MARTES 2 DE MARZO DE 2021
Aguascalientes tiene resultados positivos en materia de empleo según estudio
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Hugo López-Gatell salió del hospital este fin de semana: Jorge Alcocer / Rodrigo Vera Foto Gobierno de México Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, fue dado de alta este fin de semana del hospital donde estaba internado a causa de covid-19. Así lo confirmó este lunes el propio secretario de Salud, Jorge Alcocer, quien además señaló que López-Gatell se reincorporará a sus actividades “en dos o tres días”. El Director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía, también confirmó el alta médica de López-Gatell, quien el pasado 20 de febrero informó que había dado positivo a covid-19. Dijo entonces López-Gatell: “comparto públicamente que tengo covid-19. Inicié con síntomas ayer por la noche, afortunadamente son leves. La prueba de antígeno dio resultado positivo y espero la de la PCR. Estaré trabajando desde casa, pendiente de la estrategia de vacunación”. Después, el director de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés, informó que el subsecreta-
rio tenía “una disminución leve en sus niveles de oxigenación”, por lo que estaba recibiendo una “oxigenación suplementaria”. Sin embargo, la Secretaría de Salud negó que el subsecretario se encontraba hospitalizado, pese a versiones periodísticas en el sentido de que estaba internado en un hospital. Fue Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, quien este domingo confirmó que López-Gatell fue hospitalizado desde el miércoles 24 de febrero de manera preventiva. Asimismo, López-Gatell –en una carta dirigida al diario La Jornada, publicada este lunes– confirmó que, efectivamente estaba internado. “No me hospitalizaron por estar delicado sino para recibir el tratamiento que es intravenoso y más fácil de manejar que en casa”, dijo el funcionario en su misiva, señalando que ya tenía un nivel de oxigenación de 98%. Ahora, a decir de Jorge Alcocer, el subsecretario ya fue dado de alta.
De acuerdo con el Índice de Calidad y Competencia de la Ocupación Estatal, Aguascalientes, al igual que Baja California y Sinaloa, presentan una mayor fortaleza en el mercado de trabajo durante la crisis económica derivada de la pandemia por covid-19. Las tres entidades mencionadas destacaron con resultados positivos; Baja California fue primer lugar nacional con 86.7 puntos de 100 posibles le siguieron Sinaloa 85.5 que ostentó el mayor avance anual y Aguascalientes 81.6, por lo que fueron las únicas entidades del país en en colocarse en el nivel alto, según el estudio realizado por el periódico El Economista al cierre del año 2020. Aguascalientes resaltó en trabajo asalariado con la mayor variable de las 32 entidades al registrar 79.15% y pasó de medio alto a alto al mostrar mejores resultados en impulso de su vocación económica. El Índice de Calidad y Competencia de la Ocupación Estatal mide tasas complementarias de ocupación y desocupación obtenidas de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi. | Gobierno del Estado
/ Gloria Leticia Díaz La periodista Lydia Cacho y la organización Artículo 19 reprocharon al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a la Fiscalía General de la República (FGR) haberlos marginado de la coadyuvancia en el proceso que se sigue al empresario Kamel Nacif, acusado de ser el autor intelectual de la tortura infligida contra la defensora y escritora en 2005. En un comunicado, la periodista y la organización civil acusaron a la FGR y a la Secretaría de Relaciones Exteriores de no haberles notificado que Nacif Borge fue detenido el 12 de octubre de 2020, en Líbano, y presentado ante un juez que le otorgó libertad bajo fianza. Resaltaron que fue hasta el 16 de febrero que se enteraron de la situación de Nacif, luego de que el exgobernador de Puebla, Mario Marín, fue detenido (el 3 de febrero) para ser procesado por la tortura cometida contra Lydia Cacho los días 16 y 17 de diciembre de 2005. Recordaron que, en julio de 2020, después de que se libró una orden de aprehensión en contra del empresario del ramo textil, se les informó que se encontraba en el Líbano, y siete meses después conocieron de la detención de Nacif y su libertad bajo fianza. Asimismo, reclamaron que “las autoridades no notificaron ni a Cacho ni a Artículo 19 sobre ningún acto de autoridad encaminado a conocer el estatus jurídico del empresario en la República de Líbano, tampoco se informó a la víctima ni a sus representantes legales sobre el lugar o fecha de localización, o sobre su presentación ante autoridades judiciales libanesas.
Kamel Nacif fue detenido, pero pagó fianza; Lydia Cacho reclama que la marginaron del proceso Eso sucedió hasta mediados de febrero, después de la detención de Mario Marín”. Al no haber sido informados, se “redujo la capacidad de coadyuvancia por parte de la víctima y sus representantes para participar de forma activa en el proceso, así como su derecho a estar plenamente informada de los avances del proceso”, puntualizaron. La periodista y su representante legal calificaron como “preocupante” que no hayan contado con “garantías mínimas que permitan igualdad entre las partes” en el procesamiento de Kamel Nacif en Líbano, como sería la garantía de audiencia y el derecho a la defensa, “derechos mínimos que tendrían que ser respetados en cualquier proceso penal”. Evaluaron como “desconcertante” que no haya habido coordinación entre la Cancillería y la FGR para informar a la activista sobre la situación de Nacif en el Líbano, lo que podría considerarse “un obstáculo en el acceso a la justicia de Lydia Cacho, ya que, según consta en el expediente ministerial, la Feadle (Fiscalía Especializada en la Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión) fue directamente informada sobre las gestiones realizadas a nivel diplomático hasta finales de enero de este año”. Al señalar que la información con que cuenta Cacho y su defensa es que las actividades judiciales en el Líbano están detenidas por la pandemia, destacaron: “no hay certidumbre sobre las siguientes
etapas procesales ni las imputaciones que se realizan con base en la información enviada a Líbano por FGR por conducto de la SRE”, en tanto que se les ha notificado que “se busca una reunión entre autoridades mexicanas y libanesas para aclarar la información sobre el proceso”. Para Artículo 19 y la escritora, esta situación “no abona a la confianza que debe construirse entre instituciones del Estado y víctimas de violaciones a derechos humanos”, sino por el contrario, “dichas omisiones ponen en peligro el acceso a la justicia, la seguridad y protección de la periodista y personas cercanas a ella, por la probable comisión de actos de represalia en su contra”. La organización de defensa de la libertad de expresión y la autora de Los demonios del Edén formularon nueve peticiones a la SRE, a la FGR, a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al gobierno de Líbano, por las que exigen acceder a la justicia. De igual manera, urgieron a la Cancillería a procurar que se lleve a cabo “un proceso imparcial en que se respeten los derechos de la víctima” y que se le facilite información a la Feadle, a la víctima y a su representación para coadyuvar en el proceso; a la FGR, que se apegue a la Ley General de Víctimas para poner al tanto a Cacho y a sus representantes “de todo hecho relacionado con la localización, cambio de estatus jurídico, accio-
nes legales impulsadas por los presuntos responsables y cualquier otro que pueda implicar cambios en la estrategia para la garantía de acceso a la justicia, así como evitar la revictimización de la periodista y los obstáculos a la coadyuvancia. En tanto, se pidió a la Segob considerar la situación como una falta de cumplimiento del Plan Integral del Daño, emitido a partir del Dictamen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, relacionado con el caso de Lydia Cacho. A la CIDH, la periodista y su defensa solicitaron considerar las omisiones del Gobierno Federal como faltas a las medidas cautelares dictadas por el organismo regional en 2009, ante los riesgos en que se encuentra la periodista. Y, finalmente, al gobierno de Líbano le urgieron a garantizar el debido proceso para la víctima, y se generen condiciones para que sus representantes y el gobierno mexicano “abonen a la acusación ante los tribunales nacionales”, y se continué con el proceso de extradición de Kamel Nacif, quien también cuenta con nacionalidad mexicana. Se recordó al gobierno libanés que, dado que su país rarificó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, “se cumpla con las disposiciones del instrumento internacional y se tome en cuenta la gravedad de la conducta imputada a Kamel Nacif con base en la interpretación más protectora de los derechos de Lydia Cacho”.
