MIÉRCOLES 30 DE MARZO DE 2022
ONU-DH llama al gobierno mexicano a atender recomendaciones del GIEI en caso Ayotzinapa / Gloria Leticia Díaz El representante en México de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Guillermo Fernández-Maldonado Castro, llamó a autoridades del gobierno mexicano a atender las recomendaciones que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El representante de la ONU-DH apuntó que tras casi ocho años de los hechos ocurridos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, “sigue pendiente de responder la pregunta más importante para las familias: ¿dónde están los estudiantes, cuyo paradero aún se desconoce?’”. Durante su participación en la presentación del Tercer Informe sobre el caso Ayotzinapa elaborado por el GIEI, el funcionario de la ONU-DH reconoció la voluntad política del presidente Andrés Manuel López Obrador; del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y del fiscal especial del caso, Omar Gómez, para abrirse al “escrutinio internacional” para abordar el caso, así como invitar al Comité contra la Desaparición Forzada (CED) que dará su informe el próximo 12 de abril. Insistió en que “sólo con la voluntad del Estado mexicano y la perseverancia en su actuación, es posible llegar a la verdad sobre lo ocurrido a los estudiantes, conocer dónde están, sancionar a los responsables de los crímenes, negligencias encubrimientos y poner en marcha medidas para la no repetición”. Tras puntualizar en que el Estado implemente cuanto antes las recomendaciones del GIEI, alentó a hacer lo propio con las formuladas por la ONU-DH en el informe “Doble Injusticia”, de 2018, que documenta casos de tortura relacionadas con el caso Ayotzinapa. “El Estado mexicano es uno ante la comunidad internacional y ante el respeto de los derechos a la verdad y justicia en casos de graves violaciones a derechos humanos, como es el caso Ayotzinapa. Hablamos de una obligación que corresponde a todas las autoridades, civiles y militares”, expuso el diplomático. En el evento, el GIEI reveló la intervención irregular de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en el basurero de Cocula el 27 de octubre de 2014, así como la presencia del exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, en lo que fue el escenario de la “verdad histórica”. Al destacarse que Ángela Buitrago, Claudia Paz y Paz y Francisco Cox permanecerán otros cuatro meses en el GIEI, con posibilidad de ampliar su mandato dos meses más, denunciaron la persistencia de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) de negarse a entregar alguna información a ellos y a la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA). Asimismo, los expertos independientes llamaron a las autoridades a no “generar falsas expectativas” entre los padres y madres de los normalistas desaparecidos, para realizar búsquedas en vida, toda vez que hasta el momento lo que se tiene es información sobre fosas y restos óseos, no indicios de que los estudiantes estén vivos. En nombre de los padres y madres de los jóvenes desaparecidos, Hilda Hernández, madre de César Manuel González, reconoció el esfuerzo de los expertos, y destacó que sin su trabajo “no sabríamos la verdad”. Tras anunciar que este martes darían a conocer oficialmente su postura, Hernández señaló que van a “continuar con la exigencia, con más fuerza”, para saber cuál fue el destino final de sus hijos. Al término del evento, en entrevista colectiva el subsecretario Alejandro Encinas se comprometió a cumplir con las recomendaciones del GIEI y sostuvo que lo que demuestran las revelaciones de la participación de la Marina en la trama Ayotzinapa, es que “durante mucho tiempo se ocultó la información, se destruyeron pruebas, pero estamos reconstruyendo en lo medida de lo posible todo, por supuesto que ha habido resistencias”. Según el funcionario “toda solicitud de información será atendida porque es una instrucción que ha dado el presidente”, señaló que la Sedena sólo no ha dado alguna información, y sostuvo que “la principal resistencia está en algunas áreas de la Fiscalía General y en el Poder Judicial es ahí donde hay que enfocarse”. En defensa del Ejército, dijo que “está colaborando, faltan detalles”, y recordó que “el presidente ha sido muy claro y esperemos que se cumplan sus instrucciones”.
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Amnistía Internacional denuncia acciones de AMLO para reprimir la libertad de expresión Amnistía Internacional denunció que, a lo largo del año, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador realizó acciones para desacreditar y reprimir a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión y de prensa. También criticó la forma en que ha estigmatizado y reprimido el movimiento feminista que a nivel Latinoamérica califica como “vibrante”, y que cobró fuerza en 2020 y lo que va del 2021. El informe de esta organización internacional cubre varios temas, entre ellos el trato que se le ha dado al covid-19, el feminicidio y la violación de los derechos humanos de los migrantes. Destaca que decenas de miles de personas, en su mayoría de Guatemala, Haití, Honduras y Venezuela, que huyeron de violaciones de derechos humanos relacionadas con la violencia, la desigualdad y el cambio climático, fueron presa de detenciones, devoluciones sumarias ilegítimas, extorsión, discriminación racial y violencia de género por diversos gobiernos, entre ellos el de México. En su informe 2021/22, Amnistía Internacional dio a conocer la situación de los derechos humanos alrededor del mundo en 2021. En él señala que, ante las políticas públicas para la recuperación ante los estragos de la pandemia por covid-19 quedaron en promesas y que hubo desigualdad y acaparamiento en el acceso a las vacunas. También señala que la violencia de género sigue siendo uno de los principales motivos de preocupación en toda la región de América, donde las medidas para proteger a las mujeres y las niñas son insuficientes, y las investigaciones sobre la violencia de género intrafamiliar, las violaciones y los feminicidios fueron a menudo deficientes. “México registró tres mil 716 homicidios de mujeres en 2021, de los que 969 fueron investigados como feminicidios, mientras las fuerzas de seguridad mexicanas usaban fuerza excesiva, detenciones arbitrarias y la violencia sexual contra las mujeres que protestaban”, destaca el informe de Amnistía que dio a conocer este martes. Sobre México, la organización destacó los altos índices de violencia e inseguridad que presenta el país. Además, hizo mención de las varias declaraciones que ha realizado el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador en contra de sociedad civil, medios, defensores de derechos humanos y académicos, así como de mujeres en protesta por la violencia de género. “El gobierno siguió realizando declaraciones públicas en las que atacaba a organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación”, son las palabras con que inicia el reporte. Las instituciones de seguridad pública como las policías municipales, estatales y federales (Ejército Mexicano, Marina y Guardia Nacional), fueron referidas por haber cometido abusos de autoridad. El Instituto Nacional de Migración (INM) también fue señalado por su actuar en el control de las protestas y caravanas de inmigrantes a través del territorio nacional. La situación sobre la violencia de género en contra de mujeres y niñas se abordó con relevancia. Los casos denunciados y los feminicidios fueron elevados, de igual forma las investigaciones y acciones empleadas por las autoridades fueron insuficientes, según indicó el informe. En contraste, destacó el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para declarar inconstitucional la penalización del aborto (específicamente en Coahuila). Los temas incluidos fueron: desapariciones forzadas e impunidad, homicidios ilegítimos, detención y reclusión arbitrarias, tortura y otros malos tratos, libertad de expresión y de reunión, violencia contra mujeres y niñas, defensores y defensoras de los derechos humanos, derecho a la salud, derechos sexuales y reproductivos, de-
Erika Guevara Rosas rechos de las personas refugiadas y migrantes, derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), derechos de los pueblos indígenas y la actuación deficiente contra la crisis climática. Algunos de los puntos que más destacó el documento fueron la falta de actuación de las instituciones tanto judiciales como legislativas para mejorar las condiciones de seguridad y mitigar la violencia que vive la ciudadanía; el involucramiento de fuerzas del Estado en casos de desapariciones forzadas; las detenciones arbitrarias y el exceso en el uso de la fuerza (recordó el caso de Victoria Salazar, salvadoreña asesinada por policías en Quintana Roo). Respecto a los homicidios de mujeres, el reporte hace hincapié en la alta tasa registrada durante el año con especial enfoque en el Valle de México. A nivel nacional hay carpetas de investigación por tres mil 427 casos, de los cuales 887 fueron abordados como feminicidios. “En el Estado de México, donde tuvo lugar el mayor número de feminicidios de 2021, las investigaciones penales sobre estos delitos presentaban deficiencias graves. Las autoridades no custodiaban adecuadamente las pruebas recopiladas ni examinaban todas las líneas de investigación aplicando correctamente una perspectiva de género”, se lee. En el tema de libertad de expresión, los señalamientos hacia el gobierno de López Obrador y sus instituciones, el informe de Amnistía Internacional señala que las acciones y declaraciones fueron valoradas como acciones para desacreditar y reprimir a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión y de prensa. “Las autoridades siguieron estigmatizando y reprimiendo las protestas feministas y haciendo un uso indebido del sistema de justicia penal para disuadir de su participación a las personas. Pocos días antes de las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer, el presidente y otras autoridades calificaron las protestas de violentas”, aseguró el informe. “Vibrante” movimiento feminista Sobre el movimiento feminista de América Latina lo califica como “vibrante” y señala que siguió cobrando fuerza sin desmayo desde que Argentina legalizó el aborto a finales de 2020, mientras que en México la Suprema Corte declaró inconstitucional la criminalización del aborto en septiembre de 2021 y, en febrero de 2022, la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto en las primeras 24 semanas de embarazo. “Desde Argentina hasta Colombia, la marea verde ha generado un impulso incontenible y ha demostrado que es posible el cambio incluso en situaciones aparentemente desesperadas. Las activistas feministas de las Américas son una inspiración para que, en todo el mundo, no dejemos nunca de defender los derechos humanos”, concluyó Erika Guevara Rosas.
