LUNES 22 DE FEBRERO DE 2021 / Arturo Rodríguez Servidores públicos con posible conflicto de intereses o cuyas trayectorias se cruzan con escándalos de corrupción han sido integrados por el gobierno de la 4T a la conducción o la administración de programas sociales que el presidente Andrés Manuel López Obrador considera prioritarios. Son los casos de José Genaro Montiel Rangel, funcionario responsable de elaborar contratos que actualmente están bajo investigación y que fueron signados durante la gestión de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública, así como de Rodolfo Héctor Hugo Arroyo del Muro, quien fue director financiero en el capitalino Instituto de la Vivienda, durante la dirección de Raymundo Collins Flores, sobre quien pesan órdenes de aprehensión por presuntos pagos irregulares. También está el de Karla Paulina Salazar Ramos, actual responsable del programa de becas Jóvenes Escribiendo el Futuro y cuyo empleo inmediato anterior fue en la Fundación Kybernus, de Ricardo Salinas Pliego, el presidente de Grupo Salinas, cuyo Banco Azteca es uno de los encargados de la dispersión de las ayudas económicas a población en desventaja. Instrucción presidencial desatendida El 26 de marzo de 2020, el entonces secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, emitió un oficio en el que transmitió a todos los integrantes del gabinete legal y ampliado “la instrucción presidencial” de suspender a todo servidor público vinculado con Genaro García Luna, extitular de la Secretaría, y apuntaba un objetivo: “Evitar cualquier relación de complicidad con los anteriores gobiernos, en particular con el gobierno de Felipe Calderón”. Ese mismo día todas las dependencias y entidades emitieron dicha orden a sus principales funcionarios, la cual, sin embargo, logró evadirse en la Secretaría del Bienestar (Sebien), pues la titular, María Luisa Albores, nombró como abogado general a José Gerardo Montiel Rangel, quien durante 2010 y 2011 se desempeñó
Funcionarios ligados a la corrupción operan programas de la 4T como titular de la Dirección General Adjunta de Contratos y Normas, cuando Genaro García Luna fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública. La responsabilidad de Montiel Rangel, mencionada inclusive en su declaración patrimonial, era elaborar todos los contratos, convenios e instrumentos jurídicos de la dependencia, precisamente el periodo en que la Fiscalía General de la República revisa las contrataciones irregulares como una de las fuentes de enriquecimiento inexplicable que intenta imputar al ex funcionario calderonista, actualmente detenido en Estados Unidos. La estrella de Montiel siguió brillando, pues luego de un breve paso por Pemex como asesor en materia de transparencia, se convirtió en 2012 en director general de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Salud; es decir que fue responsable de todas las compras de la dependencia, incluidas las medicinas que con frecuencia refiere el presidente López Obrador como parte de un esquema de corrupción. Para 2014 ascendió. Con José Narro como secretario de Salud fue director general de Programación y Presupuesto hasta el último día del sexenio de Enrique Peña Nieto. Cinco meses después Albores lo incorporó a la Secretaría del Bienestar como abogado general. En ese cargo no logró cumplir un objetivo prioritario: elaborar una propuesta aceptable de reglamento interior, pese a que a esa dependencia se le vencieron desde 2019 los plazos legales para emitirlo. Cuando el 2 de septiembre Albores fue nombrada secretaria de Medio Ambiente, se llevó con ella a Montiel Rangel, quien está en el área que revisa las manifestaciones de impacto ambiental.
Rodolfo Héctor Hugo Arroyo del Muro | Foto Gobierno de México Administrador bajo la lupa En el primer año de gobierno de López Obrador fue creada la Coordinación Nacional de Becas del Bienestar Benito Juárez en sustitución de Prospera, Programa de Inclusión Social, que pasó de la Sebien a la SEP. En dicha coordinación Rodolfo Héctor Hugo Arroyo del Muro fue designado director general de Administración y Finanzas. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha identificado irregularidades en el manejo de los recursos de dicha coordinación, encargada de operar uno de los programas emblemáticos del sexenio: los cuatro de becas que prevén apoyo a estudiantes pobres de todos los niveles educativos. Funcionario con 30 años de trayectoria, el empleo inmediato anterior de Arroyo del Muro fue en el gobierno de la Ciudad de México, específicamente como director de Finanzas en el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi), entre 2015 y 2018, precisamente el periodo en el que se identificaron irregularidades que origina-
Así es esto
Transparencia, 3 años Rubén Díaz López y Brenda Michelle Solís Acevedo
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os informes son claves en el combate a la corrupción; como dicen Sergio López-Ayllón y Merino, la rendición de cuentas se crea con tres pilares fundamentales: información, su justificación y la eventual sanción, es decir la revisión. Esta semana se entrega por el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes el informe 2020, que se ciñe en este sentido a un enorme entramado jurídico y administrativo que integran esos tres pilares, dirigido justamente a que el ejercicio de los recursos públicos se haga de forma transparente y apegada a derecho. Además, después de tres años, un mes y veintitrés días entregamos los cargos de comisionado y secretaria de acuerdos en el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, los resultados ahí están, nuestras resoluciones hablan por nosotros, es la gran ventaja de la transparencia y este mundo digital, todo está a la mano y se puede consultar. Pero siempre es bueno señalar algunos números: resolvimos 419 expedientes, de los cuales confirmamos la respuesta de los sujetos obligados en 156, sobreseímos en 109, desechamos solo 8 y revocamos en 146. En estos tres años, en nuestras resoluciones además procuramos privilegiar el principio pro persona a través de tres criterios orientadores, cuyo fondo siempre busca ampliar el derecho de acceso a la información (DAI) y no limitarlo; así, evitamos desechar recursos de los ciudadanos a través de dos criterios: SUPLENCIA DE
LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. PROCEDE EN EL SUPUESTO QUE EL RECURRENTE SEA OMISO EN DAR A CONOCER SUS MOTIVOS O RAZONES DE INCONFORMIDAD así como el de rubro RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE SU DESECHAMIENTO AUN CUANDO SE IMPUGNE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN, SI SE ADVIERTEN ELEMENTOS QUE PRESUMAN SU FALSEDAD. Por otra parte, para privilegiar el derecho de petición, generamos el siguiente: CONSULTAS. FORMA DE PROCEDER DE LOS SUJETOS OBLIGADOS TRATÁNDOSE DE. Al mismo tiempo, emitimos sendos votos particulares en diversos asuntos, la unanimidad de votación en una democracia es sospechosa, por ello, no tuvimos empacho en votar asuntos en contra, cuando no se ajustaban a nuestro criterio El principio de máxima publicidad fue un eje, y estoy seguro lo seguirá siendo, en las resoluciones, en este sentido revocamos diversas reservas de información que algunos sujetos obligados (los menos) habrían realizado, los casos que más recuerdo es el tema de Nissan 2; los recursos de gestión social y su destino en el caso del Congreso del Estado; los montos de deuda del FIADE, entre otros. En este ejercicio de privilegiar el acceso a la información, confirmamos el menor número de reservas, cuando el sujeto obligado tenía razón de ello, en este sentido, en sólo dos asuntos de nuestra ponencia ratificamos estos supuestos.
ron los procesos sobre Raymundo Collins Flores, sobre quien pesan tres órdenes de aprehensión y quien está prófugo. La Auditoría Superior de la Ciudad de México identificó un desfalco de 400 millones de pesos del presupuesto del Invi por el ejercicio fiscal de 2016, un asunto en el que se basó la primera imputación de la fiscalía capitalina que terminó ampliándose a enriquecimiento inexplicable. El pasado 30 de octubre, agentes de las fiscalías de la Ciudad de México y del estado de Morelos catearon una residencia de familiares de Collins en Tequesquitengo, en la que aseguraron 41 automóviles clásicos, obras de arte, cuatrimotos, una motocicleta y una lancha, propiedades del exfuncionario, quien no las declaró conforme lo exige la ley. Hasta ahora, los datos sobre otros exfuncionarios presuntos implicados en la investigación que realiza la fiscalía capitalina se han mantenido bajo la mayor secrecía, si bien en la auditoría correspondiente a 2016 se observa que los pagos irregulares fueron efectuados entre otras empresas a favor de Grupo Constructor y Consultor DIC, propiedad del empresario Servando Montoya Tinajero. La irregularidad consiste en pagos en demasía y sin fundamento jurídico para construir 325 viviendas en un multifamiliar ubicado en Paseo de Los Olmos 110, colonia Colinas de Tarango, alcaldía Álvaro Obregón. El antecedente es relevante en el caso del administrador de Becas del Bienestar, Arroyo del Muro, pues las conclusiones preliminares de la Auditoría 560-DS de la ASF respecto al manejo de más de 567 millones de pesos pendientes de aclarar por el ejercicio fiscal 2019 (Proceso 2311) incluyen a seis servidores públicos a los que deberá abrirse proceso administrativo.
Como lo hemos sostenido en diversos foros, nuestra ley actual solo contempla la entrega de un informe al legislativo, un ejercicio de una sola vía que no fomenta una retroalimentación, una crítica, una réplica, al menos no en el sentido jurídico. Ahora, corresponderá justamente a los legisladores hacer un escrupuloso análisis del mismo, no hay que tener miedo a la crítica, por el contrario, consideramos que el debate forma parte de una sociedad democrática. Por esto mismo, presentamos este pequeño artículo, sirve para mostrar algunos de nuestros resultados. Este año, que es encrucijada para los organismos autónomos, atento a las embestidas que se ciñen sobre ellos, consideramos fundamental aún más, emprender estos ejercicios de rendición de cuentas, pues nuestro gran reto es seguir permeando en los estratos sociales; hasta hoy, los sectores que usan las herramientas que brinda el Sistema Nacional de Transparencia, son firmes opositores a la desaparición de los autónomos en general, y del INAI en especial, entre más mostremos a la generalidad de la población los beneficios de los autónomos, menos será la posibilidad de que se destruyan estos nuevos contrapesos creados por el constitucionalismo mexicano. Hoy que terminamos orgullosamente nuestros encargos, agradecemos a todos nuestros compañeros del ITEA por este aprendizaje, por los buenos y malos momentos, por la tolerancia, en suma, por ser durante estos últimos años, nuestra segunda familia. Emprendemos, cada uno por su lado, sendos proyectos que por ahora nos alejarán de la transparencia, estamos conscientes que se quedan muchas cosas en el tintero, aún hay muchos retos y áreas de oportunidad, pero sabemos, que será justamente todo el personal del ITEA, quienes seguirán avanzando para consolidar el DAI. bmichelle_solis@hotmail.com rubendiazlopez@hotmail.com
