8
LUNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Una investigación pone bajo la lupa al jefe de las cárceles federales / Juan Omar Fierro El responsable de vigilar y operar los penales de alta seguridad del gobierno mexicano, el general Sergio Alberto Martínez Castuera, se encuentra en la mira de la Fiscalía General de la República (FGR) para ser imputado por ejercicio indebido de atribuciones y facultades debido a presuntas irregularidades en los contratos para construir y operar ocho penales federales. El mando militar también enfrenta una denuncia administrativa ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por nepotismo, de la que se envió copia al presidente Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez. Funcionario en activo, Martínez Castuera funge en la actualidad como coordinador de Centros Penales Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social (OADPRS), por lo que tiene a su cargo el funcionamiento de los Centros Penales Federales que operan bajo los contratos de prestación de servicios (CPS) y los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos).
/ Juan Omar Fierro La acusación que la Fiscalía General de la República (FGR) prepara contra Sergio Montaño Fernández, uno de los colaboradores más cercanos a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal, por la adjudicación directa de ocho contratos para la construcción y operación de cárceles federales privadas, revela que el exservidor público operó en un contexto de conflicto de interés por su relación con la empresa consultora que elaboró el proyecto. De acuerdo con la carpeta de investigación, Montaño Fernández, en su calidad de Oficial Mayor de la extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, cargo que ocupó entre diciembre de 2006 y diciembre de 2012, utilizó un estudio realizado por la consultora McBains Cooper para impulsar y justificar los contratos de prestación de servicios (CPS) que se firmaron durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón para la construcción y operación de ocho centros penitenciarios. Tras apoyarse en McBains Cooper para cabildear el proyecto entre 2008 y diciembre de 2010, dentro del propio gobierno y con la iniciativa privada, Sergio Montaño se convirtió en el director general de McBains Cooper México, el 13 de octubre de 2014, por lo que en la denuncia anónima que dio origen a la indagatoria se presume la existencia de un conflicto de interés que se deriva de esa relación laboral, pese a que ésta se dio posterior a su desempeño como servidor público. Montaño Fernández es parte de un grupo de 20 funcionarios y exfuncionarios que fueron citados por la FGR ante un juez de control para ser imputados por un presunto daño a las arcas públicas por 62 mil 840 millones de pesos, derivado de la firma con sobreprecios de los contratos adjudicados por la extinta SSP a la iniciativa privada, con el fin de construir y operar ocho centros carcelarios de mediana y alta seguridad, para ser habitados por reos federales.
En ambos casos se trata de las cárceles de mediana y alta seguridad para internos acusados de delitos federales; las primeras, bajo control de la iniciativa privada para el manejo de sus recursos financieros, y las segundas, bajo la operación directa del gobierno federal tanto a escala administrativa como de seguridad. En los documentos a los que Proceso tuvo acceso se acusa al general de División con maestría en Seguridad Nacional de utilizar su actual cargo en la administración pública para colocar en puestos directivos del Instituto Nacional de Migración (Inami) a su hermano Héctor Leoncio Martínez Castuera y a su hija Ariadna Irais Martínez Castuera Arroyo. De acuerdo con la denuncia, Héctor Martínez Castuera se desempeña como director general de la Coordinación de Oficinas de Representación del Inami, mientras que Ariadna Irais Martínez Castuera Arroyo es subdirectora de Migración para Asuntos de Centroamérica y el Caribe, de la Dirección General de Protección al Migrante del propio Inami. En la carta enviada al presidente López Obrador se afirma que el nexo del militar con el funcionario de Migración es el actual comisionado del Inami, Francisco
Garduño Yáñez, hombre que goza de toda la confianza del mandatario. En el arranque del actual gobierno Garduño Yáñez fue nombrado comisionado de Prevención y Readaptación Social, cargo al que renunció el 14 de junio del 2019 cuando el presidente López Obrador lo designó titular de Migración. Sin embargo, durante su actuación al frente del OADPRS, Garduño nombró al general Martínez Castuera coordinador general de las cárceles federales, cargo que el militar conservó tras la llegada a ese organismo de José Ángel Ávila García como nuevo comisionado de Prevención y Readaptación Social. En la misiva enviada a López Obrador también se advierte que el actual director general de Control y Verificación Migratoria del Inami, Antonio Molino Díaz, es otro de los señalados en la causa penal que la FGR presentó ante un juez federal, para tratar de imputar a tres funcionarios en activo y a 17 exservidores públicos en el caso de las ocho cárceles federales que fueron entregadas a consorcios privados para su construcción y operación por un periodo de 22 años. La audiencia de imputación contra todos los involucrados, incluyendo al propio general Martínez Castuera y a
Antonio Molina Díaz, presuntamente por causar daño al erario por 62 mil millones de pesos, está programada para realizarse el próximo 18 de octubre en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur. El Órgano Interno de Control del OADPRS recibió el 13 de agosto último una denuncia adicional contra el general Martínez Castuera por la designación de un custodio, identificado como Jorge Luis Valdez González, como responsable del Cefereso 9 Norte, que se ubica en Ciudad Juárez, Chihuahua. Última morada de Joaquín El Chapo Guzmán antes de su extradición a Estados Unidos, esa cárcel de alta seguridad fue cerrada el 27 de diciembre de 2020, por lo que actualmente se encuentra en proceso de desincorporación y no cuenta con ningún reo. En los oficios que se anexan a la denuncia se advierte que el coordinador general de Centros Federales, el general Sergio Alberto Martínez Castuera, avaló la petición de su subordinado, Jorge Luis Vargas Valdez, para “sumar personal de seguridad a un centro penitenciario que ya no cuenta con personas privadas de la libertad”. Según el documento, la conducta del general Martínez Castuera y su subordinado Vargas Valdez podrían representar violaciones a los artículos 7, 57 y 63 Bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en los cuales se sancionan el nepotismo y el abuso indebido de funciones en materia del servicio público.
Las cárceles de la IP encierran delitos de corrupción y conflicto de interés La audiencia de imputación en la que se iban a exponer los datos de prueba que existen contra Montaño fue aplazada por el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Ganther Alejandro Villar Ceballos, hasta el 18 de octubre próximo, debido a que así lo solicitaron tanto la Fiscalía General de la República como algunos defensores de los imputados. De acuerdo con la causa penal, cuatro de los 20 involucrados en este caso van a ser imputados por asociación delictuosa y ejercicio indebido de atribuciones y facultades, incluyendo a Sergio Montaño; mientras que el resto de los indiciados sólo serán acusados del segundo delito. Una revisión del expediente indica que el exoficial Mayor de la FGR y otros exservidores públicos son quienes autorizaron y firmaron los contratos respectivos, mientras que el resto de los indiciados son acusados de firmar convenios modificatorios, en algunos casos, para justificar retrasos en la entrega de las cárceles federales, y en otras situaciones para autorizar la entrega de recursos adicionales para los consorcios constructores, por problemas como inundaciones y cuestiones de seguridad por presuntas extorsiones del crimen organizado durante las obras de edificación de los centros carcelarios. Existen otros convenios modificatorios en los cuales se ajustan cambios de denominaciones o en la entrega de alimentos, uniformes y enseres menores que también fueron incluidos en la persecución penal por parte de la FGR. La indagatoria por presunta corrupción a la que Proceso tuvo acceso consta, hasta el momento, de siete tomos y casi un centenar de anexos en los cuales se incluyen todos los contratos y convenios mo-
dificatorios que se han firmado por parte de las autoridades y los consorcios involucrados, así como registros públicos de las empresas beneficiarias de los Contratos de Prestación de Servicios (CPS) y de las empresas que fueron subcontratadas para las obras, operación y mantenimiento de los centros penitenciarios financiados por la iniciativa privada. En la denuncia anónima que dio pie a la indagatoria la FGR explica los procesos que utilizó Montaño para justificar los contratos de prestación de servicios adjudicados de manera directa a ocho consorcios privados por 199 mil 476 millones de pesos durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón, costo que en 2020 se incrementó a 212 mil 258 millones de pesos por la actualización mensual que se debe realizar por concepto de inflación, de acuerdo con los contratos. En la carpeta de investigación se adjunta una presentación en formato PowerPoint que Sergio Montaño Fernández, ya en su calidad de director general de McBain Cooper, expuso ante inversionistas de Perú en noviembre de 2014 y en la cual el exservidor público revela los detalles de la alianza que formó con la consultora inglesa para cabildear y concretar el proyecto de Genaro García Luna para la privatización de las cárceles. Pese a que la lista de imputados por el caso de los penales federales implica a 28 funcionarios y exfuncionarios de los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y hasta del actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, en la indagatoria se reconoce que solamente cuatro exfuncionarios autorizaron la adjudicación y firma de los ocho contratos otorgados a la iniciativa privada.
Se trata del exoficial Mayor de la extinta SSP de enero de 2007 a diciembre de 2012, Sergio Montaño Fernández; así como de sus entonces subordinados Arturo Sosa Viderique, director general de Administración entre 2011-2012; Antonio Romero y Zertuche, director general de Administración en el mismo periodo (2011-2012), y Marco Antonio Villareal Gutiérrez, director de Adquisiciones de la desaparecida SSP en 2011. Al resto se les pretende imputar la firma de convenios modificatorios entre 2012 y 2019, por lo que se incluye a los tres últimos coordinadores de penales federales, el general Sergio Alberto Martínez Castuera, quien se encuentra actualmente en funciones, y a sus antecesores en el cargo, el también general Salvador Camacho Aguirre y Celina Oseguera Parra, absuelta de manera definitiva en el proceso penal que se le siguió por la evasión de Joaquín El Chapo Guzmán del penal federal del Altiplano. Además, se incluyen a todos los que hayan ocupado el cargo de director general de Administración en el Órgano Administrativo Desconcentrado en Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de 2010 a la fecha, y a todos los que hayan fungido como director de Adquisiciones de ese mismo organismo. De acuerdo con la revista Contralínea, la indagatoria que en junio último sólo contemplaba a exmandos policiales y penitenciarios, en octubre de 2020 también incluía al expresidente Felipe Calderón y su ex secretario de Hacienda Ernesto Cordero, pero en la audiencia inicial sobre el caso que se aplazó para el próximo 18 de octubre, Calderón y Cordero no estaban implicados para ser imputados de manera formal.
