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JUEVES 16 DE DICIEMBRE DE 2021
Zaldívar celebra fin de la “corrupción institucionalizada” y el nepotismo en el Poder Judicial Federal / Juan Omar Fierro Foto @SCJN El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, celebró el fin de la “corrupción institucionalizada” y la ruptura de las estructuras de poder que permitían a despachos y juzgadores federales “traficar con influencias” al interior del Poder Judicial de la Federación (PJF), por lo que ahora –dijo– sólo se puede hablar de “casos aislados” de corrupción entre los funcionarios judiciales. Al rendir su Tercer Informe de Labores frente al Pleno de la Corte y en presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, Zaldívar Lelo de Larrea afirmó que hablar de corrupción en el Poder Judicial todavía “incomoda”, pero advirtió que su gestión se ha caracterizado por perseguir y prevenir este problema en tribunales y juzgados federales. Añadió que, durante su gestión como presidente de la Suprema Corte, cargo que asumió en diciembre de 2019, logró romper “las estructuras de poder por las que abogados, despachos y representantes de intereses económicos traficaban influencias e impunidad al interior del Poder Judicial”; además, señaló, se han “desarticulado las redes clientelares de intercambio de favores” que existían entre los propios impartidores de justicia El ministro Zaldívar explicó que desde el inicio de su mandato como titular del PJF adoptó medidas preventivas para detectar irregularidades de magistrados y jueces, por lo que también se han impuesto “sanciones ejemplares” cuando se han descubierto casos de acoso, hostigamiento sexual, nepotismo, e inconsistencias de la evolución patrimonial, es decir, que los bienes de un servidor público y su familia son más altos que los ingresos que han percibido por el desempeño de su cargo. “De esta manera, puedo afirmar categóricamente que en el Poder Judicial de la Federación ya no hay corrupción tolerada, ni institucionalizada. Ya no hay corrupción avalada o auspiciada desde arriba. Los casos de corrupción que existen son aislados y no obedecen más a la existencia de mafias de corrupción que operaban desde dentro”. Al rendir su informe de labores de 2021, Zaldívar evitó hablar de las tensiones que se vivieron al interior de la Suprema Corte tras el intento del gobierno federal de ampliar el mandato del propio ministro presidente hasta noviembre de 2024, en lugar de que concluya su cargo en diciembre del próximo año. De hecho, el ministro no utilizó la palabra “autonomía” para referirse al Poder Judicial y prefirió hablar de la “transformación” que se vive en el seno del Consejo de la Judicatura Federal y de la propia Suprema Corte, por lo que a su juicio ya hay “un cambio de comportamiento (entre servidores públicos) y ahora los propios funcionarios judiciales manifiestan que ya no van a cobijar “actos de corrupción de nadie”. El presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura agregó que otro tema que causa crispación en las filas del PJF era la existencia del nepotismo, otro problema que prácticamente fue erradicado de tribunales y juzgados federales, destacando que nunca ha estado de acuerdo con el silencio institucional ni con la frase “los trapos sucios se lavan en casa”. Explicó que el problema del nepotismo obedecía a que los jueces y magistrados
federales daban empleos a sus familiares directos o una cadena de favores entre impartidores de justicia mediante un sistema de “nombramientos cruzados”, es decir que un juez o un magistrado podía solicitar a otro juzgador que le diera el empleo a uno de sus familiares, a cambio de que éste contratara a uno de sus propios parientes. “Hablar de nepotismo en la Judicatura Federal aún crispa a muchos. Durante mucho tiempo, las oportunidades para ingresar y ascender en el PJF no dependieron de los méritos. Existía una práctica generalizada por la que las personas titulares de órganos jurisdiccionales otorgaban nombramientos a familiares o bien se hacían nombramientos cruzados, lo que generaba condiciones de notoria desigualdad para el acceso y el ascenso en el Poder Judicial, además de conflictos de interés y tráfico de influencias”, sentenció. Agregó que, gracias a la reforma judicial aprobada por el Congreso de la Unión, en marzo de este año, se logró la implementación de un nuevo sistema de carrera judicial y de un Plan Integral de Combate al Nepotismo que impiden situaciones de conflicto de interés o tráfico de influencias, ya que ahora se contemplan diversas reglas para la contratación de personas que ya tienen a una persona colaborando en el PJF. “Hemos erradicado el nepotismo en todos los órganos jurisdiccionales. No existe actualmente ningún juzgado o tribunal en el país en el que el titular tenga familiares trabajando para él o para ella, ni en un esquema de nombramientos cruzados. Creamos un comité de integridad que verifica que el ingreso de familiares al PJF se efectúe a través de procesos de selección transparentes, a fin de determinar si presenta o no un potencial o real conflicto de interés, o si pone en riesgo el derecho de acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad (frente a otros aspirantes)”, puntualizó.
Zaldívar sostuvo que, gracias a la creación de un padrón de relaciones familiares, ahora la Judicatura puede dar seguimiento puntual a posibles conflictos de interés, lo que se ha reflejado en una disminución del 11% en las relaciones familiares dentro del PJF. Dijo que los cargos medios y bajos en tribunales y juzgados “ya no se ven como parte del patrimonio personal” y que ahora pesan más los méritos de cada trabajador judicial que sus relaciones familiares tanto en ingresos como en un ascenso. “Esto no significa que esté prohibido tener familiares en el Poder Judicial; lo que ya no se permite es que el parentesco supla los méritos o que produzca conflictos de interés o cualquier otro daño a la correcta impartición de la justicia”, advirtió. En este marco, también se refirió a los cambios profundos que ha sufrido el Instituto de la Defensoría Pública y a los avances de la Escuela Federal de Formación Judicial, que en años pasados se vio envuelta en decenas de escándalos por la venta de los exámenes de oposición para los concursos de jueces de distrito. “Antes de la reforma no existía un verdadero sistema de carrera judicial. Sólo jueces, juezas, magistrados y magistradas eran nombrados por concurso, mientras que para el resto de las categorías no existía un mecanismo de progresión que permitiera ir escalando en función de los
méritos, sino que los nombramientos se daban bajo un criterio de discrecionalidad de los titulares. Ahora todos los cargos de la carrera judicial se alcanzan por concurso y todas las personas vencedoras tienen la certeza de que en el corto o mediano plazo accederán a la plaza para la que concursaron. Ya no se necesita tener relaciones, amistades o contactos, y si se tienen ya no sirven para avanzar en la carrera”, insistió. De igual manera, reveló que mediante nueve concursos de oposición se designó a 685 personas en diferentes cargos del PJF “bajo criterios de excelencia y paridad”, lo que permitirá un relevo generacional entre los juzgadores federales, además de destacar la importancia de las acciones afirmativas para lograr la equidad de género en juzgados y tribunales federales. “En 2021, el 49% de los nombramientos otorgados mediante concursos de oposición fueron para mujeres. Así, sólo en este año se nombraron 35 nuevas magistradas federales de Circuito, 60 nuevas juezas de Distrito y 20 nuevas juezas de Distrito Especializadas en Materia del Trabajo. De esta manera, 115 mujeres accedieron a plazas de titulares, un avance sin precedentes en la paridad de género en las más altas posiciones de la carrera judicial”, detalló.Por último, mencionó que en lo va de su administración, del total de jueces y juezas de Distrito que se han nombrado, casi el 60% han sido mujeres, frente a un 22% de la gestión que correspondió al ministro Luis María Aguilar Morales. Por lo que se refiere a magistradas y magistrados de Circuito, los nombramientos de mujeres durante su administración corresponden a un 43%, frente al 18% de su antecesor en el cargo. “Con hechos, no con discursos, se demuestra el compromiso con derribar los techos de cristal, abrir brechas y hacer realidad la promesa de una sociedad más igualitaria en la que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos y libertades”, concluyó el ministro presidente de la SCJN.
INE dice que acuerdo de SCJN no lo obliga a hacer ajuste presupuestal para revocación de mandato El Instituto Nacional Electoral (INE) consideró que el acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por el cual se niega al Instituto la suspensión relativa a la adecuación presupuestal para la Revocación de Mandato, no lo obliga a realizar acción o tomar determinación alguna. El INE señaló que al no haber aún certeza sobre la realización de la revocación de mandato -para lo cual se requieren las firmas del 3 por ciento de la Lista Nominal de Electores-, el acuerdo de la Corte señala que no puede pronunciarse sobre la suspensión de los efectos presupuestarios, porque todavía no existe afectación alguna al Instituto. “En caso de que la convocatoria para ese ejercicio se emita, podría modificarse o incluso revocarse lo determinado en dicho acuerdo de la SCJN”, precisó el instituto en una tarjeta informativa. El pasado pasado 7 de diciembre el INE promovió una controversia constitucional, en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 (PEF),
aprobado por la Cámara de Diputados, impugnando la falta de aprobación de 4 mil 913 millones de pesos solicitados en el anteproyecto enviado a la Cámara, vía el Ejecutivo Federal, “con lo cual se afecta el presupuesto precautorio que el INE previó para la celebración de la consulta popular y la revocación de mandato”. En este caso solicitó que se suspenda la obligación para realizar las adecuaciones presupuestarias y garantizar la suficiencia presupuestaria de los aproximadamente 3 mil 830 millones de pesos requeridos para la realización de la Revocación de Mandato en estricto cumplimiento a las normas constitucionales y legales que le rigen, mismas que aplican para cualquier proceso electoral federal y, en consecuencia, no incurrir en responsabilidad alguna por tal motivo. Al respecto el ministro instructor Juan Luis González Alcántara Carrancá, emitió un acuerdo en este sentido: Negar la suspensión relativa a la Revocación de Mandato. “Es por esa situación incierta [que se reúnan las firmas por el equivalente al 3% del listado nominal] que, en modo
alguno es posible otorgar la medida cautelar solicitada por el Instituto Nacional Electoral, porque la necesidad de realizar ajustes a su presupuesto y, con ello la actualización de una probable afectación a su ámbito de atribuciones constitucionales, sólo se revelará si se emite la convocatoria para votar en la jornada de revocación de mandato, para lo cual se deben cumplir diversos requisitos y fases que aún están en curso”, argumentó el ministro. Bajo este argumento, el INE sostiene que en la medida en que el acuerdo lo único que expresa es la imposibilidad de pronunciarse sobre la suspensión solicitada, en tanto no se concrete la convocatoria, no hay impedimento jurídico alguno para que el INE tome determinaciones para resolver el dilema constitucional en el que la Cámara le ha colocado. “Esto es, que se decida si se realiza la Revocación de Mandato con el presupuesto insuficiente que se tiene, incumpliendo con ello reglas y principios que le rigen, o bien, se pospone hasta en tanto no se tengan los recursos financieros suficientes y necesarios para ello”, aseguró.
