gobierno del gobierno capitalino, la secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde, el coordinador de comunicación social de la Presidencia de la República Jesús Ramírez Cuevas, entre otros, soberbios con su poder, pasaron por encima del “cuento” de la ley, en un ejercicio al más puro estilo priísta de acarreo de personas, 80 mil dicen, para apoyar la participación en la consulta de la revocación. Otra muestra del “cuento” de la ley desde la perspectiva cuatroteista. Sin empacho ni pudor alguno, AMLO ya los había justificado. En ésta misma tónica, en el transcurso del inicio de la semana, el secretario del presidente Adán Augusto, visitó reiteradamente a los magistrados de la SCJN a fin de lograr la ansiada mayoría de esa instancia judicial para sacar adelante la ley Bartlett (esa ley si patriota
no neoliberal) en la sesión que tenía programada el jueves 7 el Poder Judicial. El secretario, si no ilegal, si desaseadamente, trató por todos los medios convencer a los reacios “abogados patronales” en su rol de magistrados en funciones de aprobar el dictamen a modo de la presidencia, a cambio de distintos favores. No lo logró. De los 7 jueces responsables ninguno cedió a los argumentos del hasta entonces secretario de gobernación, ahora abyecto empleado lopezobradorista, con todo y el honor que eso conlleva. El resultado de esa votación, aunque aparentemente favorable al presidente López, traerá, tal como quedaron los números, una cascada de amparos, y que seguramente la inmensa mayoría serán favorables a los quejosos, además que habrá que ver qué otros actores se mueven en ese sentido. Al momento de escribir este texto, se iniciaron las actividades relativas a la consulta ciudadana de revocación de mandato en todo el país. Manchado el proceso por las máximas autoridades de la federación y los gobiernos morenistas, el resultado de la participación ciudadana es incierto, lo que es seguro es que la no revocación será la triunfadora absoluta. El INE instaló 57,500 casillas, para atender a 92´805,424 ciudadanos con derecho a voto, de los cuales, para que el resultado sea vinculante con el propósito de la consulta, deberán votar 37.1 millones de ciudadanos, cosa que los especialistas ven muy difícil. En la consulta del año pasado, para juzgar a los expresidentes, participó sólo un 7.12% del padrón, en esta ocasión, optimistamente, hablan de un 15%. Veremos. Dependiendo del resultado, estará el humor de AMLO en la mañanera del lunes 11, en todo caso arengará contra el INE y algunos de sus consejeros. Al mismo tiempo arrancará el proceso legislativo para la votación de la reforma de la reforma eléctrica. Con todo, es fundamental hacerle saber a López Obrador, que sí, que en México, la ley es la ley. mario.bravo58@hotmail.com
