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MARTES 19 DE OCTUBRE DE 2021
Organizaciones piden a SCJN garantizar derecho en materia de asilo para migrantes / Gloria Leticia Díaz Doce organizaciones civiles de México y Estados Unidos urgieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador rechazar la reanudación del programa Quédate en México, por considerar que viola la Constitución Mexicana y el derecho internacional en materia de asilo. A través de un amicus curiae enviado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) organizaciones civiles dedicadas a la defensa de derechos humanos resaltaron que desde que se puso en marcha el también conocido Migrant Protection Protocols (MPP), en enero de 2019 a enero de 2021, “fueron regresadas a México más de 70 mil personas solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar sus procesos de lado mexicano”. Las organizaciones detallaron que esa población migrante fue expuesta a “condiciones precarias de estancia” en materia de salud, educación, trabajo y vivienda, sin contar con que fueron víctimas de “extorsiones, secuestros, violaciones, asesinatos y otros delitos violentos por parte del crimen organizado y diversas autoridades”.
El pronunciamiento de las organizaciones que promueven el amicus curiae citan en su escrito el informe de la organización Human Rights First (HRF), que en diciembre de 2020 pudo documentar mil 314 ataques contra personas que se encontraban en la frontera norte bajo el programa “Quédate en México”. El amicus curiae pretende fortalecer el amparo 302/2020 encaminado a “frenar la participación del Estado mexicano en el protocolo Quédate en México, mismo que fue presentado desde 2020 y que se encuentra en proceso de revisión. Las organizaciones que firmaron el amicus curiae recordaron que hace dos meses la Corte de Texas ordenó al gobierno del presidente estadunidense Joe Biden reinstalar el MPP, advirtiendo que “sin la participación del Estado mexicano el protocolo no podrá restaurarse”. De acuerdo a Alexandra Hass, directora de Oxfam México, una de las organizaciones firmantes, si México aceptar continuar con el MPP “estaría violando, de nueva cuenta, estándares internacionales de derechos humanos que forman parte del orden jurídico nacional”.
Explicó que el documento presentado a la SCJN “documenta las graves violaciones a derechos de las personas con necesidades de protección y sus consecuencias”, por lo que la defensora llamó a los ministros a “terminar con esta política inhumana”. Recordaron que las personas que han sido enviadas de Estados Unidos a México “no han podido acceder a la justicia y existieron irregularidades, como el traslado por la fuerza de solicitantes de asilo a la frontera sur de México e incluso deportaciones irregulares a Guatemala”. Las organizaciones que firmaron el amicus curiae son Asylum Seeker Advocacy Project (ASAP), Human Rights Initiative of North Texas (HRI), International Refugee Assistance Protect (IRAP), Latina America Working Group (LAWG), Mississippi Center of Justice, Oasis Legal Services, Oxfam America, Oxfam México, Refuge Point, Tahirih Justice Center y Witness at the Border, así como las profesoras Denise Gilman y Sarah Paoletti, de las clínicas de derechos humanos para migrantes de las universidades de Texas y Pennsylvania.
FGR: hay elementos para solicitar sentencia condenatoria contra Guillermo Padrés La Fiscalía General de la República (FGR) informó que en el caso del exgobernador Guillermo Padrés existen dos procesos penales en su contra, y en ambos existen elementos para solicitar sentencia condenatoria. En un comunicado, la FGR recordó que el primer caso en contra del panista fue iniciado en 2014 por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y el otro -iniciado en 2016por defraudación fiscal y también por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En el primer caso –precisó-, en 2017 y 2018 un juez federal sobreseyó la causa respecto al delito de delincuencia organizada, derivado de un desistimiento expreso de la entonces Procuraduría General de la República. Sin embargo, se continuó con el procedimiento por operaciones con recursos de procedencia ilícita. En dicho proceso, en 2018, un juez federal otorgó al procesado libertad con medidas cautelares. “En este momento procesal, la Fiscalía General de la República considera que hay elementos suficientes para solicitar una pena contra Guillermo “P” por operaciones con recursos de proceden-
cia ilícita, y así lo hará en su momento”, advirtió. En el otro proceso penal de 2016, por defraudación fiscal, en 2018, durante la administración anterior, un Tribunal Federal determinó conceder al procesado la sustitución de la prisión preventiva por otras medidas cautelares. “En este momento el asunto se encuentra ante un juez de Amparo, y esta Fiscalía considera que hay elementos suficientes para solicitar sentencia condenatoria contra dicha persona, en razón de las pruebas con las que se cuenta para demostrar el delito de defraudación fiscal equiparado”, puntualizó.
Cabal Peniche cede sus acciones de Radiópolis a Crédito Real para no pisar la cárcel / Neldy San Martín Para librar la cárcel, el empresario Carlos Cabal Peniche entregó sus acciones en Grupo Radiópolis a Crédito Real, con quien mantenía una deuda de casi 700 millones de pesos. La institución financiera Crédito Real informó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que el viernes pasado la empresa Nuncio Accipiens S.A., propiedad de Teresa Pasini Bertán, esposa de Cabal Peniche, cedió a su subsidiaria CREAL Arrendamiento, S.A. de C.V. todos los derechos que tenía sobre sus
acciones en el Sistema Radiópolis S.A. de C.V. y de Corporativo Coral, S.A. de C.V. La cesión fue en pago a un crédito vencido por 695 millones de pesos que Nuncio Accipiens tenía con CREAL Arrendamiento. “El contrato de transacción pone fin a las controversias entre las partes y como tal, conforme a la ley, tiene el carácter de cosa juzgada”, señala en la comunicación a la BMV. Crédito Real anunció así que pondrá fin a las denuncias por fraude en contra del exbanquero
de la época salinista, tras el incumplimiento del pago del crédito para la compra de una parte de las acciones de Radiopolis a Televisa, por la que existía ya una orden de aprehensión. Ahora, Crédito Real pretende monetizar estos activos, según informó. Hasta el momento no está claro si el acuerdo también podría beneficiar al otro empresario involucrado, Alejandro Del Valle, quien se encuentra en prisión preventiva oficiosa desde el pasado 9 de septiembre por el presunto delito de fraude genérico.
Aplazan nuevamente audiencia para imputar a 20 exfuncionarios por irregularidades en penales operados por IP / Juan Omar Fierro Un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur aplazó nuevamente la audiencia para imputar a 20 exfuncionarios y servidores públicos en activo por presuntas irregularidades en los contratos que la extinta Secretaría de Seguridad Pública federal (SSPF) y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) firmaron con empresas privadas para la construcción y operación de ocho penales federales. En la audiencia judicial que se realizó a través del sistema de videoconferencia a petición de algunas defensas, como la del exoficial mayor de la SSPF, Sergio Montaño Fernández, sólo estuvieron presentes 17 de los 20 funcionarios y exfuncionarios que la Fiscalía General de la República (FGR) busca imputar por el delito de ejercicio indebido de atribuciones y facultades, Y por el ilícito de asociación delictuosa contra cuatro exfuncionarios que firmaron los contratos originales entre diciembre de 2010 y marzo de 2011, cuando Genaro García Luna era el secretario de Seguridad Federal. De acuerdo con la causa penal identificada con el expediente 45/2021, los funcionarios que no estuvieron presentes en la audiencia fueron los exdirectores de Administración del OADPRS durante el gobierno de Felipe Calderón, Paulo Uribe Arriaga y Javier Haro de Alba, quien ocupó el mismo cargo en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, así como el exdirector general adjunto de ese mismo organismo, Francisco Raúl Rincón Gallardo Díaz. En los casos de Paulo Uribe y Javier Haro se presentaron documentos para justificar sus ausencias. Los abogados de Uribe presentaron un comprobante clínico para informar que su cliente necesitaba 10 días de reposo absoluto por recomendación médica. Sin embargo, dicho exservidor público cuenta con una orden de aprehensión por otra imputación de un presunto desvío de recursos públicos por un monto superior a los 3 mil millones de pesos. En el caso de Haro de Alba, se informó al juez Ganther Alejandro Villar Ceballos que un juez de lo Familiar lo había declarado en estado de interdicción, una figura jurídica que restringe la capacidad de una persona para tomar sus propias decisiones derivado de algún tipo de incapacidad. Cabe señalar que previamente se filtró un documento en el sentido de que el exservidor público iba a buscar un criterio de oportunidad. Sobre Francisco Raúl Rincón Gallardo Díaz, la FGR expuso que no pudo ser localizado y que en adelante buscará otras medidas legales para obligarlo a comparecer, es decir que, ante la negativa del exservidor público de presentarse a una audiencia, podría girarse una orden de aprehensión en su contra. De acuerdo con fuentes judiciales, el Ministerio Público Federal fue quien pidió aplazar la audiencia para que estuviera presente Paulo Uribe, el imputado que se declaró enfermo, petición a la que se habrían sumado algunas defensas. La nueva fecha de audiencia no fue revelada de inmediato, sino que se va a notificar a cada uno de los posibles imputados mediante un acuerdo. En la denuncia anónima que dio pie a la indagatoria, la Fiscalía señala diversas irregularidades en los contratos de prestación de servicios adjudicados de manera directa a ocho consorcios privados por un monto total de 199 mil 476 millones de pesos durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón, costo que en 2020 se incrementó a 212 mil 258 millones de pesos por la actualización mensual que se debe realizar por concepto de inflación, de acuerdo con esos mismos documentos. La firma de esos contratos provocó un presunto daño a las arcas públicas por 62 mil 840 millones de pesos, derivado de que autorizaron sobreprecios, y la construcción y operación de los ocho centros penitenciarios de mediana y alta seguridad no concluyó en tiempo y forma, según la carpeta de investigación.
