APro / diAnA lAStiri

Next Article

PESOS

/ Diana Lastiri

Bajo la intensa presión del Ejecutivo, el pleno de la Suprema Corte pospuso la discusión de la reforma por la que el Ejecutivo pretende adicionar delitos al catálogo de los que ameritan prisión preventiva de oficio, la cual, por lo pronto, se mantiene sin modificaciones. El ministro Luis María Aguilar retiró su propuesta inicial de declararla inconstitucional, pero sólo para presentar otra en que se acote la medida, que considera violatoria de los derechos humanos.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, logró por el momento su objetivo de mantener la prisión preventiva de oficio sin modificaciones.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pospuso la resolución de este tema bajo fuertes presiones del Ejecutivo federal, específicamente contra los cuatro ministros propuestos por él mismo. Después de tres sesiones de debate, el ministro Luis María Aguilar Morales retiró el proyecto en el que, por primera vez en la historia del país, se propuso dejar de aplicar un precepto de la Constitución: el relativo a la prisión preventiva de oficio. Ante el rechazo de una mayoría en el pleno del alto tribunal, el ministro ofreció realizar una nueva propuesta para limitar esta figura, pero no le puso fecha.

La nueva discusión de los ministros puede tener lugar antes de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita un fallo sobre el tema, que hasta ahora apunta a condenar al Estado mexicano por utilizar la prisión preventiva de manera automática, lo cual está prohibido por instrumentos internacionales de los que México forma parte.

Prisión preventiva oficiosa: bajo fuego presidencial, la Corte pospone dictamen

Una mayoría de siete ministros se pronunció en contra de dejar de aplicar la Constitución, al considerar que la Corte no cuenta con facultades para ello y que las acciones de inconstitucionalidad planteadas al pleno no impugnaron la figura de la prisión preventiva oficiosa sino únicamente la adición de tres delitos fiscales al catálogo de aquellos a los que se aplica esta medida cautelar.

Por ello, al retirar su proyecto, el ministro Aguilar Morales advirtió que la mayoría de sus compañeros coincidieron en que la prisión preventiva oficiosa es violatoria de derechos humanos, por lo que ofreció acotar esta figura con los criterios mayoritarios.

“He encontrado –planteó Aguilar– algunos puntos en común que evidencian la posibilidad de llegar a un consenso mayoritario entre los integrantes de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que, en aras de construir una decisión que proteja los derechos de todas las personas, retiró el proyecto para reconstruir una propuesta y con ello tratar de unir los puntos de conexión así como matizar los disensos que nos separan, a fin de proponerles una metodología que nos permita expulsar los efectos dañinos de la prisión preventiva automática que ocasiona en la vida de las personas y en las familias mexicanas.

“Se está perfilando lo que me parece es una mayoría muy robusta (me atrevo a pensar que, incluso, existe unanimidad) en torno a sostener que el uso desproporcionado de la prisión preventiva es contrario a los derechos humanos”.

El ministro añadió que la función de los jueces constitucionales no debe limitarse a resolver conflictos y restringir sus estudios a una técnica meramente legal.

Destacó que la mayoría de las personas que se encuentran sujetas a prisión preventiva de oficio son de sectores vulnerables como comunidades indígenas, personas sin recursos económicos, entre otros.

“Yo reafirmo mi postura –dijo–. Tenemos una deuda histórica con esos sectores discriminados. No podemos condenarlos anticipadamente, sin juicio previo y sin la posibilidad de defensa, a una vida de infortunio, pobreza y sufrimiento. Estas personas son las que requieren de la más amplia protección a que se refiere el artículo primero constitucional porque estas penas de prisión anticipada, aún cuando se trate de medidas cautelares, son penas irreparables para ellos y aún para sus familias”.

Aguilar únicamente ofreció modificar su proyecto en relación con la interpretación sobre la prisión preventiva de oficio en general, no sobre la declaratoria de inconstitucionalidad de la reforma impulsada por López Obrador, en la que se adicionaron tres delitos fiscales al catálogo de aquellos que merecen prisión preventiva de oficio, contemplado en la Constitución.

Por las discusiones en el pleno se prevé que en la nueva propuesta esta postura sobre la inconstitucionalidad de la reforma de López Obrador se mantenga para invalidar que el contrabando, la defraudación fiscal y expedición, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes (factureras) se añadan al catálogo de los delitos por los que automáticamente una persona puede ser encarcelada mientras se le investiga.

Como parte de la discusión sobre la prisión preventiva de oficio, el pleno de la SCJN tenía programado el debate de un amparo tramitado por Brandon Alexis Flores Ramírez, hermano del exjefe del grupo delictivo La Unión Tepito, Óscar Andrés Flores, El Lunares.

En el proyecto, la ministra Norma Lucía Piña Hernández propuso establecer que la prisión preventiva de oficio es inconvencional y que se realice una interpretación para que deje de operar automáticamente y sea revisada.

Sin embargo, luego de que Aguilar retiró su proyecto, la ministra Piña Hernández también retiró el suyo para elaborar otra propuesta que integre la interpretación esbozada por la mayoría del pleno.

Estamos domando la inseguridad con acciones de bienestar, aseguró AMLO

Gobierno De México

“Con realismo, sin triunfalismo, ya estoy percibiendo que estamos domando el problema de la inseguridad y de la violencia porque están dando efecto estas acciones de bienestar, las acciones para mejorar la situación económica, social de nuestro pueblo”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita a Colotlán, Jalisco.

Reiteró que la implementación de los Programas para el Bienestar y el trabajo conjunto de la Guardia Nacional con las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina han contribuido a disminuir la incidencia delictiva en el país.

El jefe del Ejecutivo destacó que a nivel nacional 25 millones de personas reciben apoyo del presupuesto federal; de todos los beneficiarios, 2 millones 500 mil son aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Informó que en Colotlán hay 321 estudiantes en el nivel superior que tienen becas, al igual que 493 de bachillerato y 231 familias con hijos cursando el nivel básico.

A través de La Escuela es Nuestra, siete escuelas reciben recursos para la mejora de sus instalaciones y se construirá una sucursal del Banco del Bienestar en el municipio.

Además, mil 984 adultos mayores acceden a la pensión bimestral, así como 117 niñas y niños con discapacidad. En el municipio se apoya a 226 productores del campo.

Al inaugurar las instalaciones de la Guardia Nacional en Colotlán, el presidente López Obrador recordó que en la República habrá 500 sedes de esta institución con mil 400 elementos en activo para realizar labores de seguridad.

En presencia del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, subrayó que la procuración del bienestar y la seguridad de la población, no hay diferencias y se colabora con todos los gobiernos estatales.

“Estamos trabajando de manera coordinada (…) con los gobiernos estatales, como es el caso del gobierno de Jalisco. Nos podemos pelear por cualquier cosa, es más, está prohibido pelearnos ya, mucho menos cuando se trata de la seguridad del pueblo; tenemos que unirnos”, remarcó.

Acompañaron al presidente en este evento, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán; el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio; el comandante de la V R.M., Maximiliano Cruz Ramos; el comandante de la 15/a Z.M., Crisóforo Martínez Parra y el coordinador estatal de la Guardia Nacional en Jalisco, Armando Toscano Yáñez.

/ luciAno cAmpos

Sólo la mitad de los probables responsables del fallecimiento de 52 personas en el brutal ataque al Casino Royale de Monterrey en agosto de 2011 fueron detenidos y algunos de ellos todavía no reciben sentencia. Los restantes, señalados en las primeras pesquisas de las entonces procuradurías federal y estatal, eran servidores públicos y el propio gobierno nuevoleonés de Rodrigo Medina los exoneró.

Después de 11 años de la masacre del Casino Royale, ningún funcionario público involucrado en la irregular operación del lugar ha sido llamado a cuentas y aún hay responsables detenidos sin sentencia. Esto mantiene vivo el dolor de las familias de las víctimas, así como el sentimiento de impunidad.

En los 10 expedientes abiertos para revisar la actuación de servidores públicos del gobierno estatal y el ayuntamiento de Monterrey tras el ataque incendiario perpetrado por integrantes de Los Zetas el 25 de agosto de 2011, en el que murieron 52 personas, los órganos de control internos y otras áreas de las dependencias a cargo de las investigaciones exoneraron a los funcionarios señalados.

En ocasión del acto de disculpa pública que ofreció a las víctimas directas e indirectas a nombre del Estado el 31 de agosto, el subsecretario de gobernación Alejandro Encinas dijo a Proceso que, para que los trabajadores municipales y estatales sean juzgados como corresponsables de esos hechos, es necesario que la fiscalía de Nuevo León dé seguimiento a las demandas que debió interponer.

Según Encinas, corresponde a la autoridad judicial local hacer todo el trabajo relacionado con los homicidios y las causas que derivaron en el peor ataque contra la población civil en un sitio público en la historia reciente del país.

Encinas cumplió con la disculpa pública a las víctimas en el Centro Lab Cultural Ciudadano, en esta capital, como parte de la recomendación 66/2012 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación afirmó que la autoridad federal sólo se encargó de lo relacionado a los permisos de operación del establecimiento.

“Se tiene que ir al fondo de la investigación. Ahí están las denuncias y le corresponde actuar (contra funcionarios), en primer lugar, a la fiscalía del estado, que tiene que hacer la investigación, Es un asunto del fuero común. Hay una denuncia presentada y son los jueces los que tienen que sancionar.

“En los temas vinculados con la parte de los delitos del fuero común, esto es local. ¿Cuáles son las omisiones federales? Todo lo relativo a la inspección y seguimiento de cómo se aplican los permisos de estos casinos. Hay de las dos órdenes. Tiene que revisar el gobierno federal la forma y funcionamiento de las casas de juego; al municipio le corresponde todo lo de protección civil”, dice.

Sin embargo, el funcionario omite que la investigación inicial para atrapar a los culpables la condujo la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y que la procuraduría estatal, entonces dependiente del gobierno nuevoleonés, no pudo hacer pruebas periciales en lo inmediato porque su contraparte de la federación resguardó el inmueble y aseguró pruebas determinantes, como las videograbaciones del casino.

Tras las pesquisas iniciales que arrojaron 18 detenidos, en Nuevo León ya no se buscan más responsables, aunque en la investigación inicial eran señaladas 36 personas.

La vocera de los deudos, Samara Pérez Muñiz, quien perdió a su hijo Brad Xavier en el incendio, afirma que desconocen la mayor parte del expediente. Acepta las disculpas públicas, pero lamenta la lentitud de los procesos judiciales; esperó más de una década que se le diera acceso a los documentos de la investigación, y eso por intercesión de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Son decenas de miles de hojas.

“Once años y que sigan estos procesos, de veras que es revictimizante, totalmente”, expresa.

Dice que al hacer una revisión reciente de documentos que no conocía, encontró con sorpresa que dos mujeres, una de las cuales es apodada Beba o Bebé, y otra La Kiti o La Pelirroja, son mencionadas en las declaraciones de los acusados. Por ambas se ofreció recompensa, junto con otras 16 personas.

Ataque al Casino Royale en 2011: impunes, funcionarios de Rodrigo Medina

AutoexculpAción

La tarde de los hechos, cerca de las 15:00 horas, un comando de zetas roció gasolina a la entrada del Casino Royale y lo incendió. El entonces alcalde panista Fernando Larrazábal dijo al día siguiente que el establecimiento era propiedad de la empresa Atracciones y Emociones Vallarta.

Luego se mencionó que el verdadero concesionario era la empresa CYMSA, de Raúl Rocha Cantú, que no aportó dinero para las indemnizaciones de los deudos ni fue sujeto a ninguna responsabilidad por los hechos, pese a que la ley lo obligaba. Se mencionó que Rocha declaró desde Florida pese a que tenía una orden federal de presentación.

Actualmente el empresario se presenta en su cuenta de Twitter como cónsul de Guatemala en México y “filántropo”. El 30 de junio fue nombrado asesor del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz.

La mayoría de las víctimas murió por asfixia. Algunos se quedaron encerrados en los baños o buscando puertas traseras que no se abrieron. Dos de las fallecidas estaban embarazadas, por lo que los deudos, organizados para protestar, se hacen llamar Colectivo 52+2.

Era el sexenio del presidente panista Felipe Calderón Hinojosa. El secretario de Gobernación, dependencia que regula el funcionamiento de las casas de apuestas en México, era Francisco Blake Mora. La titular de la PGR era Marisela Morales Ibáñez

Caso Heidi Mariana: Piden a AMLO no exonerar a priori a los militares implicados

/ GloriA leticiA díAz

Los defensores de Cristina Araceli Pérez Rodríguez, madre de la menor Heidi Mariana que murió por una bala disparada por militares en Nuevo Laredo, sostienen que los peritajes no muestran que las tropas hayan sufrido un presunto ataque, como alegan. El activista tamaulipeco Raymundo Ramos relata que hace 12 años hubo un caso similar y el entonces presidente Felipe Calderón exoneró a los inculpados: ojalá no haga lo mismo Andrés Manuel López Obrador y escuche a los familiares de Heidi Mariana, añade.

La noche del 31 de agosto, Cristina Araceli Pérez Rodríguez esperaba impaciente a su pequeña Heidi Mariana en el Hospital General del IMSS para que fuera atendida de un dolor estomacal. Nunca se imaginó encontrarla tendida sobre una camilla, rodeada de médicos que, desesperados, intentaban salvarle la vida.

“Yo ya estaba esperando a mi niña porque le íbamos a tomar radiografías porque le dolía la pancita. En ese momento me marca mi papá y me dice que ya iban a llegar pero que les habían balaceado el carro. Me pidió llamar a Griselda (pareja de su papá y conductora del vehículo). Hice dos llamadas y me mandó a buzón.

“Caminé hacia la entrada del hospital, un enfermero me dice muy tranquilo que mi niña está en el área de urgencias. Me encaminé ahí. Al verme, la jefa de enfermeras me dice, ‘Cristi, espérate, tu niña está muy grave’. “En ese momento corrí, busqué a mi niña. Ella estaba en una plancha, la tenían los compañeros con vendas agarrándole su cabecita del lado izquierdo, tenía sus ojitos abiertos y su boquita la tenían con un tubito. Me dijeron que me saliera. Busqué a mi niño (Kevin), estaba con Griselda, quien estaba llena de sangre. Mientras me explicaba lo que había pasado, me llaman y me dicen que mi niña ya había fallecido”, narra Cristina a Proceso.

Griselda Zamora Saavedra, pareja del papá de Cristina, y también trabajadora del IMSS, le había contado que la calle por la que normalmente transita para llegar al hospital, estaba bloqueada por una pick up del Ejército, sin advertir presencia de vehículos civiles o escuchar algún intercambio de disparos. Viró a la derecha y casi de forma inmediata escuchó como “granizo” en el techo del vehículo, un Colt Chevrolet 2010, y vio “luces amarillas”. Después escuchó la voz de Kevin, quien dijo: “Mi hermanita está muerta”. “Mi niño tiene siete años, tiene una esquirla en la mandíbula del lado derecho, tiene muy irritados sus ojitos donde cayeron los vidrios y el trauma psicológico. No duerme bien, a cada ratito recuerda lo que pasó; mi niña prácticamente murió en sus piernas.

“Ha sido un golpe muy fuerte para mí, pero quien me preocupa es mi niño. No puede comprender su dolor y no puede expresarlo, eso es para mí muy doloroso”, agrega Cristina. Cristina y su familia fueron entrevistados la víspera de acudir a Palacio Nacional el jueves 8, donde entregaron un escrito en el que solicitan una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, “para que nos escuche”.

“Quiero la verdad, que se haga justicia; que pague quien sea culpable, con la ley, por la muerte de mi niña”, dice la madre de Heidi Mariana.

Ante las declaraciones de López Obrador, de que la pequeña falleció en medio de un enfrentamiento, deslindando a miembros del Ejército de los hechos, Cristina es contundente: “Antes de hablar debió haber escuchado nuestra versión: solamente se ha guiado por lo que dice la Sedena. No nos han escuchado como familia, como víctimas. “Esa noche no había nadie más que militares en la calle, aquí está la sobreviviente, que también es víctima. “Ella (Griselda) lo vivió todo y su cuerpo también tiene esquirlas. ¿Qué habría pasado si a Griselda también la hubieran matado? Mi niño no podría declarar”, apunta. –¿Qué le dirías al presidente si pudieras hablar con él? –No creo que él entienda el dolor que yo siento. Ojalá nunca esté en mis zapatos, pero que trate de comprender que necesitamos de su ayuda, porque solamente con él se puede llegar a la verdad y se puede llegar a justicia, no nada más para mi hija, sino justicia para todas las personas que han vivido lo que yo vivo y para que Nuevo Laredo esté en paz, esté tranquila.

ciudAd militArizAdA

De 25 años, Cristina ha vivido las últimas dos décadas en una ciudad con calles controladas por el poder castrense. En 2002, durante el gobierno de Vicente Fox y después el de Felipe Calderón, Nuevo Laredo fue puesta bajo la supervisión de la Sedena. Con Enrique Peña Nieto la seguridad pública se dejó manos de la Secretaría de Marina y ahora está bajo la vigilancia de la Guardia Nacional, que patrulla en tándem con la Sedena. Cristina y su hermano José Ángel, así como su padre y Griselda –su actual pareja–, comparten las complicaciones que los habitantes de Nuevo Laredo viven a diario por la militarización de sus calles.

“A cualquier persona, ya sea jóvenes, adultos, de cualquier edad, en Nuevo Laredo con los militares todo es: ‘Párese, esto es una revisión’, pero en los últimos tres años han estado más groseros”, comenta Cristina. José Ángel, su hermano, añade: “De parte de los militares a los civiles, hay un trato más prepotente. Los militares se han vuelto más agresivos, explotan por cualquier situación. Por eso, cuando los ves, mejor te alejas”. El padre de Cristina cuenta que 15 días antes de la muerte de Heidi Mariana, de regreso de un balneario, transitando a las ocho de la noche, se toparon con un retén militar, por lo que le indicó a Griselda que diera vuelta y buscara otra ruta.

“De repente un soldado nos encañona y nos grita, ‘¡Hey! ¿A dónde van?’. ‘Tranquilo –le dije–, nosotros también somos trabajadores federales, somos empleados del IMSS’. “Esa noche llevábamos los vidrios abajo, el soldado se asomó, el niño (Kevin) hasta lo saludó, y nos dejó ir. El 31 (de agosto), Griselda llevaba los vidrios arriba y tenía puesto el aire acondicionado. Ella sólo pensaba en la niña y además me estaba hablando por teléfono, si los soldados le hicieron una señal de que se parara, ni cuenta se dio”, dice el padre de Cristina.