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APro /Arturo rodríguEz y nEldy SAn MArtín
El PRI se parte… y la coalición opositora se resquebraja
/ arturo rodríguez y neldy San Martín
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Nadie sabía nada… ni en el mismo PRI cuando el viernes 2 la diputada priista Yolanda de la Torre presentó la iniciativa para prolongar cuatro años más la intervención militar en seguridad pública –mantenida por López Obrador–. La propuesta, sorpresivamente apoyada por el líder nacional del partido, Alejandro Moreno, y por el coordinador de los diputados, Rubén Moreira, ha causado una división con los senadores del PRI, encabezados por Miguel Ángel Osorio Chong, pero también una fractura con sus aún aliados PAN y PRD, comprometiendo el futuro de la coalición Va por México para la elección del Estado de México en 2023 y para la presidencial en 2024.
El 31 de agosto último, legisladores del PRI, PAN y PRD, tras un encuentro en la Cámara de Diputados, reivindicaron las proclamas antigobiernistas, especialmente duras en la voz de Rubén Moreira Valdez, líder de la bancada priista, que en esa jornada fueron eje discursivo de la coalición Va por México: ser un contrapeso al poder y mantener la llamada “moratoria constitucional”, es decir, la negativa de aprobar cualquier propuesta de reforma que enviara el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, el viernes 2 –un día después del Informe presidencial–, una iniciativa impulsada desde el mismo PRI en San Lázaro, que propone ampliar la intervención militar en tareas de seguridad pública hasta 2028, causó que la coalición Va por México cayera en su peor momento de unidad y que, por primera vez, su vigencia entre en una “suspensión temporal”.
El origen de la iniciativa, de acuerdo con testimonios recabados por este semanario, fue resultado del cabildeo entre priistas y el secretario de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.
El diferendo de estos días ha comprometido el acuerdo electoral para que fueran juntos en las elecciones de Coahuila y el Estado de México, preludio de los comicios presidenciales de 2024, pues desde el PAN surgen voces, como la del gobernador queretano, Mauricio Kuri, quien exigió a su partido romper en definitiva con el PRI y PRD por la pérdida de confianza en el tricolor.
No es la primera crisis de dicha coalición, creada bajo los auspicios del empresario y activista Claudio X. González a finales de 2020, con un propósito electoral que se extendió hacia la alianza legislativa, con la idea de participar juntos en las elecciones federales intermedias, los comicios en 23 estados y la presidencial de 2024.
SorpreSa entre aliadoS
El viernes 2 no hubo tiempo para reclamar por la iniciativa presentada por la priista Yolanda de la Torre, pues por la noche la bancada de Morena impulsó la dispensa de trámites y procedimientos para ir directamente a la votación de un paquete de reformas enviadas al Legislativo por el presidente López Obrador, que en síntesis proponen que la Sedena tenga el control operativo y administrativo, incluidos los recursos financieros, de la Guardia Nacional. La sesión se prolongó hasta casi el mediodía del sábado 3, marcada por la tibieza priista en el debate.
No obstante, los panistas tomaron nota de la iniciativa de De la Torre, y de los gestos empáticos con cuchicheo explícito que el jueves 1 el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, tuvo con el diputado y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.
De acuerdo con el vicecoordinador panista, Jorge Triana, la presentación de la iniciativa los sorprendió. Los diputados del PAN, dice a Proceso, no tenían ningún atisbo, información ni signo de que el PRI fuera a presentar esa propuesta de reforma constitucional; no hubo siquiera un comentario sobre el tema.
En medio de la vorágine que representó la transición al segundo año de la LXV Legislatura y al inicio del periodo ordinario de sesiones, fue hasta el domingo 4 que, de visita en Puebla, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, fijó una posición, diciéndose sorprendido de la iniciativa de Yolanda de la Torre, y exigiendo a los partidos de la coalición que cumplieran con su palabra. La iniciativa de la discordia consiste en reformar el Quinto Transitorio de la Reforma Constitucional que creó la Guardia Nacional, aprobada en 2019, y que implicaba que durante los cinco primeros años hasta el 27 de marzo de 2024, en los que la Guardia Nacional desarrollaba su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República podría disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
Pero eso no se logrará y, por ello –según la diputada priista–, propone ampliar el plazo hasta 2028.
Para PAN y PRD la propuesta supone una falta a la “moratoria constitucional” y favorece al gobierno del presidente López Obrador, quien, por su parte, saludó la iniciativa y hasta alentó –en la mañanera del martes 6– a que el PRI se separe de sus aún aliados.
En este contexto, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, lleva más de cuatro meses envuelto en el escándalo que semana a semana la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, detona con la revelación de conversaciones privadas, en las cuales el priista hace gala de la presunta comisión de delitos que, a su vez, la Fiscalía de Justicia de ese estado judicializa y, por lo cual, solicitó un proceso de desafuero a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.
Libertad de expresión, asignaturas pendientes
/ erneSto VillanueVa
Hoy en día la libertad de expresión en su vertiente legal enfrenta nuevos desafíos que reclaman medidas legislativas, adopción de estrategias de litigio e internalización entre medios, periodistas y la sociedad de los alcances y los límites de esta prerrogativa que habilita el ejercicio periodístico en una democracia.
Veamos. Primero. A principios de la década pasada una de las banderas de las organizaciones periodísticas y de defensa de las libertades de expresión e información era la despenalización de los delitos contra el honor; es decir derogar los tipos penales de injurias, difamación y calumnias. Esta iniciativa tenía asidero en el hecho de que el derecho penal está diseñado como la última instancia para castigar una conducta especialmente grave para la comunidad. Y era, en efecto, un exceso que la palabra –que ciertamente puede en algunos casos causar afectación del patrimonio moral e incluso daños a una persona– estuviese sujeta a ese extremo del sistema legal, habiendo otras vías jurídicas para reprimir aquellas conductas que se probaran ante tribunales como indeseables y constitutivas de un ilícito –que no un delito que es únicamente aplicable al derecho penal– en perjuicio de una persona o de grupos de la sociedad.
De esta suerte, el entonces Distrito Federal dio un paso histórico al ser la primera entidad federativa (hoy Estado) en derogar el capítulo sobre delitos contra el honor del código penal y crear la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal que fue aprobada por la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal el 27 de abril de 2006. Y ese paso hubiese sido poco menos que imposible si no hubiese sido apoyado e impulsado por el entonces diputado Carlos Reyes Gámiz, presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, quien se sumó a esa inquietud compartida. Un año después se derogaron esos delitos a nivel federal y poco a poco la inmensa mayoría de los estados del país hicieron lo propio.
Hoy como vestigios del pasado, el código penal de Nayarit sigue teniendo las figuras de injurias y difamación. En Yucatán el tiempo no ha pasado y los tipos penales de injurias, difamación y calumnias gozan de cabal salud en su código penal. En Nuevo León siguen vigentes los delitos de difamación y calumnias en su código penal. Y en Campeche, Sonora y Zacatecas sigue existiendo el delito de calumnias. Y en todos estos estados también existe de manera simultánea la vía civil por daño moral.
Segundo. La Ley especial tenía, entre otros fines, el propósito de que se estableciera un juicio abreviado distinto al juicio ordinario civil conforme al cual se litigan hoy las presuntas afectaciones al patrimonio moral. En efecto, el artículo 35 de la citada Ley dispone: “La tramitación de la acción se sujetará a los plazos y condiciones establecidos para los procedimientos en Vía de Controversia en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal”. Prácticamente nadie se ha detenido a reflexionar sobre esta disposición que busca reducir los tiempos procesales para ajustar su duración a las controversias que tienen lugar habitualmente en el derecho familiar y que se resuelven, en principio, en aproximadamente ocho meses, a diferencia de los juicios ordinarios civiles que pueden (y así sucede en la práctica) durar más de dos años. Hay casos, y no pocos, que el proceso requiere más de cinco años.
Los tiempos son importantes porque como tendencia el demandante tiene amplios recursos económicos y el demandado (medio o periodista) no. En especial los periodistas, quienes buena parte son free lance o trabajadores independientes o, aunque trabajen en los medios suelen ser demandados por trabajos publicados o difundidos en su anterior empleo. De esta suerte, estos últimos se encuentran en el peor de los mundos. El medio donde trabajaban se deslinda porque ya no hay una relación laboral con el periodista y el medio donde labora le informa que esa demanda corresponde a su anterior trabajo y, por ende, lo que no fue en su año no fue en su daño, como dice la conseja popular.
En ese contexto, los juicios largos van siempre en contra de la economía de medios y particularmente de periodistas. Cabe recordar que en estos juicios no hay defensores de oficio ni suplencia de la deficiencia de la queja y se parte de que hay una igualdad formal entre demandante y demandado. De ahí que es menester desarrollar el sentido del actual artículo 35 de la ley e incluir, dentro de esa normativa, el procedimiento para no dejar lagunas o vacíos sujetos a interpretación.
Tercero. Mientras avanza la complejidad de la era digital y sus múltiples formas de expresarse también lo han hecho, en alguna proporción, las disposiciones normativas. Esto es particularmente cierto en las leyes de protección de datos personales que suelen utilizarse para propósitos ajenos a su existencia. Hay litigios administrativos donde una persona que despliega una conducta de indudable interés público reclama a un medio que éste ¡no ha solicitado su autorización para que sea objeto de cobertura o escrutinio periodístico! Así de absurdo es incluido en demandas civiles y/o administrativas. Por fortuna la presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra, tiene una formación en transparencia y en periodismo, que es relevante porque esas credenciales formativas se han traducido en una adecuada interpretación de la ley en casos como el que apunté líneas arriba.
De igual modo los partidos políticos se han convertido en parte del problema al cuestionar la cobertura periodística particularmente durante la veda electoral. Hay dudas en medios sobre los alcances de la veda para el quehacer informativo. Es importante señalar que la veda electoral sólo aplica a los partidos para hacer propaganda y no es, de ninguna forma, un periodo que impida a un medio difundir o publicar hechos de relevancia pública.
Tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han seguido el camino del INAI actual y ha primado la razón y el conocimiento de que el ejercicio de las libertades de expresión e información de los medios como sujetos profesionales de la información tiene como finalidad optimizar el derecho a la información.
Presidente visita presa El Zapotillo en Jalisco para constatar reinicio de obra
Gobierno de México
El presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó el reinicio de obra en la presa El Zapotillo en Jalisco.
En un video en sus redes sociales reafirmó que los trabajos concluirán en los últimos meses de 2023 y contribuirán a evitar inundaciones en los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.
Con el funcionamiento de la presa se aportarán 2 mil litros de agua por segundo para la zona conurbada de Guadalajara.
“Orden dada no supervisada, no sirve para nada“, expresó el jefe del Ejecutivo, acompañado del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; el director general de la Comisión Nacional del Agua, Germán Arturo Martínez Santoyo y la encargada de la Presa Zapotillo y Plan de Justicia para los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, Claudia Gómez Godoy.
También asistieron a la visita a la presa, el director general del Organismo de la Cuenca Lerma – Santiago Pacífico, Ernesto Romero Cárdenas; el subdirector general de Jurídico de la Comisión Nacional del Agua, José Antonio Zamora Gayosso y el secretario de Gestión Integral del Agua del Gobierno de Jalisco, Jorge Gastón González Alcérreca.
Muerte de Mario Paciolla. Un presunto crimen que toca a la familia Ruiz Massieu
/ Gianpaolo contestabile siMone ferrari
El 15 de julio de 2020, el funcionario italiano de la ONU Mario Paciolla fue hallado sin vida en San Vicente del Caguán, en el departamento colombiano del Caquetá.
Desde 2018 Paciolla trabajaba como funcionario de la segunda Misión de Verificación de la ONU en Colombia, surgida en 2017 y encargada de verificar la reincorporación política, social y económica de los excombatientes de las FARC-EP después de la firma de los acuerdos de paz entre el grupo guerrillero y el gobierno colombiano en septiembre de 2016.
Cinco días antes de su muerte, Paciolla había tenido un roce con algunos colegas de la Misión de la ONU. Era la más reciente de muchas tensiones. Por ello había decidido volver a Italia antes de que acabara su contrato. El 15 de julio tenía previsto viajar a Bogotá. Desde ahí, unos días después, tomaría un vuelo para Italia. Sin embargo, los colegas de la Misión encargados de recogerlo lo encontraron ahorcado en su habitación, con heridas en las muñecas y en el cuello.
A dos años todavía no hay respuestas definitivas sobre lo que pasó entre la noche del 14 de julio, cuando un vecino del barrio Villa Ferro de San Vicente vio al italiano discutiendo por teléfono afuera de su casa, y la mañana siguiente, cuando su cuerpo fue hallado sin vida por sus colegas.
Todavía no han sido publicados los resultados completos de la necropsia realizada en Roma, y las actividades de la fiscalía italiana parecen estancadas. El interés de algunos grandes medios nacionales italianos no ha dado el impulso esperado a las investigaciones.
En los archivos de la ONU la muerte del activista italiano se clasifica como “autoinfligida”, o sea como suicidio, hipótesis que se menciona como compatible en la necropsia realizada en Colombia después del hallazgo del cadáver. Según la familia y los amigos de Mario, esta reconstrucción no es creíble. Mario Paciolla
El nombre del representante especial de la Secretaría General de la ONU en Colombia, Ruiz Massieu, aparece también en otras denuncias públicas relacionadas con casos de corrupción y nepotismo
En Colombia, el caso parecía haber caído en la desmedida canasta del olvido colectivo, al menos hasta la reciente publicación de un nuevo reportaje de Claudia Duque, periodista y amiga de Paciolla, comprometida desde hace dos años en la reconstrucción de las verdades ocultas del caso.
En su nueva investigación, publicada en el diario El Espectador, se mencionan algunos detalles de la necropsia realizada en Italia. Las heridas encontradas en la muñeca izquierda de Paciolla parecen ser infligidas “en limine vitae o incluso post mortem”.
También, según la información recabada por la periodista colombiana, la autopsia realizada por el médico forense Vittorio Fineschi sugeriría que Mario murió por estrangulamiento y sólo posteriormente su cuerpo fue suspendido y colgado de una sábana, en la posición en la cual fue encontrado. La información aún no es oficial y desde los abogados de la familia Paciolla se filtra cautela.
Sin embargo, la noticia se suma a la larga lista de inconsistencias y manipulaciones en la supuesta escena del crimen por parte de funcionarios de la ONU en las horas siguientes a la muerte de Paciolla.
En efecto, hay varias contradicciones que sugerirían una puesta en escena. En el centro de las perplejidades está el trabajo de las propias Naciones Unidas, en particular de Christian Thompson, exsuboficial del ejército colombiano y en ese momento jefe de seguridad de la Misión en San Vicente.
Tan pronto encontró el cuerpo de Mario, Thompson se apoderó de las llaves de su departamento, impidiendo la entrada a los policías y al dueño de la casa. Antes de darle acceso a las autoridades locales, ordenó realizar una limpieza completa del piso con lejía, contradiciendo el mismo reglamento de la ONU en caso de muertes en servicio descrito en el Handbook for action in cases of death in service.
Durante la limpieza, Thompson botó en el basurero central de San Vicente una colchoneta y dos ollas con rastros de sangre, sosteniendo durante el interrogatorio que “en ningún momento nadie me dijo que eso era una evidencia”. Los objetos nunca fueron recuperados. Además, retiró algunos materiales privados de Paciolla, entre ellos su computadora y una libreta personal que podrían revelar si no la causa de su muerte sí al menos las razones de la condición de estrés del funcionario italiano.
A raíz de la falta de colaboración por parte de la ONU, la familia Paciolla decidió presentar una denuncia contra Thompson, contra su colega Juan Vásquez García y contra los cuatro policías que permitieron la contaminación de las pruebas. Para el padre de la víctima, Pino Paciolla, la denuncia se basa en que “los dos sujetos de la ONU y los cuatro policías ciertamente tenían conocimiento de los protocolos a adoptar en caso de muerte de una persona; es absolutamente anómalo irrumpir en un apartamento privado, limpiarlo con lejía y tirar al vertedero todo lo que podía servir para posteriores investigaciones sobre la muerte de Mario”.
La policía colombiana está bajo investigación por permitir que Thompson manipulara la habitación donde fue hallado el cadáver del funcionario. La familia Paciolla también denunció las irregularidades cometidas durante la autopsia realizada por las autoridades colombianas, que dio como resultado una compatibilidad con la hipótesis del suicidio. En lugar de un médico forense, asistió al examen médico un funcionario de la ONU: un detalle importante, considerando que el cuerpo de Mario Paciolla fue repatriado en pésimas condiciones, que dificultaron la realización de más exámenes.
el factor Mexicano
El actuar de Thompson nunca fue puesto en tela de juicio por los altos mandos de la Misión. Al contrario, en los meses siguientes fue ascendido a responsable del Centro de Seguridad Nacional de la Misión. Y más allá del modus operandi del jefe de seguridad, la muerte de Paciolla sirvió de detonante para evidenciar una serie de fallas en la gestión de la Misión por parte de su jefe, el diplomático mexicano Carlos Ruiz Massieu.
El nombre del representante especial de la Secretaría General de la ONU en Colombia, Ruiz Massieu, aparece también en otras denuncias públicas relacionadas con casos de corrupción y nepotismo.
El 4 de noviembre de 2016 la agencia Apro publicó una investigación de la alianza MéxicoLeaks –de la que Proceso formaba parte– que citaba cables diplomáticos en los que la tía de Carlos Ruiz Massieu, la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, ejercía presión para favorecer su reelección como miembro de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos de Presupuesto de la ONU.
A principios de este año, el medio Innercitypress publicó una carta anónima de un supuesto informante interno de la Misión de la ONU en Colombia, por medio de la cual se denuncian casos de nepotismo, uso impropio de dinero, explotación laboral, acoso sexual y abuso de poder relacionados, entre otros, con la figura de Ruiz Massieu. En la carta se subraya la necesidad del anonimato por miedo a represalias y la falta de confianza en el dispositivo de Conducta y Disciplina interno a la Misión.
En el primer reportaje de Claudia Duque se había revelado una fractura interna a la ONU entre el uruguayo Raúl Rosende, jefe del área de Verificación de la Misión, y el mismo Ruiz Massieu.
En al menos una ocasión, según la investigación de Duque, Rosende le ocultó a Ruiz Massieu informes producidos por oficinas de la Misión donde se denunciaban delitos contra los derechos humanos por parte del ejército colombiano.
Cámara de diputados
El diputado Jorge Romero Herrera, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN se posicionó respecto al Paquete Económico que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Cámara de Diputados el pasado jueves 8 de septiembre.
Señaló que la bancada que encabeza ya analiza la propuesta del Ejecutivo Federal, cuyo proyecto de Presupuesto de Egresos de 2023 es verdaderamente una burla y un insulto para toda la gente, ya que hay muchos recursos, pero nulos apoyos para la ciudadanía.
“No se vislumbra apoyo para fomentar la economía formal, no se ve un claro esfuerzo por combatir la corrupción y, sobre todo, repite los errores que se han implementado en los cuatro años de gobierno”, apuntó en un comunicado.
Adelantó que las proyecciones de gasto y recaudación son irreales y que no habrá de otra más que adquirir nueva deuda para llegar a las metas que el gobierno plantea.
“Dicen que quieren recaudar 17 por ciento más cuando la economía apenas crecerá 2.2 por ciento, a lo mucho, de acuerdo con diversos organismos internacionales. ¿De dónde quieren sacar lo demás? Desconocen por completo las cifras de informalidad, generación de empleos y conceptos básicos de finanzas públicas. Ya adelantaron que 14 de cada 100 pesos que se gastarán provendrán de financiamiento, que es un tecnicismo para llamar a la deuda”.
Igualmente, sostuvo que algo que ha caracterizado a este gobierno, pese a su mote emblema de combatir la corrupción, es la nula transparencia en el uso de recursos y ejercicio del poder público.
“Este gobierno apapacha a sus aliados, les otorga adjudicaciones directas y no transparenta la forma en que gasta el dinero de las y los mexicanos”, señaló.
En el mismo tenor, criticó que muchos de los programas y proyectos emblema del gobierno carecen de reglas claras, y en reiteradas ocasiones han sido objeto de auditorías y señalamientos de corrupción.
“Se les darán más recursos a proyectos faraónicos como el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles y a la ya inaugurada refinería de Dos Bocas, que son obras sin pies ni cabeza; el aeropuerto no tiene vuelos, la refinería no refina y el Tren Maya lo único que está generando es devastación del medio ambiente. Lo peor, es que las tres obras han sido construidas en lo oscurito, reinando la opacidad y la corrupción”, aseveró.
Agregó que los programas “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro” están recibiendo más recursos, aunque no han mostrado ningún buen resultado en las distintas evaluaciones de política pública que realizan órganos como Coneval y, por si fuera poco, lejos de apoyar verdaderamente a los jóvenes o al medio ambiente, son planes en donde los jóvenes o los campesinos están siendo manipulados para saquear recursos públicos.
“No estamos en contra del apoyo a jóvenes y campesinos, todo lo contrario. Precisamente porque creemos que se les debe de apoyar es por lo que insistimos en que se hagan bien las cosas: no existe un padrón público de beneficiarios, y se sabe que se han detectado innumerables empresas fantasma, duplicidad en los apoyos, financiamiento a estructuras electorales, y esto se da porque son programas que también operan en la opacidad, sin ningún tipo de transparencia ni fiscalización. Es recurso a libre disposición de los operadores electorales del gobierno, mientras que jóvenes y campesinos están padeciendo en primera línea la profunda crisis económica”
Indicó que es fundamental enfocarnos en lo que es urgente y prioritario y dejar de seguir dilapidando el dinero de las y los mexicanos en ocurrencias, al tiempo que reiteró el compromiso de Acción Nacional para discutir un presupuesto que ayude a corregir el rumbo de México. "La recaudación y el gasto que se plantea para el 2023 son cifras históricas, pero se gasta en caprichos y no en apoyo para la gente. Hoy México no necesita una refinería, necesita salir de la crisis en la que este gobierno nos ha sumergido. Cuenten con que el PAN lo dará todo en los próximos meses para discutir un presupuesto que sí ayude a las familias", concluyó Romero Herrera.
Presupuesto 2023 prioriza obras faraónicas y programas clientelares, no las necesidades de la gente
Jorge Romero Herrera
Cámara de diputados
La diputada Cristina Ruiz Sandoval (PRI) afirmó que México tiene como asignatura pendiente la profesionalización de sus servidores públicos, “que están obligados a mejorar continuamente, pues el carácter de su labor lo requiere para estar a la altura de las necesidades, demandas y constantes cambios de la sociedad mexicana, que implican también la transformación de la administración pública”.
“No hay peor acto de corrupción que desempeñar un cargo para el cual uno no está preparado”, enfatizó en un comunicado relativo a su participación en la inauguración de los programas académicos en maestría y doctorado en Administración Pública, impartidos por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).
Destacó que la Cámara de Diputados ha establecido diversos convenios con prestigiosas instituciones de educación superior que van desde otorgar descuentos en todos los niveles educativos hasta implementar cursos, talleres, diplomados y maestrías.
En representación del diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, la legisladora explicó que éste es un beneficio para que tanto los diputados como los asesores eleven su nivel académico, se actualicen y se preparen para los retos de esta gran tarea legislativa.
La también alumna de la maestría en Administración Pública destacó que “hoy se inicia una nueva aventura académica e intelectual, con el mejor centro educativo que puede haber en la materia que es el INAP, el cual tiene 67 años de respaldo y experiencia”. Cristina Ruiz Sandoval
“La capacitación permanente es un requisito para el servicio público de calidad y ético, pero también para que seamos competitivos dentro de él, porque hay una innegable y estrecha relación entre la corrupción y los bajos índices de preparación de los servidores públicos”, externó.
La legisladora priista hizo votos para que éste sea el inicio de un periodo no sólo de preparación sino de renovación personal que permita profundizar en la administración pública y al final de este ciclo de estudios obtener nuevas herramientas para debatir y proponer alternativas en temas de relevancia como la transparencia en el sector público.
Indicó que en el acto estuvieron presentes las y los diputados Ignacio Mier Velazco (Morena), Edna Díaz Acevedo (PRD), Benjamín Robles Montoya (PT), Roberto Rubio Montejo (PVEM) y Erasmo González Robledo (Morena), así como el presidente del INAP, Luis Miguel Martínez Anzures.
Paquete Económico 2023 es desproporcional y no atiende las necesidades más urgentes en salud y economía
Cámara de diputados
El diputado Luis Mendoza Acevedo (PAN) aseveró que el Paquete Económico 2023 presentado por el Ejecutivo Federal “es desproporcional, no atiende a las necesidades más urgentes de los mexicanos en materia de salud y economía, y prioriza nuevamente obras faraónicas de capricho como el Tren Maya”.
“La propuesta es eliminar de un plumazo programas que podrían beneficiar a la gente como el de apoyo financiero a microempresas familiares de la Secretaría de Economía, y el programa de calidad en la atención médica. El Presupuesto del presidente Andrés Manuel López Obrador es un atentado contra salud y economía de los mexicanos, es evidente que la prioridad es otra”, externó en un comunicado.
Refirió que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) ha destacado que el reto para México es absorber el aumento inicial de la inactividad que se produjo en todos los países de la OCDE en 2020, cuando la pandemia desalentó la búsqueda activa de empleo.
“Es importante continuar apoyando a los emprendedores; la falta de empleo afecta principalmente a adultos mayores y jóvenes que se enfrentan a la inexperiencia”.
Sostuvo que en el Paquete Económico la Secretaría de Economía no cuenta con un programa y recursos destinado al fomento de los emprendedores. “La única promoción que plantea es la atracción de inversión extranjera directa, cuyos objetivos son, entre otros, la captación de divisas e impulsar las exportaciones que no prevén el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas”.
Mendoza Acevedo señaló que para el Tren Maya se presupuestan 80 mil 131 millones de pesos más que en 2022, es decir, un aumento de 125%, para sumar en total 143 mil millones, “pese a que en su ejecución presenta inconsistencias técnicas, así como falta de viabilidad económica y financiera, aunado a problemas de impacto ambiental y una serie de litigios que intentan cancelarla.
“Sólo el aumento al Tren Maya es casi el total del gasto destinado al programa atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral para 2023. Es vergonzoso y desproporcional que un proyecto como el Tren Maya que está atentando contra el medio ambiente y la cultura del sureste del país tenga tantos recursos que se pueden destinar a necesidades urgentes como las de salud”.
El legislador destacó que sólo el 6% del presupuesto que se pretende dar el próximo año al Tren Maya es lo que se destina a cuatro de los hospitales más importantes en la Ciudad de México.
“Los hospitales Juárez de México, Gea González, el Instituto Nacional de Cancerología y el Hospital de Nutrición brindan atención a millones de familias mexicanas, y en ellos se ha denunciado la falta de medicamentos básicos como paracetamol; los recursos deben atender las necesidades más elementales de las personas”.
“Es evidente que las prioridades del Gobierno Federal atienden a los caprichos del Presidente y dejan de lado las demandas de la gente que exige mejoras en los hospitales, que haya medicamentos. No requiere trenes ni aeropuertos, las familias demandan buenos hospitales, medicinas y empleo”, finalizó el diputado.
