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LUNES 26 DE JULIO DE 2021
Solidaridad con el pueblo cubano Fernando Herrera
C
uba vive un momento histórico, quizá el más importante de los últimos 70 años. El pueblo ha tomado las calles, harto de la dictadura que se ha comido, desde las entrañas, lo que alguna vez fue una Nación próspera. El efecto de la pandemia de covid-19, combinado con las carencias que viven millones de familias cubanas, fue la gota que derramó el vaso. Los ojos voltearon de inmediato a la isla, porque en décadas no se había visto un estallido social como el ocurrido el 11 de julio. Por primera vez, desde que Castro tomó el poder en 1959, el pueblo se levantó contra el gobierno (en este caso el de Miguel Díaz Canel).
Las lecciones de Cuba y de lo que ocurre hoy ahí, son muchas. Aunque no existen cifras oficiales de pobreza, la Organización de los Estados Americanos (OEA) estima que actualmente el 80% de los cubanos vive en esas condiciones y no tiene acceso ni siquiera a servicios tan elementales como el agua potable, la energía eléctrica y la atención médica. En sesenta años, el castrismo pulverizó, así nada más, las esperanzas y las oportunidades de muchas generaciones. Sin embargo, la revolución cubana es, por sí misma, uno de los episodios más significativos del siglo pasado. La historia de Fidel, del Che Guevara, del comandante Camilo Cienfuegos y otros artífices del movimiento armado que sacudió al
planeta entero, fue la inspiración de muchas revoluciones alrededor del mundo, incluidos varios países de América Latina. Decir que lo uno, fue consecuencia de lo otro, sería injusto y poco objetivo. Cada uno de estos capítulos tiene sus propias condiciones. Lo que sí es inobjetable es que el movimiento guerrillero (y después político) de Fidel, desembocó en una feroz dictadura que encontró los mecanismos para autorregularse y mantenerse por décadas, a costa de la vida de millones de cubanos. Exculpar al régimen castrista por factores externos, como las sanciones económicas interpuestas de Estados Unidos, sería absurdo (pues estas fueron la consecuencia de la alineación con el comunismo soviético). Ahí está la implantación de una economía de Estado que destrozó toda inversión y capital privado, condenando al pueblo a las dádivas y parámetros del gobierno cubano. Eso no hay a quien achacarselo. Hoy, a pesar de los actos de intimidación, represión y persecución por parte
Exmilitares colombianos “Fuerza letal de exportación” / Rafael Croda La fotografía es inequívoca: aparecen el presidente de Colombia, Iván Duque, y el empresario venezolano Antonio Intriago, propietario de la compañía de seguridad que contrató a los exmilitares colombianos detenidos en Haití por participar en el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Intriago está relacionado con grupos conservadores de exiliados latinoamericanos en Miami, donde reside y donde, según Duque, fue tomada la fotografía el 10 de febrero de 2018, cuando él era candidato presidencial y encabezó un acto de campaña con colombianos residentes en esa ciudad. Duque sostiene que no tiene vínculo alguno con Intriago y hasta ahora no hay indicios que impliquen a su gobierno con los exmilitares que asesinaron a Moïse. Pero tanto la oposición colombiana como el régimen que encabeza Nicolás Maduro en Venezuela han exhibido la fotografía como una muestra más de la sintonía de la ultraderecha colombiana con personajes turbios y como una pieza circunstancial que debe ser tomada en cuenta en la investigación. Intriago, cuyo paradero se desconoce, es propietario de CTU Security, empresa con base en Florida que pagó el viaje a Haití de al menos 19 de los exmilitares colombianos que participaron en el magnicidio de Moïse. El empresario, quien tiene un historial de quiebras y deudas sin pagar en Estados Unidos, también aparece en fotos con el expresidente de Colombia y líder del gobernante Centro Democrático, Álvaro Uribe, y con prominentes figuras de ese partido ultraderechista. Aunque el gobierno de Duque sostiene que es ajeno a la participación de exmilitares colombianos en la operación del miércoles 7, en la que fue asesinado el mandatario haitiano, para diversos sectores en Colombia existe una responsabilidad institucional y política que debe ser aclarada. El senador Iván Cepeda dice a Proceso que esta semana citará a un debate de control político al ministro de Defensa, Diego Molano, para que explique al Congreso y al país “cómo es posible que un grupo tan numeroso de exmilitares haya participado en un acto criminal en otro
país y cómo es posible que las instituciones de Estado digan que el hecho escapa a su control”. Sobre todo, señala el legislador opositor, cuando las fuerzas militares y de policía y el propio gobierno “se jactan de sus servicios de inteligencia”. El asesinato de Moïse, afirma Cepeda, “está todavía en proceso de ser esclarecido y hay mucho por desenredar sobre la participación de Colombia o de ciudadanos colombianos en ese asunto”. Para el senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo, en la conspiración contra Moïse “hay un entramado que pasa por Miami con una serie de personajes cuyo rol no está claro y cuyo nexo con personas influyentes en Colombia tampoco está claro”. Lo que hasta ahora se sabe es que el complot contra el presidente haitiano se planificó en Miami y que para ello hubo reuniones en la sede de la empresa CTU Security en las que participaron Intriago, los colombianos Arcángel Pretelt (exmilitar), Ronald Ramírez (expolicía) y Jonathan Rivera, y los haitianos James Solages y Christian Emmanuel Sanon, quien según la Policía Nacional de Haití fue el líder del complot. También está acreditado que Jonathan Rivera implicó en los planes a su hermano Germán, capitán retirado del ejército, y al exsargento Duberney Capador, a quienes la policía de Colombia señala como principales reclutadores de los 22 exmilitares colombianos que viajaron a Haití y como los organizadores de la operación armada contra Moïse. La policía colombiana, que participa en la investigación del magnicidio junto con las autoridades haitianas y agencias estadunidenses, como el FBI, afirma que al menos 24 exmilitares colombianos estuvieron implicados en el operativo que culminó con el asesinato de Moïse. Los militares en retiro, que en su mayoría tienen entre 40 y 50 años, fueron parte de unidades de élite del ejército, tienen experiencia en guerra contrainsurgente y algunos de ellos fueron entrenados en Estados Unidos. Según datos del ministerio colombiano de Defensa, sólo en los últimos 10 años se han retirado unos 100 mil militares, la
mayoría con pensiones que oscilan entre los 300 y 500 dólares, y con sus capacidades de combate en plenitud, lo que les abre las puertas en el negocio de la seguridad en Colombia y en el extranjero. Cientos de ellos forman parte del ejército de Emiratos Árabes Unidos y han combatido a los rebeldes hutíes en Yemen, lo que los convierte en mercenarios con ingresos de entre 2 mil y 3 mil dólares mensuales, unas 10 veces más de los montos de sus pensiones. “Somos berracos (aguerridos) soldados profesionales suboficiales y oficiales entrenados para matar, somos (la) reserva activa, somos fuerza letal de exportación de la patria pa lo k se ofresca (sic)”, escribió en un chat de WhatsApp de exmilitares un suboficial en retiro que se identifica como “SMCC Rambo 3” en esa red social. De los 24 exmilitares colombianos implicados en el complot contra Moïse, tres murieron en un aparente enfrentamiento con la policía de Haití, tres más escaparon y 18 fueron capturados y están detenidos en Puerto Príncipe, donde esta semana (a partir del lunes 26) se entrevistarán por primera vez con un grupo de funcionarios consulares de Colombia que viajó a ese país caribeño. Para el doctor en ciencia política Juan Gabriel Gómez Albarello, el gobierno de Duque, que rechaza los acuerdos de paz con las FARC y que mantiene congelados aspectos fundamentales de su implementación, como la reforma agraria, tiene un discurso “militarista y de mano dura” que estimula a muchos integrantes de la fuerza pública a cruzar los linderos de la legalidad. “Una señal reiterada que ha dado Duque es que va a proteger a todos los militares y policías que se pasen de la raya”, dice a este semanario el investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. El integrante de la Red Latinoamericana de Seguridad de la Fundación Friedrich Ebert, Mariano Aguirre, señala que los discursos militaristas y de mano dura forman parte de un clima político que el gobernante Centro Democrático “ha fomentado ahora y durante años contra el acuerdo de paz, la reconciliación y la justicia transicional (la JEP).
del gobierno de Díaz Canel, los cubanos continúan en pie de lucha, valiéndose de las redes sociales para denunciar y hacer visible lo que acontece en la isla. En alguna ocasión el exembajador de España, Carlos Alonso Zaldívar, dijo en una entrevista que no tenía duda de que Cuba era una dictadura, “una dictadura sí, pero con un amplio respaldo popular”, y eso puede confirmarse también en las contraprotestas orquestadas por el régimen, que han tenido eco entre la población. No sabemos cuál será el desenlace de este nuevo capítulo en la historia de Cuba, pero sí que ante las violaciones de Derechos Humanos y frente al actuar de una dictadura, lo menos que podemos hacer es manifestar nuestro rechazo y condenar de manera enérgica cualquier acto de violencia contra nuestros hermanos cubanos. Por lo pronto, toda mi solidaridad con el pueblo cubano y un mensaje de fuerza y esperanza que nace de lo más profundo de los lazos culturales que nos hermanan: ¡Patria o vida desde México!
“Cuando en una sociedad mucha gente no cree en el sistema de justicia y considera que los conflictos se arreglan a tiros, al final resulta normal integrarse en el crimen, en un grupo de guerrilla o trabajar de mercenario”, asegura el maestro en estudios sobre paz y conflicto. Gómez Albarello, por su parte, afirma que Duque aplica una política de “tapentapen” en las investigaciones de los integrantes de la fuerza pública involucrados en el asesinato de medio centenar de manifestantes durante el estallido social que vivió el país entre mayo y junio pasados. “Duque es un presidente que, para no hacer concesiones a quienes se manifiestan, está dispuesto a matar un montón de gente, y tú me puedes citar así, porque estamos hablando de 54 muertos y unos 70 desaparecidos en estas protestas, y eso es decirle al pueblo colombiano ‘si usted se atreve a levantarse, a protestar, nuestra respuesta será letal’”, afirma el académico. En este contexto, asegura, “los militares y policías, que son los instrumentos de la represión, se sienten muy protegidos” por Duque y por el mentor político de éste: Uribe. Ambos, agrega el politólogo, forman parte “de esta coalición de extrema derecha que se ha creado en América Latina y que está dispuesta a utilizar diferentes medios para atacar a sus enemigos, defender sus intereses y mantenerse en el poder o recuperarlo”. Gómez Albarello menciona, como ejemplo, una operación militar que se desarrolló en mayo del año pasado desde Colombia con el propósito de derrocar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y la cual, según testimonios de varios de los involucrados, contó con el pleno respaldo de los servicios colombianos de seguridad. En la llamada Operación Gedeón participaron unos 60 exmilitares y venezolanos que fueron entrenados en el caribeño departamento colombiano de La Guajira por dos exmilitares estadounidenses. Cepeda dice que lo que se ha visto en los últimos años es “una creciente intervención de autoridades, particulares y militares colombianos supuestamente retirados, en asuntos de otros países, con el propósito de favorecer intereses políticos de la extrema derecha”. Algunos de estos actos, agrega el legislador, son “injerencistas, han sido abiertamente ilegales y nunca se han investigado a fondo, así que aquí la gran pregunta es qué papel está jugando Colombia en el entramado de relaciones internacionales”.
