MIÉRCOLES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021
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criminalización del aborto a fin de destacar la importancia de la maternidad y las consecuencias a la salud de la interrupción del embarazo”, indicativo de la imposición hacia las mujeres de ser madres y la estigmatización del aborto, sin que se priorice el derecho a la salud, como se observa en el siguiente caso, que criminaliza también socialmente a las mujeres: En octubre de 2018, una joven de 19 años tuvo un aborto espontáneo en los baños de un centro comercial de la capital de Aguascalientes. Se encontraba en su lugar de trabajo cuando comenzó a sentirse mal, por lo que pidió permiso para ir al baño de la plaza, ahí arrojó el producto de la gestación. Después regresó a su trabajo para pedir permiso de irse a su casa, pero el sangrado y el malestar la obligaron a sentarse en las escalinatas del centro comercial, donde fue abordada por policías municipales que, al percatarse de lo que sucedía, solicitaron los servicios médicos y dieron aviso a la FGE. Elementos de la Dirección General de Investigación Pericial llegaron antes que la ambulancia para realizar las investigaciones correspondientes y recabar evidencias, asediándola con preguntas, a pesar de que ella insistía en que no sabía que estaba embarazada. Mientras esto ocurría, medios locales de nota roja se dieron cita en el lugar para realizar transmisiones en vivo por Facebook, las cuales revictimizaron a la joven, la colocaron en una situación vulnerable, sin verificar la información y con un discurso discriminatorio y violento que el público replicó en cientos de comentarios en la red social. Los videos y las fotos se reprodujeron miles de veces, lo que permitió incluso la identificación de la joven, quien fue altamente expuesta. El Congreso En 2020, el Congreso del Estado aprobó el PIN Parental obstaculizando la erradicación de la violencia de género y la garantía de los derechos humanos. Se opuso a los derechos de las mujeres y las infancias con esta aprobación que impedía a niños, niñas y adolescentes el acceso a la educación sexual en los programas educativos de primaria y secundaria impartidos en las escuelas públicas estatales. Fue pública la relación de los diputados y diputadas del PAN, PRI, PES y del Partido Verde Ecologista con el Consejo de Laicos y el Frente Nacional por la Familia, grupos conservadores que inciden en la esfera política local. En mayo de 2018, en la Legislatura LXIII, el PES presentó la iniciativa de reforma a los artículos 2° y 4° constitucionales para reconocer el derecho de toda persona a que se respete su vida desde el momento de la fecundación y hasta la muerte natural, así como añadir que la protección legal que se otorga a los niños deberá ser sin discriminación alguna por motivos de raza, sexo, edad, o discapacidades físicas o mentales. La siguiente legislatura dio seguimiento a esta iniciativa con la modificación de defender “la vida desde su inicio en la fecundación y hasta la culminación en la muerte natural, como presupuesto primordial que sustenta los demás derechos”. Este nuevo documento para “reconocer la vida desde la concepción” tuvo como base investigaciones de muchos años atrás, así como notas, artículos de opinión y lecturas a modo cuyo discurso era provida, conservador y no científico ni laico.
En septiembre de 2019, la diputada presidenta por el Partido Verde Ecologista de la Comisión de Derechos Humanos, Karina Banda, promovió la reforma a la objeción de conciencia y la protección de la mujer en caso de que recurriera a la interrupción de un embarazo producto de una violación, con un discurso estigmatizante y fuera de los linderos científicos, y sugirió que la única opción que tienen las mujeres ante un embarazo no deseado es llevarlo a término y buscar la adopción. Resultado de esto estableció la Ley para la Maternidad Vulnerable y la Crianza que consiste en obligar a las menores que han sido víctimas de violencia sexual a continuar con el embarazo: “Tiene que haber acompañamiento para que vaya fomentando y cristalizando su embarazo, en estos casos casi el 95 por ciento evita la adopción”; sin embargo, de 2016 a 2019 se registraron en el estado apenas 40 adopciones legales. En noviembre de 2019 se presentó la iniciativa para la despenalización del aborto, sin promover el tema ni dentro ni fuera del Congreso, sólo de manera mediática para cubrir la agenda partidista de Morena, pero sin intenciones contundentes. En octubre de 2020, el Instituto Estatal Electoral (IEE) evadió su obligación de privilegiar el principio propersona y la progresividad de los derechos, al dejar pasar la iniciativa ciudadana “a favor de la vida, la familia y las libertades” que impulsó el Frente Nacional por la Familia. Luis Fernando Landeros, consejero presidente del IEE, y tres consejeros más, votaron a favor de la iniciativa, justificando que no les tocaba definir si el tema de la consulta ciudadana era o no contra los derechos humanos, que sólo les competía revisar los requisitos formales, por lo que confiaban en que el Congreso atendería en caso de que se atentara contra la dignidad de las mujeres. Dada esta decisión, el Congreso de Aguascalientes, de mayoría panista, el primero nombrado “de la paridad” por tener más mujeres diputadas, aprobó la iniciativa de reforma, después de simular mesas de debate y discusiones respecto al tema del aborto. En marzo de 2021 fue publicada en el Periódico Oficial la reforma a la Constitución de Aguascalientes que da carácter de persona al cigoto, al incluir en el artículo 2° la frase “toda persona desde su concepción hasta su muerte natural”, lo que criminaliza a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, atenta contra su derecho a la salud y violenta el libre desarrollo de la personalidad. El impacto de las Colectivas Pero las mujeres de las asociaciones civiles de Aguascalientes no se quedaron sentadas: mientras que en marzo la CNDH promovió una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 2°, en abril, Cultivando Género, Morras Help Morras, Terfu, Mujer Entrópica, entre otras organizaciones, junto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la acción de inconstitucionalidad contra la reforma al artículo 2°, que da identidad jurídica al producto desde la concepción, misma que se encuentra en trámite. Hasta ahora, el Frente Nacional por la Familia insiste en defender la reforma “provida” de cualquier intento por modificar la ley. Aguascalientes se encuentra en los primeros lugares del país con focos rojos en violencia doméstica, violaciones sexuales
| Foto Cristian de Lira y embarazos adolescentes. Sin voluntad política y sin políticas públicas al respecto, la criminalización de las mujeres obstaculiza el ejercicio de la autonomía en su cuerpo y en su vida, además de negarles el derecho a la salud sexual y reproductiva. Frente a esto, las mujeres organizadas en sus colectivas reconocen y atienden casos de criminalización en este contexto social, médico y judicial. La colectiva Morras Help Morras advierte ciertas características respecto a los casos que GIRE acompaña: al criminalizar el derecho a decidir también se criminaliza la pobreza porque estas mujeres son de las periferias, empobrecidas, que difícilmente podrían defenderse y que son leídas como vulnerables, por lo tanto, no sujetas de derechos para el personal médico, pues no es lo mismo que llegue a una institución de salud pública una mujer de clase media-alta, blanca, una universitaria que sepa de sus derechos y se defienda ante un aborto o una emergencia obstétrica, a que llegue una mujer morena, precarizada que el personal médico da por hecho que no se va a defender y, por lo mismo, la pueden vulnerar. De acuerdo con las integrantes de Morras, el trato que les dieron a estas mujeres no sólo es violatorio de sus derechos humanos, sino que al priorizar la judicialización y no la atención médica, es decir, llamar primero al ministerio público, interrogarlas y vulnerarlas, violan su derecho a la salud y a un trato digno, e incurren en tortura, pues estadísticamente las complicaciones en un aborto no son por el aborto mismo, sino por el retardo en la atención por los prejuicios que existen alrededor de un aborto. Muchas veces tienen a las mujeres y personas gestantes sin atención, a la espera del ministerio público, y esto complica y agrava la situación. Cultivando Género, otra de las colectivas que brindan acompañamiento legal en Aguascalientes, considera que en el estado se incurre en tres tipos de criminalización a quienes abortan: primero, la que es por parte del Estado al prohibirles el acceso a sus derechos; segundo, la criminalización social con la reproducción de fotos en los medios de comunicación, sobre todo de nota roja, que dan a conocer información que vulnera y revictimiza; y, por último, la ciudadana, que permite las violencias y la criminalización hacia las mujeres. AborterAgs, colectiva que da acompañamiento a mujeres y personas gestantes que deciden realizarse un aborto seguro en casa, considera que en Aguascalientes es difícil que los casos de aborto lleguen a una denuncia formal ante el clima de es-
tigma y criminalización social, sobre todo en las familias y en las parejas. Integrantes de esta colectiva narran que derivaron a una joven a un centro de salud porque había sido violada y quería acceder a la NOM-046 para tener un aborto con acompañamiento médico. El primer contacto del centro de salud la llevó al Hospital de la Mujer, donde la obligaron a denunciar como requisito para acceder a su derecho, a pesar de que la NOM-046 señala que no es obligatorio presentar denuncia. Luego, accedieron a darle el medicamento para abortar, sin embargo, en el hospital siguieron el protocolo de manera errónea y la mandaron a su casa, pidiéndole que regresara al día siguiente para hacerle un ultrasonido. La joven no expulsó el producto, pero frente a lo que había vivido en el hospital, decidió regresar con la colectiva, quien le dio el medicamento de manera adecuada, y la acompañó y cuidó durante todo el proceso. Las colectivas que acompañan los abortos seguros en casa han señalado que lo hacen porque ni la prohibición ni la criminalización del aborto impide que las mujeres interrumpan su embarazo. Las marchas, las manifestaciones, los posicionamientos contra el Estado y el llamado a más mujeres a unirse a esta causa son para que se deje de prohibir a las mujeres que tomen decisiones de forma autónoma, para que dejen de ser penalizadas y no se les impida el acceso a servicios de salud que están establecidos en la ley. Estas mujeres organizadas saben también que garantizar el derecho a la salud, así como los derechos reproductivos, alejará un poco más a las mujeres de la violencia. Fallo histórico: aliento feminista En este contexto, recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia que refleja la lucha histórica del movimiento feminista por el aborto legal, seguro y gratuito. Durante los días 6 y 7 de septiembre, el Pleno resolvió la acción de inconstitucionalidad 148/2017 sobre el aborto en el Código Penal del estado de Coahuila. Con un fallo histórico, por unanimidad, las y los ministros establecieron que no es constitucional sancionar a quienes deciden interrumpir su embarazo. Con esta sentencia, las y los juzgadores, tanto locales como federales, tienen la obligación de aplicar los argumentos expuestos por la Corte en esta decisión para resolver los casos de los que conozcan, y tanto legisladoras como legisladores de las entidades donde aún se restringe y castiga el ejercicio del derecho a decidir, cuentan con criterios avalados por el máximo tribunal para despenalizar el aborto consentido. Este fallo de la Corte es la punta de lanza para frenar de manera real y efectiva la criminalización de las mujeres y personas gestantes que interrumpen su embarazo. Ante un estado como Aguascalientes, que discrimina, violenta, revictimiza y criminaliza a quienes abortan, la despenalización del aborto se abre camino gracias a las mujeres y colectivas feministas que acompañan, respaldan y defienden a otras en su derecho a decidir. Aguascalientes es un foco rojo, pero quienes trabajan a favor de la libertad y los derechos humanos siguen en pie de lucha hasta lograr que en todo el país las mujeres y personas gestantes cuenten con las condiciones y la libertad para determinar su destino reproductivo.
