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PESOS
IFT debe entregar documentos y acciones para investigar, sancionar y prevenir casos de acoso sexual y laboral: INAI
El IFT cuenta con una Política para la inclusión laboral de las personas con discapacidad; debe darla a conocer
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INAI
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) entregarlas disposiciones administrativas, reglamentos internos, programas, comités y, en general, cualquier actividad implementada por ese Instituto, dirigida a prevenir, investigar y sancionar casos de acoso sexual y laboral, principalmente aquellos que tengan como finalidad la protección de las servidoras públicas que denunciaron actos de acoso sexual y laboral; además, deberá dar acceso a su “Política para la inclusión laboral de las personas con discapacidad”.
“La violencia sea por acción o por omisión es un mal que aqueja a todas las personas, pero no podemos permitirnos desconocer que históricamente las mujeres son el género que más se ha visto afectado por el embate de este fenómeno social, de este lastre y que en algunos casos hasta se torna cultural (…); es imprescindible dejar de normalizar la violencia contra las mujeres y adoptar las medidas que sean necesarias, efectivas y justas para erradicar cualquier acto u omisión que atente contra su libertad, contra su vida, contra su integridad, el desarrollo de la personalidad, su dignidad”, expresó el Comisionado Adrián Alcalá Méndez al presentar el caso ante el Pleno.
Comentó que desde el sector público las autoridades deben diseñar políticas tendientes a garantizar los derechos de las mujeres y las niñas, todas y todos los servidores públicos deben actuar siempre con respeto a las mujeres, ya sean compañeras de trabajo o usuarias de los servicios que brindan.
Recordó que el acoso laboral es definido por la Organización Internacional del Trabajo como una acción verbal o psicológica, de índole sistemática, repetida o persistente por en el lugar de trabajo o en una conexión con el trabajo una persona o un grupo de personas hieren a una víctima, la humilla, la ofende o la amedrenta.
Así también, la Ley Federal de Trabajo establece que el hostigamiento es el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al ámbito laboral, que se expresa en conductas sean verbales, sean físicas o en ambas y el acoso sexual es una forma de violencia, en la que si bien no hay subordinación, existe un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y riesgo por parte de la víctima, refirió el Comisionado Alcalá.
Un particular pidió conocer todas las disposiciones administrativas, reglamentos internos, programas, comités y en general cualquier actividad implementada para prevenir, investigar, sancionar y prevenir el daño en los casos de acoso sexual y laboral que se han presentado en el IFT, así como aquellos instrumentos, reglamentos, programas o cualquier otro documento que tenga como finalidad la protección de las servidoras públicas que denunciaron actos de acoso sexual y laboral.
El sujeto obligado respondió proporcionando el “Protocolo para la atención a denuncias presentadas ante el Comité de Prevención y Atención a casos de violencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones”; asimismo, señaló que en este no se encontró establecida la figura de la reparación del daño, siendo en consecuencia inexistente la información solicitada con dicho supuesto.
En alegatos, el IFT reiteró la inexistencia de la información requerida, por lo que en el análisis del caso, a cargo del Comisionado Adrián Alcalá Méndez, se constató que resultó procedente la inexistencia de los documentos solicitados relacionados con la reparación del daño; sin embargo, respecto a la entrega de información incompleta de manera adicional a la información proporcionada por el sujeto obligado, se localizó el documento “Política para la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el Instituto Federal de Telecomunicaciones”, que tiene como uno de sus ejes rectores la atención de casos de discriminación, acoso laboral y hostigamiento hacia personas con discapacidad, por lo que ese documento encuadra dentro de los supuestos referidos por la persona recurrente.
De esta forma, por unanimidad el Pleno del INAI determinó modificar la respuesta del IFT, para que informe a la persona solicitante la fuente, la forma y lugar de acceder al documento “Política para la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el Instituto Federal de Telecomunicaciones” y para que además realice una búsqueda exhaustiva y entregue la información adicional que sea localizada.
Se reúnen autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, con las presidencias de los 32 tribunales electorales estatales
Acuerdan mantener el diálogo, la colaboración y la comunicación, a fin de continuar trabajando como instituciones al servicio de la ciudadanía y consolidar la cultura democrática en el país
TEPJF
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE) y las presidencias de los 32 tribunales electorales estatales coincidieron en la necesidad de sumar esfuerzos en una agenda conjunta para continuar trabajando como instituciones al servicio de la ciudadanía, órganos autónomos impulsores de la consolidación de la democracia en el país y parte de un sistema electoral independiente, abierto y cívicamente responsable.
En el marco de la reunión que magistradas y magistrados electorales de la Sala Superior del TEPJF y consejeras y consejeros del Consejo General del INE sostuvieron con las presidencias de los 32 tribunales electorales estatales, se subrayó, además, que en la medida en que todos los órganos electorales logren identificar las vías idóneas para fortalecer jurisdiccionalmente al sistema electoral mexicano, se fortalecerá también al ejercicio de los derechos de la ciudadanía.
Asimismo, se destacó que, de cara a los comicios a celebrarse en los próximos tres años, encuentros como este que se llevó a cabo en el Aula Magna “José Fernando Franco González Salas” de la Escuela Judicial Electoral (EJE), permitirán identificar las vías idóneas para fortalecer jurisdiccionalmente al sistema electoral mexicano y, con ello, al ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos.
En la reunión, que se suma a la que sostuvieron en días pasados con los organismos públicos locales electorales (OPLE), participaron, por parte del TEPJF, el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, las magistradas Janine Otálora Malassis y, de manera virtual, Mónica Soto Fregoso, así como los magistrados presidentes de las salas regionales y Especializada.
Por parte del INE, el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello, el consejero Martín Faz Mora y las consejeras Adriana Favela Herrera y, de manera virtual, Carla Humphrey Jordan, además del secretario ejecutivo del Consejo General, Edmundo Jacobo Molina.
Al hacer uso de la palabra, el magistrado presidente Reyes Rodríguez afirmó que es tarea de todas las autoridades electorales fomentar el círculo virtuoso de la democracia, por lo que los institutos electorales y los tribunales locales, las salas regionales, el Consejo General del INE y la Sala Superior del TEPJF tienen la obligación de construir una cultura política de apego a la ley, de respeto a las diferencias y de fomento al diálogo democrático.
Advirtió que la justicia electoral está comprometida con la resolución independiente de las controversias electorales, pues sin independencia gana la corrupción. Está comprometida con la imparcialidad, la neutralidad y con un arbitraje en donde los protagonismos personales se hacen de lado para dar paso a las instituciones, añadió.
El consejero presidente Loreno Córdova destacó la importancia de la colaboración y la comunicación entre las autoridades jurisdiccionales y administrativas que conforman el sistema electoral nacional ordenado por la reforma de 2014, la cual buscó la homologar procesos e instituciones de la democracia mexicana y elevar su calidad. “El futuro del SNE depende en gran medida de la colaboración y comunicación de las instituciones que lo integran. No hay 32 sistemas judiciales y 32 administrativos; a partir de 2014 hay sólo un sistema nacional de elecciones y en ese barco vamos todos juntos”, afirmó.
Córdova enfatizó que ante los ataques que en el mundo prevalecen hacia las instituciones democráticas, las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales deben ser diques de su defensa. “Si logramos mejor comunicación, sin lugar a dudas, estaremos celebrando muchos años más de paz pública, de recreación del poder político a través de los cauces democráticos y pacíficos y, por cierto, muchos años de democracia”. En su oportunidad, y por medio de videoconferencia, la magistrada Mónica Soto Fregoso afirmó que hoy se cuenta con tribunales electorales estatales fuertes, los cuales marcan la dinámica para impulsar la maximización de los derechos políticos-electorales de los ciudadanos. Hizo énfasis en que la democracia nace en cada rincón del país, por ello, reconoció la labor de las autoridades administrativas y jurisdiccionales locales. A su vez, la consejera Adriana Favela mencionó que gracias a las decisiones que han tomado las autoridades jurisdiccionales locales se ha avanzado en la paridad con congresos paritarios en todas las entidades federativas y el aumento de presidentas municipales; sin embargo, aún quedan pendientes en materia de violencia por razón de género que debemos atender. “Debemos mandar un mensaje muy fuerte de no tolerancia a la violencia política contra las mujeres por razón de género en ningún caso, ya sea en las elecciones, cuando contienden, pero sobre todo en el ejercicio del poder que es cuando son más violentadas”, dijo.
En su intervención, la magistrada Janine Otálora Malassis, señaló que este tipo de ejercicios de colaboración y unión de las instituciones electorales administrativas y jurisdiccionales, permiten garantizar la democracia y el cumplimiento de la legislación en la materia, siempre y cuando, indicó, se respeten las competencias respectivas y, sobre todo, la autonomía e independencia de cada uno de los organismos. En ese sentido, dijo que es a través de esa unión como se contribuye a poner en el centro a la ciudadanía, así como la protección y garantía de sus derechos políticos-electorales.
En tanto, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña manifestó que la reforma de 1996 creó un sistema electoral sólido, en el cual existen el ahora INE y el TEPJF, dos instituciones que trabajan de manera unida. El diseño electoral, apuntó evidencia que las autoridades administrativas y los tribunales electorales deben trabajar en alianza, de ahí, subrayó, la importancia de generar sinergias para llevar a cabo metas comunes.
A través de videoconferencia, la consejera Carla Humphrey llamó a las magistradas y magistrados de los tribunales electorales de las 32 entidades federativas a que, junto con las autoridades administrativas, lleven a cabo una evaluación de las elecciones de 2021, en la que se podría ver cómo funcionó la reforma en Violencia Política en Razón de Género, la modernización e innovación para potenciar el ejercicio de los derechos político-electorales, los procesos de participación ciudadana donde se debe repensar la forma de participación y los criterios en materia de fiscalización.
