LUNES 20 DE JUNIO DE 2022 Claudia Rodríguez Loera El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) hizo público el proyecto de resolución sobre la demanda sobre la integración del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes (TEEA) interpuesta por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a la que se integró el Partido Acción Nacional (PAN) como tercero interesado. La ponencia a cargo del magistrado Felipe de la Mata Pizaña sostiene que es infundado que el ente impartidor de justicia electoral local esté indebidamente integrado y por tanto la actual magistrada presidenta, Claudia Eloísa Díaz de León, deberá permanecer en el cargo en tanto no termine su periodo de 5 años a partir de la fecha en la que el TEEA se instaló oficialmente, es decir, el 9 de noviembre de 2017. De la mata Pizaña solicitó al TEPJF la publicación del proyecto de resolución puesto a disposición para su análisis al pleno de la magistratura con relación a la integración del TEEA, con el expediente SUP-JRC-60/2022, luego de que MORENA presentó una demanda para señalar que la Magistrada presidenta sigue en funciones a pesar de que su cargo concluyó el 26 de abril; posteriormente, el 11 de junio, el PAN compareció como tercero interesado al considerar que la indebida integración del Tribunal de Aguascalientes afecta la certeza de la etapa de resultados de la elección para renovar la gubernatura. Al consideración el Tribunal de Aguascalientes está indebidamente integrado, ya que el pasado 26 de abril culminó el periodo de 5 años de la Magistrada presidenta, y dado que habrá una vacante se deberá comunicar dicha circunstancia al Senado de la República y en caso de que sea temporal ésta se
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Proyecto del TEPJF sostiene que TEEA está debidamente integrado cubrir de conformidad con el procedimiento legal correspondiente. Al respecto, la SCJN determinó que es competencia del Senado de la República la elección de las magistraturas electorales locales, y mediante norma expresa delega a las legislaturas locales la facultad de regulación sobre cómo cubrir las vacantes temporales de dichas autoridades jurisdiccionales. Además, el Reglamento Interno del Tribunal de Aguascalientes dispone que la magistratura que hubiere concluido su período continuará en su encargo hasta en tanto el Senado realice la nueva designación. Así, del marco normativo expuesto, se advierte con claridad que la designación de las magistraturas electorales locales corresponde al Senado. En el caso de Aguascalientes, se prevé de forma expresa en norma reglamentaria que las magistraturas que hubieren concluido su período continuarán en su encargo hasta en tanto el Senado realice la nueva designación, es decir, como ya se adelantó, para De la Mata Pizaña es infundado que el Tribunal de Aguascalientes esté indebidamente integrado. Esto, porque contrario a lo señalado por MORENA, aún no ha concluido el periodo de 5 años para el cual fue nombrada la Magistrada presidenta. Expone que si bien el 26 de abril del 2017, el Senado designó a las magistraturas del nuevo Tribunal de Aguascalientes, quienes rindieron protesta el día siguiente, es decir, el 27 de abril; sin
embargo, el Tribunal de Aguascalientes surgió sin tener un presupuesto, instalaciones, recursos materiales y humanos, así como todo lo necesario para ejercer sus funciones. “Esa situación quedó evidenciada en esta Sala Superior cuando resolvió el asunto general SUP-AG-52/2017”, señala la ponencia, “en la sentencia del asunto general se consideró que, si bien esas magistraturas rindieron protesta, el Tribunal de Aguascalientes no estaba formalmente instalado, por la falta de todos los elementos necesarios para funcionar debidamente”. Por ello, en la indicada sentencia, se ordenó a diversas autoridades estatales a realizar las acciones necesarias para
otorgar los recursos financieros y humanos, para la debida instalación formal del Tribunal de Aguascalientes. Por ello fue hasta el 2 de octubre del 2017 cuando se publicó en el Periódico Oficial de la entidad el decreto 148 por el que se reformaron diversos artículos del Presupuesto de Egresos del Estado. Una vez con el presupuesto asignado, el entonces magistrado presidente del Tribunal de Aguascalientes convocó a sesión solemne de instalación a ser celebrada el 9 de noviembre de 2017, lo que hace evidente que la magistratura comenzó oficialmente funciones en esa fecha. “Por ello, contrario a lo considerado por Morena, el Tribunal de Aguascalientes está debidamente integrado, porque fue hasta el 9 de noviembre de 2017 que se instaló formalmente, motivo por el cual la Magistrada presidenta aún debe ejercer el cargo para el cual fue nombrada por 5 años, el cual concluye el ocho de noviembre de 2022”. En ese sentido, lo infundado del argumento de Morena radica en que se toma en consideración la fecha en la cual las magistraturas del Tribunal de Aguascalientes fueron designadas o tomaron protesta, pero no cuando realmente empezaron a ejercer sus funciones. En ese caso, por supuesto, no se puede considerar los dos primeros actos para computar el plazo de siete años para ejercer el cargo, porque es hasta que realmente se ejerce cuando empieza a transcurrir el periodo.
Incremento de violencia es responsabilidad de los tres gobiernos; municipal, estatal y federal
dientes, y que todo dependiera de la federación. Luego también hemos olvidado esa parte, que es una labor conjunta que comienza en municipios, continua en gobierno estatal y luego gobierno federal”.
Adrián Flores Aunque comúnmente los índices de violencia son usados para criticar a gobernantes e incluso presidentes en turno, el incremento de la misma no es solamente consecuencia de una “mala” administración, sino que en el problema de fondo está implicado el trabajo de los tres órdenes de gobierno -municipal, estatal y federal- así como la estructura de violencia que no solamente se disparó con la “guerra contra el narco” del expresidente Felipe Calderón, sino que se ha perpetrado en gobiernos locales y que, a la fecha, se continua con la misma dinámica. En un contexto donde las oposiciones políticas usan los homicidios y los feminicidios como una herramienta para desacreditar a otros gobiernos, el doctor en derecho penal y experto en temas de seguridad, José Luis Eloy Morales Brand, explicó que la violencia no puede tener una lectura tan simplista, pues va más allá de un gobernante y también tiene que ver con temas sociales como la desigualdad o la pobreza que existe a lo largo y ancho del país. Para LJA.MX el catedrático de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) destacó que si bien es evidente que transexenalmente la violencia ha ido aumentando en México, en ciertas regiones más que en otras, ello “no es responsabilidad directa de un gobernante. La violencia se va generando por el mismo desarrollo social, no significa que lo que
José Luis Eloy Morales Brand | Foto Cristian de Lira estoy diciendo es que sea natural, no es natural”, pero tiene que ver, también, con los grandes problemas sociales desatendidos en la historia mexicana que dan pauta al origen de la criminalidad. Abundó: “si queremos ver los incrementos de violencia también no debemos dejar de ver qué han hecho todos los gobiernos; primero, porque la federación no tiene la facultad de prevenir, quien tiene la obligación de prevenir delitos, son los
Felipe de la Mata Pizaña
municipios ¿qué han estado haciendo los municipios para prevenir delitos?”. “Segundo, después de los municipios están los gobiernos estatales, vuelvo al tema ¿qué se ha hecho desde los gobiernos estatales?.. Y, por último, el último que tiene que entrarle es la federación”, agregó Morales Brand. Por tanto, si se analizan las competencias de cada orden gubernamental así como el modelo de la administración pública mexicana se tiene que entender que el “incremento de la delincuencia es conjunto. Es decir, si queremos responsabilizar a alguien como gobernante, como administrador, por el incremento de la delincuencia, tenemos que responsabilizar a los gobiernos municipales, estatales y al federal, pero no exclusivamente al gobierno federal”. Para el catedrático la administración federal “no tiene tantas culpas de las que se le atribuyen”, pero, enfatizó, esa idea no es por defender al presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que, reiteró, “por la misma estructura gubernamental -la federación- no tiene el por qué ni las obligaciones de entrar a esa parte -la prevención del delito-, para eso están las organizaciones municipales y estatales”. Y profundizó: “de lo contrario, si toda la culpa fuera de la federación entonces ¿para qué queremos estados? Podríamos convertir nuestra República Mexicana más bien en un organismo centralizado, con departamentos en lugar de estados, que no fueran autónomos ni indepen-
Recortes presupuestales en materia de seguridad
Si bien para el doctor Morales Brand desde Felipe Calderón hasta López Obrador se ha mantenido un esquema de militarización que incluso ahora parece aventajarse con la Guardia Nacional, corporación de seguridad que se busca adherir a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que fue creada, en su mayoría, por militares, también reconoce que la administración actual sí ha recortado fondos que antes usaban los gobiernos locales para robustecer sus corporaciones de seguridad. Tal fue el caso del subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (Fortaseg), del que incluso antes gozaban algunos gobiernos municipales de Aguascalientes, pero que ahora ya no tienen. Sin embargo, a la falta de recursos para fortalecer las corporaciones municipales y estatales se le suma que todavía se ve la prevención del delito como una función exclusiva de las policías lo que termina orillando a que las administraciones locales olviden o invisibilicen los problemas sociales “que generan realmente la criminalidad”, como las estructurales, la marginación y la pobreza. Concluyó el experto: “y por eso también, con el discurso de la militarización, o el discurso del aumento de policías, de penas y de delitos, se hace creer a la sociedad que con eso va a disminuir la delincuencia”.
