MARTES 25 DE ENERO DE 2022
El Conacyt y el CIDE, el desencuentro / Ernesto Villanueva Una parte de la comunidad académica del Centro de Investigación y Docencia Académicas (CIDE) mantiene una campaña contra lo que califica una afectación a la libertad de investigación y a la autonomía de esa institución por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Se han difundido muchos mensajes contradictorios que, en suma, vulneran el derecho a la información, de ahí que sea oportuno y pertinente aclarar las cosas. Primero. El fondo del problema reside en un tema de concepción sobre cómo y para qué se investiga, no sobre las temáticas susceptibles de investigación, donde queda a salvo la libertad de investigación. El asunto es de pesos y centavos. Para el Conacyt y la 4T la investigación que se lleva a cabo en los centros académicos que viven con cargo al erario, debe tener una finalidad de interés público; es decir, no debe estar sujeta al encargo pecuniario donde concurran el sueldo del investigador, los incentivos internos, el reconocimiento económico del SNI del Conacyt, los apoyos de esta misma institución a proyectos de investigación sumados a los pagos de otras fuentes de ingresos derivadas del propio erario (ya sea municipal, estatal, federal o de organismos autónomos) cuyos montos sustantivos van dirigidos a los participantes del proyecto pagando un overhead o gastos, destinados en este caso al CIDE por concepto de uso del logo y de sus instalaciones. Por el contrario, esta modalidad de investigación se ha internalizado en los investigadores y estudiantes participantes de proyectos de investigación aplicada. Las movilizaciones estudiantiles más acabadas como las de la UNAM en el pasado reciente han estado relacionadas con asuntos de interés público, principalmente la defensa de la gratuidad de la educación y, por ello mismo, la igualdad de oportunidades. Esto ahora no tiene mayor interés para los activistas del CIDE, toda vez que la gratuidad anunciada por el Conacyt para este 2022 no tuvo el menor impacto en el ánimo estudiantil más preocupado y ocupado en los proyectos con una derrama económica más allá de las becas institucionales. Segundo. Los detractores del Conacyt han señalado que las reformas al Estatuto General del CIDE deben observar “lo dispuesto por su artículo 42, fracción V, de conformidad con el cual corresponde al Consejo Académico del CIDE conocer y aprobar toda modificación a los Estatutos de la Asociación, previo a su sometimiento, por parte del director general, al Consejo Directivo o a esta Asamblea, según corresponda”. Esto es una verdad a medias porque opera cuando se trata de propuestas de reformas por parte de la dirección general del CIDE, no de los asociados de la Asamblea General. Tampoco es dable afirmar que hay una intervención externa porque la propia Asamblea General es el máximo órgano colegiado del CIDE previsto en su normativa interna. En todo caso, se encuentran los tribunales como la mejor alternativa para dirimir, si las hubiera, las dudas sobre la debida interpretación de las reglas jurídicas que rigen la vida del CIDE. Hasta ahora por lo menos, los jueces de distrito no han ordenado suspensiones provisionales para evitar la aplicación de la normativa vigente en ese centro de estudios que, no sobra decir, no es autónomo, sino un centro público de investigación que depende enteramente del gobierno federal cuya naturaleza jurídica existe intacta desde su fundación. Tercero. Sin duda, quienes se oponen a la política pública del gobierno federal están en todo su derecho de manifestarse y hacer públicos sus disensos como lo están haciendo a través de declaraciones en los medios de comunicación. Esas inquietudes, empero, no obligan en modo alguno al Conacyt para que ajuste sus pautas de comportamiento a los requerimientos de sus detractores. En esa lógica, el Conacyt hace lo que puede hacer en el marco de la Constitución y la ley para traducir en acto su plataforma política, salvo que por resolución judicial definitiva e inapelable se disponga algo distinto o que por la creación de una eventual ley orgánica del CIDE que se nutra de los puntos de vista de quienes ahora están en contra de los cambios administrativos internos que se promueve desde el Conacyt y la 4T, quede fuera de toda relación con el CIDE. En la única encuesta interna del gobierno federal que mide el tema CIDE no hay impacto alguno en el electorado de la 4T ni en la imagen presidencial. Las denuncias de quienes cuestionan al gobierno federal desde los medios sólo convencen a quienes ya estaban convencidos. Y contrario a lo que sucedía en el pasado reciente, las denuncias mediáticas tienen el efecto de fortalecer la postura presidencial y del Conacyt sobre el tema del CIDE. Como se ha visto en muchos casos, la crítica recurrente no dobla ni modifica el quehacer presidencial, sino paradójicamente lo justifica. La supuesta defensa de la ley violando la ley como se ha hecho ahora cerrando una parte de la entrada y salida de la carretera México-Toluca no tendrá un final feliz para sus promoventes y sí, por el contrario, generará malestar ciudadano y una reacción esperable de las autoridades para evitar que se vulnere el derecho humano al libre tránsito.
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AMLO pide no adelantar juicios en crimen de Lourdes Maldonado ni culpar a su gobierno / Ezequiel Flores El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado López registrado el domingo en la ciudad de Tijuana, Baja California, y consideró que “no se puede en automático” vincular una demanda laboral con un crimen. Incluso, deslindó a su gobierno de los crímenes contra periodistas argumentando que heredó de sus antecesores: "corrupción, desigualdad y violencia". “No es responsable adelantar ningún juicio, hay que esperar y ver quiénes estaban informados, quiénes son los responsables materiales e intelectuales”, dijo en referencia al caso de la demanda laboral que la víctima ganó tras un litigio que emprendió hace nueve años por despido injustificado de la empresa del exgobernador, Jaime Bonilla, Primer Sistema de Noticias (PSN). En la conferencia mañanera, el mandatario expresó su pésame a la familia de la periodista tijuanense y dijo que “duele mucho” el crimen cometido en esa ciudad fronteriza. No obstante, asumió la defensa del exgobernador Jaime Bonilla, postulado por Morena, al señalar que no debe descartarse el móvil político en el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado porque “siempre se busca perjudicar a adversarios”. “No dejar de considerar lo político porque siempre hay confrontación, diferencias y siempre se busca perjudicar a adversarios, entonces, se tiene que hacer una investigación a fondo, se está llevando a cabo, como todas las investigaciones. “Una característica del gobierno que represento es que no haya impunidad, de que todos estos crímenes sean atendidos, se investiguen y se encuentre a los culpables y responsables”, indicó el mandatario. Luego, recordó que la periodista Lourdes Maldonado estuvo a principios de enero de 2019 en la conferencia mañanera para hacer una denuncia de un asunto laboral, de una empresa de radio y televisión vinculada con Jaime Bonilla. “Se mantuvo comunicación con ella porque no era un asunto de amenazas y violencia, y se le garantizó que su demanda fuera atendida, incluso había ganado ya su
| Foto Gobierno de México demanda. Hablaba aquí periódicamente y se le ayudaba”, aseguró López Obrador. “Lamentablemente sucedió esto, la asesinan, hay que ver el móvil, si hay vinculación con la denuncia y quiénes son los responsables, verlo con mucha responsabilidad. ¿Quiénes fueron? Si hay autores intelectuales y ¿quiénes fueron los materiales?”, cuestionó el mandatario.
Crímenes, producto del periodo neoliberal Después, advirtió que este tipo de crímenes tienen su origen en el periodo neoliberal porque desde hace 30 años se hace evidente y “monstruosa” la desigualdad económica y social. “Tenemos que seguir luchando para conseguir una sociedad mejor entre todos, una sociedad más fraterna, más justa, más humanitaria, no olvidemos que eso es lo único que pido, que venimos de un periodo decadente, de un proceso de degradación progresivo, no olvidemos eso”, subrayó el tabasqueño. Ello debido a que, durante el gobierno de sus antecesores, dijo el presidente López Obrador, se alentó la frustración y el odio. “Estamos deteniendo ese periodo de descomposición, de violencia y odio: Corrupción, desigualdad y violencia eso es lo que nos heredaron”, dijo el mandatario para deslindarse de la violencia contra periodistas.
RSF indaga asesinato de Lourdes Maldonado y alerta que “baño de sangre contra la prensa continúa” / Gloria Leticia Díaz La organización de defensa de la libertad de expresión, Reporteros sin Fronteras (RSF), alertó que “el baño de sangre contra la prensa continúa” en México, luego que se confirmó el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado López la noche del domingo 23 en Tijuana, Baja California. En un mensaje en su cuenta de Twitter, la organización destacó que está “investigando las circunstancias del asesinato” de Maldonado, quien contaba con medidas de seguridad proporcionadas por el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación. Tras exigir a las autoridades estatales y federales “una investigación inmediata de los hechos y garantizar la seguridad de su familia”, RSF resaltó que Lourdes Maldonado es la tercera periodista asesinada en las primeras tres semanas de 2022. Apenas el viernes 21, el director de RSF para América Latina, Emmanuel Colombié, alertó que “el año 2022 se ha estrenado con un baño de sangre para el periodismo mexicano”, con los asesinatos de Alfonso Margarito Martínez Esquivel y José Luis Gamboa Arenas, ocurridos en Baja California el 17 de enero, y en Veracruz el 10 de enero, respectivamente. Sobre el caso de Martínez Esquivel, RSF retomó la declaración de Adela Navarro, directora del periódico Zeta, medio en el que colaboraba, al recordar que como fotorreportero especializado en la fuente policiaca “siempre había tenido problemas con la policía”,
y que en 2019 “agentes policiales intentaron confiscarle su equipo”, siendo incidentes frecuentes en su desempeño profesional. De acuerdo a testimonios de sus compañeros de trabajo, “Martínez Esquivel se sentía amenazado, especialmente por grupos criminales locales, y temía por su vida”, más aún luego que en diciembre de 2021 fue intimidado, por lo que solicitó medidas de protección en Baja California, y después al mecanismo federal de protección, sin lograr obtener medidas de seguridad. En cuanto a la muerte de Gamboa, RSF resaltó que su cuerpo fue encontrado a unos 15 metros de su domicilio “cosido a puñaladas y sólo pudo ser identificado por su familia tres días después”. Gamboa era director de la página web InforegioNetword y del semanario El Regional del Norte, era autor de artículos de opinión especializados en corrupción de la clase política local y sus vínculos con el crimen organizado. Por estos dos primeros casos registrados en 2022, Emmanuel Colombié alertó que “hacen presagiar otro año sangriento para la libertad de prensa en el país”, ante una violencia que “se ceba con los periodistas, y la impunidad que habitualmente la sucede no deben considerarse como una mera fatalidad”. RSF condenó los crímenes y exhortó “a las autoridades mexicanas a detener a los culpables y reformar los mecanismos de protección a los periodistas”, y recordó que en el 2021 se registró siete asesinatos de periodistas, situación que coloca a México “en el más mortífero del mundo para ejercer la prensa”.
