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APRO/AlOnsO lAndeROs
/ alonso landeros
Foto @DaviDMonreala El presidente Andrés Manuel López Obrador arranca la segunda parte de su gobierno con el estado de Zacatecas como la expresión inmediata de la imparable crisis de seguridad del país. Su política de “abrazos, no balazos” es una mera anécdota ante el terror cotidiano al que está sometida esta entidad por la batalla entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), como parte de su disputa por el control en el país.
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Las balaceras y los muertos, colgados o descuartizados de ambos bandos, así como policías, niños y médicos asesinados, son el saldo de esta lucha que cumple ya casi un año. La violencia obligó al presidente a trasladarse al estado con su gabinete de seguridad el miércoles 24 y el jueves 25.
Llegó también en auxilio del recién asumido gobernador de Morena, David Monreal Ávila, hermano del senador y aspirante presidencial Ricardo Monreal. Pero el rescate es del mismo tipo que hicieron los gobiernos del PAN y el PRI: mayor despliegue de hombres, más vuelos de helicópteros y más recursos para equipo de seguridad. Como en aquellos gobiernos, también bautizaron la operación: “Zacatecas II”. La diferencia es que el próximo año van a “emplear” a 14 mil jóvenes como aprendices para quitarle mano de obra a la delincuencia, según dijo el presidente.
Acompañado de su gabinete, López Obrador presentó la noche del miércoles al gobernador y su equipo, en una reunión sostenida en el Palacio de Convenciones de la capital, el “Plan de Apoyo a Zacatecas”, que insiste en su estrategia de combatir las causas de la violencia –pobreza, corrupción, impunidad– y reforzar la presencia de fuerzas federales.
“No se puede enfrentar el mal con el mal, por eso estamos atendiendo las causas; es muy importante seguir apoyando a los jóvenes. (…) Esto es fundamental porque hay que quitarles el semillero, el ejército de reserva a los delincuentes, esa es la mejor forma de enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia”, expresó, y acotó que este plan, “por supuesto, lleva tiempo”.
El operativo Zacatecas II, explicó el secretario de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, consiste en el blindaje de la entidad con el reforzamiento del despliegue de militares y guardias nacionales por tierra y aire dentro del territorio y en los límites con otros estados. A partir del jueves 25 llegaron 460 efectivos que, sumados a los que ya están en la entidad, suman 3 mil 848, apoyados con tres helicópteros artillados.
El operativo incluye la creación de un grupo de inteligencia por parte del Centro Nacional de Inteligencia, exámenes de control y confianza, además de adiestramiento para los policías municipales y estatales, la instalación de puestos militares de seguridad en las carreteras que conectan con las entidades vecinas, así como la cobertura de las funciones de seguridad pública por agentes de la Guardia Nacional en los nueve municipios que carecen de policía propia.
“Con esto vamos a evitar la confrontación de grupos delictivos que generan la violencia en el estado”, dijo el titular de la Sedena. Antes de
Zacatecas: vieja receta contra la nueva violencia
Mesa Estatal de Construcción de Paz, en el municipio de Fresnillo, Zacatecas. Presidida por el gobernador David Monreal, 6 de Noviembre
La violencia no es nueva en el estado. Sus 58 municipios padecen desde hace más de una década una guerra entre los cárteles del narcotráfico
Fresnillo vive el recrudecimiento de la violencia y se ha posicionado como el quinto municipio del país con más homicidios, de acuerdo con el informe que presentó el lunes 22 la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana eso admitió que en marzo pasado se reforzó al estado con efectivos de la Guardia Nacional y “hubo una reducción, pero volvió a crecer la cantidad de homicidios en estos meses”.
Horas antes de la visita presidencial, el alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, quien reprochó que no fue invitado a estos eventos, consideró que es necesario replantear la estrategia de “abrazos, no balazos” establecida por el presidente para resolver la ola de violencia que padece el estado: “El replanteamiento debe ser integral, no sólo de enviar más elementos”, expresó el hermano del gobernador, al señalar que la Guardia Nacional y el Ejército están en Fresnillo pero no actúan.
En la misma línea reclamó la senadora morenista Soledad Luévano, quien en sus redes sociales escribió: “Ojalá que la Guardia Nacional le explique al Sr. Presidente que no quieren ayudar con la Seguridad y que solamente quieren ‘patrullar’ mientras los asesinatos siguen aumentando”.
El operativo Zacatecas II durará 30 días y será evaluado por sus resultados en el combate a la guerra entre cárteles. De no funcionar, será replanteado. David Monreal “no está solo”, dijo el presidente.
InédItos nIveles de vIolencIa
La violencia no es nueva en el estado. Sus 58 municipios padecen desde hace más de una década una guerra entre los cárteles del narcotráfico que buscan el control de su territorio, debido a las ventajas de su ubicación.
Nueve estados rodean Zacatecas y sus carreteras conducen a cruces fronterizos y conectan a los puertos del Pacífico mexicano con Estados Unidos: la ruta del fentanilo.
Los Zetas y sus escisiones, el Cártel del Noreste y Los Talibanes comenzaron desde 2007 la sangrienta disputa contra sus exaliados del Cártel del Golfo con asesinatos, secuestros, extorsiones y balaceras. Pero actualmente se vive una violencia nunca vista, producto de la nueva disputa entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG.
El poderío operativo exhibido por este último, revelan fuentes castrenses, hizo que los otros grupos delictivos rompieran su pacto inicial con él para unir fuerzas con el Cártel de Sinaloa, a fin de parar la invasión del territorio zacatecano.
La ferocidad con la que se han enfrentado estos cárteles, con los asesinatos y la exhibición de cadáveres descuartizados o colgados, con las balaceras y secuestros, obligó a la población urbana a encerrarse en sus hogares y a la rural a abandonar sus comunidades. Esto sucede en localidades serranas como Valparaíso, Jerez, Tepetongo y Monte Escobedo, donde los grupos criminales ponen retenes en las carreteras más aisladas, despojan a la gente de sus vehículos, saquean viviendas e incluso se arrogan facultades de los ayuntamientos, como dar permisos para festividades patronales.
Ese año los enfrentamientos han sido constantes y se incrementaron los asesinatos en los municipios de Fresnillo, Jerez, la capital, Villa de Cos, Calera y otros de la región centro. Aparecen cadáveres mutilados, al menos 60 colgados en puentes, árboles y paradas de autobuses, ya sea a pie de carretera o frente a las presidencias municipales. Entre las víctimas hay integrantes de ambos bandos, policías asesinados en combate o mientras estaban francos, pero también menores, médicos y otros profesionistas ajenos a la lucha criminal.
Fresnillo, gobernado por el morenista Saúl Monreal Ávila, hermano del gobernador, vive el recrudecimiento de la violencia y se ha posicionado como el quinto municipio del país con más homicidios, de acuerdo con el informe que presentó el lunes 22 la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la conferencia matutina del Palacio Nacional.
Esta ciudad de fuerte actividad minera y comercial, ubicada en el centro del estado, forma parte de los 50 municipios que el gobierno federal atiende de manera prioritaria con el despliegue de soldados y agentes de la Guardia Nacional. Sin embargo, la inseguridad “sigue igual”, recrimina su alcalde.
De enero a octubre pasados se registraron en Fresnillo 121 homicidios, 52 más que en el mismo periodo del año anterior. Los cuerpos de al menos 30 de estas víctimas han aparecido colgados; el lunes 22, por ejemplo, los cadáveres de ochos varones amanecieron suspendidos de un puente y árboles en la comunidad de San José de Lourdes.
En el mencionado lapso de enero a octubre (los últimos ocho meses de gobierno del priista Alejandro Tello y los primeros dos del morenista David Monreal) suman mil 361 asesinatos, de acuerdo con el citado informe oficial, cuando en ese periodo de 2016, en la anterior transición gubernamental, se registraron 449.
El jueves 18, en el municipio de Ciudad Cuauhtémoc, 53 kilómetros al sureste de la capital, se localizaron los cadáveres semidesnudos y torturados de 10 hombres colgados en un puente sobre la carretera federal 45 en la cabecera municipal. El alcalde, Francisco Javier Arcos Ruiz, acudió personalmente a atender el reporte, pues horas antes la corporación municipal se había quedado sin policías.
La noche anterior, después de que un grupo armado privó de su libertad al menos a 20 personas en diferentes puntos del municipio, tres agentes municipales renunciaron y el resto decidió “tomar sus vacaciones al día siguiente”, confirmaron autoridades del ayuntamiento. La comandancia luce abandonada.
“Quiero pedirle a toda la población que si no tiene que salir en las noches, no salga, que se resguarde (…) No salgan de sus casas, no se expongan si no hay necesidad, salgan a hacer lo necesario: a trabajar, al mandado”, dijo el alcalde en un video en Facebook.
Arcos Ruiz se niega a conceder entrevistas. Es uno de los alcaldes amenazados por el crimen organizado, confirmó a la prensa local la secretaria de Gobierno del estado, Gabriela Pinedo Morales, sin precisar cuántos más están en esta circunstancia.
Realizan examen de conocimientos aspirantes a Consejos Distritales
IEE
Este domingo presentaron la evaluación de conocimientos, 253 de las 290 personas que cumplieron con los requisitos de la convocatoria para integrar los Consejos Distritales del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes (IEE) correspondientes al Proceso Electoral Local 2021-2022 de renovación de la gubernatura, lo que representa la penúltima fase del procedimiento de selección.
La aplicación se llevó a cabo en dos sedes: el CECyTEA Plantel Cd. Satélite Morelos y el CECyTEA Plantel Aguascalientes.
En ambos espacios se aplicaron filtros sanitarios para reducir el riesgo de contagios de Covid-19, mediante la asignación de grupos reducidos en aulas, sana distancia entre las personas sustentantes y aplicación de gel antibacterial.
Los resultados se darán a conocer el viernes 3 de diciembre a través de la página https://www.ieeags.mx/distritales/.
Posteriormente, del 6 al 14 de diciembre será la etapa de entrevistas y valoración curricular. A más tardar el 31 de diciembre se realizará la designación de las personas integrantes de los Consejos Distritales Electorales.
Escuela Judicial Electoral del TEPJF, un referente en capacitación electoral
En el 2020, la EJE benefició a más de 300 mil personas a través de diversas actividades presenciales y digitales
tEpJF
Con el fin de promover una mayor capacitación y profesionalización de las servidoras y los servidores públicos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a través de la Escuela Judicial Electoral (EJE), impulsa la formación académica mediante distintas actividades, con las cuales las personas beneficiadas tienen la posibilidad de ampliar su conocimiento sobre la justicia electoral y sobre cómo desde la institución se protegen sus derechos político-electorales; asimismo, profundiza las relaciones institucionales mediante el diálogo público, con lo cual se contribuye al fortalecimiento de la democracia mexicana.
La EJE es la institución educativa especializada en tareas de formación, investigación y difusión en materia electoral, cuya misión es contribuir a mejorar la impartición de justicia electoral y fortalecer la democracia mediante la capacitación y actualización internas y de la carrera judicial, además de la divulgación académica.
Bajo la dirección de Gabriela Ruvalcaba García, la Escuela Judicial cuenta con una amplia oferta educativa, que abarca programas de posgrado (doctorado, maestrías, especialidades, diplomados), cursos (de capacitación y actualización) y eventos académicos (seminarios, conferencias, talleres); además genera y gestiona investigación especializada en materia jurídico-electoral, y coordina obras editoriales.
Siguiendo esa política de intercambio de información y divulgación académica, la EJE realizó durante 2020, 413 actividades, con las cuales benefició a un total de 317 mil 791 personas: 125 mil 480 de manera presencial y 192 mil 311 en modo digital.
De enero a marzo de 2020, la Escuela realizó un total de 96 actividades, entre las que destacan cursos virtuales de capacitación administrativa, tertulias académicas, la Semana EJE, cursos presenciales y semipresenciales a autoridades electorales y cursos virtuales de capacitación externa, los cuales tuvieron impacto en 35 mil 269 personas beneficiadas.
A partir del 16 de marzo, cuando fue declarada la alerta sanitaria por la Covid-19 y se suspendieron actividades presenciales, la EJE organizó de manera virtual conferencias magistrales, cursos, debates electorales, mesas redondas, diplomados y seminarios e-lectorales, entre otras actividades más.
En esta modalidad, de mediados de marzo al 31 de diciembre del año pasado, se registraron 318 actividades, con un universo de 90 mil 211 beneficiadas y beneficiados. Las actividades en su conjunto alcanzaron, asimismo, 192 mil 311 visualizaciones.
La Escuela Judicial Electoral continúa los esfuerzos de capacitación y divulgación de la cultura democrática en México, en aras de posicionarse como una institución referente en la capacitación jurídico-electoral a distancia y presencial, y así ampliar el número de personas beneficiadas.
Presentan iniciativa para que, sin distinción, niñas y mujeres puedan acceder a las órdenes de protección
La diputada Limón García (MC) propone reformas a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
María Elena Limón García
Cámara dE dIputados
Con el objetivo de que todas las niñas y mujeres, sin distinción, puedan acceder a las órdenes de protección, para evitar que la violencia de la que muchas son víctimas escale a niveles más graves, como el feminicidio, la diputada María Elena Limón García (MC) impulsa una iniciativa que reforma la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Las reformas plantean establecer que las órdenes de protección son un derecho de todas las mujeres y niñas. Se trata de mecanismos urgentes de protección que se aplican en función del interés superior de la víctima y tienen como objetivo primordial proteger a las mujeres y niñas de la violencia de género. Éstas deberán otorgarse de oficio o a petición de parte en el momento que se tenga conocimiento de un posible riesgo o peligro en el que se encuentra una mujer o niña.
Señala que en su aplicación estará prohibida toda distinción, exclusión o restricción basada en el origen étnico o nacional, sexo, identidad de género, edad, discapacidad, condición social, económica, de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, estado civil, orientación, preferencia o características sexuales, o cualquier otra que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades de las mujeres y niñas.
Asimismo, especifica que en todo momento se evitará que la persona agresora, directamente o a través de algún tercero, tenga contacto de cualquier tipo o medio con la mujer en situación de violencia o las víctimas indirectas. En todo asunto que involucre mujeres y niñas las autoridades pertinentes tendrán la obligación de verificar si existe algún tipo de violencia, aun cuando las partes no lo soliciten.
También se propone precisar en la ley que las órdenes de protección podrán ser emergentes o de reacción inmediata, preventivas y definitivas.
Las emergentes o de reacción inmediata deberán ejecutarse a más tardar en un plazo no mayor a 4 horas contadas a partir de que la autoridad tenga conocimiento del hecho de violencia y podrán tener una duración de hasta 60 días, prorrogables por 30 días más.
Detalla que las órdenes emergentes requieren una respuesta inmediata y a corto plazo. Las preventivas detonan una serie de medidas que contribuyen a prevenir actos de violencia a mediano plazo, y las órdenes definitivas constituyen una respuesta a aquellas situaciones de violencia que no podrán ser resueltas en el futuro próximo y, por lo tanto, requieren un plan de protección continuo y a largo plazo por parte de las autoridades.
Las órdenes de protección podrán ser solicitadas por la mujer o niña que requiere ser receptora de la orden, o su representante; por la autoridad policial, en caso de emergencia; por el Ministerio Público, cuando se identifique la necesidad de emitir órdenes que únicamente son competencia de la autoridad jurisdiccional.
Asimismo, por los familiares de la mujer o niña y, en caso de emergencia, por cualquier persona que tenga conocimiento del riesgo, peligro o situación de violencia en que se encuentra la mujer o niña.
La iniciativa, remitida a la Comisión de Igualdad de Género, señala que “para las mujeres y niñas mexicanas, vivir libre de violencia es prácticamente un privilegio: casi 7 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia por lo menos una vez en su vida. Esta violencia es letal para un gran número de mujeres”.
La propuesta, suscrita también por diputadas y diputados de MC, refiere que la Organización de las Naciones Unidas ha afirmado que México es de los países con las tasas más altas de asesinatos de mujeres en el mundo.
