LUNES 13 DE DICIEMBRE DE 2021
Derechos humanos: los riesgos
La innegable militarización obligan a centrar la atención en lo que significa para los derechos humanos | Foto Gobierno de México para enfrentar el rezago forense. Sin embargo, al evaluar el sistema de justicia, el comité enfatizó que las desapariciones caen en el paradigma del “crimen perfecto” pues las probabilidades de que los perpetradores sean sancionados siguen siendo prácticamente nulas. La citada evaluación internacional no debería dejar dudas sobre cómo la justicia no está cambiando: la impunidad permanece y esa continuidad es en sí misma un riesgo para los derechos humanos, al incentivar que las violaciones se repitan. Lo establecido por el mismo comité sirve para entrar al segundo tema, ya que al final de la visita sus integrantes señalaron que el modelo de seguridad adoptado este sexenio no está contribuyendo a revertir la crisis. La alusión es clara: el comité se refiere a un modelo cuya nota distintiva es la militarización. Vale la pena extenderse sobre este punto para, con objetividad, aquilatar el calado del fenómeno ante el que estamos, contrastando la realidad con el mensaje que el presidente de la República emitió por los primeros tres años de su gobierno. Ahí, el primer mandatario afirmó que los señalamientos sobre que en esta adminis-
tración se ha militarizado el país carecen de toda lógica y de la más elemental buena fe. También sostuvo que en el presente no se ha ordenado a las Fuerzas Armadas que hagan la guerra ni se les ha pedido que opriman a la sociedad o que se involucren en acciones represivas. Adicionalmente, refirió que el actual despliegue militar se ha realizado sin violaciones a derechos humanos y, por último, aludió al origen histórico del Ejército mexicano, sugiriendo que esta genealogía también permite minimizar los riesgos. Pero la preocupación por la creciente militarización tiene lógica: se sustenta en las propias cifras oficiales, que evidencian un incremento inédito en el despliegue militar. También parte de la buena fe: en el caso de las organizaciones civiles de derechos humanos, a partir del acompañamiento concreto a víctimas, expresamos esta misma preocupación en el sexenio de Fox, cuando se otorgó amnistía de facto a los elementos castrenses por los crímenes del pasado y se les entregó la PGR; en el sexenio de Calderón, cuando se inició el cruento aumento de la violencia por la política de guerra; y en el sexenio de Peña
Nieto, cuando se intentó imponer la Ley de Seguridad Interior. Advertir esta realidad, por otro lado, no implica afirmar que en el presente se le hayan conferido a las Fuerzas Armadas órdenes de hacer la guerra, oprimir a la sociedad o involucrarse en acciones represivas. Esto no es lo que se señala. Cuando se afirma que se está profundizando la militarización del país se alude, sobre todo, a que se ha llevado a una nueva fase el proceso iniciado hace décadas, de innegable expansión del protagonismo militar en las políticas de seguridad y en la vida pública, sin que existan contrapesos civiles robustos que aseguren controles democráticos mínimos. Desde esta perspectiva, la afirmación de que el despliegue militar del presente se ha dado sin que ocurran violaciones a derechos humanos es también problemática, porque dada la opacidad castrense, que se muestra por ejemplo en la renuencia a transparentar cabalmente los informes de uso de la fuerza a los que obliga la ley en la materia, y dada la ausencia de la debilitada CNDH en el monitoreo estricto de este tema esencial, no puede saberse con plena certeza si esto está ocurriendo.
Zacatecas se llena de pueblos fantasma “Traían a dos de nuestros compañeros; (se los llevaron) cuando andaban tumbando maíz en la labor, los golpearon y los interrogaron, después los llevaron al rancho para que les indicaran las casas donde había camionetas… se las empezaron a robar”, narra un campesino de la localidad. Al día siguiente los militares se enfrentaron a ese grupo armado en los alrededores del pueblo y liberaron a los dos agricultores. “En la tarde-noche (del Día de Muertos) los soldados llegaron al rancho a alertarnos de que dejáramos las casas porque corríamos peligro. Los hombres armados habían corrido para los cerros, pero, nos dijeron, podían volver más noche o al día siguiente”. La familia de ese campesino y otras 55 abandonaron las comunidades de El Romerillo y Las Atarjeas para refugiarse en la cabecera municipal de Valparaíso, 138 kilómetros al poniente de la capital del estado. Después de dos días regresaron al rancho acompañados por militares y sorprendieron a los civiles armados “saqueando las viviendas, robando comida, cobijas, cosas de cocina, todo lo que les servía y lo que no se llevaron; lo dejaron todo destrozado… querían instalarse
afuera del rancho, ya tenían un tipo campamento… y se hizo un tiroteo entre los militares y esa gente”. A partir de entonces las familias viven desterradas. El campesino entrevistado habla con Proceso vía telefónica a condición de que no se revelen su nombre ni su ubicación actual. Historias como esta se repiten en otros poblados de Valparaíso. Grupos similares invadieron los primeros días de noviembre las comunidades de La Florida, La Pila de las Oscuras, El Salto y La Cañada, obligando a sus pobladores a abandonar sus hogares, su ganado y sus parcelas en plena época de cosecha. Una semana más tarde hicieron lo mismo en las localidades El Potrero de Gallegos y Palmitos. “A mi primo se lo llevaron esos malvados. (El 12 de noviembre) al mediodía llegaron esos hombres armados a su casa en Purísima de Carrillo. Él y su esposa les dieron de comer: elotes, queso, tortillas, lo que tenían; están jodidos, como toda la gente de ahí, que son gente mayor. Pero ya en la noche lo sacaron por la fuerza y a todos los hombres se los llevaron. No sé si era el mismo grupo de malvados o era otro”, dice otro hombre que pide mantenerse en el anonimato.
“Lo mismo –prosigue– pasó en la comunidad de al lado, El Infiernillo. Ahí vivían tres familias; se llevaron a los hombres y tres kilómetros más adelante, subiendo, en La Estancia, levantaron a todos, hombres y mujeres. Se los llevaron a la sierra. Allá les dieron una joda y luego los soltaron. Mi primo ya regresó, dicen que estaba muy golpeado.” La Fiscalía General de Justicia del Estado emitió una ficha de búsqueda por la desaparición de Miguel González Barrios, de 59 años. Pero la mayoría de las desapariciones no fueron denunciadas formalmente. “No sabemos por qué se lo llevaron; dinero no tenía, y hasta ahora no aparece”, lamenta su primo. La esposa del desaparecido abandonó su hogar en Purísima de Carrillo, como lo hicieron a medio mes de noviembre otras familias en las comunidades San Martín, Santa Ana de Arriba y Santa Ana de Abajo. Los campesinos Carmelo Fernández, de 79 años, y Salvador y Eutimio Herrera – padre e hijo, de 89 y 60 años, respectivamente– fueron privados de su libertad el sábado 4 por un grupo de pistoleros. Tras varias horas de angustia, porque desconocían su paradero, sus familias recibieron, el domingo 5, la noticia de que los militares los
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Y como cada vez se documenta más en las fronteras, la vergonzosa política de contención militar de la migración puede generar lo contrario. Traer a colación el origen revolucionario de las Fuerzas Armadas tampoco basta para relativizar la preocupación que causa la militarización en curso. Ese origen no impidió que durante el siglo XX la lealtad de las Fuerzas Armadas al régimen de partido hegemónico se tradujera en importantes cuotas de autonomía, que desembocaron en episodios de corrupción y violación a derechos humanos, frente a los que por regla general el poder civil fue complaciente. No hay duda: estamos ante un proceso de profundización de la militarización que despierta fundadas preocupaciones. No se advierte que ninguna institución civil pueda ser contrapeso de las Fuerzas Armadas más allá del actual presidente, lo que a todas luces es insuficiente dado el calado y la permanencia de los cambios legales que se han impulsado, como documentamos en nuestro informe Poder militar. Desde esta perspectiva, cabe preguntar si, después de este sexenio, alguna instancia civil externa tendrá la fuerza necesaria para investigar los casos de violaciones a derechos humanos o de corrupción en los que pueden incurrir los elementos castrenses. La militarización, además, no ha revertido la violencia: son más de 20 mil desaparecidos ya en este sexenio y cerraremos este año con un acumulado de homicidios dolosos que sigue en niveles inaceptables, por más que esta situación quiera normalizarse. Esto no puede soslayarse. La deriva decepcionante de la procuración de justicia y el creciente protagonismo castrense no son una invención. A mitad de sexenio, conviene reconocer que esto es así para seguir exigiendo cambios de fondo en la justicia y para señalar los peligros latentes en propuestas ya anunciadas, como la intención de reformar la Constitución de nuevo para entregar a la Sedena por completo la Guardia Nacional. Los derechos humanos –“punto de partida de los procesos democráticos”, según indicara Carlos Monsiváis– enfrentan riesgos que no deben minimizarse. El aniversario de la Declaración Universal es una buena ocasión para recordarlo.
habían encontrado muertos en una terracería a las orillas de la comunidad San Martín. Sus asesinos nunca pidieron rescate. El triple homicidio hizo huir a las pocas familias que quedaban en Peñitas de Oriente y La Loma de San Cruz. Ya desde el 28 de noviembre unos 500 pobladores habían salido de ambas comunidades, lo mismo que de Vicente Escudero, El Mirador, Maravillas y El Chilar. Buscaron resguardo en la cabecera municipal. El alcalde de Valparaíso confirma que en el ayuntamiento tienen conocimiento de tres familias que solicitaron refugio en Estados Unidos, sin éxito. Uno de los campesinos entrevistados por Proceso da cuenta de que las familias de los integrantes de su comunidad, a quienes secuestró un grupo armado y liberaron los soldados, también pidieron asilo en ese país: “Después de mucho papeleo en la entrevista, se los negaron, que no eran candidatos”. Además, migrantes zacatecanos originarios de estas comunidades tomadas o sitiadas por el crimen organizado han cancelado la tradicional visita de la temporada decembrina. “Esperábamos con muchas ganas a nuestros familiares que vienen de Estados Unidos, pero les decimos que mejor no vengan”, dice una mujer que antes de la ola de violencia esperaba la visita de sus hermanos después de dos años de no verlos.
