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Derechos humanos: los riesgos
La innegable militarización obligan a centrar la atención en lo que significa para los derechos humanos | Foto Gobierno de México
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para enfrentar el rezago forense. Sin embargo, al evaluar el sistema de justicia, el comité enfatizó que las desapariciones caen en el paradigma del “crimen perfecto” pues las probabilidades de que los perpetradores sean sancionados siguen siendo prácticamente nulas.
La citada evaluación internacional no debería dejar dudas sobre cómo la justicia no está cambiando: la impunidad permanece y esa continuidad es en sí misma un riesgo para los derechos humanos, al incentivar que las violaciones se repitan.
Lo establecido por el mismo comité sirve para entrar al segundo tema, ya que al final de la visita sus integrantes señalaron que el modelo de seguridad adoptado este sexenio no está contribuyendo a revertir la crisis. La alusión es clara: el comité se refiere a un modelo cuya nota distintiva es la militarización.
Vale la pena extenderse sobre este punto para, con objetividad, aquilatar el calado del fenómeno ante el que estamos, contrastando la realidad con el mensaje que el presidente de la República emitió por los primeros tres años de su gobierno. Ahí, el primer mandatario afirmó que los señalamientos sobre que en esta administración se ha militarizado el país carecen de toda lógica y de la más elemental buena fe. También sostuvo que en el presente no se ha ordenado a las Fuerzas Armadas que hagan la guerra ni se les ha pedido que opriman a la sociedad o que se involucren en acciones represivas.
Adicionalmente, refirió que el actual despliegue militar se ha realizado sin violaciones a derechos humanos y, por último, aludió al origen histórico del Ejército mexicano, sugiriendo que esta genealogía también permite minimizar los riesgos.
Pero la preocupación por la creciente militarización tiene lógica: se sustenta en las propias cifras oficiales, que evidencian un incremento inédito en el despliegue militar. También parte de la buena fe: en el caso de las organizaciones civiles de derechos humanos, a partir del acompañamiento concreto a víctimas, expresamos esta misma preocupación en el sexenio de Fox, cuando se otorgó amnistía de facto a los elementos castrenses por los crímenes del pasado y se les entregó la PGR; en el sexenio de Calderón, cuando se inició el cruento aumento de la violencia por la política de guerra; y en el sexenio de Peña Nieto, cuando se intentó imponer la Ley de Seguridad Interior.
Advertir esta realidad, por otro lado, no implica afirmar que en el presente se le hayan conferido a las Fuerzas Armadas órdenes de hacer la guerra, oprimir a la sociedad o involucrarse en acciones represivas. Esto no es lo que se señala. Cuando se afirma que se está profundizando la militarización del país se alude, sobre todo, a que se ha llevado a una nueva fase el proceso iniciado hace décadas, de innegable expansión del protagonismo militar en las políticas de seguridad y en la vida pública, sin que existan contrapesos civiles robustos que aseguren controles democráticos mínimos.
Desde esta perspectiva, la afirmación de que el despliegue militar del presente se ha dado sin que ocurran violaciones a derechos humanos es también problemática, porque dada la opacidad castrense, que se muestra por ejemplo en la renuencia a transparentar cabalmente los informes de uso de la fuerza a los que obliga la ley en la materia, y dada la ausencia de la debilitada CNDH en el monitoreo estricto de este tema esencial, no puede saberse con plena certeza si esto está ocurriendo. Y como cada vez se documenta más en las fronteras, la vergonzosa política de contención militar de la migración puede generar lo contrario.
Traer a colación el origen revolucionario de las Fuerzas Armadas tampoco basta para relativizar la preocupación que causa la militarización en curso. Ese origen no impidió que durante el siglo XX la lealtad de las Fuerzas Armadas al régimen de partido hegemónico se tradujera en importantes cuotas de autonomía, que desembocaron en episodios de corrupción y violación a derechos humanos, frente a los que por regla general el poder civil fue complaciente.
No hay duda: estamos ante un proceso de profundización de la militarización que despierta fundadas preocupaciones. No se advierte que ninguna institución civil pueda ser contrapeso de las Fuerzas Armadas más allá del actual presidente, lo que a todas luces es insuficiente dado el calado y la permanencia de los cambios legales que se han impulsado, como documentamos en nuestro informe Poder militar. Desde esta perspectiva, cabe preguntar si, después de este sexenio, alguna instancia civil externa tendrá la fuerza necesaria para investigar los casos de violaciones a derechos humanos o de corrupción en los que pueden incurrir los elementos castrenses.
La militarización, además, no ha revertido la violencia: son más de 20 mil desaparecidos ya en este sexenio y cerraremos este año con un acumulado de homicidios dolosos que sigue en niveles inaceptables, por más que esta situación quiera normalizarse. Esto no puede soslayarse.
La deriva decepcionante de la procuración de justicia y el creciente protagonismo castrense no son una invención. A mitad de sexenio, conviene reconocer que esto es así para seguir exigiendo cambios de fondo en la justicia y para señalar los peligros latentes en propuestas ya anunciadas, como la intención de reformar la Constitución de nuevo para entregar a la Sedena por completo la Guardia Nacional.
Los derechos humanos –“punto de partida de los procesos democráticos”, según indicara Carlos Monsiváis– enfrentan riesgos que no deben minimizarse. El aniversario de la Declaración Universal es una buena ocasión para recordarlo.
Zacatecas se llena de pueblos fantasma
“Traían a dos de nuestros compañeros; (se los llevaron) cuando andaban tumbando maíz en la labor, los golpearon y los interrogaron, después los llevaron al rancho para que les indicaran las casas donde había camionetas… se las empezaron a robar”, narra un campesino de la localidad.
Al día siguiente los militares se enfrentaron a ese grupo armado en los alrededores del pueblo y liberaron a los dos agricultores. “En la tarde-noche (del Día de Muertos) los soldados llegaron al rancho a alertarnos de que dejáramos las casas porque corríamos peligro. Los hombres armados habían corrido para los cerros, pero, nos dijeron, podían volver más noche o al día siguiente”.
La familia de ese campesino y otras 55 abandonaron las comunidades de El Romerillo y Las Atarjeas para refugiarse en la cabecera municipal de Valparaíso, 138 kilómetros al poniente de la capital del estado.
Después de dos días regresaron al rancho acompañados por militares y sorprendieron a los civiles armados “saqueando las viviendas, robando comida, cobijas, cosas de cocina, todo lo que les servía y lo que no se llevaron; lo dejaron todo destrozado… querían instalarse afuera del rancho, ya tenían un tipo campamento… y se hizo un tiroteo entre los militares y esa gente”.
A partir de entonces las familias viven desterradas. El campesino entrevistado habla con Proceso vía telefónica a condición de que no se revelen su nombre ni su ubicación actual.
Historias como esta se repiten en otros poblados de Valparaíso. Grupos similares invadieron los primeros días de noviembre las comunidades de La Florida, La Pila de las Oscuras, El Salto y La Cañada, obligando a sus pobladores a abandonar sus hogares, su ganado y sus parcelas en plena época de cosecha. Una semana más tarde hicieron lo mismo en las localidades El Potrero de Gallegos y Palmitos.
“A mi primo se lo llevaron esos malvados. (El 12 de noviembre) al mediodía llegaron esos hombres armados a su casa en Purísima de Carrillo. Él y su esposa les dieron de comer: elotes, queso, tortillas, lo que tenían; están jodidos, como toda la gente de ahí, que son gente mayor. Pero ya en la noche lo sacaron por la fuerza y a todos los hombres se los llevaron. No sé si era el mismo grupo de malvados o era otro”, dice otro hombre que pide mantenerse en el anonimato.
“Lo mismo –prosigue– pasó en la comunidad de al lado, El Infiernillo. Ahí vivían tres familias; se llevaron a los hombres y tres kilómetros más adelante, subiendo, en La Estancia, levantaron a todos, hombres y mujeres. Se los llevaron a la sierra. Allá les dieron una joda y luego los soltaron. Mi primo ya regresó, dicen que estaba muy golpeado.”
La Fiscalía General de Justicia del Estado emitió una ficha de búsqueda por la desaparición de Miguel González Barrios, de 59 años. Pero la mayoría de las desapariciones no fueron denunciadas formalmente. “No sabemos por qué se lo llevaron; dinero no tenía, y hasta ahora no aparece”, lamenta su primo. La esposa del desaparecido abandonó su hogar en Purísima de Carrillo, como lo hicieron a medio mes de noviembre otras familias en las comunidades San Martín, Santa Ana de Arriba y Santa Ana de Abajo.
Los campesinos Carmelo Fernández, de 79 años, y Salvador y Eutimio Herrera –padre e hijo, de 89 y 60 años, respectivamente– fueron privados de su libertad el sábado 4 por un grupo de pistoleros. Tras varias horas de angustia, porque desconocían su paradero, sus familias recibieron, el domingo 5, la noticia de que los militares los habían encontrado muertos en una terracería a las orillas de la comunidad San Martín. Sus asesinos nunca pidieron rescate.
El triple homicidio hizo huir a las pocas familias que quedaban en Peñitas de Oriente y La Loma de San Cruz. Ya desde el 28 de noviembre unos 500 pobladores habían salido de ambas comunidades, lo mismo que de Vicente Escudero, El Mirador, Maravillas y El Chilar. Buscaron resguardo en la cabecera municipal.
El alcalde de Valparaíso confirma que en el ayuntamiento tienen conocimiento de tres familias que solicitaron refugio en Estados Unidos, sin éxito. Uno de los campesinos entrevistados por Proceso da cuenta de que las familias de los integrantes de su comunidad, a quienes secuestró un grupo armado y liberaron los soldados, también pidieron asilo en ese país: “Después de mucho papeleo en la entrevista, se los negaron, que no eran candidatos”.
Además, migrantes zacatecanos originarios de estas comunidades tomadas o sitiadas por el crimen organizado han cancelado la tradicional visita de la temporada decembrina. “Esperábamos con muchas ganas a nuestros familiares que vienen de Estados Unidos, pero les decimos que mejor no vengan”, dice una mujer que antes de la ola de violencia esperaba la visita de sus hermanos después de dos años de no verlos.
Más que cuotas de género, condiciones de igualdad
Unam
En una década, México pasó de ser un país promedio en el número de legisladoras en la Cámara de Diputados, a integrar la lista de los 10 con mayor representación femenina debido a las cuotas de género que establece la ley, afirmó el ganador del Premio a la Mejor Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades 2021, Omar de la Cruz Carrillo, otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias.
El órgano legislativo materializó la paridad de género en su conformación y funcionamiento, ya que “en la actual LXIV Legislatura son 241 mujeres las que han impulsado diversas causas en favor de este sector de la población”, señaló con base en información de esta instancia.
Sin embargo, no debería existir esta obligatoriedad, sino que ellas tengan las mismas condiciones para acceder a puestos de representación política; pero como no existen esas circunstancias y tampoco ocurrirán pronto, será necesario mantener la norma, enfatizó.
El ganador del Premio con el trabajo “Judicialización electoral en América Latina: el desempeño de las cortes en la promoción de los derechos políticos de la mujer 1993-2018”, recalcó la importancia de mantener la fortaleza de las instituciones defensoras de las garantías, porque aun cuando se considere que son costosas, es más caro que se violenten los derechos políticos.
El egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales recalcó que, además, la paridad en la integración del Congreso se registra a escala nacional y también subnacional.
De la Cruz Carrillo destacó que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJ), surgen porque es la única forma de garantizar que haya elecciones democráticas, “y no creo que alguno deba desaparecer”.
El académico recalcó que una vez lograda la paridad de género, se presentan nuevas cuotas para las minorías y los indígenas. “Este año aparecieron para la comunidad LGBTTTIQ+, afromexicanos, discapacitados, y las que creo que vienen en 2024 son para migrantes mexicanos en el extranjero y jóvenes menores de 29 años”.
Defensa De las minorías
A partir de sus estudios de licenciatura y maestría, Omar de la Cruz se interesó en el tema electoral. En el doctorado se concentró en el papel de los tribunales en la materia y su judicialización, es decir, en su cada vez mayor protagonismo e impacto. “Me pregunté si pasa lo mismo en Latinoamérica y me di cuenta de que ocurre en algunos países como Brasil, Argentina, Costa Rica y México”.
Me encuentro con el dilema de si es bueno o no que las cortes participen tanto en los asuntos políticos, y concluyó que es positivo, entre otros aspectos porque son un escudo para la defensa de las minorías, en este caso para los derechos de ellas.
En América Latina, las naciones tienen cuotas de género, menos Guatemala. Pero ¿cómo han ayudado las cortes a que más mujeres puedan ocupar una curul en la Cámara de Diputados, como sucedió en nuestro país en 2018 y en 2021, y alcanzar la paridad de género?
Los tribunales más fuertes en la región son los que también tienen mayor difusión de lo que hacen; ese el caso de Argentina, Colombia, Brasil, Costa Rica y México, pero es de llamar la atención que en países como Uruguay y Chile, que están considerados entre las democracias más estables, no hay información disponible por internet; incluso, están a la par de Nicaragua y Venezuela, cuyas democracias son cuestionadas desde hace años.
El joven científico social observó que los tribunales no siempre fallan a favor de los derechos de las minorías. En Brasil, por ejemplo, no han podido superar el 30 por ciento de representación femenina en la Cámara de Diputados.
Omar de la Cruz identificó dos tipos de comportamiento de las cortes. En México y en Argentina “son más reaccionarias, y sancionan a los partidos políticos que violentan la ley; en Costa Rica ha sido progresiva desde el principio y los jueces crean jurisprudencia, una interpretación de la ley con la cual pueden fortalecer esa cuota. Incluso, las gráficas muestran una tendencia ascendente para el caso costarricense, y en México y Argentina es oscilatoria”.
La tesis –cuya tutora fue Jacqueline Peschard Mariscal– abarca desde el surgimiento de la primera cuota de género en América Latina (1991), en Argentina, la cual se aplicó en 1993, hasta 2018 cuando numerosos países de la región tuvieron elecciones.
Para el caso mexicano, el TEPJF tiene la última palabra en materia electoral, y existen “magistrados proactivos en cuanto a la defensa de los derechos políticos de las mujeres, sobre todo de 2009 a la fecha, pero también vemos que las mujeres en la Cámara de Diputados presionan para que ingresen aún más”, argumentó.
Con respecto al premio, Omar de la Cruz aseveró que no hay palabras para expresar lo que representa ganar la distinción, para la cual aplican doctorantes de múltiples instituciones educativas.
Es un sentimiento de satisfacción por el trabajo y dedicación al estudio, una recompensa a los sacrificios y, sobre todo, motivación para seguir haciendo lo que me gusta: investigar y dar clases, finalizó.
Omar de la Cruz Carrillo
BRAVUCONADAS La 4T guadalupana, já…
MARIO BRAVO
Justo este domingo pasado, el país entero celebró la reconocida aparición de la Virgen de Guadalupe al indio Juan Diego en el cerro de El Tepeyac en la Ciudad de México, aparición que se afirma sucedió el 12 de diciembre de 1531, esto es, el 490 aniversario del misterioso evento. En esta fecha tan importante para los mexicanos y respetuoso como es, el presidente Andrés Manuel López Obrador, suspendió todas sus actividades proselitistas (y oficiales) en una muestra más de su ya conocida y atinada habilidad para acomodarse y sacar provecho de una pretendida identificación con la idiosincrasia del pueblo bueno y los votos que lo acompañan de tanto en tanto.
Pero veamos más de cerca el posible fondo de esta “desinteresada” manifestación de respeto a las tradiciones de la mayoría del pueblo mexicano por parte de López Obrador, y no es por desconfiar, pero el huésped de Palacio Nacional, no regala su presencia o su ausencia, ni su palabra o su silencio, sin una clara intención o renta política, principalmente electoral.
Según el Censo de Población y Vivienda realizado por el INEGI el 2020, año del inicio de la pandemia, por cierto, la población en México asciende a 126´014,024, de los cuales el 51.2% son mujeres y el 48.8% hombres. Igualmente, según el mismo instrumento estadístico, el 77.7% es población cuya religión es la católica, esto es, 73´532,172 mexicanos, mayores de 18 años, celebraron la cuarta aparición de la Virgen Morena del Tepeyac. Ojo, debemos aclarar que entendemos que nada tiene que ver lo de la “cuarta” aparición al indígena Juan Diego con la empoderada Cuarta Transformación ni lo de “Morena” con el Movimiento de Regeneración Nacional, son meras accidentales (y afortunadas) coincidencias.
Sí, el pueblo bueno, reconoce y agradece a AMLO su discreto y respetuoso silencio a las tradiciones nacionales. Pero hasta dónde respeta realmente la 4T a los mexicanos. Revisemos los resultados del Censo citado. El investigador Alejandro Díaz Domínguez, en su colaboración de la revista Nexos de febrero del presente año titulado “¿Qué nos dice el Censo 2020 sobre religión en México”, señala que, de acuerdo a una clasificación de las localidades del país en 14 categorías por número de población, en aquellas localidades entre 1000 y 99000 habitantes, se concentra el 80% de la grey católica, esto es, casi 59 millones de mexicanos en edad de votar e identificados como católicos. Cifra interesante ¿no? Ahora bien, a nivel estatal, sólo ocho entidades se han alejado del 75% de la población afín al catolicismo, Baja California, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán; y cuatro entidades sostienen una población declarada católica arriba del 90%, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco y Zacatecas, el resto de las entidades su afinidad al catolicismo oscila entre un 75 y un 90%, esto es 20 entidades del país. ¿Por qué hacemos todo este ejercicio estadístico apenas celebrado el 12 de diciembre? Porque la alta popularidad de López Obrador (65%), no es ni un accidente ni se soporta en el enigmático carisma del presidente ni lo atinado de su proyecto de nación (?) de la llamada Cuarta Transformación; sin duda alguna, es el resultado de una bien trabajada estrategia política con una arquitectura diseñada al mínimo detalle, entre ellos el que hoy nos ocupa, relativo a la vertiente religiosa de la mayoría de los mexicanos en edad de votar.
Sin embargo, el guadalupanismo de la 4T, cuya vertiente político electoral es definitivamente efectiva y puntual, choca con la realidad que día a día viven los mexicanos en todo el país. La mera genialidad estratégica político electoral no alcanza a justificar y explicar las experiencias vividas a lo largo de la primera mitad del gobierno de López Obrador y su “cambio verdadero”, su “honestidad valiente”, su “por el bien de todos, primero los pobres”. A tres años de una machacona campaña política permanente, a través de su inefable transformación vía las insidiosas mañaneras, sus programas “Jóvenes construyendo el futuro” o “Sembrando vida” o sus fantasmales universidades “Benito Juárez”, sus caprichosas magnas y opacas obras del aeropuerto Felipe Ángeles, o la probablemente inútil e inundable refinería Dos Bocas, o el destructor del medio ambiente del Tren Maya, qué, como arena del desierto con el agua, absorben los recursos presupuestales de la nación año con año. Dejando para otro momento la resolución del problema de la violencia e inseguridad, con más de 100 mil muertes violentas en lo que va de la presente administración, o las 269,620 muertes provocadas por la desatención de la pandemia del covid-19, o la creciente inflación económica, el crecimiento económico a la baja, la salida de capitales por derivada de la desconfianza y ausencia del respeto al estado de derecho. La pésima gestión del problema de la migración, alcanzando niveles de riesgo grave de la aplicación y respeto de los derechos humanos por la ausencia de políticas públicas responsables por parte del Estado mexicano.
La 4T y su respetuoso trato a las creencias de la mayoría de los mexicanos, sólo la muestran como una oportunista y convenenciera actitud, que contraviene con la necesaria y urgente atención de los problemas nacionales, que esos 73.5 millones de mexicanos católicos demandan ser resueltos de manera inmediata, a saber, salud, seguridad, empleo, educación, alimentación, esa quizá sería una muestra real y efectiva del respeto presidencial al pueblo bueno. La 4T guadalupana, já, sólo de dientes para afuera.
