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APRO / glORiA letiCiA díAz
/ Gloria leticia Díaz
“Estamos encabronados”, lanzó Mario González, padre de César Manuel, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014, al fijar el posicionamiento de los padres y madres de los estudiantes, luego que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) revelara la participación de miembros de la Secretaría de Marina (Semar) en una aparente manipulación de pruebas en el basurero de Cocula, escenario de la “verdad histórica”.
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Después de analizar el informe presentado por los expertos, en nombre de los padres y madres de los estudiantes, Mario González reprochó que la participación de la Semar en la trama, así como otros documentos desclasificados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), hayan sido conocidos más de tres años después de que se firmara el decreto presidencial que ordenaba a todas las dependencias federales a entregar la información que tuvieran sobre el caso Ayotzinapa.
“Nos vieron la cara durante tres años, las instituciones jugaron con nosotros”, acusó González, al recordar que los padres y madres firmaron el decreto presidencial y que los llevaron al 27 Batallón de Infantería, en Iguala, “a sabiendas que no había nada” y que los “hicieron tomar la fotografía con la Sedena”.
“¿Cómo no estar enojado si a tres años sale una información que tuvo que ser entregada en su momento? ¿Cómo no estar enojado si no sabemos nada de nuestros hijos, si jugaron con nosotros, no las instituciones pasadas ni los mandos de las instituciones pasadas, sino del presente, si lo único que querían era la fotografía?”, cuestionó el padre de César Manuel.
La molestia de los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos fue expresada luego de reconocer que, sin el trabajo del GIEI, no habría sido posible documentar lo que ellos ya intuían desde el primer momento de la desaparición de sus hijos, de que las Fuerzas Armadas debían tener información de la tragedia ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Después del video dado a conocer ayer por el GIEI, los padres no sólo confirmaron su sospecha, sino que se enteraron de que en la construcción de la “verdad histórica”, participaron también miembros de la Semar, de acuerdo al video en el que se observa a marinos realizando actividades en el basurero de Cocula, horas antes que llegara al lugar el entonces procurador Jesús Murillo Karam y el quien fuera director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.
Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, urgió al presidente Andrés Manuel López Obrador a una reunión para “hablar del informe del GIEI y para que se abra una carpeta de investigación” contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Semar, toda vez que persisten “obstáculos y seguimos a tres años sin saber la verdad”.
El abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Vidulfo Rosales, alertó que el tercer informe del GIEI demuestra que hubo “manipulación del basurero de Cocula para ensuciar y ocultar la verdad”, y que quedó claro que las “Fuerzas Armadas sólo han administrado la información”.
Denunció la falta de cumplimiento del decreto presidencial por parte de todas las instituciones federales, y que los expertos hayan tenido que recurrir directamente al presidente López Obrador para que la Sedena y la Semar entregaran información, misma que ha sido negada a la Unidad Especializada para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA).
“Ya quedó claro que hubo un montaje y una manipulación, lo que esperamos ahora son investigaciones contra los marinos y los militares, siempre hemos pedido que se hagan investigaciones que incluyan la cadena de mando, y que haya consecuencias jurídicas”, puntualizó Rosales Sierra.
“Estamos encabronados” y urgimos una reunión con AMLO: Padres de los 43 tras informe del GIEI
Mario González
El director de Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Santiago Aguirre, recordó que el artículo quinto del decreto presidencial que crea la Comisión para la Verdad y la Justicia en el Caso Ayotzinapa, obligaba a todas las instituciones, incluidas Sedena y Semar, a entregar información, por lo que la obtención de la información tres años después de firmado el decreto es incompatible con el compromiso presidencial de llegar a la verdad.
“Si no obedecen al decreto presidencial, ¿a quién obedecen Semar y Sedena?”, preguntó Aguirre tras llamar al presidente López Obrador a “retomar el diálogo directo” con los familiares de los normalistas, luego de haberlo suspendido en septiembre del año pasado.
Apuntó que las principales resistencias para esclarecer el caso están dentro de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Sedena, más que en los jueces, porque el caso aún no ha sido cerrado en la investigación.
Humberto Guerrero, abogado del Centro de Análisis e Información Fundar, resaltó que la permanencia del GIEI por cuatro meses más, prorrogable por dos meses, se debe a que aún falta información por dilucidar.
“La permanencia del GIEI no es para siempre, los expertos están aquí para ayudar a esclarecer el caso, pero la obligación de investigar y poner sanciones es del Estado mexicano, no del GIEI que únicamente tiene como mandato emitir recomendaciones, que esperamos sean atendidas por el Estado”, agregó Guerrero.
José Manuel del Río Virgen seguirá en prisión
/ Noé zavaleta
El Juzgado Décimo Séptimo de Distrito negó la suspensión definitiva en el amparo 49/22 al secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, José Manuel del Río Virgen, por lo que el cercano colaborador de Ricardo Monreal Ávila permanecerá preso en el penal de Pacho Viejo, en Coatepec.
Del Río Virgen es inculpado por la presunta comisión del homicidio del exalcalde electo de Cazones de Herrera, Remigio René Tovar, asesinado un día antes del proceso electoral 2021.
José Manuel del Río permanece recluido en Pacho Viejo desde diciembre pasado, pese a la insistencia del senador de Morena, Ricardo Monreal, de que es inocente y un preso político del gobierno de Cuitláhuac García.
Este martes, la suspensión definitiva fue desechada toda vez que el Juzgado determinó que no ha causado ejecutoria la sentencia de amparo, además de que las partes presentaron recurso de revisión y la sentencia puede confirmarse, revocarse o modificarse, lo que corresponderá definirlo a un Tribunal Colegiado.
En días pasados, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló presuntas violaciones a los derechos humanos de José Manuel “N”.
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, criticó que, a su parecer, la CNDH dio una resolución basada en el “influyentismo” de José Manuel del Río Virgen.
“Un juez nuevamente reitera, un juez de distrito, reitera que mediante un amparo se debe repetir la audiencia sobre el presunto responsable sobre José Manuel N, demostrará que la ley se puede torcer a conveniencia, porque el presunto responsable tiene amigos pudientes”.
García Jiménez destacó que deben prevalecer los principios de justicia y no olvidar que la víctima es René Tovar y su familia, y cuestionó el por qué las instancias de derecho no ven los derechos de la víctima y se empeñan en señalar las presuntas violaciones del detenido.
Doce estados cumplen con 100% de transparencia de información presupuestal: IMCO
/ JuaN carlos cruz varGas
En una década el presupuesto destinado a las 32 entidades federativas se elevó 19% al pasar de un billón 584 mil millones de pesos en 2011 a un billón 891 millones de pesos en 2022, lo que representa el 4.4% del presupuesto federal, reveló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Al dar a conocer el Barómetro de información presupuestal 2022, el cual mide la calidad de la información presupuestal de las 32 entidades federativas del país, el IMCO informó que entre 2008 y 2022, los estados han logrado pasar de un cumplimiento promedio del 53% a un 93%, es decir, 40 puntos porcentuales por encima de la primera evaluación.
Durante más de una década se ha logrado transitar de documentos incompletos, y muchas veces inexistentes, a presupuestos homologados y desglosados; de kilos de papel, a un buscador e información descargable; de no tener acceso a periódicos oficiales electrónicos, a la publicación de la información presupuestal completa.
En el reporte dado a conocer este martes, 12 entidades federativas alcanzaron un cumplimiento de 100%: Baja California, Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán.
Por su parte, nueve entidades obtuvieron un cumplimiento entre el 95 y el 99%; Nayarit y Nuevo León obtuvieron 99% en la evaluación.
Mientras que Guerrero es la única entidad del país que obtuvo una calificación inferior al 70%, con 66%.
Baja California, Puebla y Guanajuato han mantenido una calificación arriba del 98% por al menos tres evaluaciones consecutivas.
Las secciones más cumplidas son las que desglosan información presupuestal sobre recursos federales, poderes y dependencias. No obstante, algunas entidades siguen ocultando información presupuestal sobre deuda pública, es decir, se desconocen las tasas o plazos de contratación, así como el destino de la deuda.
Otro de los ítems que no les gusta publicar a los estados son sueldos, salarios, así como las plazas.
“Es posible conocer el sueldo de los gobernadores estatales pero no se conocen los sueldos del personal docente federal y estatal, ni se identifican por contrataciones de base, honorarios o confianza”, acotó el IMCO.
En el mismo sentido, están los fideicomisos y los recursos que se les asignan en el ejercicio fiscal correspondiente.
El IMCO propuso tres acciones para mejorar la transparencia del dinero manejado por las entidades federativas:
Institucionalizar las mejores prácticas de contabilidad gubernamental y transparencia presupuestal para la elaboración y aprobación de las leyes de ingresos y presupuestos de egresos.
En segundo lugar, contar con unidades de evaluación que vinculen de manera obligatoria los resultados de su desempeño y la asignación de recursos en el siguiente ejercicio fiscal; además de acortar la brecha entre el presupuesto aprobado y el ejercido.
