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Habla el consultor Luis Costa Bonino: López Obrador, un generador de polarizaciones
/ VErónica Espinosa
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En un amplio inventario que hace sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador –a quien asesoró en su campaña de 2012 y cuya trayectoria ha seguido hasta la fecha–, el consultor político Luis Costa Bonino lo recuerda como “un inmenso, maravilloso candidato”, si bien no lo ve asumirse plenamente como presidente en el ejercicio del poder al cambiar la “República Amorosa” por un discurso que convierte a sus adversarios en enemigos.
“Siempre ha sido y sigue siendo un líder muy popular. Y su popularidad, en su aproximación particular a la política, es una cuestión de fe, no una evaluación de su tarea como presidente”, dice el estratega uruguayo, quien también fue asesor de campaña del expresidente de ese país José Mujica; de Ollanta Humala, de Perú, así como de Francois Mitterrand y el actual, Emmanuel Macron, de Francia.
En entrevista con Proceso desde París, Costa Bonino afirma que López Obrador puede llevar los siguientes tres años de su mandato de tal forma que lo termine en lo más alto y quede como un gran presidente, con un lugar privilegiado en la historia de México.
Eso pasará si incluye a todos los actores políticos relevantes en el debate de los temas trascendentes del país y la construcción colectiva de las grandes estrategias y políticas nacionales.
“Hoy tiene todo el poder para cambiar, tiene todo el poder para lograr un futuro con más justicia y prosperidad para los mexicanos. Pero todo eso puede alcanzarlo si mira al futuro de manera generosa, no si mira al pasado de manera rencorosa y mezquina.”
“El charolazo”
Costa fue consultor de la campaña presidencial del tabasqueño durante cuatro meses de 2012, hasta finales de mayo de ese año, cuando fue separado del equipo (en el que hacía mancuerna con el cineasta Luis Mandoki) después del episodio conocido como “el charolazo” o “pase de charola” presuntamente a un grupo de empresarios durante una cena (Proceso 1858), del que se le responsabilizó.
El doctor en ciencia política del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de París lo ha negado enfáticamente, y lamenta que hasta la fecha no ha podido volver a hablar con López Obrador sobre lo que en sus palabras realmente ocurrió: un boicot de integrantes del equipo de campaña, pertenecientes al círculo más cercano del hoy presidente, entre quienes menciona a César Yáñez y a operadores del canciller Marcelo Ebrard.
Pese a ese momento de crisis por el que fue públicamente acribillado, particularmente desde el PRI, Costa se mantiene hasta la actualidad al tanto del desenvolvimiento de López Obrador en la Presidencia, y también de Morena, pues ha sido asesor de varias de sus campañas. La más reciente, con la candidata y actual alcalde de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, primera mujer en ganar la presidencia de ese municipio chiapaneco.
En esta disección con la que se acerca al ejercicio de gobierno lopezobradorista, afirma: “Andrés Manuel es, como presidente, antes que nada, el candidato seductor de siempre”, cuya popularidad no necesita de éxitos demasiado grandes para mantenerse y con el cual “a México no le va mal” en aspectos como la economía, estimulada por el crecimiento de Estados Unidos.
Costa desmenuza esa popularidad (de 64%, según encuestas como las de Mitofsky a noviembre) en términos religiosos. “Hay números inmensos: los 30 millones de votos que tuvo en 2018, la popularidad. Pero la naturaleza de esa popularidad tiene varias fuentes; ese 60% es practicante de AMLO, aunque no sea del todo creyente”.
Una explicación viene de un supuesto pacto con el PRI. “El elemento decisivo, complementario, que volcó definitivamente la elección a favor del presidente, fue que la poderosísima estructura del PRI se volcara masivamente a apoyar a López Obrador. La hipótesis de un acuerdo intraélite, AMLO-Peña Nieto, me parece inevitable para entender los resultados. Creo que la incomprensible campaña de José Antonio Meade, centrada en el tema corrupción, que insultó de manera permanente al PRI y a Peña Nieto, fue una variable de enorme peso para el resultado final”.
Además, parte de esa estructura, asevera, se quedó “a vivir tranquilamente al calorcito del poder”, incluyendo a militantes del PAN y de otros partidos. “Todos ellos sí son practicantes y les encanta ser practicantes, pero no son en absoluto creyentes, no son adoradores de López Obrador”.
Gracias a este mismo “pacto intraélites” con el PRI, Morena es desde 2018 un partido de muy alta eficacia electoral. “Morena es un partido abierto a todos y no hace preguntas”.
Por ello, Costa ve absolutamente inútil la consulta que para la revocación del mandato se prepara para el próximo año, la cual cree que tiene un propósito ulterior: “Cuantos más números aplastantes se puedan lanzar sobre la sociedad mexicana, más considera (AMLO) que tiene de alguna manera un poder absoluto; que la mayoría aplastante tiene que aplastar también a la oposición en algún sentido; achicar los espacios de la oposición”.
Costa también ratifica lo que anotó en notas de campaña que escribió en 2013 –un año después de la elección, la segunda en la que AMLO no resultó triunfador– al examinar ahora al mandatario a la mitad de su sexenio: “Había dicho de manera muy fundamentada que no quería ser presidente y sigo creyendo que él no quiere serlo en la medida en que lo es un presidente de manera universal, en lo que se espera de un presidente”.
Como ejemplos cita la aversión que tiene López Obrador por el trabajo de escritorio y por otras cuestiones complejas del trabajo | Foto @luiscostabonino
gubernamental, como generar o acompañar políticas públicas, implementarlas, trabajar en equipo con sus colaboradores.
“Todo eso es absolutamente ajeno a su constitución personal, afectiva. La forma de hacer política de López Obrador es estar él de un lado, solo, y una multitud del otro lado, que lo mismo pueden ser personas comunes, militantes de su partido o periodistas, como ocurre en la conferencia mañanera.”
La conferencia matutina es vista por el estratega electoral como una especie de tautología o sobredefinición de sí mismo, que puede ser extraña para muchos. “¿Cómo el presidente puede gastar su precioso tiempo todas las mañanas hablándole a la prensa o regañando a la prensa o recibiendo loas y adulaciones? Pero es su modelo de ejercicio del poder”.
En esta parte, Costa advierte riesgos por el tono del discurso que resuena en las conferencias diarias. “Para mí, la cuestión de la polarización de López Obrador, que él genera, provoca o alimenta, no es una cuestión básicamente política; es una cuestión de identidad, la necesidad de identidad de su gobierno y de su partido, que es un instrumento de acción política”.
Porque en Morena, dice Costa Bonino, no existe una identidad propia. “Hay un PRIANPRD dentro de Morena y otro PRIANPRD fuera de Morena”, por lo que la identidad de Morena y la identidad ideológica de Andrés Manuel López Obrador “debe encontrarse por distancia y diferenciación de sus adversarios; es decir, no por lo que es, sino por lo que no es”, lo que lleva a maximizar una tensión política entre “amigos y adversarios”, así definidos en el lenguaje del presidente.
En este discurso no cabe la posibilidad del debate político o social; “sus creencias no se prestan, el debate político lo hace la oposición. El presidente únicamente los descalifica”.
Del lado de “los amigos”, en cambio, el presidente ha sabido sumar a las fuerzas armadas, sin que para Costa signifique un afán de militarización desde su gobierno, sino más como otra muestra de la seducción personal de
“Siempre ha sido y sigue siendo un líder muy popular. Y su popularidad, en su aproximación particular a la política, es una cuestión de fe, no una evaluación de su tarea como presidente”, Luis Costa Bonino
La conferencia matutina es vista por el estratega electoral como una especie de tautología o sobredefinición de sí mismo, que puede ser extraña para muchos López Obrador para tenerlas de aliadas y corresponderles con decisiones, como la de otorgarles la construcción y administración de las obras emblemáticas de su gobierno.
“En su política hacia los militares, Andrés Manuel ha sido pragmático y ha querido darles un espacio en tareas de mayor prestigio, para permitirles una mayor autoestima. La política de AMLO es tratar de seducir al mayor número posible de personas e instituciones.” –¿Eso puede significar un riesgo?– se le pregunta a Costa Bonino. –Hay gobiernos perfectamente democráticos que tienen un vínculo diferente con las fuerzas armadas. Yo no veo que sea una especie de estrategia militarista, sino básicamente una estrategia de seducción hacia él de las fuerzas armadas para tener más apoyo, nada más. Pero el riesgo que comporta agregar tareas civiles a las fuerzas armadas siempre es muy grande y siempre debe hacer sonar la alarma de la democracia.
rEtrato hablado
Actualmente asesor de la candidata presidencial hondureña Xiomara Castro (la elección se habrá efectuado el domingo 28), Costa Bonino no ha dejado de poner la mirada en la política mexicana y en López Obrador y su gobierno.
Proceso pregunta al consultor sobre el perfil de López Obrador desde la perspectiva de la estrategia política, su paso por la campaña de 2012, su discurso, el ejercicio de gobierno y cómo visualiza los próximos tres años del sexenio.
En el repaso desde la primera campaña presidencial, la de 2006, hasta el presente en Los Pinos, el experto ve cambios en el discurso del presidente, en su actitud hacia la política y hacia México.
“Yo admiraba su figura, que era todo futuro, amor, cambio y justicia para México. Hoy no me gusta que su discurso esté centrado en el pasado, que el amor se haya cambiado en convertir a sus adversarios en enemigos.”
Aunque en el fondo, sostiene, López Obrador es exactamente el mismo como candidato que como presidente, “un líder social y, en muchos sentidos, un líder de índole religiosa, antes que un líder político. Su pensamiento y su lógica de acción política no son racionales; son contenidos afectivos, impregnados de pensamiento místico, y también maniqueo, que divide al universo político mexicano entre el bien y el mal”.
Esta estructura del pensamiento del presidente, que expresa en su discurso, le da la ventaja de ponerlo a salvo del escrutinio político y del debate nacional, asegura.
Incluso, abunda en la construcción emocional que ha hecho el presidente de la política, la historia y la sociedad mexicana, “cargada de mitologías”, tales como la sacralización de los indígenas, la maldad intrínseca de los conquistadores y sus herederos, que lo ha llevado, por ejemplo, a exigir a España que pida perdón a México por la Conquista, “el bochorno internacional”, dice Costa.
El acuerdo que amenaza la Seguridad Nacional
/ ricArdo rAphAel
El acuerdo emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado lunes 22 de noviembre, declara asunto de seguridad nacional la realización de prácticamente toda obra o proyecto a cargo de su gobierno.
Refiere en concreto a la infraestructura en comunicaciones y telecomunicaciones, aduanas y fronteras, instalaciones hídricas, hidráulicas, medioambientales o turísticas, de salud, vías férreas, ferrocarriles, energía, puertos y aeropuertos, así como cualquier otra considerada prioritaria o estratégica para el desarrollo nacional.
En otras palabras, mediante este acuerdo, todo cuanto haga el gobierno lopezobradorista de obra pública es ahora tema de seguridad nacional y por tanto debe ser proyectado, realizado, resguardado y protegido por las Fuerzas Armadas.
Mientras no se reforme la Carta Magna, esta instrucción es escandalosamente inconstitucional y también viola una serie de leyes que, dentro de la jerarquía de las normas del Estado mexicano, están por encima del acuerdo emitido.
Destacan entre otros ordenamientos las leyes de Seguridad Nacional, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Orgánica de la Administración Pública Federal y General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Los autores del acuerdo fundamentaron constitucionalmente este instrumento en tres artículos de la Carta Magna (89, fracción 1, 26 y 90). Sin embargo, ninguno de ellos otorga legalidad a su contenido, porque no refieren facultad explícita otorgada al presidente de la República para declarar, como de seguridad nacional, los proyectos y obras enlistados.
En derecho público las facultades que no son explícitamente entregadas a la autoridad están terminantemente prohibidas. Esta es la principal violación constitucional del acuerdo.
El instrumento vulnera también protecciones previstas por la Carta Magna a favor de las personas para defenderse de la eventual arbitrariedad del gobierno. Además, atenta contra otros derechos humanos y comunitarios (artículo 1º), inhibe mecanismos institucionales para la defensa del medio ambiente (artículo 4º), desprecia el principio de máxima publicidad de los actos gubernamentales (artículo 6º) y vulnera varios tratados que prevén equidad de participación en la celebración de grandes obras públicas para las empresas extranjeras (articulo 1º).
Llama igualmente la atención que este acuerdo no mencione en ningún lugar a la Ley de Seguridad Nacional (LSN), cuando la seguridad nacional es, supuestamente, el argumento principal para “blindar” las obras y los proyectos.
Las personas que redactaron el instrumento cometieron esta omisión deliberadamente, porque su propósito colisiona con los principios y las definiciones que el Congreso de la Unión estableció en ese ordenamiento. ¿Cómo decretar que tal o cual proyecto es fundamental para la seguridad de la nación si no se precisan antes los riesgos que están en juego?
Aquí la palabra “amenaza” es central. Para definir que un asunto es de seguridad nacional es indispensable precisar los riesgos que corre la nación y la LSN es rigurosa a la hora de acotar la lista de eventos considerados como tales (artículo 5º).
Entre otros destacan el espionaje, el sabotaje, el terrorismo, la traición a la patria o el genocidio. También la obstrucción o bloqueo en operaciones militares o bien los actos de intervención extranjera. Ninguno se equipara a las consideraciones del acuerdo presidencial.
Por otro lado, la misma ley establece la obligación del mandatario para someter ante el Consejo de Seguridad Nacional aquellas instrucciones relacionadas con esta competencia y, sin embargo, las personas que redactaron el acuerdo olvidaron completamente la existencia de dicha instancia (artículo 13).
El acuerdo tampoco hace ninguna referencia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) –cabe presumir– porque dicho ordenamiento no deja lugar a dudas respecto a la excepción en materia de licitaciones y contratos que el acuerdo pretende eludir.
La LAASSP establece que las obras del gobierno de México sujetas a exceptuarse de la norma son aquellas que se realizan con fines exclusivamente militares o para la Armada, o bien porque su contratación mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional (artículo 41).
Es torcido asumir que las obras y proyectos incluidos en el acuerdo tendrán fines “exclusivamente militares”, y también argumentar que su licitación pone en riesgo a la seguridad nacional, según la definición de la ley en la materia, antes abordada.
Tampoco hace referencia el acuerdo a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LGTAIPG).
Ya el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) informó que presentará una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque subvierte las normas que rigen su materia.
Hay que mirar con lupa los criterios que ese órgano aprobó hace ya más de 15 años para comprender por qué los expedientes de las obras referidas por el acuerdo no pueden ser apartadas del ojo público.
La única norma secundaria que el acuerdo sí consideró es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF).
No obstante, ninguno de los artículos citados de esta ley resuelve el problema principal: el presidente no tiene facultades para hacer lo que hizo ni tampoco las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) o de Marina (Semar) (artículos 29 y 30) cuentan explícitamente con ellas para asumir la responsabilidad de ejecutar las obras y los proyectos que son legalmente competencia de otras dependencias (Comunicaciones, Medio Ambiente, Bienestar, Turismo, Hacienda, etcétera).
El acuerdo tampoco libera a las personas funcionarias de tales secretarías “civiles” de la responsabilidad penal que podría caerles encima si optan por abdicar de sus obligaciones.
Las instrucciones presidenciales del 22 de noviembre no sólo son una estaca que se hinca el corazón de la Carta Magna, son una metralla que arbitrariamente hiere al cuerpo de instituciones que actualmente rigen al país. Representa, según la definición de la LSN, una amenaza grave contra la seguridad nacional porque afecta seriamente el orden constitucional y la democracia.
La torcida consulta del presidente
/ melissA AmezcuA
El recorte presupuestal al Instituto Nacional Electoral (INE), y la confrontación de éste con el Poder Ejecutivo, el manotazo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre la consulta de revocación de mandato y el riesgo de que en la práctica se viole la Constitución ponen en entredicho la promesa de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque en la realidad se trata de una campaña por su ratificación, advierten expertos.
Desde que comenzó la promoción de la consulta que el INE organizará, el mandatario y sus bases de apoyo, en los hechos, impulsan una consulta de ratificación. Sin embargo, para ello no existe un documento legal que incluya esa figura.
El artículo 35 constitucional establece el concepto “revocación de mandato”, que es el término usado por el presidente. Para realizarlo, como lo dicta la legislación, se requiere que sea solicitado por una tercera parte de la lista nominal de electores de al menos 17 estados. Se puede hacer sólo una vez y tres meses después al término del tercer año de la administración.
“Hacerlo como ratificación me parece un ejercicio demasiado costoso económicamente, y creo que van a estar muy contentas las bases de apoyo del presidente y de Morena”, consideró Alberto Aziz Nassif, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, y doctor en Ciencias Sociales.
“No lo consideraría un ejercicio de democracia, porque se está contraviniendo la intencionalidad de la norma y el objetivo de la norma, que es una revocación y ésta no se está llevando a cabo”, añadió.
Pese a dichas consideraciones, la mayoría legislativa de Morena, PT y el Partido Verde en la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Revocación de Mandato, el 14 de septiembre último.
En ella se reiteran varias de las disposiciones ya establecidas en el artículo 35 constitucional. Sin embargo, ni en la Constitución ni en esta ley se utiliza el concepto de “ratificación”.
Bajo la lógica constitucional, la consulta de revocación tendría que ser solicitada por la oposición, con el hartazgo o la poca aprobación popular como motivadores, situación que no está ocurriendo.
Los más recientes datos de Consulta Mitofsky sobre la popularidad del presidente López Obrador lo colocan con una aprobación cercana a 70 por ciento. Además, la consulta es impulsada por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, su partido en el Congreso y aliados políticos (legisladores y gobernadores).
AnomAlíAs en lAs firmAs
Para el doctor Diego Valadés, investigador emérito de la UNAM, lo que la 4T pretende configura una distorsión constitucional.
“Si fuera lo contrario, lo que en realidad se buscara, convocar una especie de plebiscito para mostrar el fuerte arraigo popular del presidente, se trataría de una distorsión de lo dispuesto por nuestra norma suprema” , expuso.
La pregunta de la consulta –planteada por los diputados en la Ley Federal de la Revocación de Mandato y aprobada por el TEPJF– será: “¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”.
Y las respuestas a elegir serán: “Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza” o “que siga en la Presidencia de la República”.
De acuerdo con lo dispuesto por la ley, los resultados para remover al presidente procederán sólo por mayoría absoluta. El tribunal electoral debe validar la participación de 40% de la lista nominal para que el resultado sea vinculatorio.
Pero en el último reporte publicado por el INE, sobre los avances en la revocación de mandato, se informó que se han recabado 490 mil 847 firmas, de las cuales 29 mil 789 presentan inconsistencias y 12 mil 585 fueron firmas duplicadas. Para concretar este ejercicio se requieren 2.2 millones, y el periodo para recabar las firmas en digital o papel termina el 25 de diciembre próximo.
Ajustes
En la disputa de años que López Obrador abandera contra el INE el dinero público ha sido utilizado como rehén. En este sexenio el primer desencuentro ocurrió cuando los consejeros electorales rechazaron reducirse el sueldo –contrario a otros funcionarios públicos– para no ganar más que el mandatario.
Otro choque de fuerzas ocurrió con el reciente recorte presupuestal –de cinco mil millones de pesos– para el órgano electoral, aprobado por la Cámara de Diputados. Los recursos fueron solicitados para instalar para la consulta una estructura similar a la que operó en la elección presidencial de 2018.
El viernes 5 ocurrió otra arista en la pugna, cuando el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, compareció ante la Cámara de Diputados y enfrentó a la bancada de Morena. El tema de la discordia: el mecanismo para registrar las firmas en favor de la consulta.
En la comparecencia, los legisladores de Morena pugnaron por un sistema en papel, aludiendo a la poca infraestructura en muchas comunidades y pueblos del país; mientras Córdova defendió el uso de la tecnología.
Al final del caso, el tribunal electoral determinó que el INE deberá adoptar la vía impresa y digital para recabar las firmas. Un hecho que Aziz Nassif consideró desproporcionado.
