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VIERNES 1 DE JULIO DE 2022
Aguascalientes, una biopsia de la tortura que impera en México
Documentan casos de tortura en el gobierno de Carlos Lozano de la Torre Los perpetradores fueron agentes de la Procuraduría de Justicia del Estado Adrián Flores
Adrián Flores Luego de que el representante de la ONU-DH México, Guillermo Fernández-Maldonado, diera a conocer el informe en el que se documentaron 40 casos de tortura y tortura sexual perpetrados por agentes de la entonces Procuraduría de Justicia del Estado de Aguascalientes, este destacó que si bien el caso investigado fue en dicha entidad, esa es una realidad que se vive en todo el país. En la sesión de preguntas y respuestas de la presentación del informe Hasta perder el sentido: informe sobre la práctica de actos de tortura y malos tratos en Aguascalientes entre 2010 y 2014, Fernández-Maldonado explicó que el caso de Aguascalientes es tan sólo la “biopsia” de lo que realmente sucede en todo México, pues la tortura ha sido un crimen generalizado a lo largo y ancho del país. Ante el cuestionamiento del reportero Jorge Burtrón, de La Razón, sobre por qué hace un informe sobre la tortura en Aguascalientes ha-
biendo otras entidades federativas con más índices de violencia, el representante de la ONU-DH en México contestó: “Parte de las recomendaciones que se hacen precisamente –en el informe–, es que esto debería abarcar recomendaciones, análisis, que cubran todo el territorio mexicano. Este es uno de los casos en un periodo concreto, sobre el cual habíamos tenido información de la gravedad de la sistematicidad y de la reiteración, la falta de atención”. Incluso, agregó que el caso de Aguascalientes es “de alguna manera” un caso “emblemático que pretende iluminar algo que, como ha sido mencionado, es destacado como una práctica generalizada en México. Parte de la situación es el caso de Aguascalientes”. “No estamos señalando que esto es algo que simplemente ocurre en un estado, sino estamos tratando de colaborar con una problemática caracterizada, generalizada, sobre la cual se pueden construir, por lo tanto, respuestas desde las entidades federativas”, concluyó.
Representantes de recursos hidráulicos tienen que involucrarse ante la salida de la concesionaria Gabriel Soriano Desde que inició su administración, el alcalde capitalino Leonardo Montañez Castro ha estado consciente del reto más grande que se dará en su periodo que será la salida de la concesionaria del servicio de agua, ha sido constante el análisis de posibles modelos sobre cómo seguirá dándose este servicio. El diputado presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Juan José Hernández Aranda, informó que esta semana se reunió con la regidora Mirna Rubiela Medina Ruvalcaba para plantear algunos proyectos sobre la administración del servicio del agua. Consideró que el ayuntamiento tendría que iniciar con mesas de trabajo para no tomar una decisión al vapor. Opinó que en estas mesas de trabajo tendría que participar el mismo cabildo pero también el Instituto del Agua, el Congreso del Estado, así como cualquier otra de las representaciones del sistema hídrico en Aguascalientes para que se tome una correcta decisión y que no sean los ciudadanos quienes se vean afectados al final. Consideró que hizo falta dotar de mayores facultades a órganos reguladores para que pudieran sancionar a la concesionaria cuando no cumpliera cabalmente con el servicio, lo que calificó como deficiente y que se ve reflejado en los tandeos que se tienen que hacer.
Juan José Hernández Aranda | Foto Congreso del Estado “Veolia no ha cumplido cabalmente con el servicio, ha sido deficiente y no ha sido oportuno. Hemos visto fraccionamientos y colonias que duran semanas sin servicio y no son para enviar una sola pipa, creo que ahí es donde hay que presionar un poco más a la concesionaria por el tiempo que le queda, que atiendan de manera eficiente y de calidad al ciudadano”, dijo.
Bajo un esquema de complicidad y sistematicidad de la impunidad, no cabe duda de que Aguascalientes nunca estuvo exento de violaciones contra los derechos humanos; tanto así que ahora la ONU-DH México hizo un llamado a las autoridades locales a investigar 40 casos de tortura perpetrados durante el gobierno del priista Carlos Lozano de la Torre, entre 2010 y 2014, cuando Felipe Muñoz Vázquez era el entonces titular de la Procuraduría de Justicia del Estado. Los autores de estas vejaciones fueron agentes de esa corporación. Los 40 casos de tortura cometidos en Aguascalientes en los que se consignaron 33 víctimas hombres y siete mujeres, están documentados en el informe Hasta perder el sentido: informe sobre la práctica de actos de tortura y malos tratos en Aguascalientes entre 2010 y 2014, elaborado por la oficina de la ONU-DH en México, con lo cual quedan evidenciadas las prácticas de tortura que agentes policíacos cometieron contra ciudadanos. En la presentación de este documento, Guillermo FernándezMaldonado, representante de la ONU-DH en México, aseguró que “en México y Aguascalientes persiste una deuda de acceso a la verdad y la justicia con las personas sobrevivientes de tortura”, a quienes se les dedicó dicho informe, en el que se les agradece la valentía de relatar su testimonio para configurar las distintas torturas, hasta sexuales, que agentes de la Procuraduría de Felipe Muñoz cometieron contra hombres y mujeres, violaciones en las que el exservidor público también estuvo implicado, según se concluyó en una recomendación. El informe va más allá de solamente consignar las vejaciones y torturas perpetradas a ciudadanas y ciudadanos, sino que en él también se asegura que cada una de esas 40 torturas siguen sin ser atendidas debidamente y permanecen en la impunidad. “Las afectaciones perduran. Los responsables no han rendido cuentas ante las justicia y las víctimas aún no reciben una reparación integral y proporcional a su sufrimiento. El tiempo transcurrido no resta ninguna relevancia a los casos, por el contrario, los hace más aún más preocupantes y requieren de la atención inmediata de las autoridades de Aguascalientes”, dijo el representante de la ONU. Y agregó que esta “atención inmediata” debe tomarse realmente en cuenta, considerando que “al día de hoy, todos los casos de tortura permanecen en la impunidad, es decir, ninguno de los perpetradores ha sido llamado a rendir cuentas”, e incluso “la mayoría” de las víctimas siguen privadas de su libertad en la cárcel. En su discurso, Fernández-Maldonado recordó que las torturas se pueden y se deben prevenir y al no hacerlo, las “autoridades incurren en responsabilidad y deben rendir cuentas”, por lo que se hace el llamado al gobierno actual para que actúe y retome la documentación realizada por la ONU-DH para dar paso a la justicia de las víctimas. Felipe Muñoz Vázquez, el procurador de la tortura Los casos de tortura en Aguascalientes cometidos durante el periodo de Lozano de la Torre no son casos aislados, coinciden con el tiempo en el que Muñoz Vázquez fue procurador general de Justicia, personaje del que, a través de una carta el expresidente del Partido Acción Nacional (PAN) en la entidad, Jorge López Martín, solicitó al gobierno su destitución. Aunque la destitución nunca llegó, por el contrario Muñoz Vázquez fue subiendo escaños y, en el 2016 fue nombrado por Raúl Cervantes como subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales, cargo que ostentaría incluso en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador junto al actual fiscal general, Alejandro Gertz Manero, y del que sería removido luego de que presuntamente se le vinculara a casos de corrupción y de desvíos millonarios de dinero. Incluso, ese mismo año, pero antes, había ostentado el puesto de procurador en Colima, al que renunció por no poder reducir los índices de violencia. Además, antes de ser promovido a la SEIDF, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya había emitido la recomendación 17VG/2019 al gobierno de Aguascalientes, donde se acreditaban violaciones a derechos humanos que había perpetrado Muñoz Vázquez –justo para los años que consignó la ONUDH–, recomendación que a través de un amparo emitido por un juez federal se logró que no fuera difundida y con el cual también logró evitar investigaciones en su contra. Ese amparo lo había encubierto… hasta ahora.
