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adrián florES

Revelan desde la Guardia Nacional: “Un acuerdo” detrás de los abrazos

/ J. JEsús EsquivEl

Un alto mando de la Guardia Nacional habla con Proceso sobre la existencia de un presunto “acuerdo” entre jefes militares con el Cártel de Sinaloa. “Hay tanta violencia porque la Secretaría de la Defensa la está permitiendo (…) Los jefes militares nos dieron la orden de no salir en persecución de los narcos”, dice en entrevista con este semanario.

La ola imparable de asesinatos, ejecuciones y desapariciones es permitida por las autoridades federales porque “hay un acuerdo” entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y “la maña”, denuncia un elemento de alto rango de la Guardia Nacional.

Impotente ante los hechos violentos causados por la guerra entre los cárteles del narcotráfico en México, el entrevistado habla con Proceso sobre la crisis de seguridad pública que azota al país, pero lo hace bajo la condición de anonimato, por temor a represalias de parte de los mandos militares.

“Hay tanta violencia porque la Secretaría de la Defensa la está permitiendo. Eso lo sabemos dentro de la Guardia Nacional y es algo muy conocido entre narcos y (otros) criminales. Esto no viene de Palacio Nacional –aclara–, emana de los militares”, dice la fuente consultada.

En mayo último se registraron 2 mil 833 homicidios en México, de acuerdo con las estadísticas que dio a conocer la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, el 20 de mayo pasado en Palacio Nacional.

Esas cifras ubican mayo como el mes más violento en lo que va de 2022. No obstante, la encargada de la seguridad nacional en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dijo que “el homicidio doloso aumentó entre el pasado abril y mayo, (aunque) este mayo es el más bajo desde hace cinco años. Se mantiene la tendencia a la baja, con una disminución de 7.8% en comparación con el máximo de 2018”.

En el primer año de la presidencia de López Obrador se registraron 34 mil 690 homicidios; después fueron 34 mil 554 en 2020 y 33 mil 308 en 2021. Este 2022, indican las cifras oficiales, se enfila para ser al más sangriento en comparación con los 36 meses anteriores bajo la estrategia y política de “abrazos, no balazos”.

El alto funcionario de la Guardia Nacional entrevistado por este semanario rechaza los números oficiales de homicidios que dio a conocer la secretaria Rodríguez, y advierte: “Son por lo menos el doble (de asesinatos) de lo que dice la SSPC”.

Se le pregunta dónde están los otros muertos y raudo responde: “En eso consiste el acuerdo con la Sedena. El Cártel de Sinaloa levanta los cuerpos de personas que elimina en enfrentamientos, pero, sobre todo, a sus muertos, a sus elementos que caen abatidos.

“De eso se trata el entendimiento que hizo este grupo criminal con jefes militares del país. Lo sabemos nosotros en la Guardia Nacional y lo saben los contrarios de Los Chapitos, de la gente del Mayo Zambada y de la fracción de los Esparragoza”.

La explicación del mando de la Guardia Nacional sobre el acuerdo también se materializa o entiende por otro elemento: la guerra con Sinaloa que sostienen el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y grupos de narcos de Michoacán.

/ sara PantoJa

A dos años del atentado que sufrió en Reforma, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, afirma en entrevista que se está recuperando, aunque su vida ha cambiado desde entonces. Y aunque admite que los delitos, el narco y la corrupción siguen presentes, sostiene que la estrategia del gobierno capitalino está funcionando. Sobre la posibilidad de competir por la jefatura de gobierno en 2024, no se descarta, pero dice que por ahora no lo distrae de su misión.

Este domingo 26 se cumplen dos años del atentado que sufrió el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar Hamid García Harfuch, y que casi le cuesta la vida. Y aunque es uno de los pilares de la estrategia que coloca a la capital mexicana como una de “las más seguras del mundo”, en el proceso penal del caso sólo hay 14 personas vinculadas a proceso de las 25 detenidas; ninguna está sentenciada y faltan más de 10 por ser aprehendidas, presuntas integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), al que el propio jefe policiaco señala como autor del ataque.

A dos años de aquella mañana, el funcionario detalla a Proceso algunos avances en el juicio y las secuelas físicas que aún padece. No obstante, prefiere dar más peso a lo hecho en la SSC a partir de entonces, incluido el combate a los cárteles de la droga que operan a nivel nacional y tienen actividades en la capital. También reconoce los pendientes que la dependencia tiene con los capitalinos y define su postura ante quienes ya lo avizoran como posible jefe de gobierno en 2024.

Desde su oficina en el piso 12 de la SSC, García Harfuch dice que pronto comparecerá ante el Ministerio Público para que continúe el juicio contra quienes le dispararon más de 400 balas de distintos calibres y granadas de fragmentación, que provocaron la muerte de sus escoltas Édgar González y Rafael Ocampo, así como de Gabriela Gómez, comerciante mexiquense, aquel viernes de 2020, a las 6:32 de la mañana en el cruce de las avenidas Paseo de la Reforma y Monte Blanco, en la colonia Lomas de Chapultepec de la alcaldía Miguel Hidalgo.

“Sé que todos los detenidos cuentan con órdenes de aprehensión por homicidio y tentativa de homicidio… Están vinculados a proceso con prisión preventiva oficiosa. Y la Fiscalía (General de Justicia de la Ciudad de México) ha hecho un ex-

Ciudad de México, “joya de la corona” para el narco: García Harfuch

Omar García Harfuch

traordinario trabajo en verdaderamente probar la participación de cada uno de los detenidos”, asegura.

Además de que la FGJCMDX asegura que sólo hay 14 personas vinculadas a proceso, el funcionario subraya: “Hay otra persona que estaba ahí, que yo identifico plenamente y todavía no está detenida. Faltan por capturar más de 10 personas, todas involucradas con el Cártel de Jalisco Nueva Generación”.

Aquel día, antes de entrar al quirófano en un hospital privado para recibir atención médica, García Harfuch fue directo al señalar –en su cuenta de Twitter– a quien él consideró el autor del ataque: “Esta mañana fuimos cobardemente atacados por el CJNG, dos compañeros y amigos míos perdieron la vida, tengo tres impactos de bala y varias esquirlas. Nuestra Nación tiene que continuar haciéndole frente a la cobarde delincuencia organizada. Continuaremos trabajando”.

Entre los procesados está quien se identificó como José Armando Briseño de los Santos, alias El Vaca, presunto jefe de sicarios del CJNG en Tonalá, Jalisco, y posiblemente involucrado en la ejecución de dos ciudadanos israelíes en julio del 2019 en la Plaza Artz.

De aquel ataque, perpetrado cuando apenas llevaba ocho meses al frente de la SSC, García Harfuch dice que físicamente se siente “mejor”, pues hace un año casi no podía hacer ejercicio, pero se ha recuperado y hace un mes recuperó más movimiento en la rodilla. “Creo que ya en un año voy a estar completamente como si nada”, confía.

Se trata de la rodilla izquierda que le operaron dos veces en menos de 48 horas y donde aún tiene alojada una bala que los médicos no pudieron sacar. “Tiene todo un anclaje, se ve una cantidad de alambres”, describe. En el brazo derecho le quedó una ligera limitación de movimiento por la placa metálica y los 27 tornillos que le colocaron. En la mano ya sólo tiene las cicatrices de un disparo con entrada y salida y de algunas esquirlas.

En su entorno personal y como funcionario también cambió su situación, pues reforzó su seguridad, los vehículos que utiliza y el operativo policiaco que implica; los lugares donde duerme, los actos públicos a los que va, siempre con acceso restringido.

“Hay muchas cosas que me gustaría hacer, pero que estoy limitado. Es complicado… Mi seguridad cambió totalmente, tan es así que a veces el gabinete es aquí. Antes del atentado, no es que fuera a restaurantes, pero ahorita vivo prácticamente en las oficinas, en distintas sedes de la policía. Y aunque tengo un lugar o dos fuera, vivo bajo limitaciones de movimiento importantes. Pero no lo digo de manera sufrida, estoy aquí por gusto y por convicción. Cuando quiera dedicarme a mi vida personal y hacer vida normal, lo puedo hacer, nada más que dejo de ser secretario”, asegura.

De encabezar operativos, ni pensarlo: “Extraño poder estar más cerca de mis compañeros que se están arriesgando muchísimo todos los días… pero creo que ir a la calle a operar, sería más estorbarles que ayudarles. Ellos tienen todo el profesionalismo. Sería un distractor el que yo fuera”.

EstratEgia quE sí funciona

García Harfuch asegura que, tras el atentado de junio de 2020, en vez de renunciar y generar “desánimo” en la corporación, se enfocó en aplicar el modelo de seguridad de cuyo buen funcionamiento está “absolutamente convencido”. Pero aclara: “Esto es muy diferente a decir que ‘en la Ciudad de México todo está bien, no hay inseguridad, no pasa nada’. ¡No, de ninguna manera! No estamos defendiendo cifras”.

Lo que quiere explicar, dice, es que dicho modelo es distinto al de otras entidades del país porque existe un mando único: la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Agrega que, “cuidando la autonomía” de la FGJ y del Tribunal Superior de Justicia locales, “hay una coordinación absoluta”.

Detalla que antes la estrategia de la policía estaba basada en detenciones en flagrancia, pero ahora hay una Subsecretaría de Inteligencia Policial con facultad de investigar, lo cual implica que, cuando hay un delito, el policía de la calle debe recabar información para pasársela a dicha área y desde ahí comienza la investigación del caso. “Nos sentimos orgullosos, como equipo, de que la ciudadanía y la propia delincuencia vean que aquí hay una policía que opera”, dice.

Otra parte de la estrategia, agrega, es el apoyo de la Guardia Nacional, las secretarías de la Defensa Nacional, de la Armada y de Seguridad Pública y el Centro Nacional de Inteligencia para el combate al crimen organizado. “Contrario a lo que la gente piensa, estamos totalmente apegados a la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador”, dice. Con ellos, presume, se ha logrado la detención de más de 80 líderes generadores de violencia en los últimos meses.

“Lo que la ciudad no hace es esperar a que el gobierno federal venga y resuelva el problema porque es delincuencia organizada. Los principales responsables de la seguridad son las propias entidades federativas. Nosotros somos quienes constantemente les estamos solicitando apoyo (al gobierno federal), pero no es ‘ven y resuélveme’, sino ‘trabajemos juntos, ya tenemos avanzada una carpeta de investigación con la Fiscalía, esto es y necesitamos el apoyo en esto’”.

/ Diana Lastiri

El pasado jueves 23 circularon en las redes sociales los audios de supuestas conversaciones telefónicas entre Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, y Emilio Lozoya Thalmann, padre del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, sobre negociaciones realizadas para allanarle el camino a éste en los procesos penales que enfrenta. Otro audio exhibe una presunta extorsión a dos empresarios para conseguir un cheque por 2 mil millones de pesos que Gertz entregó al presidente López Obrador como recuperación de dinero derivada del combate a la corrupción.

Algunas acciones de Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), fueron exhibidas de nueva cuenta en grabaciones relacionadas con casos en los que se quieren simular resultados de la lucha anticorrupción impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Una vez más fueron filtradas conversaciones telefónicas del fiscal Gertz Manero. En un caso, sobre los procesos penales contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex; en otro, un empresario confirmó la extorsión cometida desde la FGR para obtener recursos que posteriormente fueron presentados como resultados de la lucha anticorrupción.

El pasado jueves 23 fueron dados a conocer en redes sociales audios de supuestas conversaciones telefónicas entre Gertz Manero, el subprocurador Juan Ramos y Emilio Lozoya Thalmann, padre del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, sobre las negociaciones realizadas para allanar el camino al exfuncionario en los procesos penales que enfrenta.

En uno de los audios se escucha una conversación en la que Gertz le reclama a Lozoya Thalmann la tramitación de un amparo por parte de la defensa del exdirector de Pemex.

En la conversación, el fiscal le exige a Lozoya Thalmann sacar al abogado del caso –el jurista Javier Coello Trejo, según él mismo admitió en Univisión–, quien asumió la defensa del exfuncionario incluso desde antes de que éste se fugara.

Alejandro Gertz Manero (AGM): –Me acaban de notificar que tú y tu hijo se ampararon en contra de…

Emilio Lozoya Thalmann (ELT): –No, no, no.

AGM: –Bueno, me acaban de notificar

ELT: –Es un error, se adelantaron, no tiene nada que ver, no lo hicieron ni con la autorización nuestra.

AGM: –Nada más para que no vaya a haber un… yo no acepto dobles lenguajes, ¿eh?

ELT: –Para nada

AGM: –Ni las jugadas de ese pinche bandido del abogadete ese.

ELT: –Por eso lo puse en orden ayer, le pido una altísima disculpa y lo voy a reparar ahora en unos minutos

AGM: –Que se desista de inmediato porque así yo no juego, ¿eh?

ELT: –Está muy claro, te pido nuevamente una disculpa y voy a meter orden acá, estamos muy agradecidos de ayer, trabajando sobre lo que la orientación que nos indicaste

AGM: –Que se desista del amparo y ya no metas a ese cabrón por favor enfrente, porque las cosas las va a echar a perder.

Desde 2019 Coello Trejo asumió la defensa de Lozoya y en junio de ese año, en conferencia de prensa, el abogado reconoció que en aquel entonces todavía era apoderado legal de Gertz Manero y negó tener conflicto de interés por ello.

Coello Trejo representó al fiscal en el caso contra Laura Morán y su hija, Alejandra Cuevas, a quienes Gertz Manero acusó de provocar la muerte de su hermano, Federico, quien durante más de 40 años fue concubino de Morán.

En un segundo audio es el padre de Emilio Lozoya quien se comunica directamente a la FGR y pide hablar con el subprocurador Juan Ramos, mano derecha de Gertz Manero. En la conversación, Ramos le dice al papá de Lozoya que lo quiere ver para darle “algunos cuestionamientos” que le hizo directamente el titular de la FGR.

Emilio Lozoya está vinculado a proceso por asociación delictuosa y lavado de dinero en los casos Odebrecht y Agronitrogenados. A su arribo a México, en 2020, la FGR no solicitó sujetarlo a prisión preventiva ni a prisión domiciliaria, aceptó que se le mantuviera en libertad condicional pese a que permaneció prófugo de la justicia más de un año.

Desde entonces su defensa, encabezada por Miguel Ontiveros, comenzó a negociar el otorgamiento de un criterio de oportunidad a través del cual Lozoya denunció a 70 personas que durante sexenios pasados supuestamente cometieron actos de corrupción, incluidos el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray.

Un tercer audio es sobre una conversación en la que el papá de Emilio Lozoya se comunica a la oficina de Ramos para aportarle información y consultar detalles sobre la extradición de su esposa, Gilda Margarita Austin y Solís.

ELT: –Señor licenciado, muy amable primero por aguantarnos en la mañana tanto tiempo.

JRL: –No se preocupe

ELT: –Cumplo lo indicado, ya empecé a localizar lo que está en el registro, el acta de nacimiento, matrimonio; del certificado médico, hablé con su cardiólogo, me lo van a elaborar, lo tendré máximo mañana en la mañana y el comprobante de domicilio que fue lo que me pidió y consultarle si ya hay alguna noticia de cuándo llegaría (…) de lo que ustedes ordenen, el señor fiscal y usted, para cancelar el boleto para que me alcance el tiempo y como dijo él atinadamente y la aerolínea que no nos vayamos a cruzar.

JRL: –Yo no tengo ahorita noticias, y pues lo que dijo el fiscal fue algo muy claro, no sea que se vayan a cruzar.

Gilda Margarita Austin y Solís está acusada por supuestamente recibir en sus cuentas bancarias dinero proveniente de los sobornos entregados por Odebrecht a Lozoya Austin cuando era director de Pemex, a cambio de la adjudicación de contratos de obra pública. Actualmente ella permanece vinculada a proceso y sujeta a prisión domiciliaria.

El año pasado fueron dadas a conocer imágenes de Lozoya cenando en un lujoso restaurante en las Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México, algo que no le estaba prohibido. Tras el escándalo y el rechazo por parte del presidente, la FGR solicitó el cambio de medida cautelar bajo el argumento de que Lozoya actuó con “poco pudor procesal” al exhibirse en un restaurante lujoso, por lo que desde noviembre del año pasado permanece en el Reclusorio Norte sujeto a prisión preventiva justificada.

En ambos casos Lozoya negoció con Pemex un acuerdo reparatorio por 10.7 millones de dólares, 7 millones 385 mil por el caso Odebrecht y 3 millones 400 mil por la compra irregular de Agronitrogenados.

Más grabaciones vuelven a evidenciar a Gertz Manero

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Los hermanos eL mann

La nueva filtración de las conversaciones de Gertz y Ramos ya derivó en el inicio de una carpeta de investigación por intervención de comunicaciones.

Fuentes federales confirmaron que el Ministerio Público determinará si se reúnen elementos suficientes para acumular esta indagatoria a la que la FGR inició en marzo pasado por la filtración de los audios del fiscal y el subprocurador en los que hablan sobre el caso de Laura Morán y Alejandra Cuevas, que en ese momento estaba a punto de ser resuelto por la Suprema Corte.

En un audio del que Proceso posee copia, el empresario Elías Sacal Micha, fundador y miembro de la empresa de bienes raíces Fibra Uno (Funo), confirma en una conversación sostenida con dos mujeres no identificadas que la FGR extorsionó a los accionistas para conseguir el cheque por 2 mil millones de pesos que Gertz Manero entregó al presidente López Obrador como supuestas recuperaciones derivadas de las acciones de combate a la corrupción.

El empresario relató cómo en octubre de 2019 fue avisado de que la Unidad de Inteligencia Financiera mantenía bloqueadas más de 300 cuentas bancarias vinculadas a la empresa y las de los accionistas, entre ellos, los hermanos Max y André El Mann Arazi.

“El viernes me hablan de mi oficina, que todas las cuentas están congeladas y que Max y que André tuvieron que ir a la procuraduría porque los mandaron llamar. Max que no tenía nada que ver.

“Sentaron a Max y a André, nos congelaron todas las cuentas, a ver, para que te des una idea, las cuentas de Monte Sinaí, las cuentas de Fibra (Funo), todas las cuentas, nada más que en las cuentas del Zaga había 50 millones de pesos y congelaron cuentas que no eran nuestras”, indicó en la conversación.

El bloqueo se dio pocos días antes que la empresa debía pagar los repartos a sus inversionistas y, según el relato de Sacar Micha, en las oficinas de la FGR se le informó a los hermanos El Mann que las cuentas permanecerían congeladas a menos que llegaran a un arreglo en ese momento.

En esa reunión los empresarios fueron advertidos que si impugnaban o intentaban tomar otra acción, como denunciar la presión a la que estaban siendo sometidos, podían lograr liberar las cuentas pero se tardarían y terminarían incumpliendo con sus inversionistas.

Ante este escenario, los hermanos El Mann decidieron ceder a cambio de que no se diera a conocer esta operación para no afectar su imagen pública ni el valor de sus certificados bursátiles fiduciarios.

“Me presento el lunes a oficina ‘¿qué pasó?, nada, tuvimos que dar 2 mil millones de pesos y tuvimos que firmar un papel donde ellos no firmaron’ y firman un papel donde devuelven 2 mil millones y quedaron de no sacarlo en las noticias y lo primero que hicieron fue sacarlo al otro día en las noticias”, continuó Sacar.

Consultada por este semanario, la familia El Mann se deslindó de las declaraciones atribuidas a su socio en la grabación y afirmó que la entrega de los 2 mil millones de pesos a la FGR fue legal.

En febrero pasado Proceso publicó que el cheque entregado por Gertz Manero al titular del Ejecutivo provenía de acuerdos extrajudiciales y que a casi dos años de su entrega no se había podido utilizar y tuvo que ser devuelto a la FGR.

La Auditoria Superior de la Federación, en su revisión del ejercicio del gasto del 2020, ratificó que los 2 mil millones fueron regresados a la Fiscalía el 13 de abril de 2021.

La investigación “Casas abandonadas del Infonavit: Historia de negocios millonarios y una alegada trama de corrupción” –realizada por alumnos de la maestría en Periodismo del CIDE--, mostró cómo los 2 mil millones de pesos provenían de acuerdos extrajudiciales y que fueron entregados por los hermanos André y Max El Mann, como acuerdo reparatorio por su supuesta participación en un fraude al Infonavit por más de 5 mil millones de pesos.

En diciembre de 2020 la FGR solicitó órdenes de aprehensión contra los accionistas de Telra Realty, los hermanos Teófilo y Rafael Zaga Tawil y su hijo Elías Zaga Hanono, además de Alejandro Cerda y Omar Cedillo, exfuncionarios menores del Infonavit; no solicitó captura contra los hermanos El Mann pese a que ellos también están denunciados por el fraude al Instituto.

/ Camelia muñoz

El director de la Casa del Migrante en Saltillo, Alberto Xicoténcatl Carrasco, no se explica la actitud hostil de las autoridades de Coahuila y federales hacia los migrantes procedentes de Venezuela, quienes han sorteado innumerables obstáculos en su tránsito hacia Estados Unidos. Según testimonios, agentes de Migración les impidieron abordar autobuses para recorrer el tramo de la carretera federal 57, por lo que tuvieron que cubrirlo a pie. Varios de los afectados comentan a Proceso que, pese a que no pretenden quedarse en México y mostrar su permiso de situación migratoria regular, personal del gobierno estatal y de migración ordenaron no venderles boletos.

Durante su tránsito hacia territorio estadunidense, miles de migrantes, sobre todo venezolanos, han enfrentado todo tipo de obstáculos: restricciones para viajar en autobús, abusos policiacos, discriminación del personal del Instituto Nacional de Migración (INM). Nada los detuvo y a partir del domingo 12, más de 3 mil de ellos empezaron a llegar a la entidad.

Ya en territorio coahuilense, personal del gobierno estatal los obligó a caminar casi 500 kilómetros, desde Saltillo hacia Piedras Negras y Ciudad Acuña, sin justificación alguna.

A pleno sol, con una temperatura de 40 grados, la mayoría de los migrantes recorrieron largos tramos de la carretera 57 a pie, pues se les impidió adquirir boletos de autobús en líneas comerciales. De manera inexplicable, los conductores de camiones de pasajeros particulares sí pudieron trasladar a algunos de ellos sin ser molestados por autoridades migratorias o policías estatales ni municipales.

“Todo está muy oscuro”, comenta Alberto Xicoténcatl Carrasco, director de la Casa del Migrante en Saltillo. No se explica la conducta de las autoridades coahuilenses y federales hacia los migrantes, sobre todo a los procedentes de Venezuela.

“Es difícil entender lo que está pasando. No sabemos si efectivamente hay un desorden; si cada quien da una orden diferente o si hay un castigo político desde la federación al estado. No sé si es con fines políticos o realmente es ineficiencia y estas políticas van encaminadas a violentar los derechos humanos”, señala el activista.

El maltrato a la caravana de migrantes demuestra que ni las autoridades federales ni las de Coahuila garantizan los derechos de miles de personas que caminan hacia la frontera con Texas; según los testimonios de los afectados, personal del gobierno estatal y del INM ordenaron no venderles boletos.

Y cuando la reportera solicitó información a los responsables de esa dependencia federal, nadie accedió a ser entrevistado.

El gobierno de Coahuila colocó casi una docena de retenes en la entidad para impedir el avance de los migrantes que iban en los camiones, pero ninguna autoridad obstruyó el paso a quienes llegaban caminando a la frontera.

Para el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, esa conducta es un claro abuso por parte del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, cuyo gobierno “es una vergüenza”.

“Yo no sé para quién gobierna. No sé para qué acepta el salario, para qué acepta el cargo. Si aquí violó los derechos al cerrar una plaza en Saltillo, qué no va hacer con los extranjeros. Es una vergüenza”, reiteró.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, Hugo Morales Valdés, asegura que no hay observaciones para las autoridades estatales, aunque abrió una investigación por lo ocurrido en el municipio de Nava, donde migrantes hondureños denunciaron que policías aventaron a una mujer de una de las tres patrullas en la que los transportaban con engaños. Los afectados, por su parte, aseguran que seis de sus compañeros están desaparecidos.

Para el ómbudsman estatal, corresponde al INM “valorar si cuentan con el permiso adecuado para estar en la zona fronteriza”, pues, dice, “fue esa dependencia la que emitió un oficio con esa petición a las empresas para que no vendieran los boletos y verificar esa condición migratoria. Nosotros sólo somos observadores y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no se ha hecho presente”.

En protestas que organizaban, así como en los lugares por donde pasaban, los migrantes mostraban sus permisos. La parte frontal de la tarjeta verde obtenida en Chiapas –que Proceso pudo revisar– incluye la leyenda de que los documentos se expidieron “por razones humanitarias” para acreditar su “situación migratoria regular en México y permite entradas y salidas múltiples”.

Esos documentos han sido recibidos de manera discrecional por las autoridades en la frontera norte, lo que genera confusión entre quienes los recibieron en Chiapas, cuando se internaron en territorio nacional.

Coahuila: migrantes venezolanos denuncian tratos inhumanos

Alberto Xicoténcatl Carrasco

Caos migratorio

En los retenes ubicados en los límites con Nuevo León, en los de Monclova y la región carbonífera no hay presencia del INM. Las revisiones a las unidades del transporte de pasajeros están a cargo de elementos de la Policía Civil de Coahuila, quienes el lunes 13 cerraron el paso a los autobuses que trasladaban a los migrantes y los obligaron a retornar a Monterrey o Saltillo, desde donde salieron.

Los pasajeros descendieron de las unidades y se enfrentaran con los uniformados. Luego reanudaron su peregrinaje sobre la carretera federal 57. Los días posteriores comenzaron a circular fotografías de hombres cargando niños de dos a seis años, así como a mujeres embarazadas y adolescentes, fastidiados de caminar bajo los rayos del sol.

El director general de coordinación de oficinas de representación del INM, Héctor Martínez Castuera, declaró que los permisos que llevaban los migrantes no eran válidos para transitar por los estados fronterizos. No obstante, la dependencia federal no llevó a cabo ningún operativo para asegurar a los migrantes. De los casi 3 mil que habrían pasado por Coahuila sólo hizo dos vuelos para llevar a Villahermosa a unas 250 personas, de origen centroamericano, principalmente.

Alonso Garza Treviño, obispo de Piedras Negras, quien fue nombrado vocero de la Provincia Eclesiástica de Monterrey, en la cual participan los obispos de Ciudad Victoria, Matamoros, Nuevo Laredo y Tampico, en Tamaulipas; Linares y la capital de Nuevo León, así como de Saltillo, Coahuila, cuestiona esa versión:

“Tengo copias de esos documentos. Los tengo en mi poder y en ningún lado dicen que no pueden llegar a los estados fronterizos. No sé si es verdad o si alguien lo inventó. Si es verdad, está muy mal que cuando están en Chiapas no les digan eso”.

Garza Treviño agrega que las autoridades deben saber que los migrantes buscan llegar a Estados Unidos; “como mexicano, me atrevo a suplicar” que se les explique la situación; “se me hace inhumano y altamente injusto lo que se les hace a los migrantes”. En algunos casos los migrantes tuvieron que pagar hasta 2 mil 500 pesos por un boleto que no les sirvió para llegar a la frontera.

Sin embargo, ese lunes 13, el secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes Hernández, señaló que las autoridades estatales dieron la orden de no permitirles a los migrantes abordar unidades en las centrales de autobuses después de que el INM les informó que con los permisos emitidos los migrantes no deben llegar a los estados fronterizos.

“Se dio la advertencia: no pueden vender boletos (a los migrantes) si (éstos) no demuestran su estancia legal en el país”, dijo Fuentes Hernández. La orden impidió a los migrantes abordar un autobús.

El mismo lunes 13 por la noche y tras protestas en distintos puntos de Saltillo, incluida la que se llevó a cabo en el Palacio de Gobierno, el fiscal de delitos contra Migrantes, Vidal González Orozco, dio salida a 176 venezolanos que viajaron en cuatro autobuses, previo pago.

Y aun cuando los migrantes rechazaron dar la identificación de a quién le pagaron alrededor de 800 pesos para trasladarse a Piedras Negras, una de las personas que organizaba el abordaje a las unidades era Amber Carpenter, quien se identifica como defensora de los derechos de los migrantes y es representante del albergue Casa Alegre Hogar del Inmigrante, donde llegan directamente los extranjeros.

Carpenter aseguró tener un acuerdo con las autoridades estatales para permitir el traslado de los venezolanos y de personas de otras nacionalidades que cuenten con sus permisos de estancia temporal o la llamada “tarjeta verde”.

“Toda la gente tiene permiso migratorio. Cuentan con pasaporte y traen el permiso que les dieron desde abajo (en Chiapas); traen la tarjeta verde”, señaló al justificar la autorización que obtuvo del gobierno estatal.

Y si bien aclaró que esa fue la única ocasión en que se les permitió usar las unidades para el traslado, las cuales fueron custodiadas por elementos estatales hasta llegar al río Bravo, en la ciudad de Piedras Negras. El lunes 20 fueron utilizadas dos unidades más con el mismo propósito.

Ese día Carpenter incluso intentó impedir que se tomaran videos o fotografías. Aseguró que había un comandante en el lugar –sin identificar de qué corporación–, pero sólo se observaron personas que a la salida del primer autobús se reunieron con ella en el estacionamiento del parque Venustiano Carranza.

Por su parte, González Orozco aseguró que las protestas de los migrantes se originaron porque todos buscaban salir al mismo tiempo, lo que fue imposible porque las empresas de transporte no contaban con suficientes unidades.

Respecto a los motivos para no permitir el uso de otro tipo de transporte a quienes portan los mismos permisos que tiene el grupo autorizado a Carpenter, González Orozco se limitó a decir que el INM es quien debe definir si esos documentos validan o no su estancia legal.

Consorcio 4T, la estructura de Bejarano para 2024

Con su dirigente René Bejarano en bajo perfil, la organización Consorcio 4T se fundó con el propósito de impulsar al o a la aspirante presidencial de Morena y obtener puestos de elección popular, para lo cual se plantea formar una estructura electoral paralela a la del partido. Entre tanto, sus integrantes e impulsores se han incrustado en varias posiciones importantes del gobierno lopezobradorista. Un mes antes de que la dirigencia nacional de Morena convocara a preparar las elecciones del Estado de México y Coahuila para 2023, una corriente encabezada por René Bejarano y Dolores Padierna ya había anunciado la integración de una estructura electoral para la sucesión presidencial de 2024.

Consorcio 4T es el nombre de la nueva organización. Su dirigente es la bejaranista Leticia Quezada y su estructura fue presentada el 16 de mayo, en medio de las disputas internas de Morena que habían dado al traste con la posibilidad de iniciar el proceso de afiliación y reafiliación para renovar su padrón, es decir, su estructura formal hasta ese día.

En el contexto de la carrera por la candidatura presidencial, inaugurada por el presidente López Obrador el 11 de junio de 2021, la estructura de Morena se convirtió en objeto del deseo de los aspirantes, a quienes Mario Delgado debió llamar a que eviten meterse en el proceso interno que está por iniciarse.

Desde septiembre el conflicto entre morenistas por el control de dicha estructura provocó una división del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, debido a la designación del senador Alejandro Peña como responsable de afiliación y credencialización de militantes, que el dirigente Mario Delgado Carrillo impuso, atropellando las funciones de la Secretaría de Organización, a cargo de Xóchitl Zagal.

Alejandro Peña ha sido el brazo derecho y es el senador que suple a Gabriel García Hernández, quien hasta hace un año estuvo al frente de las “superdelegaciones” del gobierno federal, cargo que tuvo como función inicial integrar la estructura de los Servidores de la Nación y, con ellos, renovar los padrones de beneficiarios de programas sociales mediante el llamado Censo del Bienestar.

Conocido como “el señor de los padrones”, García Hernández salió del gobierno el 24 de junio de 2021, apenas pasada la elección intermedia. En su lugar llegó Carlos Torres, hijo del veterano de izquierdas homónimo, amigo de los hijos del presidente López Obrador y quien hasta entonces fue secretario técnico de la Oficina de la Presidencia.

Los cambios de superdelegados se iniciaron casi de inmediato y favorecieron con cargos estratégicos al grupo de Bejarano-Padierna. Mientras tanto Gabriel García se aproximó a la dirigencia nacional de Morena, colocó a otros de sus incondicionales en el comité nacional y se preparaba para construir junto con Peña el nuevo padrón.

Sin embargo, el 26 de octubre Mario Delgado lo designó delegado especial del partido en Oaxaca, un acto que quedó sin efecto al día siguiente, pues el presidente López Obrador envió a García Hernández a Torreón para hacerse cargo del proyecto Agua Saludable para la Laguna.

En ese contexto, el proceso de reafiliación se vio atropellado y finalmente suspendido: los lineamientos para la afiliación y credencialización de militantes fueron emitidos el 22 de septiembre por el comité nacional; el 12 de octubre fueron aprobados por el propio comité y días después fueron ratificados por el Consejo Nacional.

La sesión del Consejo Nacional, el 1 de noviembre, fue acalorada. En su intervención, Paco Ignacio Taibo II llamó a Mario Delgado a renunciar si no entendía el desprestigio de Morena que entrañó la postulación de expriistas. El duro discurso de Taibo fue difundido por John Ackerman, quien por su parte acusó a Delgado de estar construyendo una estructura paralela a la del partido.

Con todo, los lineamientos fueron aprobados por el Consejo Nacional con 70 votos a favor, 27 en contra y cuatro abstenciones. Aunque la secretaria de Organización, Xóchitl Zagal, impugnó la emisión de los lineamientos, el 17 de noviembre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó sus reclamos.

El proceso quedó suspendido por el inicio de los procesos electorales en seis estados y la reanudación se vio factible hasta el anuncio de Delgado.

Dolores Padierna y René Bejarano

El avancE dE BEjarano

La designación de Ariadna Montiel como secretaria del Bienestar, el 11 de enero de este año, significó un avance para Bejarano, quien para entonces había tomado posiciones en la operación de la política social.

La acusación sobre Ricardo Monreal, en guerra abierta con el bejaranismo, fue incluso deslizada por Taibo en la mencionada sesión del Consejo Nacional: había operado en contra “del movimiento” en las pasadas elecciones capitalinas.

La sospecha sobre Monreal se debe destacadamente al resultado en la alcaldía Cuauhtémoc, añejo bastión lopezobradorista donde la candidata era Dolores Padierna. Monreal había resentido desde febrero de 2021 el posicionamiento de los bejaranistas en la Ciudad de México. Movimiento espejo: apenas pasada la derrota capitalina del morenismo bejaranista, el primer cambio en la operación de programas sociales ocurrió en la Ciudad de México, a través de un grupo filobejaranista, cuyo avance es notable:

Han ocupado la alcaldía de Azcapotzalco en dos ocasiones; se incrustaron en diferentes áreas del gobierno, señaladamente en la política social, la Secretaría de Seguridad así como en la Ayudantía Presidencial y, en ese cuerpo encargado de asistir al presidente López Obrador, en sustitución del Estado Mayor, colocaron a uno de sus cuadros, Estefany Correa García, quien es desde el año pasado la “superdelegada” de la Ciudad de México.

Se hacen llamar la “Brigada Roja” y, aunque se presentan en sus redes sociales como un “grupo juvenil” que forma parte de la llamada #RedAMLO, el mando lo tiene la familia Vargas, de Azcapotzalco.

El 2 de julio de 2021, al día siguiente del tercer aniversario del triunfo lopezobradorista, Correa García fue designada coordinadora estatal de Programas de Bienestar en sustitución de María Cristina Cruz Cruz.

Cruz Cruz fue parte de la estructura electoral capitalina de Gabriel García Hernández, el otrora “padronero” de la 4T, junto con Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, hoy titular del Instituto Nacional de Educación para los Adultos, pero quien hasta marzo de 2021 se hizo cargo de la estructura nacional de los Servidores de la Nación.

La salida de Cruz ocurrió el 1 de julio, una semana después de que García Hernández dejara, el 24 de junio, la Coordinación General de Programas de Desarrollo. Se convirtió en la primera funcionaria de su grupo político en ser despedida del gobierno. A mediados de agosto, Cruz Cruz fue incorporada al comité nacional de Morena como secretaria para el Fortalecimiento de Ideales y Valores Morales, por la mediación de García y de su operador, suplente en el Senado, Alejandro Peña Villa.

Hasta el pasado 1 de junio Estefany Correa se desempeñaba como integrante de la Ayundantía Presidencial, bajo las órdenes de otro amigo de los hijos del presidente, Daniel Asaf. Ese fue el único empleo en su trayectoria, pues según el currículum que incluyó en su declaración patrimonial, su experiencia se limita a ser “enlace” de la estructura electoral de Morena en 2018 y un empleo temporal, durante 2012, como capturista en el Instituto Electoral de Querétaro.

Azcapotzalco es un bastión intermitente de la familia Vargas, un clan que permaneció en las filas del PRD hasta enero de 2018, durante la transición perredista que iniciaron, en septiembre de 2017, René Bejarano y Dolores Padierna con su facción Izquierda Democrática Nacional (IDN).

Para entonces el bejaranista clan de los Vargas, especializado en operación electoral, había iniciado su ascenso:

Laura Velázquez Alzúa fue delegada en Azcapotzalco entre 2003 y 2006, durante el periodo en que López Obrador fue jefe de gobierno capitalino. Al sexenio siguiente Velázquez se desempeñó como secretaria de Desarrollo Económico bajo el gobierno de Marcelo Ebrard, coincidiendo con el período en el que su marido, Enrique Vargas, fue jefe delegacional en Azcapotzalco (2009-2012).