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MIÉRCOLES 8 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Gobierno de Coahuila ordena liberar a mujeres que fueron encarceladas por abortar
Pandeo de vigas por falta de pernos causó colapso de L12: dictamen técnico de DNV / Sara Pantoja El Dictamen Técnico Final de la empresa noruega DNV sobre el colapso de una trabe metálica del tramo elevado de la Línea 12 del Metro, reiteró como causa principal inmediata “la falta de pernos” metálicos, que desencadenó una serie de fallas y grietas en las vigas que no soportaron el peso del tren con pasajeros y provocó la muerte de 26 personas y más de 100 lesionadas. “Los resultados de los análisis indicaron que el colapso ocurrió como resultado del pandeo de las Vigas Norte y Sur, facilitada por la falta de pernos funcionales en una longitud significativa, lo que causó que parte del tramo elevado perdiera su estructura compuesta”, de acuerdo con las conclusiones presentadas este martes por autoridades de la empresa y
del gobierno capitalino. Se trata del detalle de las conclusiones preliminares que las autoridades presentaron el pasado 16 de junio, acto al que sí asistió la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a diferencia de este martes, cuando fue notable su ausencia. El secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva, dijo que el dictamen final agrega que “la estructura compuesta estaba operando como dos vigas paralelas independientes, una viga de concreto y una viga de acero que experimentaron condiciones de carga para los que no estaban diseñados”. Ello, añadió, “creó condiciones que llevaron a la distorsión del marco transversal central y la iniciación y propagación de grietas de fatiga que redujeron aún más la capacidad de la estructura para soportar la carga”.
Miguel Riquelme | Foto Gobierno de Coahuila / Luciano Campos Las mujeres que se encuentran en la cárcel por practicarse abortos deben ser liberadas debido al efecto retroactivo que tiene la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que invalida la sanción prevista en el Código Penal de Coahuila para quien interrumpa su embarazo, ordenó el gobierno de la entidad. En un comunicado difundido hoy, la administración de Miguel Riquelme precisó que la sentencia aprobada este martes, que deja sin efecto el artículo 196 de la legislación penal coahuilense, tuvo su origen en 2017, cuando la entonces Procuraduría General de la República presentó ante la SCJN un recurso de inconstitucionalidad por algunos artículos relacionados con el aborto, incorporados a la legislación local. En el Código vigente se establece en el Capítulo Séptimo -relacionado con el aborto-, en su artículo 195: “(Aborto para efectos penales) Comete aborto quien causa la muerte al producto de la concepción, en cualquier momento del embarazo”. Y en el Artículo 196: “(Aborto autoprocurado o consentido) Se impondrá de uno a tres años de prisión a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que la hiciere abortar con el consentimiento de aquella”. De acuerdo con el comunicado, todas las entidades de la República deberán acatar el criterio emitido hoy por la Corte, que establece que ninguna mujer debe ser criminalizada por la interrupción voluntaria de su embarazo, y deben ser liberadas quienes están en la cárcel a causa de una sentencia por esta razón. “El gobierno del estado de Coahuila acatará esta resolución, que sienta un precedente para todo el país, pues al existir 10 votos en el mismo sentido se crea jurisprudencia. Dicha resolución tendrá efectos retroactivos, y si hubiese alguna mujer privada de su libertad por el delito de aborto, deberá ser puesta en libertad inmediatamente. Asimismo, el Ejecutivo estatal reitera su compromiso para fortalecer el respeto de los derechos humanos y las libertades, y continuará impulsando políticas públicas a favor de los derechos de las mujeres, así como del respeto a la vida”. En una decisión histórica, este martes la SCJN declaró por unanimidad la inconstitucionalidad de la penalización del aborto voluntario, dado que viola el derecho de las mujeres al libre desarrollo de la personalidad, a la no discriminación y al acceso a la salud.
| Foto @JavierMunguiaaa
“Los factores que contribuyeron a la falta de funcionalidad de los pernos incluyen soldaduras deficientes, pernos faltantes y pernos mal colocados”, de acuerdo con el documento de 180 páginas. Además, al colapso contribuyeron “deficiencias en las propiedades mecánicas de las vigas y en el diseño del marco transversal que no cumplió con los estándares del diseño aplicables”. El documento aclara que el sismo de septiembre de 2017 no influyó para el colapso de la trabe, pues se detectó que ya se encontraba en malas condiciones desde enero de ese año, aunque esa condición no era detectables en una inspección visual. También “se detectaron deficiencias en comparación con el criterio de diseño en todas las porciones de las estructuras de concreto que se probaron”. Las autoridades recordaron que aún falta presentar públicamente el resultado del Análisis Causa-Raíz del incidente, aunque no dieron fecha para ello. Por último, el secretario de Obras, Jesús Esteva, informó que ya iniciaron los trabajos de refuerzo y rehabilitación de la Línea 12, a partir de trabajos de topografía en el tramo elevado y de calas en el subsuelo. Además, dijo que en los próximos días se firmarán los convenios con las empresas constructoras que se encargarán de los trabajos sin cargos económicos para el gobierno de la CDMX.
La tragedia en la Línea 12 “pudo y debió evitarse”: Gabriel Regino / Sara Pantoja El gobierno de Claudia Sheinbaum sabía, desde diciembre de 2019, que había una separación de las vigas en el tramo elevado de la Línea 12 que colapsó el pasado 3 de mayo, por lo que “la tragedia pudo y debió evitarse”, aseguró Gabriel Regino, abogado de 15 exfuncionarios del Proyecto Metro, incluido su exdirector Enrique Horcasitas. El exsecretario de Seguridad Pública capitalino explicó que el propio informe sobre el colapso que la empresa noruega DNV presentó ayer y que hoy hizo público, contiene el dato de que revisó imágenes y videos tomados por drones en diciembre de 2019 en las columnas 12 y 13 del tramo elevado en el que se encontraron dichas fallas. Y basó su declaración en el párrafo de la página 170 de dicho informe, en el apartado 4.4 “Conclusiones del Análisis Estructural”, que dice: “La secuencia en video del tramo tomado por drones en diciembre de 2019 muestra una deflexión descendente significativa en el tramo medio donde la Viga T-6 conecta con la Viga Norte. Dicho desplazamiento es mucho más grande que el que se observa en otros tramos y puede explicarse
por la no funcionalidad de los pernos sobre una longitud significativa del tramo considerado”. De acuerdo con Regino, “las autoridades no hicieron lo que tenían que haber realizado, por eso es nuestra afirmación de que esa tragedia se pudo evitar”. Y añadió: “Ahora quieren culpar a los encargados del diseño de la Línea 12, dejando fuera las posibles fallas tras el sismo de 2017". El abogado es representante legal de 15 exfuncionarios del Proyecto Metro, encargado de supervisar la construcción de la llamada Línea Dorada, en el sexenio de Marcelo Ebrard. No obstante, sólo mencionó a dos: Enrique Horcasitas y Manuel Ponce Guerrero. “No es dictamen, es informe y no tiene validez” El exsecretario de Seguridad Pública aseguró que el documento que presentó DNV a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) no tiene validez de peritaje forense, debido a que se rompió la cadena de custodia de tres muestras de acero que obtuvo en la llamada “Zona Cero” y envió para analizar a laboratorios en Ohio, Estados Unidos. “Este es un tema de suma gravedad… No podemos avalar esa infor-
mación. Absolutamente no confiamos en el resultado”. Como prueba, ofreció copias de las denuncias penales que Ausencio López Ramírez, apoderado de DNV Energy Systems México, antes DNV GL México, presentó el pasado 2 de septiembre a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México y un día después a la Fiscalía General de la República (FGR), porque “el registro de cadena de custodia no se encontraba en la misma y el embalaje de las muestras había sido violado estando una de ellas aún abierta”. El abogado recordó que en días anteriores presentó una denuncia contra la SGIRPC y su titular, Myriam Urzúa, por contratar a la empresa DNV sin licitación de por medio y “para inducir la investigación”, así como influir en los resultados de la FGJ local. Además, cuestionó que el informe excluyera el factor de mantenimiento de la Línea 12, como si éste no fuera necesario en una obra de tal magnitud. Por último, denunció que la FGJ, encabezada por Ernestina Godoy, no le ha permitido el acceso -como abogado de los exfuncionarios- a la carpeta de investigación que abrió por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad.
