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aPrO/juan Omar fierrO
INAMI: Bajo el amparo de A LOMO DE PALABRA la “seguridad nacional” Las mañaneras y la res publica contratan a empresa incómoda GERMÁN CASTRO
/ Juan omar Fierro
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El Instituto Nacional de Migración (Inami) adjudicó de manera directa dos contratos, así como un convenio modificatorio a la empresa Constructora Mayrán de San Pedro, SA de CV, por un monto de 632 millones 279 mil pesos para mantenimiento, remodelación y limpieza de sus estaciones migratorias, representaciones estatales o regionales, oficinas del Grupo Beta y estancias provisionales para recibir el creciente flujo de migrantes que atraviesan México.
Los contratos entregados por Migración a la empresa asentada en Torreón, Coahuila, cuyas obras han sido objeto de observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), fueron avalados por el director general de Coordinación de Oficinas de Representación del Inami, Héctor Leoncio Martínez Castuera, cargo que equivale a coordinador de delegaciones migratorias en todo el país.
Martínez Castuera es el mismo funcionario que enfrenta una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública por presunto nepotismo, debido a que su hermano Sergio Alberto Martínez Castuera y su sobrina Ariadna Irais Martínez Castuera Arroyo, también trabajan en el gobierno de López Obrador.
Los vínculos documentados por Proceso desde septiembre pasado (edición 2342) señalan que el general Salvador Martínez Castuera influyó para que el comisionado nacional del Inami, Francisco Garduño Yáñez, le diera trabajo a su hermano Héctor Leoncio y a su hija Ariadna Irais, por lo que ambos ocupan cargos relevantes en Migración.
De acuerdo con la denuncia administrativa, Ariadna Irais Martínez Castuera Arroyo se desempeña como subdirectora de Migración para Asuntos de Centroamérica y el Caribe de la Dirección General de Protección al Migrante del propio Inami.
El vínculo del comisionado Francisco Garduño con el general Martínez Castuera se inició cuando el propio Garduño fue nombrado comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y se mantuvo de manera indirecta cuando López Obrador lo designó titular de Migración.
Durante su desempeño como comisionado de Prevención y Readaptación Social, Garduño Yáñez designó al general Sergio Alberto Martínez coordinador de Centros Penales Federales, cargo que conserva hasta hoy, pese a que está imputado por el delito de ejercicio indebido de atribuciones y facultades en la causa penal que busca sancionar presuntas anomalías en los contratos entregados a la iniciativa privada para la construcción y operación de ocho prisiones federales.
Como titular de las oficinas migratorias en todo el país, Héctor Martínez Castuera también ha sido el funcionario del Inami que se ha encargado de supervisar, controlar y disolver las caravanas de migrantes que han ingresado al país en el segundo semestre de 2021.
Además, el 25 de noviembre último fue grabado en Tapachula, Chiapas, solicitando a la Guardia Nacional que alejara a los medios de comunicación de un centro de atención a migrantes, para evitar que pudieran ser entrevistados sobre la actuación de las autoridades mexicanas. Héctor Leoncio Martínez Castuera | Foto mexicanidad.org
Contratos
El 12 de febrero de 2020 se firmó el primer contrato del Inami con la Constructora Mayrán de San Pedro, por un monto máximo de 427 millones de pesos y bajo el concepto de “Prestación de Servicios Integrales para las estaciones migratorias y estancias provisionales que se encuentran en las oficinas de representación del Inami”.
Dicho contrato, del que Proceso tiene copia, fue otorgado por adjudicación directa, argumentando un riesgo para la seguridad nacional o la seguridad pública, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Las obras de mantenimiento y remodelación implican 74 instalaciones del Inami en las 32 entidades federativas y abarcan conceptos tan diferentes como instalaciones eléctricas, cambio y renivelación de pisos, bardas, instalaciones hidráulicas, herrería, acabados, cambio de aire acondicionado, puertas especiales, obras de carpintería, cambio y reparación de cerraduras y elaboración de puertas especiales bajo medida.
Derivado de ese primer contrato el Inami firmó un convenio modificatorio, el 12 de mayo de 2020, para agregar obras y servicios a tres instalaciones ubicadas en Tamaulipas, lo que representó un desembolso adicional de 85 millones 400 mil pesos para el organismo encargado de los controles migratorios de nuestro país.
Este primer contrato y su convenio modificatorio están firmados por la directora general de Administración del Inami, Carmen Ivonne Ramírez García, y el director general de Coordinación de las Oficinas de Representación de Migración, Héctor Leoncio Martínez Castuera, quien, además, funge como administrador del propio contrato.
Concluido el primer contrato en diciembre de 2020, los mismos funcionarios avalaron una segunda adjudicación directa que favoreció a Constructora Mayrán de San Pedro, ahora por un monto máximo de 119 millones 879 mil pesos, incluyendo conceptos como instalación de mallas, demolición y retiro de muros, repellados, retiro de paneles, así como todos los servicios contemplados desde el año previo.
Firmado el 12 de mayo último, el contrato argumenta una vez más riesgos para la seguridad nacional para poder otorgar la adjudicación directa, de acuerdo con los documentos en poder de Proceso. A la doctora Graciela Márquez Colín, próxima presidenta del INEGI. Felicidades.
Hace unos días me invitaron a participar en una mesa de análisis en la 4TV. El tema que tratamos fue las conferencias matutinas del presidente, así, en general. No es un asunto menor: a mitad del sexenio, ya quedó sobradamente claro, y todos, incluidos los adversarios declarados de Andrés Manuel López Obrador y hasta sus más enconados enemigos y malquerientes, por no hablar de la mayoría de la gente que lo apoya, todos entendemos las mañaneras como parte sustantiva de la vida pública de nuestro país. A estas alturas, ni tiros ni troyanos pueden obviarlas.
En la inédita situación de plenitud democrática que estamos disfrutando en México, las mañaneras se han convertido en nuestra ágora, en el sitio y la puntual ocasión en la que se ventilan los asuntos públicos —la definición de ágora que aporta doña María Moliner en su Diccionario de uso del español es bastante puntual: “plaza en donde se reunían las asambleas públicas en las ciudades de la antigua Grecia”—. Todos los días, de lunes a viernes —y desde hace poco también los sábados— nos encontramos al primer mandatario a tiro de piedra, atendiendo personalmente a la prensa, sin que antes se hayan acordado las preguntas, sin mayor aparato de producción. Ni los medios de comunicación ni la burocracia ni la ciudadanía en este país estábamos habituados a un ejercicio de esta naturaleza. En buena medida porque nuestra relación con los presidentes era igual a la que se tienen que ajustar los espectadores con actores, comediantes y demás histriones. No teníamos a seres humanos despachando en la Presidencia de la República, sino a unos señores que eran intérpretes de spots, figurantes de eventos en los que cada detalle se pensaba para hacerlos lucir fuertes, inteligentes, buenos, justos, superdotados, infalibles…; personajes que no eran personas de carne y hueso, sino productos de una producción. Las escasas veces que se decidían a salir a la palestra todo se tenía bajo control, incluso muchas veces ensayado. Era absolutamente impensable que alguien tratara de hacer algo fuera de lo programado, ya no digamos que intentara poner en aprietos al presidente… Recuérdenlo, así era hasta hace poco… Por eso, el desconcierto no ha sido menor cuando, de buenas a primeras, tienes diariamente en la mañana a un señor que, sin más, llega y dice buenos días y se pone a disposición de los periodistas que se animaron ese día a madrugar… Por supuesto, el hombre es como cualquiera, extraordinariamente ordinario, normal quiero decir, así que a veces llega de buenas y a veces no tanto o incluso de malas, y eso resulta evidente, se le nota, igual que algunas veces se puede apreciar —no hay actuación— que amaneció indispuesto o ronco o de plano enfermo… Entre quienes desprecian a AMLO abundan los que lo llaman a él “tlatoani” y a las conferencias “su púlpito”, y lo que estamos presenciando es precisamente lo contrario: la desmitificación del presidente de la República. Las mañaneras son todos los días, no son eventuales, son cotidianas, no pueden ser especialmente cuidadas, al menos no en lo que respecta a la presencia del presidente López Obrador; no es extraño que de vez en cuando salga a cuadro con la corbata mal puesta, por ejemplo. Antes era imposible que el primer mandatario en turno apareciera en la televisión con mácula alguna, simple y sencillamente porque lo que veíamos era, repito, una producción, una realidad montada, el trabajo de un montón de personas que implicaba horas y horas y al que se le invertían un demonial de recursos. Así que el doblez del pantalón o lo bien o mal boleado de los zapatos no podían ser sucesos y no eran tema. Además, no olvidemos que todo lo que aquellos políticos salían a declarar había sido escrito antes, seguramente por otra persona y no pocas veces por una tropilla de estresados funcionarios. Unos mejor que otros, pero todos, desde hace varias administraciones solían usar teleprompter —no era raro que resultara evidente que lo que leían lo leían por primera vez—. El cambio es drástico y ha pivoteado fenómenos muy simpáticos; por muestra, que tengamos celebérrimos columnistas publicando sesudas parrafadas alusivas a las condiciones del brillo o ausencia de brillo del calzado presidencial, o profundas elucubraciones en torno a lo que quiso decir o no quiso decir cuando en medio de una respuesta hizo una pausa demasiado larga…, demasiado larga incluso para su consabido ritmo pausado.
Por lo demás, si antes de diciembre de 2018 no era extraño que López Obrador impusiera la agenda nacional, es decir, desde la oposición y con todos los medios de comunicación en contra, ahora, desde la Presidencia, prácticamente no la suelta nunca. Además, durante toda la semana, desde muy temprano, establece los tiempos y jerarquiza los temas de interés público. Esta situación no sólo se debe a la destreza política de AMLO, interviene también una oposición contestataria…, perdón, sólo contestataria, que se limita a contestar, a replicar, pues. El acontecer del día comienza con las novedades que se difunden desde las mañaneras, así que desde hace tres años los periódicos casi se volvieron inútiles. Ante esto, la prensa tradicional ha intentado hacerle un vacío al gobierno: muchos han optado por no enviar a sus reporteros para volver irrelevante la conferencia, y, claro, quienes se volvieron irrelevantes fueron esos medios.
Termino subrayando que uno de los grandes beneficios que han traído las mañaneras es la vuelta al terreno de los asuntos de interés público de la cosa pública. No es un juego de palabras: venimos de un período durante el cual el público chismeaba sólo de cosas privadas, mientras que de la cosa pública, de la política, mejor no se hablaba…, eso era privado. Afortunadamente, ya no.
/ Patricia mayorga | raúl F. PérEz
Una semana después de las elecciones estatales del pasado 6 de junio se desató la guerra en el Triángulo Dorado: un nuevo cártel entró a la zona, del lado de esta entidad, y desde entonces no ha cesado el desplazamiento forzado de pobladores de comunidades mestizas y de las etnias rarámuri y ódami.
En plena transición del gobierno de Javier Corral Jurado al de María Eugenia Campos Galván, centenares de personas dejaron sus casas, ganado y parcelas en comunidades acechadas por caciques o grupos delictivos que luchan por el control del territorio.
El grupo que irrumpió se presenta como “Nuevo Cártel Jalisco Nueva Generación” (CJNG), que presuntamente llegó de la mano con el Nuevo Cártel de Juárez (NCDJ). Hombres armados llegaron de manera paralela a rancherías y poblados. La gente asegura que son del NCDJ, que tenía años sin regresar al municipio de Guadalupe y Calvo.
Habitantes de diferentes localidades, consultados por Proceso, se extrañan de la reaparición de retenes de civiles armados en la carretera, porque desde hace unos cuatro años, cuando expulsaron a Los Pintos, no eran tan notorios.
En la parte más cercana del Triángulo Dorado, en el municipio de Guadalupe y Calvo, aproximadamente desde 2012 sembró el terror un grupo del Cártel de Sinaloa llamado Los Pintos, en referencia a su jefe, Héctor Román Angulo, “El Pinto”. Hace unos cuatro años logró sacarlo del territorio otro grupo local conocido como “Los Azules”, presuntamente liderado por Ruperto Salgueiro Nevárez, unos de los hombres más buscados por la DEA, y por sus hermanos, alineados a una facción del Cártel de Sinaloa.
Desde que “Los Azules” tomaron control de la zona, algunos de sus integrantes se incorporaron a los cuerpos de seguridad locales y los pobladores les dicen “policholos”.
El 15 de junio, casi una semana después del triunfo de la panista María Eugenia Campos, se registró el primer enfrentamiento en la seccional de Dolores. Los pobladores hablaron de seis muertos del CJNG y un familiar de los Salgueiro herido, por lo que el grupo local se preparó para la guerra. El 16 de julio se reportaron otros dos hombres muertos y dos heridos en San José del Rincón, del mismo municipio.
Por ese tiempo Proceso recorrió la zona, donde se registró un alto número de incendios, algunos provocados intencionalmente y otros por las altas temperaturas.
La entonces titular de la Comisión Especializada en Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (CEAVE), Irma Villanueva Nájera, confirmó esta versión después de atender a alrededor de 200 personas que huyeron de sus hogares por los enfrentamientos y los incendios. “Tenían necesidad de regresar pronto porque se iniciaba su ciclo agrícola en esos días. Si no sembraban, no iban a tener comida para el año entrante”, dijo Villanueva.
De esas dos centenas de personas atendidas, 140 son del poblado de Santa Rita. La mayoría vivía en la cabecera municipal. Según el testimonio de las personas desplazadas, el enfrentamiento comenzó en Dolores (a dos horas de Santa Rita) y se extendió hasta el ejido San Gerónimo, habitado principalmente por indígenas.
Un grupo huyó de Santa Rita el 22 de junio porque la violencia no cesaba. El segundo grupo salió el día 24, apoyado por el Ejército. “Ellos dijeron que un día llegaron (los agresores) y empezaron a
Chihuahua reduce la ayuda a desplazados e indígenas
revisar casas. Incendiaron una; en ese momento no había personas, pero sí estaba habitada. Encienden un vehículo, comienzan a entrar”, agregó Villanueva Nájera en su momento.
“Coincidían –prosiguió– en que el 19 de junio llegaron en la mañana varias camionetas. Con armas largas, encapuchados incendian una casa y un vehículo. Amenazan con quemar otras casas. Golpean a la gente, la arrinconan, le piden cosas. Les piden que entreguen armas o les piden información o que entreguen droga. Algunas familias vivieron eso y las golpearon, les advirtieron que, si no se iban, algo les va a pasar.”
La mayoría se encerró el resto del día en camionetas y después huyó. Llevaron a otras personas que no tenían cómo movilizarse. La mayoría alcanzó a sacar sus documentos.
También huyeron indígenas de las rancherías próximas porque el enfrentamiento se extendió a poblados del ejido San Gerónimo, entre los que se encuentra San José de los Salgueiro. Era una respuesta a la agresión del 15 de junio.
Unas 67 familias rarámuri, con niñas y niños, salieron al monte y ahí se quedaron varios días. No tuvieron cómo movilizarse y resistieron en plena sierra. Durante días bajaban solamente por alimento y volvían a su refugio, según la CEAVE.
Las autoridades indígenas, dijo Villanueva Nájera, “hablan de que hubo un operativo por el Ejército y policías; que vieron que algunos de ellos –no saben si municipales, estatales o federales– rompieron puertas, ventanas y algunos objetos de las casas”.
Las personas desplazadas solicitaron alimentos porque quienes atendían la tienda Conasupo del pueblo también huyeron. “No se dio un retorno masivo. Algunas familias se quedaron en otras ciudades por seguridad”. La situación empeoró semanas después.
María Eugenia Campos | Foto @MaruCampos_G
una guErra dE 13 días
El CJNG comenzó operaciones en los límites de Chihuahua a partir de 2017, de acuerdo con la DEA (Proceso 2102). La zona había sido disputada desde hace años por los cárteles de Sinaloa y de Juárez, éste con su brazo armado, La Línea.
Aquel año el agente especial de la DEA y jefe de su división de El Paso, Will R. Glaspy, declaró al corresponsal de este semanario en Washington, Jesús Esquivel, que el CJNG ya introducía cocaína, metanfetaminas y heroína a Estados Unidos y le disputaba ese mercado al Cártel de Sinaloa.
A partir de junio pasado el cártel comandado por Nemesio Oseguera, El Mencho, el CJNG, ingresó al Triángulo Dorado desde Sinaloa, al municipio de Guadalupe y Calvo, de Chihuahua, con el apoyo del NCDJ.
La segunda semana de octubre las dos organizaciones criminales se enfrentaron en el poblado Rincón de Alisos. “La guerra duró 13 días”, dijo una persona cercana a gente de uno de los grupos.
De acuerdo con testimonios recabados en la región, el grupo del Cártel de Sinaloa relacionado con “Los Salgueiro” y que se reúne en el pueblo de Cinco Llagas, reclutó a jóvenes en Sinaloa que no conocen la región. Los enviaron a atacar Los Alisos y Rincón de Alisos, donde se encontraba otro jefe que anteriormente trabajaba para Los Salgueiro pero ahora lo hace para la alianza del NCDJ y el CJNG.
“Había alguien que se encargaba de cada rancho, a cargo del señor Ruperto, pero ahora se están yendo con el otro grupo”, dice un allegado al jefe de Los Alisos.
En videos que circularon en redes sociales se puede ver a hombres fuertemente armados con uniforme de camuflaje y chalecos antibalas con la leyenda “Gente Nueva”, en alusión a esta facción del Cártel de Sinaloa.
Según diversos medios, ese enfrentamiento dejó entre 18 y 20 muertos. De acuerdo con testigos, las fuerzas del NCDJ y el CJNG repelieron el ataque de la Gente Nueva enviada por el grupo de Cinco Llagas y el saldo fue de más de 50 asesinados. Las autoridades no han aclarado los hechos.
EstE 22 dE diciEmbrE El miércolEs ciudadano sE rEalizará En Palacio municiPal
Insiste Morena en que INE debe organizar consulta, sin presupuesto
Tal como se advirtió, se confirma que el INE se convirtió en un templo de ególatras: Ignacio Mier
Ignacio Mier Velazco | Foto @NachoMierV
INE
El diputado Ignacio Mier Velazco coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, anunció que ante la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la revocación de mandato, su bancada combatirá legal y pacíficamente este fraude a la ley y atentado a la democracia, cometido por una camarilla de consejeros que una vez más demuestran sumisión a intereses ajenos al mandato constitucional. "La defensa del PAN, PRD y MC a la triquiñuela jurídica del INE es una verdad desnuda que confirma la existencia de la ‘Liga de la Justicia y Custodia’, que tiene como propósito central preservar las instituciones y personajes inmorales que con sutileza nos hacen creer que actúan en favor de la democracia y el bien de México, pero con sus acciones traicionan al pueblo", expuso el diputado federal en un comunicado.
El coordinador de Morena respaldó el anuncio que hizo el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, para que, como representante legal de la Cámara de Diputados, presente un recurso de queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJ), así como la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), y la Contraloría del INE por las probables responsabilidades administrativas y penales, por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos.
Mier Velazco afirmó que en el INE sobra dinero, pero "falta tantita vergüenza, mucha responsabilidad pública y bastante moral para hacer un esfuerzo de austeridad y ahorrar el 15 por ciento de su abultado presupuesto para organizar la consulta.
“Han decidido continuar con el esquema mediante el cual se manejaban antes de la llegada de la Cuarta Transformación, donde actuaban soterradamente, enmascarados en Pactos por México y en el supuesto consenso, con un objetivo central: salvar el modelo de negocios en que convirtieron nuestro país”, manifestó.
El coordinador parlamentario recordó la advertencia que hizo hace un tiempo sobre la actuación del INE, la cual se confirma nuevamente con esta negativa a realizar la consulta para la revocación del mandato: “el INE se convirtió en un templo de ególatras”.
Detalló que el máximo órgano electoral del país ejerce un presupuesto mayor al del Poder Legislativo, incluso de otros entes autónomos. Tan sólo para 2022 el INE tendrá disponibles casi 20 mil millones de pesos, esto sin contar los fideicomisos que ejerce sin transparencia ni rendición de cuentas.
“Pero dentro de todo ese presupuesto, el capítulo de salarios es insultante para el pueblo de México. Sólo por poner un ejemplo, el consejero presidente gana al año --considerando el pago de celular y gastos de alimentación-- tres millones, 269 mil, 660 pesos, lo que equivaldría a 175 pensiones anuales para el Bienestar de Personas Adultas Mayores; 201 pensiones para el Bienestar de las Personas con Discapacidad; 340 apoyos para el Bienestar de las Niñas, Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, etcétera.
“Son sueldos estratosféricos, cualquier trabajador que tenga un noble oficio o incluso un profesor de escuela pública en México, una enfermera, un médico, no gana lo que gana un representante del Instituto Nacional Electoral, pero algunos siguen empecinados en querer defender lo indefendible”, explicó.
Para el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados la decisión del INE de posponer la revocación de mandato fue un error y una violación a la Constitución y a la ley en la materia, por lo tanto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrán que corregir.
BRAVUCONADAS La 4T y la ratificación revocación de mandato. El ataque al INE
MARIO BRAVO
El pasado viernes 17 de diciembre, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE, sesionó y determinó por mayoría -seis votos a favor y cinco en contra- como medida extraordinaria, posponer temporalmente la realización de la Revocación de Mandato del Presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024, ante la insuficiencia presupuestal derivada del recorte aprobado por la Cámara de Diputados al INE para el ejercicio 2022, aunque, se precisó que, independientemente de ello, el INE seguirá avanzando en la revisión de los millones de firmas de apoyo que están llegando, ya sea vía la aplicación (APP) o en formatos físicos, cuyo plazo para entregar las mismas vence el próximo sábado 25 de diciembre. La medida ciertamente fue impulsada por el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, y queda claro que la misma obedeció a una clara responsabilidad para acatar, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Revocación de Mandato publicada en el Diario Oficial de la Federación apenas el pasado 14 de septiembre de 2021, que señala en su artículo 27 la responsabilidad del Instituto Nacional Electoral de la “organización, desarrollo y cómputo de la votación de los procesos de revocación de mandato y de llevar a cabo la promoción del voto, en términos de esta Ley y de la Ley General, garantizando la observancia de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad y perspectiva de género en el ejercicio de la función de la participación ciudadana.” Además, en el segundo párrafo del artículo 41 de la misma ley, se precisa que el INE “deberá habilitar la misma cantidad de las casillas que fueron determinadas para la jornada del proceso electoral anterior, teniendo en cuenta la actualización que corresponda al listado nominal.” Así el Instituto deberá instalar la friolera de 162 mil 374 casillas a lo largo y ancho del país. Asimismo, la Ley prevé que en cada casilla exista un presidente, un secretario, un escrutador y un suplente general, esto es, 649,496 ciudadanos que deben ser convocados, preparados y capacitados por la autoridad electoral para este inédito ejercicio ciudadano, ello sí sólo consideramos a los titulares, si se contempla a los posibles suplentes la cifra asciende a 1,298,992.
Fiel a su estilo bravucón, el presidente López acusó en su mañanera del propio viernes pasado que, la iniciativa del presidente Córdova Vianello era una “chicanada” contra “el derecho ciudadano de la revocación de mandato”. AMLO ejerciendo de facto una falsa atribución de juzgar el quehacer de otras instituciones, descalificaba una decisión (que aún no se tomaba, la sesión sería por la tarde de ese día) de un órgano constitucional autónomo, interpretando (mal) la resolución previa de la Corte al reclamo del INE por la insuficiencia presupuestal. Desde el punto de vista jurídico, todavía quedará pendiente la definición por parte del Poder Judicial pues la resolución del ministro instructor, Juan Luis González Alcántara sólo negó la suspensión por el hecho de que no se ha producido la afectación presupuestal al Instituto. Así, el huésped de Palacio Nacional, consistente en su aversión personal, golpeaba al INE sin muchas vueltas.
La declaración avinagrada del presidente López, desató, por supuesto a sus seguidores de Morena y la 4T. El líder nacional del partido oficial, Mario Delgado, acusó a “un grupo de 6 consejeros y consejeras del @INEMexico decidieron sumarse al bloque conservador que desprecia la voluntad popular”. Por su parte el disciplinado diputado federal Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, directo como es, acusó a los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama de lo que, a su entender, lastimó el orgullo de su jefe político López Obrador. En este mismo sentido, la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, demandó que “sí (los consejeros del INE) no pueden, que renuncien”. En fin, la batalla por el INE ya pasó a una nueva fase más enconada, de pronóstico reservado.
La aún incipiente democracia institucional y legal que el país vive está siendo amenazada por un régimen cuya filosofía política es tremendamente simplista y está basada en hacer lo que se deba (para lograr su cuarta transformación) aunque se deba lo que se haga, no importa el costo económico, político o social. Al atacar de manera tan grosera al Instituto Nacional Electoral, se está atacando esa democracia mexicana, a los propios mexicanos que aspiran a una vida en convivencia segura y con certidumbre en la ley. Lo preocupante es que sean precisamente los gobernantes, los representantes políticos del Estado quienes encabecen esas agresiones al pilar de esa democracia necesaria para nuestro presente y futuro como nación.
Al corte del propio 17 de diciembre, según el portal del INE de reportes de avance y estadísticos de los registros se han entregado 1,272,152 de las cuales 1,008,547 corresponden a la lista nominal y son válidas, esto es, hay un avance del 36.6%, y de los 17 estados de la república que deben cumplir con el requisito del 3% de su lista nominal sólo 2 han cumplido, la Ciudad de México y Tabasco (faltaba más).
Defender al INE es una responsabilidad ciudadana general, este instituto organizó y llevó de la mano de la legalidad al triunfo de López Obrador en el 2018, y este año certificó los triunfos en diversos estados del movimiento político encabezado por Morena, entonces ¿dónde están los argumentos del conservadurismo y el bloqueo “democrático y popular” del que es acusado?
Conocer la ley, entender la ley, son tareas pendientes del presidente López y su 4T.
