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Staff
CimaCnotiCias
Un grupo de 146 organizaciones de la sociedad civil exhortó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a nominar mujeres como candidatas para ocupar la vacante que en diciembre dejará el ministro José Fernando Franco González Salas, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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A dos meses de que concluya su cargo el actual ministro, 146 organizaciones de la sociedad civil y 174 personas de la academia y defensoras de Derechos Humanos pidieron un proceso transparente y advirtieron que nombrar una mujer como ministra abonará a una representación paritaria en el máximo tribunal del país.
El próximo 12 de diciembre el ministro José Fernando Franco culminará su periodo en la Suprema Corte, por tanto, el presidente deberá enviar al Senado una terna de candidaturas, de la cual se elegirá a la persona que ocupe el cargo vacante. Se requiere el voto de las dos terceras partes de las y los senadores presentes para nombrar a una ministra o ministro.
Actualmente, la SCJN está integrada por ocho hombres y tres mujeres: Ana Margarita Ríos Farjat, Norma Lucía Piña Hernández y Yasmín Esquivel Mossa, quienes representan 27 por ciento del total de ministros en el pleno, lo que a decir de las organizaciones civiles refleja la imperiosa necesidad de reducir la brecha en el acceso de las mujeres a este espacio de decisión pública.
Las agrupaciones, concentradas en el colectivo Designaciones, creado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación y Artículo 19, para monitorear el proceso de designación de personas en cargos públicos, advirtieron que la elección de ministras y ministros de la SCJN es uno de los procesos más relevantes de la democracia.
La Suprema Corte es el máximo órgano de justicia del país y su principal mandato es verificar que ninguna norma u acto de gobierno vulnere la Constitución y los tratados internacionales y es el órgano que resuelve los conflictos que surgen entre los diferentes Poderes y órdenes de gobierno.
Este tribunal también juega un papel decisivo para garantizar los derechos de las mexicanas. Por ejemplo, con la actual conformación del pleno, quienes tienen argumentos más progresistas, sólo en septiembre, la Suprema Corte dictó tres sentencias que a decir del ministro presidente, Arturo Zaldívar, cambian el paradigma de las mujeres “y las personas gestantes” en México.
La primera resolución fue declarar inconstitucional el delito de aborto voluntario en Coahuila y determinar que ningún juez o jueza puede criminalizar el aborto en todo el país; otra fue invalidar la protección de la vida “desde la concepción” en Sinaloa y la tercera fue exhortar al Congreso de la Unión a legislar, con límites, a la objeción de conciencia en la Ley General de Salud, para no vulnerar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Las organizaciones expusieron que es fundamental que la terna está conformada exclusivamente por mujeres con trayectoria y que destaquen por su reconocida integridad, su conocimiento y experiencia en materia de Derechos Humanos, su capacidad para evaluar las controversias jurídicas desde una perspectiva de género y que no tengan vínculos que pongan en riesgo la independencia del máximo tribunal.
En un comunicado también llamaron a que el proceso de designación sea transparente y con máxima publicidad, participación ciudadana y de rendición de cuentas, a fin de abonar a un sistema judicial autónomo, sólido, imparcial y efectivo en sus actuaciones.
Es de mencionar que con la reforma a nueve artículos constitucionales, vigente desde junio de 2019 y conocida como Paridad en Todo, se reformó el artículo 94 para decir que la Suprema Corte se compondrá de once integrantes, ministras y ministros, aunque la integración de la terna sigue quedando en manos del Ejecutivo federal.
Entre 2018 y 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador ha enviado tres ternas al Senado. Así fueron elegidas Yasmín Esquivel Mossa (2019), Ana Margarita Ríos Farjat (2019) y Juan Luis González Alcántara Carrancá (2018).
En dos de estas designaciones López Obrador también propuso a Loretta Ortiz y Celia Maya García, quienes no consiguieron los votos necesarios para ocupar el cargo. En la tercera designación incluyó a Ana Laura Magaloni y Diana Álvarez Maury, quienes tampoco fueron favorecidas con los votos en el Senado.
Es de recordar que la primera vez que un presidente envió una terna conformada sólo por mujeres fue en 2015, cuando Enrique Peña Nieto propuso a Norma Piña Hernández, Sara Patricia Orea Ochoa y Verónica Judith Sánchez Valle. Ese año Piña Hernández, quien fue secretaria de estudio y cuenta de la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, fue ratificada por la Cámara alta.
Exigen terna de mujeres para designar a nueva ministra en la SCJN
Nombrar una mujer como ministra abonará a una representación paritaria en el máximo tribunal del país | Foto @scjnmexico
Publican decreto para la regularización de autos chocolate; iniciará en siete estados
De la mano de las secretarías de Economía (SE) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la SHCP se encargará del proceso de regularización de los autos chocolate que, en una primera fase, se llevarán a cabo en los estados fronterizos de Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Baja California, Baja California Sur, Coahuila y Tamaulipas.
Según el decreto publicado este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), dichas entidades deberán elaborar un programa para incentivar a las personas físicas de esas entidades a acudir a realizar el trámite de legalización de los vehículos.
Por ejemplo, la SHCP establecerá facilidades administrativas, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), para que las personas físicas inicien el proceso de legalización.
A su vez, la SSPC tendrá que coordinarse con los gobiernos estatales para identificar y registrar la circulación de dichos vehículos y reportarlo al SAT.
Además, deberá supervisar que los vehículos sean dados de alta en el Registro Público Vehicular.
En tanto que la Secretaría de Economía promoverá ante los propietarios la regularización, desde la competencia y las disposiciones jurídicas aplicables.
Los recursos que se obtengan de ese programa se destinarán a pavimentar y bachear calles en los municipios de esos estados fronterizos, según adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Tras ríspida discusión entre morenistas y panistas aprueban en lo general la Miscelánea Fiscal 2022
Con 260 votos a favor y 218 en contra, la Cámara de Diputados aprobó anoche en lo general la Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal 2022 luego de una larga y ríspida sesión en la que la mayoría morenista ignoró las propuestas de los partidos de oposición.
El Paquete Económico deja sin cambios la inscripción de los mayores de 18 años en el Registro Federal de Contribuyentes y un Régimen Simplificado de Confianza que facilitará el pago de impuestos.
Asimismo, autoriza al gobierno de la Ciudad de México un techo de endeudamiento de 4 mil 500 millones de pesos.
En la sesión, los panistas acusaron a los morenistas de actuar como “borregos”, por no “modificar ni un coma” de la propuesta del Ejecutivo.
Quien pagó los platos fue la empresaria Patricia Armendáriz al subir a la tribuna a defender el proyecto.
En bloque, los panistas le gritaron “no es tiburón, es una borrega de Obrador”. Lo de tiburón vino a cuento porque la diputada morenista participa en el reality Shark Tank, donde se apoya financieramente a los concursantes que presentan proyectos económicos con alta viabilidad y rentabilidad.
El coordinador del grupo parlamentario del PAN, Jorge Romero, llevó la batuta en los reclamos al fustigar a los morenistas por dejar fuera las propuestas de la oposición, de la sociedad civil y de especialistas. “Esto confirma que no saben de democracia, enfatizó al anunciar su intención de debatir toda la noche, para que la gente sepa “lo que defendemos y lo que ustedes tienen que obedecer”, recriminó.
Mientras hablaba, sus compañeros sacaron carteles en los que se leía la siguiente frase: “Sociedad Civil. Cuentan con el PAN”.
Los panistas lamentaron que se pretenda fiscalizar a los jóvenes de 18 años y la reducción del monto deducible de las donaciones a organizaciones civiles.
Aleida Alavez, vicecoordinadora de Morena, defendió dichas propuestas. Aclaró que “no hay ni habrá sanciones para los jóvenes por inscribirse en el RFC, todo lo contrario, los protegemos del crimen organizado y de que sean utilizados de parapeto de operaciones ilícitas a través de factureras” y otros esquemas financieros que inventaron.
Asimismo, dijo que no se busca evitar el altruismo legítimo, pero sí la comisión de abusos.
Y recordó que en el proyecto se mantiene la posibilidad de deducir hasta el 7% de las utilidades fiscales.
