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aPRo/ezequiel floReS
Nunca más el Estado debe permitir la marginación, abuso e injusticias contra el pueblo Yaqui: AMLO
/ EzEquiEl FlorEs
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Foto Gobierno de México El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el Estado mexicano nunca más debe permitir la marginación, el abuso y las injusticias en contra del pueblo Yaqui u otro grupo étnico o cultural de nuestro país.
Desde el pueblo de Vícam, localizado en el municipio de Guaymas, Sonora, donde estuvo acompañado de Cuauhtémoc Cárdenas, el mandatario refrendó su compromiso de hacer justicia por los agravios cometidos contra los pueblos originarios desde la Colonia, el porfiriato y el periodo neoliberal en México.
Durante su mensaje en la ceremonia oficial, López Obrador pidió perdón al pueblo Yaqui por los crímenes de Estado que se cometieron contra sus antepasados, sobre todo durante el porfiriato, aunque no sólo durante esa dictadura, indicó.
“También estamos aquí para tratar de reparar, en la medida de lo posible, el daño que se ha cometido a los pueblos Yaquis, destinando recursos del presupuesto público para la dotación de tierras, garantizar el derecho y mejorar el aprovechamiento del agua, así como para llevar a cabo un programa integral para el bienestar de los pueblos”.
Detalló que desde hace dos años comenzaron a implementar, de manera conjunta con las autoridades tradicionales, un plan de acciones para revertir los efectos negativos de los agravios al pueblo Yaqui.
“Estoy seguro que en los tres años que me quedan como presidente terminaré de cumplir con todos los compromisos que hoy estamos refrendando y acordando”.
Y dijo que seguirá visitando la región ubicada frente al mar de Cortés, para que se cumpla el Plan de Justicia a los Pueblos Yaquis.
La estrategia del gobierno federal consiste en tres acciones, entre ellas la restituir de hasta 20 mil hectáreas.
“Hoy ya firmé la entrega de dos mil 900 hectáreas y vamos a seguir entregando la tierra a los pueblos Yaquis”.
La segunda acción está enfocada en garantizar el abasto de agua para consumo de los pueblos y los campos agrícolas, con el propósito de que el distrito de riego lo administren las autoridades tradicionales.
“Vamos a invertir, sólo en el plan hidráulico, alrededor de seis mil millones de pesos, y es mi compromiso para que haya agua en los pueblos Yaquis”.
La tercera estrategia se trata de un programa integral para mejorar la situación en cada comunidad, en cada pueblo, con introducción de drenaje y mejoramiento de calles.
“Ya se han entregado alrededor de mil 500 apoyos para vivienda y vamos a seguir apoyando para la ampliación, el mejoramiento y la construcción de casas para impulsar la educación”.
Además, el presidente López Obrador manifestó que en cada pueblo habrá una unidad médica rural, así como un nuevo hospital de IMSS-Bienestar.
“Todo esto lo estamos haciendo, primero, en común acuerdo con las autoridades tradicionales, nada se está haciendo sin consultar a las autoridades de los pueblos, y nos están ayudando mucho”.
Incluso se manifestó contento de que su exsecretario de Seguridad, Alfonso Durazo, ya esté en funciones de gobernador en Sonora, porque le da tranquilidad y certeza que los compromisos del gobierno federal se van a cumplir con el pueblo Yaqui.
“Lo hago porque, ya lo expresé, es un acto de justicia a sus antepasados los Yaquis y es un acto de justicia a todos los pueblos indígenas de México, la verdad más íntima, más entrañable de nuestro país, de nuestra nación, pero también lo hago por mis convicciones, por mis propias convicciones, porque desde hace muchos años he sostenido que, por el bien de todos, primero los pobres”.
AMLO y la subsecretaria Ariadna Montiel hicieron uso indebido de recursos públicos: TEPJF
/ rodrigo VEra
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la subsecretaria de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, difundieron propaganda gubernamental en la conferencia matutina del pasado 19 de julio, considerado como periodo prohibido por el proceso de la consulta popular sobre el juicio a expresidentes.
La mayoría del pleno consideró que, en los mensajes emitidos ese día por el presidente y la subsecretaria, se difundió información relacionada con el Programa de Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, cuestión que se consideró como un logro del gobierno, cuyo fin fue generar adhesión o simpatía, lo que se traduce en propaganda gubernamental en periodo prohibido.
En ese sentido, se determinó tener por acreditada la infracción relativa al uso indebido de recursos públicos, atribuida al titular del Ejecutivo federal y a la subsecretaria, al determinarse que la difusión de esa conferencia, en la que se contravino la normatividad electoral, se hizo con los recursos con los que se disponía para ella.
Finalmente, el TEPJF ordenó a la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia que se retire, modifique o elimine el contenido ilegal de las plataformas digitales oficiales. Y ordenó dar vista a la Secretaría de Bienestar y a su Órgano Interno de Control para que determine la responsabilidad de la subsecretaria Montiel Reyes, con base en el marco jurídico que resulte aplicable.
A pesar de los avances en la normatividad y la función de los organismos garantes, persisten resistencias y obstáculos de todo tipo que debilitan o sesgan el cumplimiento efectivo de las obligaciones que tienen los poderes públicos sobre los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales.
Así lo afirmó este martes la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena, al inaugurar en la Ciudad de México la Semana Nacional de Transparencia 2021.
En el marco del Día Internacional del Acceso Universal a la Información Pública, Ibarra Cadena advirtió: “Las dificultades y obstáculos de diversa naturaleza que inhiben el ejercicio del derecho humano de acceso a la información por parte de los grupos en general y de las personas vulnerables y discriminadas en particular, suelen acentuar su complejidad, dureza y resistencia en entornos en los que hay una presencia y actuación débil u omisa por parte de las instituciones públicas y el Estado de Derecho”.
La comisionada Norma Julieta del Río Venegas destacó la importancia de descentralizar los trabajos a cada una de las Regiones del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) para analizar, desde el ámbito local, los problemas sociales que originan la exclusión y la desigualdad en el conocimiento y la práctica de las libertades informativas, así como en la disposición de las nuevas tecnologías de la información.
“El objetivo central de la Semana es convertirse en un lugar propicio para el diálogo y la comunicación entre diferentes voces convergentes para llegar a un punto de acuerdo que derive de nuevas formas de pensar la realidad, de llevar a cabo prácticas sociales para la implementación de acciones de mejora necesarias para promover el ejercicio de estos derechos”.
El comisionado Adrián Alcalá Méndez, coorganizador de los trabajos, afirmó que la décimo séptima edición de la Semana, por vez primera, es un evento nacional descentralizado, celebrado en coordinación con los organismos garantes locales integrantes del SNT, producto de un federalismo cooperativo que ha adoptado las nuevas tecnologías para llevarse a cabo de manera simultánea en el INAI y en distintas sedes de las cuatro regiones que integran el SNT.
“Esta edición de la Semana Nacional de Transparencia es innovadora en su temática al considerar al derecho de acceso a la información de las minorías y grupos vulnerables; con esto, las comisionadas y los comisionados del INAI y del SNT buscamos incorporar nuevos temas en esta agenda de la transparencia y avanzar en la gran tarea de fortalecer el ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, y con ello contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana, como pilares de un sistema democrático”.
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara Carrancá, afirmó que en la actualidad la transparencia es una obligación de todos, que ha florecido y evolucionado gracias al papel constante y permanente de la ciudadanía y de los órganos de la sociedad civil hasta posicionarse, junto a la rendición de cuentas, como elementos imprescindibles de las democracias modernas.
“Hoy, más que nunca, debemos tener en cuenta que la proliferación de los medios de comunicación y el incremento exponencial a la cantidad de información que hoy es accesible a un segmento cada vez más grande de la población, brinda a las instituciones públicas una oportunidad sin precedentes para establecer un diálogo franco y transparente con sus gobernados y con las organizaciones de la sociedad civil. Debemos fomentarlo, pero también buscar su consolidación”.
Finalmente, Julio César Bonilla Gutiérrez, coordinador de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas del SNT y comisionado presidente del órgano garante de la Ciudad de México, afirmó que la transparencia se torna en una herramienta posible para avanzar hacia la inclusión, la igualdad y la equidad requerida, en favor de todas y todos.
Apuntó que esta edición de la Semana Nacional de Transparencia es “un ejercicio que confluye y trastoca a toda la República, con sedes diversas: serán Quintana Roo, Zacatecas y Durango, pero se está incluyendo a todas las entidades federativas y a los órganos garantes para imaginar de manera diferente un país en donde todas y todos quepamos, en donde todos los proyectos de nación tengan un punto de confluencia, la Constitución”.
En la inauguración estuvieron presentes la directora de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Areli Cano Guadiana, y el titular de la Unidad de Transparencia y Políticas Anticorrupción de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Gerardo Felipe Laveaga Rendón; la comisionada del INAI Josefina Román Vergara y los comisionados Francisco Javier Acuña Llamas y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, así como comisionadas y comisionado de los organismos garantes de todo el país.
InEgI
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) da a conocer el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en los ámbitos federal y estatal (CNTAIPPDPFE) 2021, programa estadístico que ofrece información relevante sobre la estructura organizacional, recursos y ejercicio de la función del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y de los Organismos Garantes de las entidades federativas (OG), específicamente en las funciones de gobierno, transparencia y garantía de acceso a la información pública y protección de datos personales, con la finalidad de que ésta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas.
Es preciso advertir que el levantamiento del Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en los ámbitos federal y estatal ocurrió durante la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV 2 (covid-19), así como durante la implementación de medidas sanitarias para evitar su propagación, entre ellas la disminución de la capacidad instalada y la reducción de actividades.
Entre los datos que aporta este Censo, se encuentran: -Al cierre de 2020, el INAI contó con 39 unidades administrativas y los organismos garantes con 394, conjuntamente dichas cifras representaron un aumento de 5.4%, con respecto a lo reportado en 2019. -En el mismo periodo, los plenos se integraron por 103 comisionadas y comisionados, siete del INAI y 96 de los organismos garantes. Del total, los hombres representaron 53.4% y las mujeres 46.6 por ciento. -En relación con el presupuesto ejercido por el INAI y los organismos garantes durante 2020, se reportó un total de 2 043 856 643 pesos. Con respecto a 2019, hubo una disminución de 0.4%. En cuanto al presupuesto destinado para tecnologías de la información, la inversión fue de 4.9% del presupuesto total ejercido, en tanto que, para administración de archivos y gestión documental, se destinó 4.3 por ciento. -En lo que respecta al personal adscrito a las unidades administrativas, el INAI contó con 791 servidoras y servidores públicos, mientras que los organismos garantes registraron un total de 2 033. Los hombres representaron 50.1% de toda la plantilla laboral y las mujeres 49.9%. En comparación con 2019, se reportó un aumento en el total nacional de personal de 3.9 por ciento. -En 2020, a nivel nacional, el INAI y los organismos garantes recibieron 15 905 solicitudes de acceso a la información pública y protección de datos personales, respondieron 15 624 solicitudes y 464 solicitudes permanecieron pendientes de concluir. El principal mecanismo para la recepción de solicitudes en el INAI fue la Plataforma Nacional de Transparencia y para los organismos garantes fue el Infomex. -Los comités de transparencia del INAI y de los organismos garantes emitieron 2 128 resoluciones, cifra que representó una disminución de 31.6% en comparación con 2019. Del total de resoluciones, la más frecuente fue incompetencia que representó 52.0 por ciento. -Al cierre de 2020, se tenían registrados 865 sujetos obligados en el ámbito federal, la mayoría fueron fideicomisos y fondos públicos (45.1%); mientras que, en los ámbitos estatal y municipal, el total fue de 7 708, siendo la mayoría Municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México con 41.8 por ciento. -Durante 2020, en los ámbitos federal, estatal y municipal, se recibieron 51 838 recursos de revisión, y se resolvieron 65 522. Según el estatus de los recursos de revisión recibidos, 73.9% se admitió, 22.7% se desechó y 3.4% estaba en análisis por el comisionado ponente. -Para los recursos de revisión resueltos en materia de acceso a la información pública, el tipo de resolución más frecuente fue revocar la respuesta, con 28.7%; en tanto que para los de protección de datos personales fue desechar el recurso, que correspondió a 51.5 por ciento. -Al cierre de 2020, 865 sujetos obligados del ámbito federal reportaron información al INAI, mientras que 6 916 de los ámbitos estatal y municipal reportaron a los organismos garantes. Del total de sujetos obligados reportados en 2020, hubo una disminución de 0.3% en comparación con 2019.
-Los sujetos obligados del ámbito federal reportaron 249 920 solicitudes de acceso a la información pública y de protección de datos personales. En cuanto a los sujetos obligados del ámbito estatal y municipal que reportaron información a los organismos garantes, se registró un total de 738 191 solicitudes. Los sujetos obligados que concentraron la mayoría de las solicitudes recibidas en ambas materias fueron del Poder Ejecutivo.
En su versión 2021, los resultados del CNTAIPPDPFE integran información correspondiente a 2020, la cual se presenta en cuadros estadísticos organizados en los siguientes apartados: 1) Estructura organizacional y recursos; 2) Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales; 3) Control interno y anticorrupción; 4) Administración de archivos y gestión documental; 5) Garantía del acceso a la información y protección de datos personales; 6) Información de los sujetos obligados.
La información se puede consultar en los siguientes sitios: https://www.inegi.org.mx/programas/cntaippdpf/2021/ https://www.inegi.org.mx/programas/cntaippdpe/2021/
CDHEA
Este 28 de septiembre se lleva a cabo el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, que tiene una especial relevancia para la nueva agenda 2030 del Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, que exige que todos los gobiernos garanticen el acceso público a la información y la protección los datos personales.
Previo al decreto de la Unesco, esta jornada se conocía como el Día del Derecho a Saber y fue instituida en Sofía, Bulgaria, durante una conferencia que tuvo lugar del 26 al 28 de septiembre de 2002 con el objetivo de promover la transparencia y la responsabilización de los gobiernos.
Actualmente en nuestro país, el acceso a la información es un derecho fundamental contenido en el Artículo 6º de nuestra Constitución Política, que dice que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes cuenta con un área especializada en transparencia y vinculación que transparenta el manejo de los recursos públicos, las versiones públicas de los expedientes, entre otras obligaciones que son publicadas en: http://www.dhags.org/transparencia/transparencia.php.
Además, la CDHEA ha sido evaluada de entre 104 instituciones públicas, por el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, y ha obtenido el 100 por ciento de evaluación en el cumplimiento de sus obligaciones; ha elaborado documentos informativos sobre este importante derecho fundamental como La Voz que Clama que comprende una selección de 15 ensayos que analizan esos nuevos derechos.
Para obtener más información sobre este u otros derechos humanos y fundamentales, puede comunicarse al teléfono 449 140 7870 o al correo electrónico educacion@dhags.org y un especialista le atenderá.
