Nueva ley de salud mental

Lo que necesitas saber desde la fe

En un mundo donde el sufrimiento emocional muchas veces se vive en silencio y donde tantos corazones se quiebran sin ser vistos, surge una luz de esperanza que bien podríamos llamar providencial. Desde una mirada cristiana, que cree en la dignidad de cada ser humano, en la compasión como acto transformador y en la justicia como reflejo del Reino de Dios en la tierra, la Ley 2460 de 2025 representa mucho más que un avance legislativo: es un acto de sanación colectiva, un abrazo institucional a los que lloran en secreto, una señal de que el país no ha olvidado a quienes más lo necesitan.

Porque si algo nos enseña el Evangelio, es que Jesús no solo curaba cuerpos, sino que renovaba mentes y restauraba el espíritu. Él escuchaba antes de juzgar, acompañaba antes de señalar, y tocaba incluso las heridas que otros evitaban. Esta ley se alinea profundamente con esa misión: cuidar al ser

humano en su totalidad, especialmente en su fragilidad. Habla de una Colombia que empieza a mirar con misericordia, con sensatez y con responsabilidad el dolor emocional, no como un defecto o desde una postura de estigma sino como parte de la condición humana que merece consuelo, atención y comunidad. Una ley como esta es, en definitiva, es un gran avance para nuestro país y una expresión concreta del amor al prójimo.

La Ley 2460 de 2025 firmada por el presidente Gustavo Petro el 25 de junio del presente año, representa un punto de inflexión para Colombia. En un país flagelado por la desigualdad, la exclusión y la violencia, esta nueva legislación redefine el concepto de salud mental y transforma profundamente la forma en que se previene, se cuida y se acompaña el sufrimiento psicosocial. No se trata solo de una reforma del sistema de salud, sino de una apuesta ética, política y cultural por sanar colectivamente.

En este sentido, esta ley sustituye el enfoque clínico-biologicista por uno biopsicosocial. Reconoce que la salud mental no puede entenderse solo como una serie de síntomas individuales, sino que está profundamente influenciada por el entorno en el que vivimos, nuestras historias de vida, los vínculos que construimos, el territorio que habitamos, las distintas formas de violencia que enfrentamos y las oportunidades que hemos tenido o que nos han sido negadas. Con este cambio, Colombia da un paso hacia una comprensión más humana y completa del bienestar emocional, una visión que se alinea con la justicia social y que también recoge una idea profundamente cristiana: la salud mental no se logra en aislamiento, sino a través del cuidado mutuo y el tejido colectivo.

Uno de los cambios más significativos es el acceso, por primera vez, las personas podrán acudir directamente a atención psicológica sin necesidad de pasar por un médico general. Esto reduce barreras y pone a los profesionales de la salud mental en contacto directo con las comunidades. Se establece también un servicio social obligatorio para psicólogos, lo que permitirá que trabajen de la mano con poblaciones rurales y vulnerables, muchas de las cuales han sido históricamente olvidadas. A esto se suma el aumento de cupos para formar psiquiatras, una necesidad urgente en un país donde el número de especialistas sigue siendo insuficiente.

La ley se sostiene con acciones concretas. Por primera vez en la historia del país, se crea una subcuenta exclusiva dentro del Presupuesto General de la Nación para financiar programas de salud mental. Además, un crédito internacional de 150 millones de dólares permitirá implementar proyectos en educación emocional,

comunitarias de apoyo y campañas de sensibilización. Esto no es solo una intención: hay recursos reales para implementarla, lo cual habla de un compromiso serio con el cambio.

En cuanto a la estructura institucional, se crea una división específica en el Ministerio de Salud para coordinar esta política pública. También se conforman Consejos Territoriales de Salud Mental, que servirán de puente entre el gobierno nacional, las regiones y las comunidades. El Observatorio Nacional de Salud Mental, fortalecido por la ley, deberá producir informes bianuales con información desagregada por región y población, para orientar decisiones públicas con base en evidencia real y concreta. La información, cuando se usa al servicio del bien común, se convierte también en herramienta de justicia.

En el ámbito educativo, los colegios deberán enseñar desde la infancia herramientas para el cuidado emocional. Se promoverá la formación de comités escolares de salud mental para detectar alertas tempranas, y se desarrollarán contenidos de divulgación masiva a través de medios públicos y comunitarios. Se declara octubre como el mes nacional de la salud mental, lo cual ayuda a visibilizar el tema y a romper el estigma que lo rodea. Más que una política preventiva, esto representa una apuesta por formar personas emocionalmente conscientes y solidarias, desde los primeros años de vida.

La salud mental no puede entenderse solo como una serie de síntomas individuales, sino que está profundamente influenciada por el entorno en el que vivimos.