MIÉRCOLES 13 DE OCTUBRE DE 2021
/ Neldy San Martín Por unanimidad, en votación económica, el Senado de la República aprobó corregir la plana al Instituto Nacional Electoral (INE) para que se ciña a lo que dice la ley y no limite la recolección de firmas en papel para la consulta sobre revocación de mandato. Luego que en sus lineamientos el INE aprobó priorizar la recolección de firmas de manera electrónica, excepto en 204 municipios de alta marginación, con el fin de evitar firmas falsas, el Senado avaló un punto de acuerdo -firmado por los coordinadores de todas las bancadas- para que el organismo autónomo no extralimite sus funciones más allá del Poder Legislativo. “Lo que intenta este acuerdo es llamar la atención del INE para que no intente sustituir al Poder Legislativo, sino que debe aplicar estrictamente la norma que creamos al caso concreto”, dijo en tribuna Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política.
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Senado pide al INE no limitar recolección de firmas en papel para consulta sobre revocación de mandato “El legislador auténtico no estableció preponderancia alguna entre los formatos impresos y los medios electrónicos para la recopilación de firmas, pero tampoco se estableció un régimen de excepción”, añadió. Monreal dijo que espera que, con este punto de acuerdo del Senado, el INE acepte que no puede extralimitarse en sus funciones y que permita que la ciudadanía decida sobre la forma más accesible para la recopilación de firmas, en formato impreso o vía electrónica. El lunes, las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda del Senado no lograron ponerse de acuerdo sobre un Decreto de Interpretación Auténtica para explicar al INE el espíritu de los artículos 11 y 12 de la Ley Federal de Revocación de Mandato. El INE estableció en sus lineamientos que la recolección de firmas se rea-
México Unido contra la Delincuencia pide a la SCJN no perpetuar cárcel a usuarios de cannabis / Patricia Dávila México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) presentó un amparo que cuestiona la constitucionalidad del delito de posesión simple de la cannabis, propuesta por el ministro Juan Luis González Alcántara, de la Suprema Corte de Justicia de la nación (SCJN), quien considera que criminalizar la posesión de cannabis, aún sin intención de venta o suministro, sirve para disuadir el consumo y proteger a terceros. De aprobarse el proyecto del ministro González Alcántara, la SCJN perpetuará la cárcel para personas usuarias de cannabis, mantendría la criminalización violando sus derechos. “Exhortamos a la Primera Sala de la SCJN a que rechace el proyecto y elabore uno nuevo, acorde con las resoluciones que llevaron a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad sobre uso personal adulto”, señaló la asociación civil en un comunicado. Explicó, que en 2018 México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) presentó un juicio de amparo cuestionando la constitucionalidad del delito de posesión simple de cannabis por criminalizar a las personas usuarias y desviar los esfuerzos de seguridad. En dicho amparo, MUCD argumentó que el delito de posesión simple viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad al equiparar a las personas consumidoras con presuntos criminales y resulta en una medida desproporcionada e inefectiva para disuadir el consumo o eliminar el tráfico ilícito de drogas. El caso llegó a la SCJN y se encuentra programado para votación el próximo 13 de octubre, cuando será abordado por la Primera Sala. Señala que “lamentablemente” el proyecto de sentencia elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá niega el amparo y, en sentido contrario al carácter garantista de las recientes votaciones de la Corte, considera: El derecho al libre desarrollo de la personalidad no es suficiente para declarar inconstitucional el tipo penal de posesión simple; el tipo penal de posesión simple sirve para disuadir el consumo y asume que la posesión sin fines de venta o suministro afecta a terceras personas sin argumentar por qué. Esto resulta preocupante, puesto que el proyecto no analiza la constitucionalidad del delito específico y, en cambio, centra su análisis en justificar la necesidad de un sistema penal por razón de salud pública. Aprobar un proyecto así sería muy negativo pues el delito de posesión simple, a diferencia del delito de posesión con intensión de venta o suministro, por definición implica la no afectación de terceras personas. Además, declararlo inconstitucional no significaría la eliminación de otros delitos de drogas con los que se puede seguir sancionando el tráfico ilícito. Explica, que, de validar esta sentencia, la SCJN estaría manteniendo la criminalización de una conducta estrictamente necesaria para realizar el uso personal y ejercer el libre desarrollo de la personalidad, sancionando el simple hecho de tener una sustancia que el propio tribunal ha reconocido que genera un daño mínimo a la salud. En opinión de los integrantes de MUCD, el proyecto es contradictorio con fallos anteriores en la materia y abona a la inoperancia de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad con la que se habilitó la obtención de permisos para uso adulto de cannabis pues la persecución de usuarios seguirá, ahora para verificar si las personas cuentan con el permiso en cuestión. Consideran que el papel de la SCJN es defender el orden constitucional y proteger los derechos humanos frente a leyes arbitrarias o desproporcionadas. “En un sistema jurídico que reconoce el uso de cannabis como parte del ejercicio del libre desarrollo de la personalidad, no tiene sentido la existencia de un delito que persigue la posesión simple. Por ello, exhortamos a las y los ministros de la Primera Sala a votar en contra de este proyecto”, finalizaron.
lice mediante una app en un teléfono inteligente, excepto en 204 lugares de alta marginación. “Tiene que ver no sólo con que se interprete de manera correcta esta ley, sino que se garanticen los derechos de participación a todos los habitantes de este país. Porque si sólo queda el levantamiento de firmas mediante una aplicación telefónica, prácticamente están dejando fuera de participar, en esta parte del proceso de la consulta, al 80% de los habitantes de este país y eso no es democrático”, dijo desde su escaño César Cravioto, de Morena. El artículo 11 de la Ley de Revocación de Mandato establece que el Instituto emitirá formatos impresos y medios electrónicos para la recopilación de firmas para la solicitud de una consulta de revocación de mandato.
El mismo artículo señala que el formato que apruebe el Consejo General del INE deberá contener únicamente el nombre completo; la firma o huella dactilar; la clave de elector o el número identificador al reverso de la credencial de elector con fotografía vigente y la leyenda “Formato para la obtención de firmas ciudadanas para la revocación del mandato de la persona titular de la Presidencia de la República por pérdida de la confianza”. Mientras que el artículo 12 estipula: “sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior”, el Instituto diseñará y aprobará la utilización de herramientas tecnológicas y dispositivos electrónicos al alcance de las ciudadanas y los ciudadanos para que puedan recabar las firmas. El acuerdo fue remitido al Consejo General del INE.
Consumo de drogas en jóvenes aumentó 18% durante la pandemia: Estudio Entre las muchas secuelas que ha dejado en la población la pandemia de covid-19, una de las más inquietantes es que provocó un notable incremento en el consumo de drogas y sustancias. De acuerdo con un estudio encabezado por el Population Council de México en colaboración con otras instituciones, el consumo de opioides entre adolescentes registró un incremento de 18%, mientras que el de marihuana entre jóvenes se fue hasta un 21%. Además, en ambos grupos el consumo de alcohol creció un 14%. Al dar a conocer los resultados del estudio, Isabel Vieitez, directora de la Oficina del Population Council en México y ante el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo LópezGatell, agregó que la pandemia ha tenido repercusiones de gran magnitud en adolescentes y jóvenes mexicanos, especialmente en lo relacionado a la violencia, la educación y la salud mental. De acuerdo con el reporte, 7 de cada 10 adolescentes y jóvenes han experimentado síntomas depresivos, mientras que el 62% presentó ansiedad. En tanto, el 43% de los adolescentes y jóvenes ha vivido algún tipo de violencia en su hogar, ya sea física, psicológica o sexual, y de ese total, al
menos 28 % percibió recrudecimiento de agresiones durante la pandemia. La encuesta también detalló que las mujeres y la población no binaria es la más afectada. Vieitez explicó que, durante la pandemia, los jóvenes percibieron que la violencia aumentó su gravedad y frecuencia, siendo mayor en población indígena o afromexicanas y en los niveles socioeconómicos más bajos. El estudio, que se realizó en línea, a poco más de 55 mil adolescentes y jóvenes de 15 a 17 años en 2020, reveló que al menos 19% de ellos estuvieron expuestos a violencia sexual, y un 3.7 % percibió un aumento en la gravedad o la frecuencia de conductas relacionadas con acoso y agresión sexual. Pese a que la mayor parte de los jóvenes y adolescentes estaban inscritos en la escuela al momento del levantamiento de la encuesta, un 42 % reveló que tuvo que abandonar los estudios debido a la pandemia. Vieitez afirmó que el estudio Voces-19 surge de la necesidad de generar evidencia basada en estudios longitudinales que permitan informar a los responsables de políticas públicas quienes diseñan e implementan estrategias de prevención, mitigación y respuesta, destinadas a satisfacer las necesidades de este grupo demográfico clave durante y después de la crisis por la covid-19.
Chiapas: grupo armado exige resolver conflicto con vecinos... o “piensen mil veces” lo que vendría / Isaín Mandujano El grupo civil armado del sector de Santa Martha, en el municipio de Chenalhó, emplazó a los gobiernos estatal y federal a resolver el conflicto con sus vecinos de Aldama: “Que se pongan a pensar mil veces de lo que se pueda provocar en la zona”. En un comunicado leído en video, dirigido “a los tres niveles de gobierno”, los encapuchados se dijeron cansados de “agresiones” de Aldama, porque “aún siguen los disparos”. “Todo esto comenzó en el año 2016, cuando las autoridades de Santa Martha solicitaron a los 115 campesinos originarios de Aldama que asumieran su obligación social colectiva ante la asamblea por estar ellos ocupando el territorio de Santa Martha, pero que nunca aceptaron el emplazamiento dado”, subrayaron. Indicaron que por tres años esperaron a las autoridades de Santa Martha, y como respuesta los 115 campesinos de Aldama iniciaron un recurso ante las autoridades agrarias para despojarlos de las tierras. Además, acusaron a sus vecinos de emboscadas
donde hubo muertos y heridos, así como la quema de escuelas y cafetales, y también les tumbaron postes de energía eléctrica y provocaron incendios en los límites con Santa Martha. De acuerdo con el grupo, dos de sus compañeros del sector Santa Martha, Efrén Ruiz Álvarez y Enrique López Pérez, quienes defendían las tierras y el territorio, fueron detenidos el 7 de septiembre de 2019 y llevados a prisión. Tras destacar que estas dos personas fueron “encarceladas injustamente”, demandó al gobernador Rutilio Escandón Cadenas que ordene su liberación. Y advirtió a los gobiernos estatal y federal que si este 12 de octubre no tienen una respuesta a favor de Santa Martha, “que se pongan a pensar mil veces de lo que se pueda provocar en la zona”. Desde hace cinco años, Aldama y Chenalhó mantienen una disputa por el control de la tierra y el territorio, que supuestamente ya dirimieron las autoridades federales, sin embargo, siguen los ataques, reportados a diarios por habitantes de Aldama, aunque en el video son sólo los de santa Martha, Chenalhó, quienes se dicen “atacados”
