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Defensa de García Luna solicita postergar juicio hasta febrero de 2023
/ J. Jesús esquivel
César de Castro, abogado de oficio y defensor de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, pidió oficialmente a la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, iniciar en febrero de 20023 el juicio a su cliente.
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Argumentando que, a él y a su cliente les hace falta tiempo para revisar el inmenso volumen de materiales que en evidencias inculpatorias ha presentado a la Corte el Departamento de Justicia de Estados Unidos, De Castro solicita la fecha del 9 de enero de 2023 para empezar el juicio.
“La base para esta solicitud es el volumen del total de documentos presentados por el gobierno, más de un millón de páginas que la defensa sigue revisando y en particular por las 90 mil páginas más que entregó el 22 de febrero de 2022”, indica De Casto en la carta al juez Brian Cogan.
Además, la defensa del amigo, asesor, confidente mano derecha e integrante del gabinete presidencial de Calderón, anota al juez federal que encima tendrá que revisar las otras 7 mil 500 páginas más de pruebas que el Departamento de Justicia anunció esta semana y presentó a la Corte.
El abogado de García Luna cita las dificultades que tiene su cliente como recluso del Centro Metropolitano de Detención de Nueva York, porque no se le permite retener copias de los documentos y para revisarlas debe estar presente el defensor y un oficial del gobierno.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos que acusa a García Luna de narcotráfico en colusión con una fracción del Cártel de Sinaloa, indicó esta semana al juez Cogan de las 7500 páginas nuevas, amén de 4900 grabaciones de testigos incriminatorios y 5 aparatos electrónicos.
“Solicitamos a la Corte posponer el comienzo del juicio para el 9 de enero de 2023 y establecer para febrero de 2023 una fecha de reserva en caso de que sea necesaria para las partes una nueva postergación”, resalta la carta de De Castro al juez Cogan.
El pasado 15 de julio durante una audiencia de preparación de juicio, la defensa de García Luna estableció que las numerosas evidencias presentadas por los fiscales federales hacían difícil que el juicio inicie el 24 de octubre de 2022 y en su lugar propuso al 9 de enero de 2023.
En la audiencia el magistrado federal a cargo del caso de García Luna indicó que para él tenía sentido y “era lo más probable” que el inicio de juicio por narcotráfico se realizará el 9 de enero de 2023, pero ahora la defensa le solicita incluso considerar la fecha de febrero de 2023.
Cogan argumento que además del volumen de las pruebas incriminatorias presentadas por el gobierno estadunidense contra García Luna, el caso es complicado por tratarse de un acusado extranjero y altamente significativo para asuntos sensibles de seguridad nacional.
Otro argumento de la defensa para seguir extendiendo la fecha de inicio del juicio es también la falta de tiempo para revisar documentos registrados bajo el Acta de Procedimientos de Información Clasificada, para lo que se necesita cumplir con requisitos de secrecía.
Escuchar las 4 mil 900 grabaciones con argumentos de testigos incriminatorios, según de Castro implica por lo menos 165 horas de tiempo y la problemática de que las declaraciones son español, amén de que los cinco aparatos electrónicos presentados esta semana podrían contener una “cantidad astronómica” de información.
García Luna y los fiscales del Departamento de Justicia continúan negociando una acuerdo de cooperación por el cual, si lo acepta el acusado; se debe declarar culpable y con ello evitar el juicio.
De ser procesado judicialmente en la Corte en Brooklyn y si es declarado culpable por un jurado de los delitos que le imputan, García Luna podría ser sentenciado a cadena perpetua como castigo máximo o a 20 años de cárcel como pena mínima.
Con un acuerdo de cooperación, García Luna se convierte en testigo cooperante de Estados Unidos, se le sentencia a unos cinco años de prisión a los que se les restan los casi tres que ya lleva en la cárcel y tras cumplir la condena sería deportado a México.
Juez niega amparo a Karime Macías contra orden de aprehensión con fines de extradición
/ Diana lastiri
Un juez federal declaró subsistente la orden de aprehensión con fines de extradición emitida contra Karime Macías Tubilla, exesposa de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, por el delito de fraude específico por 112 millones de pesos.
El juez Segundo de Distrito en el estado de Veracruz, Alejandro Quijano Álvarez, negó el amparo solicitado por Macías Tubilla con el que pretendía que fuera revocada la orden de aprehensión emitida en su contra el 25 de mayo de 2018, por este delito en el que se le señala por supuestamente desviar 112 millones de pesos del DIF de Veracruz cuando era primera dama de la entidad.
La exesposa de Javier Duarte alegó que el delito ya había prescrito, por lo que el juez no debió emitir la orden de captura en su contra.
Sin embargo, el juez señaló que para cuando la fiscalía veracruzana solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que por su conducto solicitara la orden de aprehensión con fines de extradición contra la exprimera dama, apenas había transcurrido un año seis meses desde la fecha de la consumación del delito, es decir, que no había transcurrido la tercera parte (dos años 10 meses) del término para la prescripción, que es de ocho años y seis meses. El juez añadió que en casos como este, cuando el imputado se encuentra fuera del país, como Karime Macías, existe un criterio que duplica los plazos de la prescripción cuando por su ausencia no es posible integrar averiguación previa o ejecutar sanciones en su contra.
“Resulta intrascendente lo señalado por la quejosa en el sentido de que la autoridad responsable debió realizar un análisis de oficio de la figura de la prescripción, pues de conformidad con lo expuesto, aún no había operado dicha figura”, señaló el juzgador.
“Asimismo, no se advierte alguna situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género que perjudique a la quejosa, por lo que no se considera necesario emitir mayor pronunciamiento en ese aspecto”.
En consecuencia, la orden de aprehensión que mantiene ahora a Macías Tubilla al borde de la extradición permanecerá vigente.
Dicha orden fue obtenida por la Fiscalía de Veracruz que encabezaba Jorge Winckler, quien fue detenido el pasado 25 de julio por tortura y desaparición forzada.
En febrero pasado el gobierno de Reino Unido, país donde se encuentra Macías Tubilla, autorizó su extradición, pero debido a que desde enero de este año su defensa presentó una solicitud de asilo político que aún no ha sido resuelta, su entrega permanece suspendida.
Karime Macías
MEMORIA DE ESPEJOS ROTOS T-MEC
ALAN SANTACRUZ FARFÁN
Dejan los tambores de sonar, y un gong anuncia la retirada. Se discute la capitulación, mientras se aproximan carcajadas. La gran broma final – Nacho Vegas
El Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN, o NAFTA, por sus siglas en inglés), fue firmado por los presidentes George H. W. Bush, de Estados Unidos; Carlos Salinas de Gortari, de México; y por el primer ministro canadiense Brian Mulroney, en 1992; para entrar en vigor a partir del 1 de enero de 1994. El día que entró en vigor, en México irrumpió una guerrilla insurgente con postulados de izquierda social que, entre sus demandas, tenía la abolición del Tratado de Libre Comercio.
El periodo conocido como Salinismo se caracterizó por tener una gestión pública de reducción del Estado, y una política económica mercantil, periodo conocido como de gobierno Neoliberal. Es decir, liberalismo económico en lo sustancial, y democracia occidental en lo nominal. En ese tiempo, por la parte mexicana, en 1992, el tratado fue negociado y firmado por el entonces sub secretario de Relaciones Exteriores salinista, Marcelo Ebrard. A los años, el tratado evolucionó en una versión revisada, conocida como Tratado de México, Estados Unidos, y Canadá (T-MEC).
Ahora, el nuevo Tratado de México, Estados Unidos, y Canadá está siendo acordado y negociado, por la parte mexicana, por el actual Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El mismo que firmó el TLC, pero ahora con la impostura de ser anti neoliberal en el discurso, impulsando nociones de libre comercio desde un gobierno que se afirma como popular. No sólo eso. Un gobierno que tiene en Ebrard a uno de los posibles sucesores a la presidencia del país. La posición del funcionario no es cómoda.
A Ebrard le toca conciliar, por un lado, las consignas dicharacheras y nacionalistas que su jefe dicta a cada ocurrencia y, por otro lado, las necesidades macroeconómicas para conformar una franja continental de integración económica que beneficia a productores y consumidores locales. Eso quizá sea lo más sencillo. Lo complicado será, como ahora lo vemos, la conciliación entre las posturas de generación energética alejadas de los combustibles fósiles, que plantea el tratado; y la postura de soberanía nacional basada en hidrocarburos que sostiene el presidente mexicano.
El tema no es menor, ya que el funcionario operador de este tema tendrá ahora que vestir los ropajes del nacionalismo de la década de los setenta, que ha sido estandarte de la actual administración, para conciliar las pautas que el mismo funcionario acomodó cuando vestía los ropajes de la apertura económica y la transnacionalización de los mercados. No es sólo un tema de posiciones ideológicas; es también un tema de legitimidad. Esta legitimidad puede ganarse al exterior, pero perderse al interior, o a la inversa.
Queda claro que la actual discusión sobre el T-MEC habrá de pasar por la criba de la sucesión presidencial de 2024. ¿Qué le conviene al actual mandatario para esa sucesión? ¿Una candidatura conciliadora con el exterior, o una que mantenga la discusión en el estándar que la lleva el presidente en turno? Más aún ¿Qué le conviene al canciller? ¿Asumir en silencio la impostura, o delinear su propia propuesta de proyecto? ¿Qué movimiento lo acercará o alejará de la conciliación internacional y de la sucesión presidencial?
Como fuese, el contexto internacional, y el historial de la relación entre México, Canadá, y Estados Unidos (sobre todo desde los periodos de Trump y Peña Nieto hasta la actualidad con Biden y López Obrador) merece un análisis más profundo. Sin embargo, queda el apunte preliminar de que el mismo operador del neoliberal y salinista Tratado de Libre Comercio es ahora el operador de la auto denominada Cuarta transformación para el actual tratado. Queda ver cómo se lleva el conflicto, con un presidente pendenciero y belicoso.
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Juan Collado compró 3 departamento de lujo en Miami y 2 aviones con entramado financiero en Andorra
/ AlejAndro Gutiérrez
Juan Ramón Collado Mocelo, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto y de la élite política y empresarial de México, compró a través de Andorra tres departamentos de lujo en Miami y dos aviones que fueron registrados en Estados Unidos, según un informe de la Policía andorrana que publica este miércoles el diario El País.
Para ello usó un entramado financiero en Andorra como garantía para solicitar once préstamos por un total de 14 millones de dólares (286.4 millones de pesos, al cambio de hoy), monto que se destinó a la adquisición y mantenimiento de dos aeronaves valoradas en 5.2 millones de dólares y a la compra de tres apartamentos en el complejo St. Regis Bal Harbour de Miami, según el informe de la policía pirenaica de diciembre de 2021.
La publicación describe que el complejo inmobiliario se encuentra frente a la bahía de Miami, acoge 275 viviendas de 26 pisos. Sus apartamentos –de entre una y cuatro habitaciones—oscilan entre los 2.6 millones de dólares (unos 53.9 millones de pesos) y los 14.5 millones de dólares (296 millones de pesos).
La inmobiliaria Miami Condolife Style señala que esos apartamentos están diseñados por el arquitecto especializado en edificios de lujo Sieger Suárez, el residencial ofrece “tecnología inteligente” para disfrutar de una experiencia “que no se encuentra en ningún otro lado del planeta”.
El complejo, construido en 2011, ofrece dos piscinas climatizadas, un spa frente al mar o un ascensor privado como algunos de los atractivos, además de jardines exuberantes, un centro de salud con equipo ultramoderno y un vestíbulo concebido por el diseñador de interiores Yabu Pusherberg.
La empresa inmobiliaria que comercializa estos apartamentos resalta que los desde balcones se pueden disfrutar de “vistas panorámicas” a la bahía y al mar”.
La documentación de la Banca Privada d´Andorra (BPA), donde Collado movió 111 millones de dólares, revela que el abogado recurrió a empresas instrumentales (sin actividad real) para abonar dos millones de dólares en concepto de desembolso para no perder una reserva de los apartamentos.
BPA ayudó presuntamente a blindar la identidad de Collado en la transacción, señala el diario español. Apunta: “Como ordenante, solo debe constar en la transferencia el nombre de la sociedad. No del representante”, recoge un correo interno del banco pirenaico, del 2 de febrero de 2012.
Collado formalizó parte de la compraventa de las dos aeronaves y los tres apartamentos en Miami a través del abogado de Florida Gustavo J. García-Montes. El abogado de la élite política de México ordenó 25 transferencias a dos cuentas de este abogado en el Suntrust Bank Central Florida por un total de 7,4 millones de dólares entre enero de 2010 y diciembre de 2014.
Collado recurrió a los servicios del mismo abogado de Florida para la compra de dos aeronaves, según la policía de Andorra. El abogado de Peña Nieto abonó 3.2 millones en 2010 a la firma de Colorado Teletech Services Corp. por un avión Cessna Citation 650 modelo de 1995 y dos millones de dólares por un 1889 Bombardier Challenger 601 3-E.
En la operación del Cesna Citation 650, Collado puso como garantía el propio avión y los fondos de una de sus sociedades instrumentales, según un correo de la BPA consultado por El País.
La publicación recuerda que un informe de la Policía de Andorra sobre Collado lleva la firma de la Unidad de Investigación Económica y Financiera, en el cual se arremete contra el abogado de Peña Nieto por incurrir en presuntas maniobras para torpedear la investigación y cargan contra la presentación de una demanda contra el investigador que instruyó las pesquisas.
El informe también es crítica contra la actitud de la Procuraduría General de la República (PGR) en la época de Enrique Peña Nieto que emitió de manera espuria un informe que exculpaba y justificaba la legalidad de los fondos del abogado del mandatario. Sin embargo, ante el cambio de gobierno en México, tras la detención en México de Collado, en julio de 2019 y su envío a prisión, en Andorra se pudo reactivar la instrucción contra el abogado mexicano.

Juan Collado
DE IMÁGENES Y TEXTOS De seguridad nacional
ERIC AZOCAR
Qué le digo estimado lector, por lo menos yo ya no sé para donde moverme, eso de que México sea gobernado por una persona que tiene serios problemas con el resentimiento, la ira y la venganza está súper complicado, siempre he dicho que los habitantes de la cúpula del poder tienen una visión muy particular de la realidad, algo clasista, racista y acomplejada, lo que perfila a los gobernantes, casi en su mayoría, como personas que se creen superiores al resto de los mortales, ostentan un cargo de elección popular, legítimo o no, son funcionarios de un gobierno, están de paso, no es su empresa para que se perpetúen en la silla del poder, si lo vemos fríamente son burócratas al servicio del estado a quienes su sueldo sale de los impuestos que todos nosotros pagamos, entonces, qué no deberían estar a nuestro servicio y no nosotros al de ellos, no es una monarquía o un feudo, es una democracia donde desafortunadamente, por lo menos en este país la pasamos mal; y no crea que mi queja es apenas con este gobierno, todos, absolutamente todos son iguales, los verdes, los azules, los morenos, todos, al parecer emanan de una misma raíz.
Pero el caso es que esta linda persona que ostenta la legitimidad del poder, la pureza de causa y la perfección, considero yo, (y no por eso debemos estar de acuerdo) se ha brincado las trancas de la cordura, de la prudencia; tiene problemas con todos los que no comulgamos como él, dice que los medios están vendidos, tiene un delirio de persecución que justifica su actitud, precisamente de persecución contra todos aquellos que, como le digo, no comulgan con su filosofía de vida y forma de gobernar; por ejemplo, el tren maya es un asunto de seguridad nacional; deje decirle que eso me suena muy fuerte, así que decidí consultar la página de la Cámara de Diputados para saber a ciencia cierta y no estár opinando de oídas sobre el tema, le comparto lo que encontré, tal vez usted si lo sepa y lo comprenda pero la verdad es que yo no, ahí le va. “Condición necesaria que proporciona el Estado para garantizar la prevalencia de su integridad territorial, independencia, soberanía, estado de derecho, su estabilidad política, social y económica y la consecución de sus Objetivos Nacionales.”
Muy bien, entonces la obra del Tren Maya en caso de no hacerse pondrá en peligro la integridad territorial de la zona, la independencia, soberanía y todo lo que dice el párrafo anterior, será que de no hacerse los gringos o los neoliberales se apoderarán de la Ribera Maya, o los habitantes de la región se separarán de la república para formar algo como Andorra, puede ser, entonces este hombre tiene razón, sigamos con el análisis del tema.
“El concepto de SEGURIDAD NACIONAL como función del Estado Mexicano, se encuentra plasmada en el artículo 89 constitucional fracción VI, donde se establece la facultad del titular del Poder ejecutivo para “preservar la seguridad nacional, en términos de su ley respectiva, y disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”. Entonces, eso quiere decir que este hombre que ahora ostenta todo el poder dispone de la totalidad de la fuerza armada para defender la obra que, en caso de no llevarse a cabo pone en peligro la soberanía nacional; entonces aguas con el colectivo Selvame del tren no se los vayan a ejecutar por revoltosos o el juez que anda dictando sentencias en contra, no nos lo vayan a desaparecer, recuerde que la integridad de la nación es primero; seguimos: “Por lo anterior, el concepto de SEGURIDAD NACIONAL es integral, puesto que convergen en ella dos postulados: el primero se refiere a la situación que se genera por ausencia de circunstancias que atentan en contra del Estado en su interior (seguridad interior), y el segundo, a la forma en que el Estado establece un sistema de defensa para afrontar estas circunstancias desde el exterior (defensa nacional). La seguridad nacional es el ámbito en el que se desarrollan la seguridad interior y la defensa nacional”.
A ver, cómo, ausencia de circunstancias que atentan en contra del Estado en su interior, es decir, otra vez, ¿Los Selvame del tren puede ser acusados de atentar contra la seguridad interior? O cómo, todos los que están, estemos, estarán en contra de la construcción del tramo cinco pueden ser considerados peligro para la patria, no bueno… Luego dice que el Estado establece un sistema de defensa para afrontar estas circunstancias desde el exterior, de verdad que esto no suena lógico pero bueno, qué le parece si seguimos leyendo lo que dice el documento oficial: De igual forma, en la Ley de Seguridad Nacional expedida por el Poder Legislativo en el 2005, se define a la seguridad nacional en su artículo tercero como “las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a:
I. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país; (no le veo por donde, al no llevarse a cabo la obra del tramo cinco ponga en riesgo al país)
II. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio; (¿Sí no se hace el tramo cinco o toda la obra se pone en riesgo estos preceptos?) III. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno;
IV. El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
V. La defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional, y
VI. La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes.”
Con base en lo anterior, en lo personal estimado lector quedo confundido, no comprendo por qué la obra en comento debe ser catalogada de seguridad nacional, cómo; de verdad, no es ironía, sí alguien me puede explicar cómo está esto para no seguirla regando cuando me pregunten mi opinión, se los voy a agradecer.