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aPRo/neldy San MaRtín
Senadoras de todos los partidos, excepto el PAN, presentan iniciativa para despenalizar el aborto
/ Neldy SaN MartíN
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Foto @PatriciaMercadocastro En el Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro, un grupo de senadoras de todas las fuerzas políticas, excepto del Partido Acción Nacional (PAN), anunció que presentará una iniciativa para reformar la Ley General de Salud en materia de salud reproductiva, para que se reconozca el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir si continúan o no con su embarazo.
En conferencia de prensa, las legisladoras, ataviadas con pañuelos verdes, manifestaron que, tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró inconstitucional la penalización del aborto en el país, así como que la objeción de conciencia no es absoluta, toca ahora el turno al Congreso.
“Es el momento de construir un gran acuerdo a favor del respeto a la libre decisión de las mujeres”, lanzó Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano (MC).
La propuesta fue presentada por la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena, de Morena; Patricia Mercado e Indira Kempis Martínez, de MC; Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Verde Ecologista de México (PVEM); Alejandra del Carmen León Gastélum, sin grupo parlamentario, y el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Malú Micher explicó que la iniciativa busca adicionar un nuevo capítulo en materia de salud reproductiva para que se reconozca en la ley el derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes.
También reformar la denominación del capítulo destinado a la “atención en salud materno-infantil”, para que ahora se llame “atención a la salud materna perinatal, neonatal e infantil”, a fin de proteger a las personas que decidan continuar con su embarazo.
Otro cambio sería la creación de un capítulo denominado “servicios de aborto seguro” y la adición de un nuevo capítulo llamado “objeción de conciencia”, dentro del título IV de la Ley General de Salud, referida a recursos humanos para los servicios de salud, ya que -dijo- contempla únicamente disposiciones para el personal médico, a título individual.
“Así como la obligación para el sistema de salud de contar con personal no objetor en todo momento”.
Además, plantea la derogación completa de los delitos de aborto procurado y aborto consentido, es decir, “la eliminación de cualquier posibilidad de utilizar el derecho penal para sancionar tanto a la mujer que aborta como a quien la auxilió con su consentimiento”.
La senadora morenista sostuvo que sólo subsistirá en el Código Penal Federal el delito de aborto “no consentido”, forzado.
“Nunca más una mujer o una niña obligada a ser madre, o muerta por abortar”, finalizó la legisladora.
Patricia Mercado también comentó que la propuesta de iniciativa, que socializarán para que sea presentada por el mayor número de senadoras y senadores, contemplará que entre los objetivos del sistema nacional de salud esté el reducir el índice de embarazos no deseados con prevención.
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La directora de la Escuela Judicial Electoral (EJE), Gabriela Ruvalcaba, señaló que para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la EJE es importante acercarse a la comunidad universitaria, ejemplo de ello es la realización de la Semana Virtual en el Tec de Monterrey, a través de la cual se pretende fomentar la creación de espacios de estudio y debate en materia electoral, así como impulsar mecanismos de diálogo y vinculación con los estudiantes.
Señaló que, además, se busca implementar acciones y transmitir conocimientos a las generaciones futuras para que dimensionen de manera más clara lo que significa la construcción y la cimentación de la democracia en los últimos años.
El magistrado Felipe de la Mata Pizaña subrayó que esta institución educativa en materia electoral ha buscado desempeñar un papel esencial para la formación de las y los juzgadores con valores democráticos, así como para la mejora continua en el contenido y comunicación de las decisiones judiciales con vocación de impactar o de transformar a la sociedad.
El decano de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Alejandro Poiré Romero, consideró que es de suma importancia establecer un entorno democrático y de instituciones, a fin de construir un país de justicia, de igualdad y pluralismo vibrante.
El director regional del Departamento de Derecho del Tec de Monterrey, José Pablo Abreu Sacramento, afirmó que la EJE es líder en México y América Latina en la formación de cuadros para operar los sistemas electorales y democráticos de las naciones.
Las actividades de la Semana Virtual de la Escuela Judicial Electoral continuarán esta semana. La justicia en México no puede tener un sólo idioma y la normatividad debe interpretarse conforme a los contextos sociales de las comunidades originarias, afirmó la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis.
Al participar en la V Conferencia de Demodiversidad: Nuevas formas de ejercer la democracia desde los pueblos indígenas, dijo que el derecho electoral se ha modificado al incorporar la perspectiva intercultural a la justicia, acompañada de la perspectiva de género.
Durante su ponencia “Los derechos políticos-electorales de los pueblos y comunidades indígenas en la construcción de la Demodiversidad en México”, la magistrada Otálora Malassis señaló que la inclusión jurídica de los derechos político-electorales de la población indígena “ha sido un progreso construido, principalmente, por el resultado de las demandas planteadas por sus integrantes ante las instituciones electorales”.
A través de videoconferencia, resaltó el impacto de las jurisprudencias 18 y 19, ambas del año 2018, que definieron los elementos mínimos de la perspectiva intercultural y la obligación de aplicarla para maximizar los derechos de las poblaciones originarias, a fin de que sus problemas jurídicos se analicen atendiendo la diversidad de autogobiernos y autodeterminaciones.
Recordó que en ese mismo año, la Sala Superior del TEPJF determinó que los partidos políticos tenían que registrar candidaturas indígenas en 13 distritos, que representaban más del 60 por ciento de población originaria, por lo que, agregó, para la elección de 2021 este número de distritos aumentó a 21. Derivado de esta acción afirmativa, enfatizó la magistrada Janine Otálora, en el pasado proceso electoral participaron 37 candidaturas indígenas de las cuales 22 fueron mujeres y 15 hombres.
Con el objetivo de proteger los derechos político-electorales de estos pueblos, recordó, se estableció en el año 1996 la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, a fin de brindar asesoría gratuita a quienes integran estos grupos sociales. En ese sentido, expuso que entre 1996 y 2006 se resolvieron cerca de 2 mil 500 asuntos de conflictos político-electorales de los pueblos indígenas.
La magistrada Janine Otálora Malassis reconoció los avances en este rubro, pero consideró que no son suficientes para una población de 25 millones de mexicanos que se autoadscriben como indígenas y los 2.5 millones de personas que se autoreconocen como afrodescendientes.
/ Neldy SaN MartíN
Las y los senadores que buscan formar un grupo parlamentario plural e independiente, denominado Grupo Plural, señalaron que no se trata de un equipo de choque y tampoco de alquiler, y que las iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador no las verán con filias ni fobias.
“La voz del presidente no encontrará en nuestro grupo ni un desprecio por desdén, ni un sí señor y amén”, dijo Germán Martínez al leer el manifiesto político del llamado Grupo Plural.
Martínez, del grupo de Morena, presentó su solicitud de formar una nueva fracción parlamentaria junto con Gustavo Madero Muñoz, del Partido Acción Nacional (PAN); Nancy de la Sierra y Alejandra de León Gastélum, de la bancada del Partido del Trabajo (PT), y Emilio Álvarez Icaza, senador independiente.
En conferencia de prensa, las y los legisladores afirmaron que no buscan canonjías, viajes o viáticos, y que no pretenden “quitarle nada a nadie de lo que le corresponde”, pero tampoco fueron electos para defender intereses de partido sino para representar a las y los ciudadanos hoy insatisfechos con las distintas fuerzas políticas.
“Hablamos de aquellos y aquellas que están cansados de la militarización en el país, de aquellos y aquellas que quieren fortalecer la economía mexicana sin sacrificar el uso de energías limpias, de aquellos y aquellas que buscan justicia, más allá del castigo y el punitivismo”, lanzó la senadora Nancy de la Sierra.
Gustavo Madero Muñoz sostuvo que la pretensión es crear puentes de entendimiento y acuerdos, porque los grupos parlamentarios se han vuelto murallas que “aíslan”.
“No a la estridencia y la descalificación a priori, y no a centrarnos, por principio, en la descalificación, en este debate que nos tiene capturados de girar en torno a si somos 4T o anti 4T. Esto nos lleva a posiciones más aisladas, una estridencia sorda, cuando lo que se necesita es la construcción de un centro, un centro democrático, progresista, que defienda los derechos humanos”.
El senador aclaró que, si bien deja la bancada del PAN en el Senado, no renunciará a su militancia panista, pese a sus diferencias con la dirigencia del partido, aunque no descartó la posibilidad de ser expulsado.
Germán Martínez comentó que no es militante de Morena y anunció que abandona la bancada, de la que -afirmó- se va “enriquecido”.
Nancy de la Sierra expresó que tampoco tiene militancia, aunque perteneció al grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
Alejandra León Gastélum detalló que, aunque formó parte del grupo del PT en el Senado, fue fundadora del partido Morena desde 2012 y en abril renunció a su militancia de manera voluntaria.
Las y los senadores aseguraron que dialogarán con todos, incluso con el presidente de la República, para buscar el bienestar de la población.
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Foto @Janineotalora
