Las posturas binarias son incongruentes con la realidad y más cuando se hace referencia a cuestiones políticas. No es cierto que la sociedad humana sólo está compuesta por hombres y mujeres o buenos o malos, como tampoco en cierto que en las condiciones políticas solo existen dos posturas PAG. 2
D O X A
La seguridad es la demanda principal en Chiapas y en el país.
No es posible garantizar la inversión y el turismo bajo condiciones de inseguridad. Por eso las próximas vacaciones son el reto para cambiar el rostro de violencia, y presentar en la entidad el clima de seguridad y estabilidad que las circunstancias obligan.
Los nueve reos arribaron al Aeropuerto Internacional de Tapachula a bordo de un avión Boeing 727 de la Guardia Nacional, con matrícula XCNPF
Toman acciones por alerta de viaje emitida por Canadá
EVENTO
Realiza IEPC premiación de certamen “El derecho a la no discriminación”
EDITORIAL
La alternativa política
Las posturas binarias son incongruentes con la realidad y más cuando se hace referencia a cuestiones políticas. No es cierto que la sociedad humana sólo está compuesta por hombres y mujeres o buenos o malos, como tampoco en cierto que en las condiciones políticas solo existen dos posturas, como se pretende hacer creer en la situación actual en México en donde existe un discurso oficial que solo considera que hay la transformación impulsada por Morena o el PRIAN o bien continuar con el segundo piso de esa transformación o retornar al pasado, cuando entre esos dos polos existen alternativas políticas que promueven la democratización del país y le apuestan a una transformación radicalmente opuesta a la impulsada por Morena que entraña la reproducción de la cultura priista, por eso la vigencia actual de la corrupción y las prácticas autoritarias en la toma de decisiones.
La alternativa política siempre se construye sobre la existencia de dos extremos que actúan con desmesura y más si esta desmesura de las partes actúa en contra del orden instituyente, en el que se construyen
narrativas antagónicas y contradictorias que ocasionan confusión en la población, como viene sucediendo en el país, en donde el discurso oficial construye la narrativa que todos los opositores del gobierno son de derecha y en ocasiones utilizan el término ultraderecha, o bien el grito de protesta que ya generalizó el señalamiento de que en México prevalece un narcoestado. En realidad, es falso que todos los opositores son de derecha, muchas figuras de izquierda, intelectualmente relevantes, no están de acuerdo con las prácticas autoritarias que reproducen el viejo régimen y que ponen en riesgo a la sociedad plural que con mucha sangre se consiguió construir. De la misma manera, resulta inadecuado hablar de un narco estado, que involucra instituciones, territorio y población, cuando precisamente existen sectores que se oponen al dominio del crimen organizado que éste busca imponer en la sociedad, en donde a la vez existen autoridades de los diferentes niveles, grupos de militares y jueces y magistrados dando la lucha en contra de esta forma de dominación del crimen organizado.
Buscar aplastar todo movimiento opositor o suprimir el pluralismo
político de la sociedad, representa un camino inadecuado y contradictorio para la vida democrática que se nutre precisamente en la lucha y el respeto a los contrarios y en la expresión libre de todas las formas de pensamiento, como parte de la riqueza social de la humanidad.
La falta de respeto y protección a las minorías, pone en entredicho a cualquier proyecto de democracia, en virtud de que la violación a losa derechos de las minorías abre paso al problema ocasionado por la tiranía de las mayorías que deben de tener establecidos límites y que en estos momentos en México no existen límites de esta mayoría y mucho menos límites al poder presidencial. Un ejemplo claro de este avasallamiento a un movimiento opositor y de búsqueda de silenciamiento del pluralismo político se vivió en la reciente marcha convocada inicialmente por el colectivo anónimo de la Generación Z, que nunca tuvo el respetado ni la protección del gobierno y por lo tanto no le proporcionó las garantías de seguridad. No hubo respeto a esta marcha, en virtud de que el gobierno interfirió y obstruyó su realización, a grado tal que desde la conferencia mañanera la presidenta hizo público
los nombre y rostros de presuntos convocantes de la marcha, y fustigó con la fuerza del Estado a presuntos responsables como Ricardo Salinas y Claudio X González, incluso habló de una aportación de 90 millones de pesos para su organización. La presidencia violó la obligación de respeto y garantía del Estado a los convocantes de la manifestación, y creó un ambiente de violencia con grupos de choque infiltrados por el, propio gobierno cuya finalidad es la de provocar disturbios y ahora busca procesar a jóvenes detenidos en esta manifestación con delitos fabricados que además violentan disposiciones internacionales sobre el derecho a la protesta, que establecen que no se puede criminalizar la protesta como se viene realizando. La presidencia aún tiene un margen amplio para construir alternativas políticas y abandonar la cultura priista. Las presiones internacionales cada vez más amenazantes y la presencia del crimen organizado que ha permeado estructuras del gobierno y del partido gobernante obligan a construir alternativas políticas, que permitan abandonar prácticas que dividen al país y que reproduce un discurso binario a todas luces falso.
DIRECTOR GENERAL José Adriano Anaya DISEÑO EDITORIAL Franni Gudiel A.C
electrónico:
Nueve reos de alta peligrosidad son trasladados al Cefereso de Villa Comaltitlán, Chiapas
Gabriela Coutiño
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro)
Un grupo de nueve internos catalogados como de alta peligrosidad fueron trasladados este miércoles desde el centro del país hacia el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 15, ubicado en el municipio de Villa Comaltitlán, en la región del Soconusco, informaron fuentes de seguridad federales.
Este movimiento penitenciario ocurre a menos de dos meses del último operativo de este tipo. En septiembre pasado, otro grupo de 30 reclusos sentenciados por delincuencia organizada y presuntamente vinculados al Cártel de Sinaloa fue ingresado al mismo Cefereso, reforzando el papel de este penal como centro estratégico para la reclusión de internos de alto perfil criminal. Los nueve reos arribaron al Aeropuerto Internacional de Tapachula a bordo de un avión Boeing 727 de la Guardia Nacional, con matrícula XC-NPF. Tras su llegada, fueron inmediatamente transportados en vehículos blindados y bajo un am -
Toman
Manuel Jiménez
Los nueve reos arribaron al Aeropuerto Internacional de Tapachula a bordo de un avión Boeing 727 de la Guardia Nacional, con matrícula XC-NPF
plio dispositivo de seguridad hacia el penal federal situado a unos 60 kilómetros de la cabecera municipal de Villa Comaltitlán.
De acuerdo con los reportes, en el operativo participaron elementos de Custodia Federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudada-
na, así como personal de la Guardia Nacional, quienes desplegaron un cerco de seguridad terrestre y aéreo para garantizar el traslado.
acciones por alerta de viaje emitida por Canadá
Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Reporte Ciudadano)
Frente a la reactivación de la advertencia de viaje para Chiapas emitida por el gobierno de Canadá, la Secretaría de Gobierno del estado anunció que buscará mecanismos de diálogo y mediación con las autoridades de ese país, afirmó la titular de la dependencia, Dulce María Rodríguez Ovando.
En entrevista, la funcionaria reconoció el potencial impacto de esta medida en la ampliación de rutas turísticas hacia destinos como Ocosingo y la costa, en vísperas de la temporada vacacional de diciembre. “Ya se está trabajando en eso”, aseguró, al referirse a las acciones preventivas para mitigar cancelaciones y proteger al sector.
Al ser cuestionada sobre la postura del gobierno estatal, Rodríguez Ovando reiteró el compromiso de proteger a todos los visitantes, alineándose con el discurso “humanista” del gobernador Eduardo Ramírez.
Respecto a los índices delictivos, la secretaria afirmó que Chiapas
mantiene una tendencia a la baja en delitos de alto impacto, ubicándose, junto con Yucatán, como uno de los estados más seguros del país según cifras nacionales. No obstante, admitió que la violencia intrafamiliar representa un “tema que nos adolece”, sobre el cual también se está trabajando.
Sobre la estrategia de seguridad, confirmó la coordinación con los 30 municipios con mayor incidencia delictiva, luego de una reunión sostenida entre el fiscal general y los alcaldes. “Estamos trabajando con estos municipios para tener la buena coordinación y de inmediato cualquier situación, tener ese apoyo desde la Secretaría de Gobierno”, explicó.
En materia penitenciaria, y tras ser cuestionada sobre la posible saturación carcelaria con más de 4 mil detenidos, la secretaria señaló que existe un comité revisando casos para posibles liberaciones, similares a las realizadas en mayo pasado, aunque sin comprometer una fecha concreta para diciembre.
Atención a Madres Buscadoras y
Foco en Berriozábal
Al abordar la problemática de las madres buscadoras, cuya titularidad anterior fue en la Secretaría de la Mujer, Rodríguez Ovando mencionó que ha habido avances tras diversas pláticas con la Fiscalía General del Estado. “Estuvimos en pláticas con el fiscal el día de ayer por eso y sí hay avances”, afirmó, comprometiéndose
a dar a conocer lo pertinente. Finalmente, en relación con las desapariciones focalizadas en la región centro, específicamente en el municipio de Berriozábal, la secretaria informó que se están reforzando operativos de seguridad en ese perímetro, que incluye también a Cintalapa y Jiquipilas, para lograr una presencia “más permanente”.
Bebidas tradicionales de Chiapas: identidad, sabor y espiritualidad
Primer Plano Magazine
Noé Juan Farrera Garzón.
En Chiapas, las bebidas tradicionales no solo refrescan y acompañan los días festivos, también son un símbolo vivo de identidad cultural, memoria histórica y espiritualidad. Cada sorbo guarda la herencia de los pueblos originarios y su relación con la tierra, el maíz y la naturaleza.
El pozol, elaborado a base de masa de maíz disuelta en agua y mezclada con cacao o sola, es quizá la bebida más emblemática del estado. Considerada alimento líquido por su capacidad de saciar el hambre y refrescar, aún es popular entre campesinos que la consumen en el campo para soportar largas jornadas de trabajo.
Aunque es profundamente chiapaneca, también se consume en Tabasco, Campeche y Oaxaca, donde existen variantes con miel, leche o frutas, lo que da cuenta de su arraigo en la cultura del sureste mexicano.
Por su parte, el comiteco es un licor artesanal elaborado a partir del agave endémico de Comitán de Domínguez. Esta bebida ancestral se distingue por su sabor suave pero con carácter, que combina notas dulces y herbales, ideal para acompañar celebraciones y rituales comunitarios.
Actualmente, cuenta ya con la distinción de la Indicación Geográfica, lo que permitirá proteger y consolidar su valor cultural y económico como un orgullo comiteco, que la identifica como producto procedente de un lugar geográfico concreto, cuya calidad, reputación u otra característica, se debe fundamentalmente a ese origen comiteco.
El tascalate, mezcla de maíz
El pozol, elaborado a base de masa de maíz disuelta en agua y mezclada con cacao o sola, es quizá la bebida más emblemática del estado. Considerada alimento líquido por su capacidad de saciar el hambre y refrescar, aún es popular entre campesinos que la consumen en el campo para soportar largas jornadas de trabajo
tostado, cacao, achiote y canela, se sirve frío como bebida energética y refrescante. Más allá de su sabor, mantiene una estrecha conexión con la cosmovisión del maíz como alimento sagrado de las civilizaciones mesoamericanas. Para muchos pueblos indígenas, cada taza de tascalate es una forma de reafirmar la espiritualidad y el vínculo con el origen del maíz, símbolo de vida y subsistencia.
Entre las bebidas de mayor carga simbólica se encuentra el posh o
Eduardo Ramírez participa en reunión encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum
De la Redacción Ciudad de México (Tribuna)
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar participó en una reunión de trabajo encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional, donde se analizaron temas prioritarios en materia de seguridad, salud, educación e infraestructura.
Tras el encuentro, en el que también estuvieron presentes gobernadoras, gobernadores e integrantes del gabinete federal, el mandatario agradeció a la presidenta el respaldo que brinda al estado mediante acciones y programas orientados a fortalecer el bienestar, el desarrollo y la prosperidad del pueblo. “¡Con su apoyo, estamos transformando a Chiapas!”, manifestó.
pox, destilado de maíz de origen tsotsil. La palabra pox significa “medicina”, y desde tiempos ancestrales ha sido utilizada en ceremonias religiosas, rituales espirituales y prácticas de sanación.
Su presencia en comunidades de los Altos de Chiapas es vital, pero en los últimos años ha alcanzado gran popularidad como bebida de degustación y coctelería, llevando consigo la esencia de la cultura tsotsil al mundo contemporáneo.
La identidad culinaria de Chia -
pas está profundamente marcada por estas bebidas, que no solo representan sabores únicos, sino también símbolos de resistencia cultural y de unión comunitaria. Tal como ocurre con otras bebidas tradicionales de México que dan identidad a sus regiones, como el mezcal en Oaxaca o el tequila en Jalisco, Chiapas encuentra en el pozol, el comiteco, el tascalate y el posh, una manera de mantener vivas sus raíces y proyectarlas al turismo cultural y gastronómico.
No hay que tratar a las mujeres indígenas como víctimas, sino como protagonistas: Rigoberta Menchú
De la Redacción
Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)
“
No hay que tratar a las mujeres indígenas como víctimas, sino como protagonistas”, dijo expresó Rigoberta Menchú Tum, activista y Premio Nobel de la Paz 1992 en el marco de la Primera Convención “Por los Derechos de las Mujeres de la Nueva Era en la Educación”.
Menchú Tum, consideró que la Nueva ERA no solo contempla los sueños y aspiraciones de los seres humanos; los invita a reconciliarse, a reencontrarse con su pasado para comprender el presente y, desde ahí, dejar una huella en el corazón de la humanidad.
En consonancia con el proyecto de transformación educativa inspirado en el Lekil Kuxlejal (Buen Vivir), la Secretaría de Educación inició esta convención bajo el deber moral de coadyuvar desde todos los espacios hacia el reconocimiento, promoción y defensa de los derechos de las mujeres desde los espacios educativos.
El encuentro reunió a ponentes de talla internacional como: Gabriela Polo Herrera, colaboradora del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en México; Margarita
De la Redacción
Tuxtla Gutiérrez, Chis. (Tribuna)
Con la participación de las juventudes concursantes, en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana se llevó a cabo la ceremonia de premiación del concurso juvenil de cartel “El derecho a la no discriminación”.
En el acto realizado en la Sala de Sesiones del Consejo General, estuvieron presentes la consejera presidenta, Marina Martha López Santiago; Teresa de Jesús Alfonso Medina, consejera electoral y Presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad de Género, No Discriminación y Atención a Grupos en situación de Vulnerabilidad, organizadora del certamen; la consejera Gloria Esther Mendoza Ledesma, integrante de dicha comisión; las consejeras María Magdalena Vila Domínguez, Helena Margarita Jiménez Martínez y el consejero Edmundo Henríquez Arellano.
La consejera presidenta, Marina Martha López Santiago, reconoció la creatividad, sensibilidad y compromiso de las juventudes que participaron en el concurso. A través del arte, dijo, “buscamos promover una reflexión profunda sobre la igualdad,
Menchú Tum, consideró que la Nueva ERA no solo contempla los sueños y aspiraciones de los seres humanos; los invita a reconciliarse, a reencontrarse con su pasado para comprender el presente y, desde ahí, dejar una huella en el corazón de la humanidad
Luna Ramos, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y vicepresidenta de la Barra de Directoras de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas; y Rigoberta Menchú Tum, activista y Premio Nobel de la Paz 1992. Todas compartieron reflexiones desde los ámbitos educativo, social y cultural, destacando los retos y avances en la lucha por los derechos de las mujeres.
Menchú, durante su ponencia denominada “El derecho humano
de las mujeres indígenas a la educación”, compartió su visión sobre la urgencia de reconocer y fortalecer los derechos de los pueblos indígenas. Destacó que, en el marco de la transformación educativa en Chiapas, se honra una de las enseñanzas más valiosas de la cultura mayense: transmitir los saberes, principio esencial en la gestión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar. “Ninguna letra nos hace daño; por el contrario, todas las letras nos abren
las puertas del conocimiento. A través de ellas entendemos el pensamiento global. Por eso, invito a nuestras hermanas y hermanos indígenas a apoyar este programa de alfabetización”, añadió al referirse a “Chiapas Puede”. Resaltó los avances que permiten a mujeres indígenas aprender a leer y escribir como un acto de justicia educativa, dignificación y esperanza social, sin distinción de origen, condición o género. Subrayó también la fuerza de su sentido colectivo, sus propios sistemas de derecho, su forma de pensar y de ver el mundo, raíces que fortalecen el liderazgo de las mujeres que hoy se abren paso a través del conocimiento.
Estos esfuerzos reflejan el compromiso de la Secretaría de Educación, bajo la dirección de Roger Mandujano Ayala, con la filosofía del Lekil Kuxlejal: un Buen Vivir construido desde la justicia, la equidad y una educación intercultural que respeta, honra y se adapta al contexto de cada comunidad.
Realiza IEPC premiación de certamen
“El derecho a la no discriminación”
el respeto y la inclusión en Chiapas, pues la no discriminación es un derecho humano fundamental”. Subrayó que, sin inclusión plena, no puede existir una democracia verdadera, y su ardua participación impulsa a seguir construyendo espacios donde las juventudes sean siempre las protagonistas.
Por otra parte, la consejera Teresa de Jesús Alfonso Medina agradeció a las juventudes participantes que hicieron posible este ejercicio de expresión y divulgación. Al generar esta convocatoria, explicó, “el IEPC busca activamente incentivar la participación ciudadana y promover mensajes fuertes y contundentes a favor de la igualdad y la no discriminación; con orgullo vemos que estos trabajos reflejan habilidad artística y capacidad de construir un mensaje poderoso que promueve la inclusión y sigue sumando voces”.
A nombre del jurado calificador, conformado por Andrea Gómez Meza, Damaris Disner, Luz Martínez Jiménez, Solmarena Torres Aguilar
y María Antonieta Valera de la Torre, quien reconoció al IEPC por abordar la discriminación, “un tema que nos interpela sobre nuestros prejuicios y que requiere de un sentido crítico para ser plasmado”. Consideró que el ejercicio es vital, porque la discriminación es la raíz de muchos tipos de violencia y el concurso ayuda a concientizar y prevenir esos casos. Respecto a la premiación, en la categoría juvenil, el tercer lugar fue para Valentina de la Cruz; el segundo lugar para Celeste María Estrada Salazar y el primero lo obtuvo Luna Balam Peña González. En la categoría juvenil plus,
el tercer sitio lo obtuvo Dayanne Maureen Rodríguez Galicia; el segundo Paula López Zavaleta y en primer lugar José Carlos Cruz Balbuena.
Estuvieron presentes el secretario ejecutivo del IEPC, Guillermo Arturo Rojo Martínez, representantes de partidos políticos, personal del IEPC y familiares de las juventudes participantes.
Las obras ganadoras fueron presentadas y explicadas al público presente y posteriormente se colocarán en el “Pasillo de la democracia ilustrada”, donde quedarán exhibidas de manera permanente.
Las 83 denuncias presentadas por Carlos Manzo siguen su curso: fiscal
Dalia Martínez MORELIA, Mich. (apro)
Luego de darse a conocer la detención de Jorge Armando N., presunto autor intelectual del crimen de Carlos Manzo Rodríguez, el fiscal del estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, dijo que hay 83 denuncias penales y administrativas que fueron presentadas por el alcalde y que siguen su curso pese a su muerte.
Una de las denuncias es sobre un presunto desfalco millonario en las arcas del Ayuntamiento de Uruapan que habría sido ocasionado por exfuncionarios municipales del periodo 2021-2024, encabezado por el morenista Ignacio Campo.
Las 83 denuncias administrativas están siendo investigadas, dijo el fiscal, y están en proceso ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción y ante la Auditoría Superior del estado y la federación.
Torres Piña precisó que antes del
Gabriela Hernández PUEBLA, Pue. (apro)
El juez Sexto de Distrito en materia civil, Francisco René Olivo Loyo, admitió dos juicios de amparo indirecto iniciados por funcionarios de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) contra notas sobre presuntos actos de corrupción que fueron publicadas en cuatro medios de comunicación de Puebla.
Como parte de estas demandas, el juez concedió la suspensión provisional por lo cual ordenó a los medios de comunicación y a cuatro periodistas que se “abstengan de emitir cualquier pronunciamiento, manifestación o declaración pública de imputaciones que afecten la honorabilidad, dignidad y privacidad” de los quejosos.
El juzgador hace referencia a “las restricciones legítimas del derecho a la información de la sociedad” y a que no se puede sostener el interés público, “únicamente” porque se trata de personas que ocupan un cargo en una universidad pública, “pues ese mayor nivel de injerencia no puede estar por encima de su derecho a la vida pública y al derecho de honor”.
Esto, aunque una de las demandantes es Eloína N. representante de la delegación sindical D-III-3 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)? Sección 23 y el otro es Marco Antonio N., jefe Administrativo la Unidad 211 de la UPN. ??
El Comité Ejecutivo Nacional Democrático del SNTE en Lucha y el Consejo Democrático Magisterial Poblano emitieron un pronunciamiento en el que califican estas demandas de amparo como un “intento de censura judicial”. “La suspensión provisional otorgada
asesinato de Carlos Manzo se requirió mayor información al gobierno municipal para ampliar las demandas y la documentación de los casos, con el fin de seguir la investigación, pero ya no fue entregada.
Las denuncias presentadas por Carlos Manzo Rodríguez eran contra varios exfuncionarios, ya que se habían detectado casos de licencias sin pagar y documentación ilegal, entre otras irregularidades, las cuales el fiscal calificó como un “desfal-
co millonario”. Celebró, en este sentido, la detención de los implicados en el crimen del expresidente municipal y reiteró que aún no está cerrado el caso.
Piden investigar a Leonel Godoy y a Raúl Morón
Por su parte, el diputado local Carlos Bautista Tafolla, miembro activo del Movimiento del Sombrero, aseguró que, aunque se dio la detención del presunto autor intelectual de Carlos Manzo, “esta no
es una respuesta satisfactoria”, e insistió en que sean investigados el diputado Leonel Godoy Rangel y el senador Raúl Morón Orozco.
El diputado independiente insistió en sus redes sociales que “la línea de investigación es de orden político”, porque “esto es un crimen de estado” y Carlos Manzo los señaló públicamente como personajes “de cuidado”, dijo.
Por su parte, el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, llamó a “no limitar la pacificación a solo discursos” y pidió que autoridades integren a la Iglesia al plan estatal de pacificación.
“Si confrontamos no construiremos la paz”, dijo, y reiteró que su función es mantener una postura conciliadora: “El papel de la Iglesia es reconciliar ante el clima de tensión que vive el estado tras las recientes manifestaciones”, y afirmó que corresponde a la población evaluar si las decisiones del gobierno benefician o no al pueblo.
Juez concede suspensión provisional que censura a cuatro medios de comunicación de Puebla
por el Juez del Sexto Distrito en Puebla, que pretende limitar la difusión de información sobre presuntos actos de corrupción en la UPN, constituye un grave precedente contra el ejercicio periodístico y el derecho del ciudadano a estar informado. Esta acción judicial representa una forma de intimidación institucional que vulnera el principio de rendición de cuentas en el ámbito educativo”, sostuvieron.
Igual, el abogado Arturo Mendoza, asesor de uno de los medios demandados, afirmó que la suspensión dictada por el juez representa un acto de censura previa, lo cual está explícitamente prohibido en el artículo 7º ?constitucional.
A la letra ese artículo dice: “Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta”.
LAS NOTAS
Los medios de comunicación demandados son e-Consulta, La Jornada de Oriente, Ángulo 7 y Mundo Nuestro, así como los reporteros Kara Castillo, Martín Hernández, Natalia Romero y el columnista Gerardo Pérez Muñoz, quienes fueron notificados como “autoridades responsables” junto con el director de Formación Docente de la Secretaría de Educación Pública de Puebla. ?
Representantes legales de los medios y periodistas que firman las notas y colaboraciones fueron citados por el juez el 24 de noviembre para la audiencia constitucional del juicio de
amparo indirecto.
Las notas fueron publicadas a principios de septiembre de este año luego de una rueda de prensa que ofreció la maestra Gabriela Molina para denunciar actos de represión y acoso en su contra por parte de directivos de la UPN. Molina señaló que el hostigamiento surgió a partir de que ella y otros maestros documentaron la asignación de plazas en esa Universidad, sin examen de oposición, a directivos, representantes sindicales y allegados que no cumplen con los requisitos que marca el decreto de creación de la UPN.
La primera demanda de amparo por las notas publicadas fue interpuesta por el director de la unidad 211 de la UPN, Javier Mauleón Mntero, aunque ésta no prosperó.?
El mismo formato fue usado por otros dos funcionarios de esa institución para demandar el amparo de la justicia al asegurar ser víctimas de “lawfare” (guerra legal) por parte de la dirección de Formación Docente de la SEP y de los cuatro medios, sin abundar cómo es que esto se configura.
Y hay informes que señalan que existen otras cuatro o seis demandas presentadas por otros directivos de la UPN bajo los mismos argumentos. En los escritos los quejosos dicen haber sido sometidos al escarnio público por las notas divulgadas.
Ángulo 7, uno de los medios demandados, informó que en el Juicio de Amparo indirecto 1726/2025-IXC, el juez argumenta que, en este caso particular,?la libertad de expresión
entra en “conflicto con el derecho al honor o reputación de una persona o personas”.?
Dictaminó que?el demandante no tiene el “carácter de figura pública, ni ejerce el periodismo”.?Por esa razón,?no puede ser “sometida a la opinión y crítica de terceras personas”?ya que es una?injerencia a su privacidad como persona sin proyección pública”, abundó el medio.
El Comité Ejecutivo Nacional Democrático del SNTE en Lucha y el Consejo Democrático Magisterial Poblano mencionaron que la determinación del juez se contrapone a la Constitución, a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y acuerdos internacionales signados por México como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y otros.
En ese sentido exigen que se retiren las demandas de amparo y piden a organizaciones defensoras de derechos humanos, gremios periodísticos y comunidades académicas que se pronuncien en defensa de la libertad de expresión y del libre ejercicio periodístico que se ve amenazado por este tipo de acciones judiciales.
Agencia Reforma Ciudad de México. (Tribuna)
Durante la marcha de la Generación Z, los gobiernos federal y de la Ciudad de México violaron protocolos de protección civil y los estándares internacionales para garantizar el derecho a la protesta, denunciaron integrantes de Somos México.
De acuerdo a dichos estándares avalados por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Gobierno debió ser neutral ante la convocatoria de la marcha de la Generación Z, proteger especialmente a niños, mujeres y jóvenes, no criminalizar a quienes participan en la protesta y generar las condiciones para que la movilización pudiera desarrollarse.
Guadalupe Acosta Naranjo, quien dijo haber participado en más de 30 movilizaciones como dirigente político, sostuvo que por la forma en que se cercó el Zócalo con vallas metálicas de cuatro metros de altura, no hubo las garantías para que se respetara el derecho a la protesta, a lo que está obligado el Gobierno mexicano.
Además, expuso, el Gobierno de Clara Brugada se olvidó de las medidas de protección civil que suelen exigirse en concentraciones masivas y que ofrecen seguridad a los asistentes.
Acosta citó que la publicación “La protección del Derecho a la Protesta. Estándares Internacionales de Derechos Humanos”, publicado en 2021 por la Secretaría de Gobernación y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, explica las obligaciones del Gobierno respecto a dar garantías para que las protestas puedan llevarse a cabo.
“El Gobierno de la Ciudad y el Gobierno federal no solamente deben de ser garantes de la libertad de expresión, sino de crear las condiciones para que los ciudadanos ejerzan sus derechos con seguridad”, explicó.
Dicha publicación tuvo la participación de Alejandro Encinas como entonces subsecretario de Derechos Humanos en Gobernación, en cuyo prólogo cita que la garantía del derecho a la protesta impone a las autoridades la obligación de respetar su pleno ejercicio, estableciendo las condiciones adecuadas para su disfrute pleno.
“Esto incluye la protección ante
De la Redacción Ciudad de México (apro)
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó amparar a Grupo Elektra contra una multa de 67 millones de pesos que le fue impuesta por la Secretaría de Hacienda por declarar pérdidas fiscales mayores a las que realmente sufrió en el año 2012. La sentencia emitida este miércoles se suma a las siete resoluciones en las que Grupo Salinas fue condenado a pagar sus créditos fiscales que suman más de 48 mil millones de pesos. El proyecto, presentado por la ministra Lenia Batres, fue avalado con seis votos de sus compañeros en el ple-
Gobierno violó estándares de derecho a protesta, advierten
cualquier amenaza o agresión a quienes ejercen su derecho a la protesta.
“La protesta debe asumirse como factor de cambio, como expresión de la diversidad cultural y política de toda sociedad contraria al monolitismo y la unilateralidad”, expuso Encinas al explicar que la publicación tenía por objetivo ayudar a los servidores públicos a conocer sus obligaciones ante el derecho de las personas a manifestarse.
En el documento se indica que, frente a la libertad de reunión pacífica, los Estados tienen la obligación de respetar, proteger, garantizar y promover su ejercicio.
“Sobre la obligación de respetar, los Estados están obligados a no interferir en una reunión pacífica sin justificación legítima para ello y también a no sancionar a los participantes u organizadores por el solo hecho de ejercer su derecho a la libertad de reunión, así como a no descalificar o criticar a la protesta pacífica, ni a sus participantes”, se advierte en el documento.
“Existe una presunción general respecto al carácter pacífico de una manifestación. El comportamiento violento de algunos individuos o actos esporádicos de violencia no tienen por consecuencia la pérdida del carácter pacífico de una manifestación”.
Agrega que el respeto a la protesta pacífica es un auténtico indicador de la actuación del Estado, porque evidencia la forma de gestión de las autoridades y la posibilidad de acceso que tienen las personas a los espacios públicos.
“Por ello, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha reco-
nocido que las manifestaciones pacíficas pueden contribuir al pleno disfrute de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y ha señalado que no deben considerarse una amenaza y, por consiguiente, (alienta) a todos los Estados a entablar un diálogo abierto, incluyente y fructífero al afrontar las manifestaciones pacíficas y sus causas”, menciona la publicación auspiciada por Gobernación en el sexenio pasado y que tuvo la participación de la Fundación Heinrichh Böll.
Los Estados también están obligados a promover el derecho de reunión pacífica y, para su cumplimiento, las autoridades deben reconocer expresamente la legitimidad del ejercicio del derecho a la protesta y su importancia para una sociedad democrática.
Las autoridades deben abstenerse de realizar actos de descalificación, estigmatización o crítica ilegítima a las personas o grupos que participan en una reunión pacífica y condenar todo acto de agresión o intimidación contra quienes ejercen libremente su derecho de reunión pacífica, señalan los estándares de actuación ante una manifestación.
“Las reuniones pacíficas pueden ser inherente o deliberadamente disruptivas, característica que requiere tolerancia por parte de las autoridades”, se puntualiza.
“Asimismo, se debe fomentar la comprensión sobre dicho carácter de la sociedad en su conjunto, para lo cual las autoridades deberán llevar a cabo las acciones de comunicación y sensibilización necesarias, además de
abstenerse de realizar acciones o declaraciones que alienten o contribuyan a la confusión sobre el derecho de reunión pacífica o a la estigmatización de quienes lo ejercen”.
Acosta consideró que lo establecido en ese documento fue incumplido por la Presidenta Claudia Sheinbaum, ante la postura que tomó contra la marcha, el ataque a sus convocantes y participantes.
Ejemplo de ello, destacó, es que con los muros metálicos que rodearon la plancha del Zócalo se permitió un solo acceso por la calle Cinco de Mayo.
Al organizar una marcha, dijo, lo primero que exigen las autoridades es cuidar los temas de seguridad.
“Cuando tú haces una sola entrada al Zócalo por Cinco de Mayo, cuando pones vallas de concreto para ir obligando a la gente a entrar por un solo lugar, y solamente tienes un lugar de desalojo y de salida. Con eso que sucedió, hubo riesgos de estampida, hubo riesgo de que la gente se pisoteara entre ellos, porque tiraron cohetes con una gran estruendo, hizo que todo mundo saliera corriendo a decir ‘están reprimiendo, están empezando a tirar gases’.
“Fue una irresponsabilidad, que por suerte no ocurrió en una tragedia mayor, pero ellos violaron todos los protocolos que el Gobierno tenía la obligación de ejercer, de cuidar, de hacer”, refirió.
Uno de los aspectos que se cuidan cuando hay una manifestación en el Zócalo, mencionó, es que haya pasillos o caminos libres, para que puedan entrar servicios de urgencia cuando sea necesario.
Eso no se procuró tampoco a la hora de cercar el Zócalo capitalino, advirtió, con el argumento de que se buscaba proteger de vandalismo al Palacio Nacional.
Amado Avendaño, también integrante de Somos México, recordó que al organizar concentraciones en el Zócalo, cuando fueron convocadas por organizaciones de la “Marea Rosa”, con un mes de anticipación se debían cubrir exigencias de protección civil.
La SCJN desecha amparo de Grupo Elektra y lo obliga a pagar multa de 67 millones de pesos
no, con lo que fue revocado el amparo que le había sido concedido a Grupo Elektra por un Tribunal Colegiado contra la multa.
El proyecto de Batres Guadarrama estaba pendiente de discusión desde hace un año, pues Grupo Elektra había impedido, hasta ahora, que la ministra pudiera presentarlo afirmando que tenía una enemistad manifiesta contra el empresario Ricardo Salinas Pliego. Los ministros que votaron en contra del proyecto consideraron que en
realidad no había un tema de constitucionalidad en el recurso de revisión tramitado por el SAT, por lo que el asunto debía ser desechado y, con ello, de todos modos habría quedado confirmado el amparo que evitaba que Grupo Elektra pagara la multa. Este miércoles, la Corte tenía previsto discutir dos recursos más relacionados con un amparo tramitado por Total Play, empresa de Salinas Pliego, contra un crédito fiscal de más de 621 millones de pesos.
Sin embargo, a petición del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, quedaron en lista para realizar un análisis más detallado.
FGR cita al exesposo de la gobernadora Marina del Pilar; investigan lavado de dinero
De la Redacción
Ciudad de México (apro)
La Fiscalía General de la República investiga a políticos y empresarios bajacalifornianos, entre ellos a Carlos Alberto Torres Torres, excoordinador de Proyectos Especiales del gobierno de Baja California y exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. El citatorio exige la comparecencia de Torres Torres en las oficinas centrales de la FGR, ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, acompañados de un abogado y documentos de identificación oficial.
La denuncia, calificada como anónima por algunos de los implicados, abarca al menos a 20 personas, incluyendo al alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz; el exalcalde de Ensenada y actual senador, Armando Ayala Robles; el empresario Fernando Rafael Salgado Chávez; y el hermano de Torres, Luis Alfonso Torres Torres.
Torres Torres, quien fue el centro de atención mediática en mayo pasado cuando junto a su entonces esposa anunciaron la revocación de sus visas de turista por parte del gobierno de Estados Unidos, enfrenta ahora cargos formales como imputado. Según los oficios de la FGR de los que Proceso tiene una copia.
Esto ocurre en medio de una investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita y presuntos nexos con la delincuencia organizada. El caso, que involucra a figuras políticas clave de la entidad fronteriza, ha generado
Juan Carlos Cortés CIUDAD DE MÉXICO (apro)
El Pleno del Senado avaló por unanimidad la reforma a la Ley de Extorsión que prevé penas de 15 a 25 años para quien realice ese delito.
También homologa y armoniza el marco jurídico que permite combatir ese delito en todo el territorio nacional, y establece que se investigará de oficio y se podrá denunciar de forma anónima.
En sesión vespertina, los senadores aprobaron la reforma en lo general y lo particular por 110 votos a favor, por lo que la reforma regresará a San Lázaro, ya que el Senado realizó más de 20 cambios a 15 artículos y adicionó un nuevo artículo transitorio.
La reforma aumentó las penas para las personas que realicen ese delito, ya que en la propuesta original establecía de seis a 15 años de prisión; con los cambios en el Senado pasó de 15 a 20 años.
Con ello, evitan que las personas que se encuentren sentenciadas actualmente por ese delito puedan quedar libres de forma previa si la reforma tenía sanciones más bajas que las que se establecían en algunas entidades.
La reforma también cambió la reserva que propuso Ricardo Monreal sobre
revuelo tras la filtración de documentos judiciales que circulan.
Supuestos lazos con el narcotráfico
En octubre de este año, la gobernadora Ávila Olmeda anunció su divorcio en proceso, tras meses de especulaciones sobre presiones de Washington por supuestos lazos con el narcotráfico. Burgueño Ruiz, por su parte, confirmó haber recibido su citatorio y criticó públicamente su filtración, argumentando que se trata de una “denuncia anónima” sin sustento. “Estamos tranquilos porque no hay nada qué temer”, declaró el alcalde durante una conferencia de prensa.
Hasta el momento, ni Torres Torres, ni su exesposa han emitido declaraciones oficiales sobre el citatorio.
El 19 de mayo, el Semanario Zeta reveló que Torres y su hermano Luis Alfonso están bajo investigación en México y EU por tráfico ilegal de diésel (huachicol), evasión fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada. La
carpeta de la FGR, abierta el 26 de marzo de 2025, surgió del aseguramiento en Ensenada de un predio con contenedores que albergaban casi 8 millones de litros de combustible ilícito procedente de Texas. En EU, el Departamento de Seguridad del Interior indaga por conspiración para delitos y lavado.
El 10 de noviembre, el Departamento del Tesoro de EU sancionó a una red ligada al Cártel de Sinaloa, incluyendo a Jorge Arturo Rojas Navarro, socio de José Galicot Behar. Este empresario, amigo cercano de Torres, comparte con él lazos políticos y empresariales documentados en eventos públicos y proyectos regionales. Las empresas de Galicot-Rojas, como Escénica Publicidad y Kuk Lab, han obtenido contratos millonarios en Baja California y Sonora para telemetría y geolocalización, presuntamente usados para blanquear fondos de “La Mayiza”, facción sinaloense.
Trayectoria militante
Carlos Alberto Torres Torres es licenciado en Derecho por la Univer-
sidad Autónoma de Baja California (UABC) y posee maestrías en Acción Política y Participación Ciudadana, así como en Administración de Empresas por el CETYS Universidad. Su trayectoria despegó en el Partido Acción Nacional (PAN), donde militó por más de dos décadas. Entre 1996 y 2000, fue secretario estatal del partido en Tijuana; de 2001 a 2003, asumió como secretario nacional.
En 2010, Torres se postuló como candidato del PAN a la presidencia municipal de Tijuana, aunque no logró el triunfo. Posteriormente, entre 2011 y 2012, fungió como delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol, hoy Bienestar) en Baja California. De 2016 a 2019, ocupó una curul como diputado local en el Congreso de Baja California.
Cuando Torres, como diputado local, votó a favor de la controvertida “Ley Bonilla”. Esta reforma, impulsada por el entonces gobernador electo Jaime Bonilla Valdez (de Morena), extendía de dos a cinco años su mandato, violando límites constitucionales y generando un escándalo nacional que culminó en su invalidación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Torres justificó su voto como un acto de “lealtad institucional”, pero el episodio lo catapultó a Morena, donde se integró ese mismo año.Días después, el 20 de septiembre de 2019, se casó con Marina del Pilar Ávila Olmeda, entonces candidata a la alcaldía de Mexicali y sucesora designada de Bonilla como gobernadora. De esta unión nació Diego José en 2020.
Senadores endurecen castigos a la extorsión y aprueban ley por unanimidad
servidores públicos, ya que la minuta proponía de cinco a 12 años; sin embargo, con el cambio quedó con una pena de 10 a 20 años al servidor público que se abstenga de denunciar el delito ante el Ministerio Público o en caso de urgencia ante la Policía.
La reforma también fija que se le impondrá una pena de seis a 12 años de prisión para quien, sin la autorización correspondiente, introduzca a un centro de readaptación social o establecimiento penitenciario algún dispositivo electrónico o telefonía fija o móvil.
AGRAVANTES Y MONTACHOQUES
También la reforma cambia las penas por agravantes de la propuesta original y establece que cuando exista violencia y armas se suma entre 3 y 17 años más, alcanzando hasta una pena de 40 años de prisión.
Entre las agravantes también establece que aumentará la pena de siete a 17 años de prisión si se emplea violencia física o moral para exigir el cobro de un daño, derivado de un hecho de tránsi-
to provocado de manera intencional (montachoques).
De igual forma si se realiza mediante el uso de una o más armas o instrumentos peligrosos u otro objeto de apariencia, forma o configuración de armas de fuego.
UNIDADES ESPECIALIZADAS
La propuesta de reforma original establecía que los delitos de extorsión deberían ser investigados por unidades especializadas en secuestro por la Fiscalía General de la República, pero el Senado cambió el artículo 13 y fijó que para la investigación de ese delito las Fiscalías o Procuradurías locales contarán con unidades, ministerios públicos, policías y analistas capacitados, evaluados, certificados y especializados en materia de extorsión.
DEBATE SIN CONTRATIEMPOS
Durante la discusión en el pleno no hubo senadores que se opusieran a la reforma, por lo que la discusión fluyó sin mayores contratiempos. Incluso al senador Adán Augusto López se le vio relajado y bostezando en el debate.
De igual forma el morenista Félix Salgado Macedonio, quien incluso llevó al pleno a unos perros que ha rescatado y los tiene en adopción en su refugio de animales de Chilpancingo.
Aún en ese ambiente y pese a estar a favor, los senadores de oposición presentaron reservas para la reforma, mismas que fueron ignoradas y sólo se aprobó una del senador Ignacio Mier que establece cambios a la fracción V del artículo 17 en materia de plataformas y servicios de telecomunicaciones. La reserva agrega una agravante que puede derivar de cinco a 12 años si además de los medios de comunicación se utilizan plataformas o servicios digitales como un vehículo para ejercer la extorsión.
Por tentativa de homicidio, vinculan a proceso a tres detenidos en marcha de la Generación Z
Ximena Arochi CIUDAD DE MÉXICO (apro)
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que tres personas detenidas el pasado 15 de noviembre, durante la marcha de la llamada Generación Z, fueron vinculadas a proceso por el delito de homicidio en grado de tentativa contra elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
En un comunicado, el organismo encabezado por Bertha Alcalde señaló que, además de las tres imputaciones por tentativa de homicidio, otras cinco personas quedaron en prisión preventiva justificada por delitos de resistencia de particulares, lesiones dolosas o lesiones dolosas con robo, mientras que 10 enfrentarán su proceso en libertad por imputaciones de resistencia de particulares, lesiones dolosas o tentativa de homicidio. Cinco detenidos adicionales se encuentran en duplicidad de término, con audiencia programada para el 21 de noviembre.
Las resoluciones se dieron mientras representantes legales de los detenidos y familiares cuestionaron la solidez de las pruebas presentadas por la Fiscalía capitalina, al señalar que, en varios de los casos, las imputaciones por tentativa de homicidio se sostienen únicamente en testimonios policiales, además de inconsistencias en las detenciones y la presunta comisión de abuso de autoridad por parte de los uniformados.
La FGJCDMX recordó que la SSC presentó ante el Ministerio Público a 29 personas detenidas en flagrancia durante la protesta del 15 de noviem-
De la Redacción
Ciudad de México (apro)
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) permite registrar como beneficiaria o beneficiario a la pareja del asegurado aun cuando no exista matrimonio civil, siempre que se cumplan las condiciones establecidas para el reconocimiento del concubinato. La figura está contemplada en la Ley del Seguro Social y en el trámite identificado como Modalidad D: Registro de concubina o concubinario, disponible tanto en línea como de forma presencial. Requisitos oficiales para registrar a la pareja sin matrimonio
El IMSS establece que el asegurado o pensionado puede dar de alta a su pareja siempre que se cumpla con alguno de estos dos criterios: Acreditar vida en común por al menos cinco años.
O contar con un hijo en común.
Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias. El organismo precisa que ambas personas deben estar libres de matrimonio y que el asegurado no debe
bre. Además, se iniciaron 17 carpetas de investigación sin detenido: ocho por lesiones dolosas, seis por robo y tres por daños.
Según la versión institucional, los hechos dejaron 84 policías y cuatro civiles lesionados, aunque tras las protestas el jefe de la policía, Pablo Vázquez, dijo que fueron 20 los ciudadanos que resultaron con heridas.
La Fiscalía afirmó que garantizó protocolos de derechos humanos en todas las detenciones —valoraciones médicas, acceso a familiares y defensa legal— y que, tras revisar las carpetas, determinó que 19 personas incurrieron en conductas penales, mientras que 10 casos fueron canalizados a Justicia Cívica por tratarse de lesiones que tardan menos de 15 días en sanar.
La institución indicó que seis imputaciones inicialmente clasificadas como tentativa de homicidio fueron reclasificadas a delitos menores.
Entre las 19 personas investigadas por delitos, 18 son adultas y una es adolescente, quien fue entregado a sus familiares por decisión de la Fiscalía especializada. La autoridad añadió que dos de los adultos tienen investigaciones previas y que uno ha sido identificado como líder de un presunto grupo de choque.
Audiencias: prisión preventiva y medidas cautelares
De acuerdo con la Fiscalía capitalina, en cuatro audiencias iniciales se formularon imputaciones por tentativa de homicidio, resistencia de particulares, lesiones dolosas y lesiones con robo. El juez vinculó a proceso a 13 personas y reservó la definición de cinco más por duplicidad de término.
Para ocho personas —entre ellas Fernando “N”, Francisco “N”, Eduardo Josafat “N”, Alberto “N” y Arturo Quetzal “N”— se dictó prisión preventiva justificada.
Diez imputados continuarán su proceso en libertad con medidas cautelares como firma periódica y prohibición de acercarse a las víctimas. En este grupo se encuentra Gabriel “N”, acusado también de tentativa de homicidio, quien se identificó como empleado de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) del Gobierno capitalino. Gabriel “N” declaró ante el Ministerio Público que había acudido a tomar fotografías y que fue conducido por policías a un área donde posteriormente fue retenido. También afirmó haber sido golpeado y torturado.
Pruebas señaladas por la Fiscalía La FGJCDMX afirmó que cuenta con señalamientos directos de policías
que identifican a quienes los agredieron, informes elaborados por elementos de la SSC y de la Policía Auxiliar, dictámenes médicos que describen la naturaleza de las lesiones y peritajes que concluyen que fueron causadas por golpes. También sostuvo que posee videograbaciones en las que se observa a imputados participando en agresiones y usando objetos como piedras o palos. En contraste, defensas y familiares afirmaron que, en varios de los casos, las imputaciones se sostienen exclusivamente en testimonios de policías. En la carpeta abierta en la Fiscalía de Cuauhtémoc-2, los agentes narraron amenazas de muerte y agresiones ocurridas alrededor de las 15:05 horas, cuando se derribó una barrera metálica en Palacio Nacional, momento que fue señalado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el jefe de la policía, Pablo Vázquez, como el detonante de los enfrentamientos que se registraron durante la marcha.
Los agentes aseguraron que varios participantes comenzaron a golpear al policía Miguel Ángel Diéguez Contreras y que escucharon frases como “te vamos a matar, puto policía de mierda, le sirves a la izquierda, pinche ojete vendido, vas a morir esbirro del Gobierno, y vas a morir por culpa de Claudia (Sheinbaum)”.
Señalamientos sobre atención médica y registro de detenciones
Durante la audiencia celebrada en el Reclusorio Norte, defensas y familiares denunciaron que algunas personas detenidas presentaban síntomas como vómito con sangre, visión nublada y debilidad, sin recibir atención médica oportuna.
Concubinato: así puedes registrar a tu pareja en el IMSS sin matrimonio y estos son los requisitos
tener registrada a otra persona como concubina o concubinario. Según el IMSS, el registro solo procede cuando se demuestra que la pareja ha mantenido una relación estable y continúa viviendo en el mismo domicilio.
La institución detalla que los datos indispensables para el trámite son:
CURP del asegurado y de la pareja Número de Seguridad Social (NSS)
En caso de hacerlo en línea, la e.firma vigente del asegurado
Documentos que solicita el IMSS De acuerdo con el portal oficial del IMSS (imss.gob.mx), la Modalidad D requiere presentar los siguientes documentos:
Identificación oficial vigente del asegurado y de la pareja, en original y copia.
Comprobante de domicilio a nombre del asegurado o pensionado,
en original y copia. El IMSS aclara que “no aplica domicilio distinto al del asegurado o pensionado”. Fotografía tamaño infantil de la persona a registrar.
Acta de nacimiento del hijo en común, si aplica.
Acta de nacimiento de la pareja. Manifestación por escrito firmada por el asegurado y la pareja en la que declaren que ambos están libres de matrimonio, que no existe otra unión civil vigente y que han vivido en concubinato durante al menos cinco años. El documento debe incluir la firma de dos testigos.
El fundamento legal del trámite se encuentra en el artículo 84, fracciones III y IV de la Ley del Seguro Social, así como en el Reglamento en materia de Afiliación.
Cómo hacer el trámite paso a paso: presencial y en línea
El IMSS ofrece dos formas para registrar a la pareja no casada:
1. Trámite presencial en la UMF
Acudir a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) correspondiente al domicilio.
Presentar la documentación requerida en ventanilla.
Proporcionar los datos del asegurado y la pareja.
Firmar la manifestación bajo protesta de decir verdad.
Esperar la validación del personal de la UMF y la emisión del documento que acredita el registro.
El trámite se realiza en los horarios establecidos por cada unidad y no tiene costo.
SCJN da revés a Comisión que atiende víctimas, la deja sin fijarle presupuesto base
Wendy Rayón Garay Ciudad de México. (Cimacnoticias)
El pasado 18 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asestó un nuevo golpe a víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos al reabrir el debate sobre si considerar o no inconstitucional la eliminación del artículo 132 de la Ley General de Víctimas (LGV) cuando se reformó en 2020, el cual establecía un aumento mínimo en el presupuesto para la reparación del daño. No obstante, en 2024 la extinta Primera Sala ya la había considerado como inconstitucional.
Anteriormente, el artículo 132° de la Ley General de Víctimas ya dictaminaba un aumento en presupuesto del 0.014% del gasto programable del Presupuesto de Egreso de la Federación (PEF) anterior destinado a la ayuda y reparación a víctimas de violaciones a derechos humanos o delitos. Para la organización, la cláusula fue una conquista del movimiento de víctimas desde la implementación de esta ley desde hace una década atrás.
Derivado de la eliminación del presupuesto en la LGV en 2020 gracias a una reforma constitucional del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el Centro Prodh interpuso el Amparo en Revisión 675/2022 alegando que se trataba de una medida regresiva. En consecuencia, la ahora entonces Primera Sala de la SCJN declaró que la modificación hecha en esta ley, en efecto, marcaba un retroceso injustificado y violatorio en cuanto a la reparación integral del daño y la catalogó como inconstitucional.
Posterior a esta decisión, se esperaba que el Congreso de la Unión realizara las modificaciones legislativas necesarias para implementar un presupuesto fijo en las leyes mexicanas para la atención de víctimas, pero esto no sucedió a más de un año de la discusión en marzo de 2024. Por ello, en la reciente discusión que tuvo la Corte solo se esperaban que se determinara si la anterior resolución de la Primera Sala tenía efectos generales, es decir, que fuera aplicable para toda la población y no solo para quien interpuso el amparo. Entre las principales solicitudes que se estaban solicitando se encontraba establecer un mínimo presupuestal fijo, etiquetado como «ayuda, atención y reparación» e irreducible destinado a la ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas y para que no se destinará a otros fines distintos.
Centro Prodh advirtió su preocupación de que la Corte decidiera reabrir la discusión sin contemplar la resolución de la Primera Sala, también calificó de violatorio al principio
Anteriormente, el artículo 132° de la Ley General de Víctimas ya dictaminaba un aumento en presupuesto del 0.014% del gasto programable del Presupuesto de Egreso de la Federación (PEF) anterior destinado a la ayuda y reparación a víctimas de violaciones a derechos humanos o delitos
de seguridad jurídica, ya que contraviene la figura de “cosa juzgada”, es decir, que una sentencia judicial firme no puede ser modificada ni cuestionada mediante un nuevo juicio.
Sin presupuesto para atender víctimas
Ante la falta de presupuesto, el Estado no ha sido capaz de atender a las víctimas. El Centro Prodh apuntó que entre 2022 y 2026 se estima que el presupuesto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) —instancia encargada de asistir a víctimas para que puedan recuperar su proyecto de vida— está 29% por debajo del financiamiento anteriormente fijado.
Tan solo para el próximo año, se destinará a la CEAV 692 millones de pesos en la partida de “Ayudas Sociales” del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, cuando el monto debió ser de al menos 913 millones de pesos exclusivos para atender a víctimas.
Esto se inserta en un contexto de crisis de violencia y violaciones graves a derechos humanos en México, sobre todo si se trata de mujeres. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública refieren que, a lo largo del 2025, acontecieron 513 casos de feminicidios, mil 607 homicidios dolosos, mil 804 casos de corrupción de niñas y adolescentes, 394 víctimas de trata de personas, 203 mil 469 casos de violencia familiar, 4 mil 929 casos de violencia de género y 15 mil 664 casos de violencia sexual.
A esto se suman las víctimas de desapariciones, las cuales, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) hasta el corte del 19 de noviembre de 2025, ya suma 133 mil 660
personas desaparecidas, de las cuales 29 mil 746 son mujeres.
Derivado de la violencia, Centro Prodh reafirmó que se requieren de organismos judiciales que pongan en el centro a las víctimas para escuchar exigencias y garantizar sus derechos: “Esta tendencia debilita la coherencia y estabilidad de las decisiones judiciales de la SCJN”, sentenció.
A inicios de noviembre, el periódico Reforma publicó una nota cuyo contenido refería que el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, abrió un proceso de consulta para aclarar si la nueva conformación del Pleno podría revisar sentencias emitidas anteriormente a las salas antes de su eliminación, cuando estas tenían el mismo valor de aquellas dictadas desde el Pleno. Hasta el momento no se tiene una resolución al planteamiento de Hugo Aguilar, pero de aprobarse se podría fijar un precedente histórico en el Poder Judicial.
La falta de un Sistema Nacional de Víctimas
La decisión de la Corte era fundamental para garantizar el acceso de las víctimas a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia y reparación integral. Esto en un contexto con altos índices de violencia y ante la falta de la consolidación de una política de atención ante el olvido del Sistema Nacional de Víctimas, de acuerdo con el informe «De la esperanza a la decepción: Una década del Sistema Nacional de Atención a Víctimas».
La Ley General de Víctimas (LGV) y el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) quedaron en el olvido institucional. Ejemplo de ello es que en una década solo se han realizado dos sesiones ordinarias de la SNAV y las quejas sobre el funcio-
namiento de las instituciones están en aumento, lo que produce afectaciones para las más de 75 mil 543 de personas que conforman el Registro Nacional de Atención a Víctimas (58 mil 523 víctimas por delitos y 7 mil 646 víctimas de violaciones de derechos humanos) y de las cuales 40 mil 594 son mujeres, es decir, el 53.73%.
De Peña Nieto a Sheinbaum: 10 años del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, sin avances, ni garantías – cimacnoticias.com.mx En 10 años, la CEAV atravesó una serie de transformaciones, por ejemplo, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se mantuvo sin mayor avance hasta que llegó López Obrador, en cuyo sexenio se colocó a una nueva cabeza en la institución como parte de las promesas para hacerla más eficiente. Parte de los cambios fue la eliminación de los fideicomisos públicos que hubiesen permitido materializar políticas públicas.
También desapareció el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) y el 6 de noviembre del 2020, se suprimió este fideicomiso incluido en la Ley General de Víctimas. Con ello, el mínimo presupuestal anual que se debía otorgar para el SNAV, terminó de restar legitimidad a una instancia que costó esfuerzos monumentales a las víctimas y la sociedad civil.
Mientras esto sucedía, la CEAV se quedó sin titular durante 2021, posteriormente, la Secretaría de Gobernación insistió en reformar la Ley General de Víctimas, mientras que el Senado apuntalaba a que la CEAV tenía problemas de reestructura. Es decir, todo el panorama que se avizoraba era caótico y el paso del tiempo sólo agudizaba el descontento entre los órganos del Estado que mostraban una endeble voluntad política.
Jueves 20 de Noviembre de 2025 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
LA FÁBRICA MEXICANA DE LA DESIGUALDAD Y SU NECEARIA
REFORMA DE SEGUNDA GENERACIÓN
El análisis del informe ¿Derechos o privilegios? sobre ingresos, gastos y distribución de recursos económicos en la sociedad mexicana, realizado por Oxfam México y el Instituto de Estudios sobre la Desigualdad económica INDESIG, me recordó al de una mañana de este año 2025, en que el INEGI anunció con bombo y platillos; México amaneció con buenas noticias y declaró. La pobreza en México, bajó. Pocos, nos apresuramos a mostrarles y demostrarles que en Chiapas fue todo lo contrario.
Nadie en el gobierno nacional y menos local respondió, los centros educativos de medio pelo y universidades viejas y nuevas, se guardaron y siguen escondiéndolo en el silencio, para no explicar a sus alumnos, esa materia que no enseñan, sobre las condiciones laborales que les espera una ves terminada sus estudios, en un estado que no crece institucionalmente, ni genera condiciones laborales, después de un sexenio inerte o limitado en las búsquedas y gestiones de iniciativas gubernamentales y empresariales que detonen el desarrollo productivo, o cuando menos, la generación de condiciones laborales fuera del presupuesto gubernamental. Nada les dicen a las y los estudiantes de ese futuro laboral que les espera. Recuerdo que ese día el INEGI mostraba gráficas oficiales nacionales, que dibujaban curvas que ascienden, flechas verdes apuntando al cielo, en medio de estallidos optimismo nacionales. Pero debajo de esa superficie —debajo de los discursos, debajo de los anuncios gubernamentales, debajo incluso de la esperanza legítima de millones— late otra historia: la del país que mejora sin cambiar, que avanza sin moverse, que celebra sin transformar la estructura que lo mantiene fracturado.
Sin embargo, la historia de una nación donde la desigualdad, de acuerdo al informe ¿Derechos o privilegios? no son un mero accidente ni un defecto técnico: es, en cambio, sí, una forma de organización. En el informe reciente elaborado por Oxfam y el INDESIG, lo van a encontrar, con la frialdad implacable de los números. Señalan puntualmente que el 1% más rico de México concentra más de un tercio del ingreso nacional y gana 442 veces más que el 10% más pobre. Lo anterior no es sólo una cifra, es una frontera. Es un país dentro de otro país. Una república microscópica incrustada dentro de otra gigantesca. De los datos, uno desprende, de que no importa cuánto mejoren los salarios mínimos, ni cuánto aumente
el ingreso de los hogares más pobres: la cima permanece intacta. El decil inferior y el 1% crecieron exactamente al mismo ritmo, 29%, como si la desigualdad fuera un algoritmo escrito en piedra. Como si nada —ni la política social, ni la voluntad democrática, ni la urgencia moral— pudiera alterar el orden heredado.
Aunque no lo dicen textualmente, sus narrativas en el informe, pintan a un Estado mexicano administrando la pobreza, como quien administra un incendio: sin apagarlo, y solo impidiendo que se salga de control. Ubican a los programas sociales, lejos de funcionar como una palanca redistributiva, terminan beneficiando más a quienes menos los necesitaban.
Es asi como la vida cotidiana del país siguió sostenida por una privatización silenciosa: la gente paga salud, paga educación, paga transporte, paga cuidados; paga, en suma, lo que el Estado ha decidido no financiar. Es Asi, como el acceso a los derechos depende del ingreso familiar, no de la pertenencia a una comunidad política, aunque los discursos oficiales hablan de inclusión y participación en la toma de decisiones, que terminan siendo sólo votos para sus candidaturas.
En ese escenario, la desigualdad no solo se reproduce: se hereda. Se pasa de generación en generación como un gesto involuntario. Es cuando para el Estado, las grandes fortunas nunca entran en debate, las rentas del capital casi no pagan impuestos, las herencias atraviesan el sistema sin dejar rastro. Se pasa a proteger mejor el patrimonio, que la vida. Y esa protección no es retórica: está escrita en leyes, reglamentos, exenciones fiscales, mecanismos de elusión, silencios institucionales.
De esa realidad, se desprende el urgente debate, no de si el Estado mexicano debe gravar más o menos: sino a quién debe gravar. Porque hoy, de ese informe se desprende el hecho de que el país recae sobre los hombros equivocados. Quien más tiene aporta menos, y quien menos tiene financia, en soledad, lo que debería ser común.
En una entrevista en un medio nacional a los autores del informe, lo dicen con claridad: sin una reforma fiscal progresiva, ninguna política social será suficiente. El Estado mexicano necesita gravar el capital —no el consumo—; la riqueza —no el trabajo—; las herencias extraordinarias —no los esfuerzos cotidianos—. Necesita desmontar los regímenes que protegen a quienes viven de los rendimientos, no del salario. Necesita un sistema fiscal capaz de financiar derechos universales, no de empujar o generar condiciones para que las familias tengan que comprarlos en el mercado.
Esto no es un gesto ideológico. Es una decisión civilizatoria. Veamos cómo los países que han logrado reducir su desigualdad. Lo han hecho con herramientas fiscales, con Estados fuertes, con sociedades dispuestas a aceptar que el bien común se construye colectivamente. Ninguno lo ha logrado delegando la justicia social a discursos o dádivas.
Al mirarse en un espejo, las y los mexicanos tendrán que preguntarse qué tan lejos se quiere llegar. Puede seguir administrándose la pobreza y celebrando pequeñas victorias en el margen, o puede enfrentar, de una vez por todas, a los verdaderos ganadores del sistema. Puede seguir protegiendo fortunas o puede proteger derechos. Ambas cosas a la vez no se puede.
Porque lo que está en juego no es solo la distribución del dinero. Es la distribución de la dignidad. Y un país que no se atreve a tocar la cúspide del poder económico se resigna a vivir partido en dos: uno que flota y otro que se hunde. El Estado mexicano tiene que decidir si quiere seguir siendo una máquina que fabrica desigualdad o si, por fin, quiere convertirse en una comunidad que distribuye posibilidades. La respuesta, al final, no vendrá de los números. Vendrá del coraje político.
México no reducirá la desigualdad mientras no implemente reformas de segunda generación, y toque los intereses del 1% mencionado. Sin reforma fiscal progresiva y sin reconstrucción de servicios públicos, seguirá administrando la miseria y protegiendo el privilegio.
La conclusión es inequívoca: la reducción de la pobreza no es suficiente si la estructura que concentra ingresos permanece intacta. El análisis conjunto de ingresos, gastos y políticas públicas muestra que México necesita dar un salto cualitativo: fortalecer salarios, reconstruir servicios públicos y construir una política fiscal progresiva capaz de redistribuir verdadera igualdad. Sin estos cambios, el país seguirá avanzando en lo superficial y retrocediendo en lo esencial: el derecho de todas y todos a una vida digna, no condicionada por el nivel de ingresos.
La fuente de análisis y de los argumentos aqui expuestos, lo podrá usted leer detalladamente, en el informe ¿Derechos o privilegios? Una mirada a la ENIGH 2024 desde las desigualdades. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Publicado por el Instituto de Estudios sobre la Desigualdad. (Indesig) y Oxfam México, el mes de agosto de 2025, en este vínculo. https://oxfam. mx/wp-content/uploads/DerechosOPrivilegios_ENIGH2024.pdf
*Carlos Perola Burguete. Investigador Periodístico en luchas del campo mexicano, la soberanía alimentaria y económica y las relaciones entre Estado, empresas y comunidades rurales. Director de la A.C. PEROLA. Miembro Honorario del Despacho Jurídico B&G-Chiapas.
Carlos Perola Burguete
“ La Crítica no es censura ni alabanza, sino las dos, a menos que sólo haya razón para la una o la otra” José Martí
Carlos Perola Burguete
AMLO, EL REGRESO
José Gil Olmos
Con la excusa del libro terminado y en el marco de su cumpleaños el pasado jueves 13 comenzó a circular en medios la versión de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador saldrá del ostracismo de su finca para realizar una gira a nivel nacional.
El solo rumor de que López Obrador salga a la vida pública ha puesto a girar a toda velocidad las aspas del molino político con vientos a favor y en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum y su partido Morena.
La oposición política y mediática asevera que la presencia de López Obrador es para poner orden en el gobierno y en Morena luego de los escándalos de varios de sus integrantes y dirigentes por acusaciones de corrupción, vínculos con el crimen organizado, lujos, viajes y otras acciones que son severamente criticadas.
También para nivelar la nave de Morena rumbo a las elecciones de 2027 y 2030, pues sin tener cuidado a la institucionalidad y menos al liderazgo de Claudia Sheinbaum en la presidencia y Luisa María Alcalde en la dirigencia de Morena, las tribus, corrientes, grupúsculos y personajes se enfrentan constantemente defendiendo sus intereses
particulares.
La sola idea de que Andrés Manuel López Obrador viaje por todo el país es interpretada también como una acción urgente de fortalecer al gobierno y al partido que él creó, el cual sigue sin cuajar y en muchas ocasiones se muestra de rehén de personajes sumamente criticados. En los hechos, esta sola posibilidad de que AMLO tenga presentaciones de su libro en plazas del país refleja una realidad: que sigue vivo su liderazgo en el panorama político nacional y refleja precisamente la carencia o la falta de liderazgos, tanto en Morena como en la oposición.
Sheinbaum es su heredera política al frente de la llamada Cuarta Transformación, y aunque ha impulsado las reformas constitucionales para pavimentar el segundo piso de este proyecto, la debilidad en la toma del timón ante las tempestades ha generado incertidumbre y críticas de los liderazgos al interior del gobierno, del Poder Legislativo y en Morena. La corrupción, la violencia y la impunidad es una bestia de tres cabezas que sigue cabalgando por todo el país sin que sea domeñada o extinguida por esta administración, porque varios de sus integrantes son parte de este problema que se encarna en la colusión
entre el poder político y el crimen organizado. De ahí que el regreso de la figura de AMLO sea fundamental para el gobierno y Morena, pues se impone a la de cualquiera de sus integrantes que tienen sus propios proyectos, ajenos a los de Morena.
No obstante, para la oposición es un pretexto y oportunidad para criticar, cuestionar o denostar el proyecto de la Cuarta Transformación, que en esta segunda etapa ha mostrado debilidades profundas en temas de gobernabilidad y combate a la violencia.
AMLO es para la oposición sin memoria y menos aún ajena intencionadamente a las responsabilidades que ha tenido como gobierno, la representación de todos los males que sufre el país. De ahí que si regresa al ámbito de la vida pública veremos si será la figura en la que descargarán de manera catártica todas sus críticas y cuestionamientos.
Por cierto, López Obrador tiene 20 libros, que van desde ensayos políticos hasta su experiencia como presidente de México. Es “algo que les va a gustar mucho sobre nuestra grandeza cultural”, dijo el pasado primero de junio cuando salió a votar en la elección de los representantes del Poder Judicial.
¿PLEITO? ¿POR QUÉ?
Francisco Ruiz Zuart.
Auditoría Superior del Estado - Comisión de Hacienda del Congreso.
Como siempre sucede con todos los titulares de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas, ellos buscan ser los únicos “con licencia” para extorsionar a los presidentes municipales del Estado.
¿Quién nombra al Auditor Superior del Estado, el responsable de aplicar en tiempo y forma la Ley de Fiscalización de Chiapas? El Congreso de Chiapas a propuesta del titular del Poder Ejecutivo, el gobernador, quien en esta ocasion, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, como jamás había ocurrido con ningún otro gobernador, contraviniendo las leyes en la materia, en la terna dirigida al Congreso incluyó a la cabeza a su primo hermano, José Antonio Aguilar Meza, quien ahora despacha como titular de la Auditoría Superior del Estado.
Por un lado hoy tenemos a los diputados del Congreso Local en su mayoría escogidos y promovidos por el gobernador, TODOS obedeciendo a él; y por otro lado está el Auditor Superior del Estado, José Antonio Aguilar Meza, quién igual obedece a su primo el gobernador y que en lo sustantivo -por obvias razones relacionadas con el parentesco-, ignora al Congreso y particularmente a la Comisión de Hacienda del mismo, presidida por María Mandiola Totoricaguena…
¿Qué viene ocurriendo en la práctica, hoy, entre el Congreso, su Comisión de Hacienda encabezada por María Mandiola y la Auditoría Superior del Estado de José Antonio Aguilar Meza?
Que en tanto que ambas instancias del Congreso tienen relación directa con los ayuntamientos y
principalmente con los presidentes municipales, se dan jaloneos en el cumplimiento de sus funciones… ¿por qué? Porque la Comisión de Hacienda le asiste el derecho y la obligación de revisar y observar, todo lo relacionado con los presupuestos de ingresos y egresos de los municipios y la Auditoría Superior, José Antonio Aguilar Meza, siente que los presidentes municipales son suyos y él es el único facultado para tratar todo lo relacionado a la Hacienda Pública Municipal…
LOS JALONEOS entre la Comisión de Hacienda del Congreso y la Auditoría Superior del Estado, en lo relativo a sus relaciones con los municipios, se dan en todas las administraciones y sin importar quienes sean los titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, PERO AHORA, esta situación se agudiza gravemente por que el Auditor Superior es José Antonio Aguilar Meza, primo hermano del gobernador, quien contraviniendo las leyes respectivas le impuso en ese cargo, importante para garantizar HONRADEZ, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS durante el ejercicio de los recursos públicos municipales, de los tres poderes públicos y de las entidades descentralizadas…
Hoy José Antonio Aguilar Meza, por las razones expuestas, se siente VERDUGO Y LÁTIGO de los presidentes municipales; verdugo y látigo de los tres poderes públicos -menos de su primo-; verdugo y látigo de toda entidad paraestatal, descentralizada… Algo así como DIOSITO, GOBERNADORCITO, omnipresente, omnipotente, inmortal…
Ah! ¿Por qué este “trapicheo” para evaluar, controlar y someter a los ayuntamientos de Chiapas, a los presidentes municipales?
Porque son un excelente mercado oficial, NICHO DE NEGOCIOS para quien sea el Auditor Superior del Estado… ¿Por qué?
Porque desde esta posición se les impone empresas constructoras, despachos contables, proveedores de insumos, consultores… , negocios para “ordeñar” las finanzas municipales, a los presidentes, y si no lo permiten LES ECHAN ENCIMA sendas auditorías, hasta que se afligen y aflojan…
Este es el fondo de los PLEITOS POSIBLES entre el Auditor Superior, José Antonio Aguilar Meza y la Comisión de Hacienda del Congreso presidida por María Mandiola Totoricaguena…
No se confrontan para la protección y la defensa de los recursos públicos, NO, lo hacen para la obtención de ganancias potenciales…
Ah! Saben ustedes sobre los antecedentes fundados de José Antonio Aguilar Meza (“El Grueso”, para sus íntimos), en lo relacionado a honradez, profesionalismo, congruencia…, antecedentes no penales…? Échense una vuelta por su tierra natal, Comitán de Dominguez, cualquiera ilustra muy bien, completo, sobre el ahora Auditor Superior…
Ah! Con todo respeto: Gobernador, pon orden, tú mandas a todos, tú los impusiste, a ti te entregan cuentas…, la situación chiapaneca no está como para andar jugando a “ladrones contra ladrones”, o a “los primos de cuidado”… Con todo respeto…
Í
N D I C E . . .
Ruperto Portela Alvarado
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EL SUEÑO FRUSTRDO…
Al ex Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRA -
DOR lo persigue su pasado. En el archivo visual de los medios de comunicación están grabadas sus expresiones de grillo barato que lo desnudan tal cual es: un cuatrero mentiroso, ladrón, traidor al pueblo bueno y sabio de México. El propio gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM PARDO está abriendo las cloacas del obradorismo que dijo querer ser el mejor Presidente de México; y resultó una bazofia de la peor ralea. El descubrimiento y desmantelamiento de laboratorios fabricantes de Fentanilo, la detención de centenares de delincuentes y el decomiso de toneladas de droga, confirman la inanición del gobierno de LÓPEZ OBRADOR en contra de los cárteles que se multiplicaron durante su gestión y sus nexos con la delincuencia organizada.
El gran embaucador que recomendó vivir en la “austeridad franciscana” con solo un par de zapatos y 200 pesos en la cartera, se le están descubriendo que utilizó el engaño y el poder para enriquecerse de manera escandalosa junto con sus hijos JOSÉ RAMÓN, ANDRÉS MANUEL y GONZALO ALFONSO; familiares y cercanos colaboradores,
quienes también se llenaron las alforjas.
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR es el mismo sujeto que desde su alcoba de Palacio Nacional soñaba con ser un BENITO JUÁREZ, FRANCISCO I. MADERO, LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO e inclusive MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. Hoy está arrinconado, cabizbajo y meditabundo disfrutando sus riquezas en “Casa de la Chingada” de Palenque, Chiapas, y amenaza con regresar a la vida pública haciendo una gira nacional para la presentación de su nuevo libro. Es el incongruente, mentiroso y corrupto que pidió que nadie de su familia y colaboradores hicieran negocios al amparo del poder y tráfico de influencias; pero los “otros datos” lo desmienten y descalifican como sucede con su hijo “ANDY” que se da grandes lujos viajando a Tokio, Japón y comprando una pintura por más de 500 mil pesos y JOSÉ RAMÓN al que supuestamente lo mantiene su esposa millonaria.
Los LÓPEZ OBRADOR y LÓPEZ BELTRÁN están en el filo de la navaja, investigados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, la DEA y el FBI, por negocios sucios, lavado de dinero y nexos con la delincuencia organizada que ya no pueden esconder ni negar desde la perspectiva de “abrazos, no balazos”.
Aparte del desastre económico en que LÓPEZ OBRADOR dejó al país, al ex Presidente “huésped de la Chingada”, hay que señalarlo por sus incongruencias y patanerías con las que engañó a una gran parte de mexicanos comprando también conciencias a través de los programas sociales. Ahí está su patraña de exigir disculpas al Gobierno Español y el Rey Felipe VII por las atrocidades cometidas contra los grupos étnicos durante la conquista.
Por supuesto que fue su esposa BEATRIZ GUTIÉRREZ MÜLLER la que lo incitó a confrontarse con el gobierno español al que ahora la señora “no primera dama” estuvo pidiendo la nacionalidad española que supuestamente le negaron, pero que quería vivir como reina en la más exclusiva zona residencial de aquel país en Madrid.
La bajeza con la que trató LÓPEZ OBRADOR al pueblo de México, no se le debe perdonar ni por las dádivas de los programas sociales clientelares electorales; aunque en su destino está el karma al vivir solo y abandonado por la esposa e hijos, pero gozando de las canonjías que le prodiga su prohijada PresidentA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, con el presupuesto de la federación. Y según se había filtrado en días pasados, también los “hermanos incómodos”, PÍO LORENZO Y
JOSÉ RAMIRO LÓPEZ OBRADOR, habrían intentado tramitar la visa para irse a vivir a España. Pues como diría PEPE ALAMEDA; “el toreo no es la graciosa huida, sino la apasionada entrega”. Saben sus delitos.
De la que en un momento el gobierno del PEJE-LAGARTO vituperó, ahora es lo que están deseando: que la “España, Madre Patria” los acoja. Y no está lejos que ANDRÉS MANUEL y sus hijos también salgan huyendo a Cuba, Venezuela o Nicaragua. Ya veremos en qué termina esta historia de mentiras, traición y corrupción del “PEJE, que por la boca muere”…
