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aPRO / alejandRO GutiéRRez
Adiós a la tregua: La 4T reacciona ante la operación política del exiliado Peña Nieto
/ AlejAndro Gutiérrez
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El anuncio de que la FGR investiga a Enrique Peña Nieto por presunto lavado de dinero ocurrió unas semanas después de que el expresidente se reunió en Madrid con destacadas figuras del PRI mexiquense –como el exgobernador César Camacho Quiroz y el exsecretario Alfonso Navarrete Prida– para acordar cómo enfrentar las elecciones del año próximo en el Estado de México, último bastión del priismo y entidad clave para los comicios presidenciales de 2024. Se rompió “el pacto de no agresión” entre el gobierno de la 4T y Peña Nieto, pero “los amarres” que lo hicieron posible ya se habían debilitado, confía a Proceso una fuente del entorno del exmandatario.
Ya se han visto alterados su exilio dorado y las largas horas que dedica a practicar su swing en el madrileño Real Club de Golf La Moraleja. El expresidente de México Enrique Peña Nieto ahora tendrá que hacer frente a la denuncia que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó en su contra tras detectar movimientos financieros millonarios –durante su mandato y después de él– y por ser el beneficiario de un esquema de transferencias internacionales por más de 26 millones de pesos, que constituirían presunto lavado de dinero.
La Fiscalía General de la República (FGR) ya abrió diligencias por esta denuncia que se formula más de tres años después de iniciada la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, que colocó la erradicación de la corrupción como su prioridad.
Hasta ahora había amagos de actuar contra el exmandatario priista, como sucedió a raíz de la denuncia del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, quien acusaba al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray y a Peña Nieto de ser quienes recibieron y gestionaron los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Los acusó de haber destinado al menos 100 millones de pesos a la campaña electoral del PRI en 2012, y de haber utilizado otros 400 millones de pesos para sobornar a los diputados que aprobaron las reformas estructurales de Peña Nieto, según informó el fiscal Alejandro Gertz Manero en agosto de 2020.
Los sobornos para los legisladores que aseguraron la apertura energética a las empresas privadas, vinculaban a Peña Nieto con el delito de “traición a la patria”, de acuerdo con un documento de la misma fiscalía, que dio a conocer el diario Reforma en noviembre de 2020.
Sin embargo, en otro momento, López Obrador podía tener una reacción diametralmente opuesta respecto de Peña Nieto, como decir que merecía su “respeto” y “consideración” por no haber operado ilegalmente en su contra durante la elección de 2018, como se lo pedían “los ‘machuchones’”.
Ahora, la denuncia de la UIF y la actuación investigadora de la FGR parece dar un paso hacia adelante. Coincidentemente estas acciones se conocen unas semanas después que el expresidente Peña Nieto realizara en Madrid una reunión con destacados políticos del PRI mexiquense, para acordar su estrategia para enfrentar la elección del Estado de México, del 4 de junio de 2023, quizá los comicios más emblemáticos por ser el último bastión priista (con 12 millones de votantes, 13.1% de la lista nominal del país) y, por tanto, una elección que va a definir el cuadro político-electoral con miras a la elección presidencial de 2024.
Apenas celebradas las elecciones estatales del 5 de junio último, en las que Morena y sus aliados conquistaron cuatro de seis gubernaturas, Peña Nieto recibió en su casa del fraccionamiento Valdelagua, en el municipio madrileño de San Agustín de Guadalix, al exgobernador César Camacho Quiroz y al exsecretario Alfonso Navarrete Prida, ambos muy cercanos al exmandatario y a figuras del Grupo Atlacomulco.
Ahí tomaron decisiones de cara a la elección, entendiendo que “hay una nueva etapa que convierte casi en ‘papel mojado’ el pacto” de no agresión, alcanzado con el gobierno de la 4T en la etapa de transición, explica a Proceso una fuente del entorno priista y cercana al círculo del expresidente, sobre la realización de la cumbre, cita que había sido adelantada por el columnista Salvador García Soto (El Universal, 13 de junio).
Días después de este encuentro madrileño, Morena desafío al priismo mexiquense iniciando su campaña hacia 2023 en un acto masivo afuera del Teatro MoLa empresa Actidea, SA de CV, en la que está registrada Adriana Rivera, hermana de Angélica Rivera, exesposa del expresidente Enrique Peña Nieto, está en el mapa de la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre los millonarios depósitos que recibió el priista.
La revisión de las finanzas de Peña Nieto inició en la UIF, entonces encabezada por Santiago Nieto, luego de que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, presentó una denuncia contra más de 70 personas por supuestos actos de corrupción, entre los que se encontraba el expresidente y otros funcionarios, con la cual buscaba obtener un criterio de oportunidad.
Derivado de ello, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la UIF remitir toda la información relacionada con el exmandatario y otras personas. Sin embargo, hasta ahora la fiscalía, encabezada por Alejandro Gertz Manero, únicamente ha podido proceder penalmente contra el exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury.
De acuerdo con Nieto, extitular de la UIF, la revisión sobre los movimientos de Enrique Peña Nieto también incluyó a empresas vinculadas con su exesposa Angélica Rivera.
Una de esas compañías es Actidea, propiedad de Eduardo Gama y Alfredo Gatica, yerno del expresidente Carlos Salinas de Gortari, y en ella se encuentra registrada Adriana Rivera, y se dedica a la organización de eventos.
Durante el sexenio de Peña Nieto Actidea obtuvo por adjudicación directa millonarios contratos para la organización de actos, tales como las cinco ceremonias del Grito de Independencia que correspondieron al mandatario.
También organizó la visita del rey Felipe VI de España a Zacatecas, en julio de 2015, y hasta la visita del papa Francisco realizada en febrero de 2016.
En total, entre 2013 a 2018, la empresa obtuvo 106 contratos por adjudicación directa por los cuales ingresó 601 millones 849 mil 992 pesos.
Uno de los contratos más grandes que la empresa consiguió fue con la Secretaría de Economía, por 93 millones 866 mil 157.66 pesos por adjudicación directa, en marzo de 2013.
relos, de Toluca, donde participaron tres aspirantes presidenciales: la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; el canciller, Marcelo Ebrard, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
La fuente consultada, identificada por este semanario, pero que solicita mantener en reserva su identidad, explicó que en estos más de tres años se “debilitaron los amarres” que permitieron “el pacto de no agresión”, alcanzado en la etapa de transición, y se “cerraron los canales de interlocución” con la salida de Alfonso Romo Garza del gobierno, primero, y la del ahora exconsejero jurídico Julio Scherer Ibarra, después.
“Está claro que hay una nueva etapa, no hay canales de comunicación serios”. Aparte de los mencionados, señala que “Olga (Sánchez Cordero) está fuera, y Marcelo (Ebrard) dedicado a sus aspiraciones. Y los ‘duros’ de Morena rodeando al presidente.
“Creo que llegó el momento de la verdad”, dice la fuente. “Lo que no se sabe es si esto quedará sólo en una estrategia electoral de cara a la elección del Estado de México o van a ir a fondo”. A eso, se añade el malestar al interior del PRI por las derrotas y el nivel de confrontación que ha provocado la dirigencia nacional de Alejandro Moreno Cárdenas.
Enrique Peña Nieto | Foto Cristian de Lira
En la mira, los movimientos de Angélica Rivera y familia
/ diAnA lAstiri
BAJO PRESIÓN LEA
EDILBERTO ALDÁN
La muerte obliga a la censura, porque es de mala educación hablar mal de los muertos, el respeto a ese código de buena conducta no escrito va en contra de la necesaria memoria histórica, favorece la impunidad y no beneficia en nada a la obligación que tenemos de estudiar y analizar nuestra historia. Falleció Luis Echeverría Álvarez y ya muerto, todo parece indicar que escapará al juicio de la historia, de la misma forma en que evadió la acusación de genocidio por la matanza del 2 de octubre.
Uno de sus empleados, Augusto Gómez Villanueva, desde la Cámara de Diputados difundió un comunicado en donde, zalamero, ensalzó la figura de su jefe, en ese texto, el diputado afirmó que “falleció un gran mexicano, el expresidente Luis Echeverría Álvarez, un hombre con sentido nacionalista, impulsor de instituciones y de la igualdad de la mujer”; según Gómez Villanueva, LEA debe ser recordado por su compromiso con México, los campesinos, los obreros y como quien estableció los cimientos de la infraestructura turística nacional.
En un texto reciente, Enrique Krauze califica a Luis Echeverría como irredimible, porque hizo “Todo para redimirse ante la historia. Todo para lavar sus manos de la sangre derramada en Tlatelolco. Murió sin lograrlo”.
Luis Echeverría no fue un monstruo, pero tampoco el dios del tercer mundo, los logros de su administración, incluso las buenas acciones resultado de su gestión (como nos recuerda Carlos Reyes Sahagún en su Imágenes de Aguascalientes) no se pueden desligar de su responsabilidad en el desastroso manejo de la economía nacional, la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco en 68, la represión sangrienta del Jueves de Corpus en el 71, la guerra sucia en la primera parte de la década de los 70, la manipulación de las centrales obreras y campesinas, los ataques contra la libertad de expresión y el periodismo, específicamente contra Julio Scherer y Excélsior… la lista es larga.
No por nada Daniel Cosío Villegas escribió que tras examinar los textos y actos de Echeverría “con todo el dolor de mi alma he llegado a una conclusión negativa. Y no, mil veces no, porque considere yo al Presidente un hipócrita o un farsante, sino porque no está constituido física y mentalmente para el diálogo sino para el monólogo, no para conversar sino para predicar. Mi conclusión se basa en la desproporción de sus reacciones o las de sus allegados ante la crítica, y en la pobreza increíble de los argumentos con que la contestan”, o con mayor contundencia, en otro texto establecer que “por esa sed insaciable de poder y por su temperamento personal, Echeverría ha terminado por creerse un Mesías, es decir, el escogido por Dios para revelar al mundo la Verdad”.
Se equivoca Augusto Gómez Villanueva al querer ensalzar a Echeverría Álvarez y establecer que deberá ser recordado en la historia de México como un dios, no lo fue y nunca lo será, fue un hombre con debilidad por el poder y adicto a la represión, al que le toco implementar algunas de las instituciones fundamentales en el país, pero no por su deseo, sino porque ocupaba la silla presidencial.
Si Echeverría escapó a la acusación de genocidio, que no escape al juicio de la historia.
Coda. La frase final de “El 18 Brumario de Luis Echeverría”, que Gabriel Zaid publicó en 1977 es demoledora, señala que Luis Echeverría “en vez de usar los poderes que tuvo para servir al país, los reinvirtió en adquirir más poder: se dedicó apasionadamente a hacer crecer la silla presidencial, hasta que le quedó grande”. Así fue. @aldan
Caso Hernández Alcocer: un operador siniestro en los corredores de la justicia
/ diana lastiri
Jesús Hernández Alcocer fungía como abogado sin serlo; pistola en mano, amenazaba para –por las buenas o por las malas– operar negocios y ganar litigios; sin pudor alguno alardeaba de su poder y de sus relaciones con los poderosos: jueces, magistrados, políticos, obispos y empresarios. Dos casos –la defensa de Onésimo Cepeda en un fraude millonario y un juicio por la custodia de cuatro menores de edad– lo muestran tal cual es… Ahora, durante la audiencia de vinculación a proceso por el asesinato de su esposa, dejó atrás la altivez y apareció en silla de ruedas, quejándose de males crónicos y pidiendo llevar su proceso en libertad.
Durante más de 20 años Jesús Hernández Alcocer operó litigios y negocios ganándose fama de ser un abogado que, por las buenas o por las malas, conseguía lo que quería.
La presencia de Hernández Alcocer en cualquier lugar era notoria debido a su vestimenta: tirantes, corbata y pañuelo coordinados. Así se le conoció en las altas esferas del poder en las que se codeó con jueces, magistrados, ministros, políticos, jerarcas de la iglesia católica y empresarios.
Sus atuendos, según quienes lo conocieron, incluían una pistola de oro incrustada con brillantes. Su gusto por las mujeres jóvenes y hermosas tampoco pasaba inadvertido.
El restaurante Suntory de la Colonia Del Valle, en el sur de la ciudad de México, fue el lugar que le sirvió como oficina para realizar “tratos” en los que, de entrada, ponía el arma sobre la mesa para advertir que su misión era solucionar a toda costa un conflicto.
Aunque es conocido por estar vinculado con diversos asuntos que se ventilan en juzgados de la Ciudad de México, donde ejerció su influencia, su nombre no aparece en los registros judiciales.
Fraude procesal
De acuerdo con el Registro Nacional de Profesionistas, Hernández Alcocer tiene dos cédulas profesionales. Una, expedida en 1974 con el número 0304950, lo acredita como Licenciado en Ciencias Políticas egresado de la UNAM. La otra fue emitida apenas en 2017, con el número 10700616, que lo acredita como Licenciado en Derecho egresado de la Universidad del Distrito Federal.
Donde sí aparece su nombre es en el oficio número SIEDF/0374/2012 emitido por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales de la extinta Procuraduría General de la República de fecha 18 de abril de 2012.
El documento se refiere al caso por el que Hernández Alcocer era conocido antes de su detención: el fraude millonario por el que el ahora fallecido obispo Onésimo Cepeda fue denunciado.
Hernández Alcocer aparece como probable responsable junto con el obispo y personalidades como el entonces ministro Sergio Armando Valls Hernández, también ya fallecido, los magistrados federales Manuel Baraibar Constantino y José Pablo Villalba; el magistrado electoral José Alejandro Luna Ramos; el abogado especializado en propiedad intelectual, Alejandro Luna Fandiño, y el empresario Jaime Matute Labrador.
Todos fueron denunciados por Arthinia Internacional, SA, por fraude procesal de 130 millones de dólares que supuestamente intentó cobrar Onésimo Cepeda mediante un pagaré, por la misma cantidad, firmado el 28 de abril de 2003 por Olga Azcárraga, expresidenta del Consejo Directivo de la empresa.
En la denuncia, la empresa indicó que Azcárraga nunca recibió el dinero y que en realidad Cepeda, quien era confesor de la mujer, y su asesor, Jaime Matute, le pidieron firmar un papel en blanco que posteriormente hicieron pasar por el pagaré con el que pretendían quedarse con los activos de Arthinia que constaban de 24 pinturas, entre las que se encontraban obras de Rufino Tamayo, Modigliani, Diego Rivera, José Clemente Orozco, Pablo Picasso, Frida Khalo, Leonora Carrington, Francisco Goitia, Oskar Kokosha, Marc Chagall y Goya.
Hernández Alcocer fue señalado como uno de los abogados que operaba a favor de Onésimo Cepeda, quien falleció en enero pasado.
“En compañía del abogado Alejandro Luna Fandiño, se apersonó otro sujeto conocido como ‘abogado’ –sin serlo– de nombre Jesús Hernández Alcocer, quien dentro del litigio utiliza a diversos abogados; sin embargo, acude a los litigios, pero es conocido por tener una gran ‘audacia’ para lograr sus ilegales cometidos, tan es así que presumiblemente cuenta con diversas indagatorias por dicho delito y el de usurpación de profesión, además del delito de extorsión”, señaló la compañía en su denuncia.
Sin embargo, en el oficio antes mencionado, el entonces titular de la SEIDF, Irving Barrios Mojica, autorizó el no ejercicio de la acción penal contra los coacusados.
Su falta de credenciales para ejercer como abogado, al menos hasta 2017, la atestigua una persona que lo enfrentó en un proceso judicial constatado por Proceso: “Abogado no es, nunca fue. Lo conocí, claro. Y quién no lo iba a conocer si se dedicaba a andar amenazando a la gente” en los procesos legales, comentó la contraparte de Hernández al solicitar el anonimato por razones de seguridad.
Otras personas lo percibían como un hombre soberbio, con mucho poder, a veces afable en su trato, pero también grosero.
“el padrino”
En el Poder Judicial de la Ciudad de México, Hernández Alcocer es muy conocido entre jueces y magistrados. Incluido, en el entorno del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), el magistrado Rafael Guera. Algunos de esos funcionarios lo llaman “padrino” debido al apoyo que recibieron de su parte ante miembros de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal para recibir el espaldarazo de éstos en los nombramientos que otorga el Consejo de la Judicatura local.
La denuncia de la empresa Arthinia, hace 10 años, describe que Hernández Alcocer tenía, desde entonces, innumerables relaciones en el Poder Judicial tanto local como federal y en las procuradurías capitalina y federal.
“Acudió junto con el obispo a diversos restaurantes como se acreditará con los testimonios conducentes donde ambos señalaban que ‘…ya habían comprado dos de tres magistrados…’ que nosotros se las persignábamos y que el ministro Valls y un senador de la República, de nombre Federico Döring, con quien Jesús Hernández Alcocer tiene una estrecha y añeja amistad de negocios los habían ayudado”, describió la empresa.
Proceso consultó al hoy diputado local en la Ciudad de México Federico Döring para conocer su postura sobre esta mencionada amistad con Hernández Alcocer, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
La empresa denunciante también refirió la predilección de Hernández Alcocer por el Suntory.
“Resulta indiciariamente evidente que el día de la resolución fueron fotografiados por el periódico denominado El Universal, al salir a festejar los tres; es decir, el obispo, Alejandro Luna Fandiño y Jesús Hernández Alcocer, del restaurante denominado Suntory en la colonia del Valle”, consignó.
“Se hace evidente, con la participación de Jesús Hernández Alcocer de la clara posibilidad de la existencia del ilícito de cohecho puesto que ambos sujetos activos (Cepeda y Matute), por conducto de los ‘dineros y amistades’ hacen gala de su impunidad”.
Hernández Alcocer es relacionado de manera insistente con el magistrado presidente del TSJCDMX, Rafael Guerra Álvarez quien fue consultado al respecto, pero rechazó hacer algún comentario.
Jesús Hernández Alcocer dentro del restaurante Suntory, provocando su muerte.
Hernández Alcocer y su chofer, Benjamín “H”, fueron vinculados a proceso el pasado 30 de junio por el delito de feminicidio y permanecerán sujetos a prisión preventiva de oficio en el Reclusorio Norte durante, por lo menos, los próximos cuatro meses, término concedido por el juez de control para realizar la investigación complementaria.
Antes de la audiencia, Hernández Alcocer manifestó sentirse mal y solicitó asistencia médica. Llegó en silla de ruedas a las salas de oralidad del Reclusorio Oriente, a donde fue trasladado. Alegó padecer de males crónico-degenerativos. Atrás dejó la imagen de altivez que proyectaba en los juzgados.
Pese a que el homicidio de la cantante Yrma Lydya ocurrió frente a varias personas, la defensa argumentó que unas personas pretendían extorsionar a la joven y que en la escena un tercer sujeto le disparó.
La Fiscalía local imputó a Hernández Álvarez –de 79 años– porque según los testigos mató a su acompañante y posteriormente un escolta que se encontraba dentro del restaurante lo contuvo y ayudó a que se le detuviera casi de inmediato.
Luego de ser vinculado a proceso, el defensor de Hernández Alcocer solicitó permitirle llevar su proceso en libertad debido a su edad y padecimientos médicos.
Sin embargo, quienes lo conocieron alguna vez no lo retratan como el hombre viejo y enfermo que se presentó a la audiencia de vinculación.
Damián Saith, abogado integrante del equipo de defensa de Hernández Alcocer, comentó a Proceso que ya apelaron la vinculación a proceso y, de manera paralela, están aportando datos de prueba en la investigación complementaria para acreditar la inocencia de su cliente.
Explicó que la muerte su esposa y ahora el proceso penal que enfrenta mantienen al hombre en un estado depresivo y con temor por su vida dentro del reclusorio.
“(Está) muy mal de salud, muy delicado y muy enfermo. Está muy preocupado de que en cualquier momento lo vayan a querer matar”, dijo el abogado mediante un cuestionario que se le hizo llegar por escrito.
“Está muy deprimido, muy triste, muy desconcertado y a veces confundido, de verdad no puede creer que esté pasando esto”.
Sobre las relaciones de su cliente con altas esferas de poder, el abogado indicó que no existen pruebas de que lo que se ha dicho de él sea cierto. “Nos parecen por el momento afirmaciones totalmente infundadas y, sin una prueba contundente en contrario, son especulaciones meramente falsas. Nos parece que se está haciendo un circo y una carnicería mediática contra un hombre que toda su vida no ha hecho nada más que trabajar, y que son dichos meramente vacíos y carentes de fundamento, toda vez que lo que se ha dicho no está nada probado. Son falacias infundadas como las supuestas dos esposas que murieron de manera sospechosa por parte del señor don Jesús, mismas que están vivas”, enfatizó.
Añadió que ni Hernández Alcocer ni nadie cercano a él les ha referido algo sobre estos vínculos.
El jueves 7 la fiscal general de la CDMX, Ernestina Godoy, afirmó que la institución que encabeza tiene una “investigación sólida y con los datos de prueba necesarios para continuar el proceso legal” contra Hernández Alcocer como presunto responsable de feminicidio.
Aseguró que la fiscalía tiene testimonios, videos, dictámenes periciales en balística, mecánica de hechos para iniciar el proceso penal.
ENTREVISTA A MARCELO EBRARD
SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES
/ J. JeSúS eSquivel
El canciller desliza hacia los desencuentros con la DEA el origen de una campaña en Estados Unidos en la cual se asegura que México no ha dado resultados en materia de seguridad. Previo al encuentro del martes 12 entre los presidentes de México y Estados Unidos, Ebrard expone los temas a tratar en la agenda bilateral, entre los que se encuentran –además de la lucha contra el crimen– los esfuerzos económicos para atajar los efectos de la inflación y de una posible recesión estadunidense, así como los retos en materia de migración.
En su visita oficial a la Casa Blanca el próximo martes 12, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desmentirá la campaña que difunden las agencias federales de Estados Unidos sobre que no se está avanzando en la cooperación de seguridad, adelanta el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón.
“En (materia de) seguridad la reunión es una buena oportunidad para revisar dónde estamos y los avances bajo el Entendimiento Bicentenario, porque hay toda una campaña en Estados Unidos de que no se han logrado cosas; y lo cierto es que sí se han logrado muchísimas cosas”, dice el canciller en entrevista con Proceso.
El encuentro Biden-AMLO, la DEA y una “campaña de desprestigio”
Marcelo Ebrard
La agenda de temas de la sesión de trabajo con el presidente estadunidense, Joe Biden, incluye por igual la definición de una estrategia económica para detener la inflación, cooperación en materia migratoria y algunas propuestas en este sentido.
“Será un diálogo sobre dos prioridades de corto plazo. ¿Cuáles son? La principal, trabajar juntos en una estrategia económica común por el tema de las presiones inflacionarias ante el riesgo de una desaceleración macroeconómica y la otra es de seguridad”, agrega el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
La semana pasada, durante sus conferencias de prensa matutinas en Palacio Nacional, el mandatario mexicano, además de asegurar que con Biden abordaría los temas que enumera su canciller, agregó que a su homólogo le expondría el caso del periodista australiano Julian Assange.
“Lo de Assange no sé cómo el presidente López Obrador lo vaya a tratar porque no está en la agenda bilateral que tenemos hasta ahora. No sé si su intención sea comentárselo o hacerle alguna referencia al presidente Biden; eso ya lo veremos más adelante, pero hasta ahorita yo no lo tengo como un tema principal en la agenda bilateral”, aclara el encargado de la política exterior de México.
López Obrador, quien etiquetó a Assange con el título de “el mejor periodista el mundo”, prometió que le propondría a Biden que le retire los cargos criminales de espionaje.
Las autoridades británicas extraditarán a Estados Unidos al fundador australiano de WikiLeaks, quien enfrentaría una condena de cadena perpetua en caso de ser hallado culpable.
conFlicto con la dea
López Obrador expondrá ante Biden que México ha cumplido con su parte en materia de seguridad pública y combate al narcotráfico, contrario a la campaña de desprestigio, de la cual el canciller indirectamente señala a la administración antidrogas estadunidense (DEA).
Alejandro Moreno: El presidente y Morena “quieren eliminar” al Tricolor
/ gabriela Sotomayor
En su participación en la reunión de la Internacional Socialista en Ginebra, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, reitera en entrevista que es inocente de los ilícitos que se le imputan en México. Atribuye la “campaña” del gobierno contra él y contra el expresidente Enrique Peña Nieto a la pretensión de romper la coalición opositora y lograr las reformas obradoristas, además de acallar las voces críticas que impiden establecer una dictadura.
La persecución al expresidente Enrique Peña Nieto y la de Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, tiene el propósito de romper la alianza opositora, asegura este último desde Ginebra, Suiza, en medio del escándalo causado por la denuncia que presentó el gobierno de la Cuarta Transformación ante la Fiscalía General de la República contra Peña Nieto.
En entrevista con Proceso, el líder nacional del PRI dice que las acciones judiciales también pretenden doblar al PRI de cara a las elecciones en el Estado de México el próximo año, y acusa al presidente Andrés Manuel López Obrador de querer un PRI a modo.
El viernes 8, a las 19:30, el gobierno de México publicó en su cuenta de Twitter: Por los posibles delitos de tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal, la @FGRMexico inició una carpeta de investigación en contra de @alitomorenoc, exgobernador de Campeche y actual líder nacional del #PRi.” El mensaje fue borrado poco después y, aunque se buscó al vocero Jesús Ramírez Cuervas para consultarlo al respecto, no fue posible localizarlo.
“A mí me quieren callar. Quieren amedrentarme, echarme para atrás. Primero me van a tener que matar. A mí no me van a callar, yo no me voy a ir de México. Yo los voy a enfrentar ahí, con la ley, con la Constitución y la democracia”, reitera en la entrevista realizada el viernes 8 en la capital suiza, adonde acudió a la reunión de la Internacional Socialista.
El dirigente priista aprovechó su paso por Ginebra para presentar una carta a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michele Bachelet, en la que extendió esa queja. –¿Cómo explica la denuncia en contra del expresidente Peña Nieto hecha por el gobierno de México por presuntas transferencias millonarias al extranjero? –Como parte de esa persecución. Lo que quiere Morena es que se vea lo que le puede pasar a un líder opositor: “Esto les vamos a hacer a los opositores, los vamos a asustar, les vamos a decir que los vamos a meter a la cárcel”, para que entonces nadie hable y ellos instauren una dictadura.
“Por eso me quieren quitar del PRI, para poner a alguien que vaya y se les hinque y haga lo que el gobierno quiera y vote su reforma electoral, pero mientras no pare esta persecución política seguiremos esta campaña para que el mundo ponga los ojos sobre lo que está pasando en México”.
Recuerda que en las votaciones de 2021 el porcentaje de votos del PRI fue de 18%, el PAN de 18% y el PRD de 4 %, es decir que la coalición Va por México vale 40 puntos del electorado y Morena, en el resultado del INE, tiene 36%, el PT 3% y el Partido Verde 5%. “Ellos tienen 44% y Movimiento Ciudadano 6%”.
“Saben que van a perder la Presidencia de la República y lo que quieren es eliminar al PRI”, sostiene Moreno. Lo que quieren es “eliminar al PRI porque si rompen la coalición destruyen a la oposición”, remarca.
“Firme en la dirigencia”
Sobre sus declaraciones patrimoniales en los años en que ha sido tres veces diputado, dos veces senador y una gobernador, señala Moreno, sus propiedades están declaradas “desde antes de 2015, antes de que fuera gobernador”.
Por eso, deplora, las autoridades del estado entraron por otro predio y utilizarán las fotos y videos de su casa para seguir difamando y calumniándolo, violando el debido proceso y la presunción de inocencia.
“Estos son unos cínicos, no tienen vergüenza, pero nos vamos a quedar en México y vamos a dar la batalla y los voy a ir a denunciar en todos los organismos internacionales. Vamos a hacer una campaña mundial y en todos los parlamentos del mundo vamos a denunciar que Morena quiere hacer una dictadura, no nos van a echar para atrás, no nos van a asustar”.
Acerca de la posibilidad de su renuncia al cargo partidista, subraya que “antes el jefe político del PRI era el presidente de la República, pero a mí no me puso ningún presidente en la presidencia del PRI. Yo gané la presidencia del PRI con dos millones de votos, que votó la militancia en un proceso interno.
“Yo tengo el apoyo de la militancia. Hasta el día de ayer los 32 comités directivos estatales del PRI de todo el país mandaron una carta valiente al presidente pidiendo que pare con esta persecución política.
“Por eso, cuando algún correligionario hace algún comentario (sobre su renuncia), se escucha al interior del PRI, pero hay que preguntarles: ¿qué hacen por el PRI, trabajan por el PRI? Pero muchos de ellos sólo se acercan al PRI en tiempos de campaña o cuando el gobierno los contrata como esquiroles o lacayos, porque a muchos de ellos los anda persiguiendo el gobierno para meterlos a la cárcel por corruptos, entonces quieren quedar bien con el gobierno”.
Alejandro Moreno
La impunidad
/ Javier Sicilia
Pese a los niveles de violencia que la administración de la 4T ha acumulado en cuatro años, López Obrador se empeña en mantener su estrategia de seguridad de “abrazos y no balazos” y de atacar lo que supone es la causa de la violencia: la pobreza, aunque no tengamos 50 millones de asesinos y criminales.
La estupidez del razonamiento –si a eso puede llamarse razonar– es que tanto para Calderón y Peña Nieto en su momento, como para López Obrador hoy, la seguridad se reduce a un asunto de violencia: presencia o abstención. Al final, los extremos se tocan. Los tres han terminado por exacerbar el crimen (121 mil 633 asesinatos y 17 mil 210 desapariciones en el gobierno de Calderón; 156 mil 437 y 35 mil 305, respectivamente en el de Peña Nieto y 121 mil 655 y 21 mil 500 sólo en los cuatro años de gobierno de la 4T).
El problema es que con balazos o sin ellos, la gran ausente en estas administraciones ha sido la justicia. Los niveles de impunidad de las tres han sido casi absolutos, por arriba de 95%, con una diferencia: López Obrador, en un acto de cinismo y perversidad, decidió que la impunidad debe ir acompañada de “abrazos” y bendiciones.
Lo que ni uno ni otros han entendido es que su tarea como jefes de Estado no es agarrarse a chingadazos o dejar de hacerlo, sino ejercer la justicia. La impunidad alienta el crimen y exacerba la violencia. El hoy famoso Chueco, el asesino de los jesuitas, llevaba años, como parte del Cártel de Sinaloa, ejerciendo el crimen en la Tarahumara. Se le veía en las calles, tenía incluso un equipo de beisbol. Pudo operar al amparo del Estado y del gobierno de López Obrador hasta que tocó a quien no debía. Lo mismo sucedió con el Negro Radilla, el asesino de mi hijo y de seis de sus amigos durante el periodo de Calderón (en el de López Obrador, el Negro y sus secuaces, que están detenidos, no tienen todavía sentencias) o con los Abarca hasta la desaparición de los 43 muchachos de Ayotzinapa durante el gobierno de Peña Nieto.
Antes de rebasar la línea donde el crimen se vuelve escándalo y el Estado se ve en la necesidad de actuar para controlar los daños políticos, esos criminales operaron “abrazados” explícita o implícitamente por el Estado, operaron en la impunidad, como lo siguen haciendo miles de células criminales.
La más clara muestra de ello puede verse en el evento que hace unas semanas realizó el gobierno de la 4T para dar inicio a los trabajos de la supuesta comisión que busca garantizar la verdad y la justicia de 1965 a 1990, es decir, los años del terrorismo de Estado, como si los que siguieron hasta nuestros días no fueran otra fase de ese mismo terrorismo.
El acto fue en todos los sentidos un alarde de impunidad y, como lo señaló Jacobo Dayán (Animal Político, 28/06/22) de provocación y desprecio por las víctimas, una apología, al estilo Calderón, de las fuerzas armadas.
En los discursos pronunciados tanto por el secretario de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, como por López Obrador, la justicia fue la gran ausente. Nunca se habló de ella.
Sandoval se refirió a la necesidad de la memoria, la verdad, la reparación y la no repetición, pero prescindió de la justicia como si estos cuatro componentes pudieran existir sin ella. Justificó los crímenes del ejército con argumentos semejantes a los de Díaz Ordaz durante la masacre del 68: fueron, dijo, “medidas implementadas para garantizar la seguridad nacional, el orden constitucional o el estado de derecho” que sólo afectaron a “un sector de la población” y concluyó con un escupitajo a las víctimas al anunciar la autorización del presidente para que, como un tributo a aquellos que cayeron cumpliendo con su deber”, sus nombres sean inscritos en un Muro de Honor. Exaltó el terrorismo de Estado como obligación.
López Obrador no sólo lo respaldó. Como un predicador y no como el presidente que es, llamó no a hacer justicia, sino a la reconciliación que analoga con el perdón –un asunto que pertenece únicamente a las víctimas– y, como un moralista rascuache, con el olvido. Luego, como si él mismo no fuera responsable por omisión –quizá por colusión con el crimen organizado– de la violencia que sucede bajo su gobierno, redujo la responsabilidad de los crímenes del periodo que se “investigará” a las autoridades civiles que los ordenaron. Con ello –señala Dayán– exculpó a los mandos militares y se puso del lado del “argumento utilizado en los Juicios de Núremberg, donde criminales nazis afirmaron que ‘seguían órdenes’” y de las leyes argentinas donde los victimarios apelaban a la “obediencia debida”. Esa perversa exculpación –obedecer órdenes criminales no exenta de la responsabilidad–, es equivalente a la negativa del propio López Obrador a perseguir y llevar ante la justicia a las organizaciones criminales y a quienes dentro del Estado están coludidos con ellas, porque la pobreza y la explotación los llevaron a ello.
Para colmo, Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH, hermana de Jesús, desaparecido por el Ejército, no dejó de aplaudir esos discursos que condenan a su hermano a la injusticia y a su madre al desprecio.
López Obrador y la 4T están, como sus antecesores, del lado de la violencia, del crimen y la impunidad; sólo que ellos pretenden ocultarla bajo la estúpida coartada de la bondad de los abrazos.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samir Flores, la masacre de los LeBarón, detener los megaproyectos y devolverle la gobernabilidad a México.
/ Wendy Selene Pérez
La prohibición del aborto, de la participación de niñas trans en deportes escolares y del uso de palabras “controvertidas” en las aulas –no se puede hablar de racismo o esclavitud–, además de la continua cacería de migrantes, son fenómenos muy visibles en Texas, pero que se replican prácticamente en todos los estados de la Unión Americana, sobre todo gracias a que la Corte Suprema anuló el derecho federal a la interrupción del embarazo. Este clima conservador y de evidente supremacismo blanco se da en vísperas de las elecciones legislativas de noviembre, donde los republicanos tienen previsto arrasar.
Los jueces nombrados por los republicanos anularon la elección libre de seguir o no un embarazo en Estados Unidos, anularon la histórica batalla ganada hace casi 50 años con el caso Roe vs. Wade y anularon una ley que se suponía irrevocable. Hace dos semanas la mayoría conservadora en la Suprema Corte borró de tajo el derecho constitucional al aborto y profundizó, aún más, la grieta en un país dividido.
A lo largo de Estados Unidos las legislaturas estatales dirigidas por republicanos están echando abajo los derechos reproductivos, prohibiendo libros, legislando contra los jóvenes trans y sus familias, y censurando los programas escolares sobre racismo, sexismo, asuntos LGBTQ+. Y parte de esto se ha desencadenado con más velocidad desde la era de Donald Trump, que tiene la mira puesta en la elección de 2024.
Texas, por ejemplo, en el último año prohibió casi totalmente el aborto e impuso multas de hasta 10 mil dólares a las personas que ayuden con la interrupción del embarazo. Prohibió, además, la participación de niñas transgénero en deportes femeninos escolares, intentó que madres y padres de niños trans fueran investigados por abuso infantil y censuró a los maestros para que no hablen de racismo y temas “controvertidos” en el salón de clases. Unos días atrás, la agencia estatal de educación propuso cambiar la palabra “esclavitud” por el eufemismo “reubicación involuntaria” en los planes de estudio.
En el tema migratorio, el gobernador Greg Abbott mantiene una operación cazamigrantes y habla de una “invasión”: apenas el jueves 7 emitió una orden ejecutiva en la que autoriza a la Guardia Nacional de Texas y al Departamento de Seguridad Pública a aprehender indocumentados y devolverlos a México.
Abbott está en campaña y la agenda conservadora es su mayor carta para ganar la elección en noviembre próximo.
“Lo que estamos viendo es que los grupos conservadores y la gente de la derecha están tomando cada vez más el control”, dice a Proceso Jonathan Guadian, un joven activista en Tarrant, uno de los condados más grandes de Texas y que coopera estrechamente con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para la deportación de migrantes.
“Mucho de esto viene de las fuerzas reaccionarias que están tratando de afirmar los valores de la supremacía blanca y montarse como los jefes del gobierno estadunidense. Fracasaron en la elección en la que creían que iba a ganar Donald Trump, los demócratas obtuvieron muchas victorias significativas en los últimos años y ahora estamos viendo que se manifiestan no sólo en las decisiones de la Corte Suprema, sino en tribunales estatales y legislaturas”.
Como integrante de la organización ICE Out of Tarrant (ICE Fuera de Tarrant) Guadian enseña a los migrantes del condado cómo defenderse en casos de redadas, tiene un grupo que vela por los derechos de los migrantes jóvenes DACA (Programa de Acción Diferida para los llegados en la Infancia), pugna por los derechos de los presos en los condados de Tarrant y Dallas, monitorea casos de covid en las prisiones locales, lucha por la apertura de datos y la transparencia de información, organiza protestas y acompaña manifestaciones para defender derechos civiles, reproductivos, políticos, sociales.
Guadian es una de las caras visibles entre la resistencia civil en Texas y en un país donde cada vez más gente toma las calles para protestar, más aún después de que la Corte Suprema dejó a los estados la decisión de regular el aborto.
En las últimas cinco semanas –entre el 2 de mayo y el 6 de julio–, Estados Unidos ha registrado 2 mil 481 protestas, un promedio de 65 cada día.
“Un aspecto importante de la ola de protestas en Estados Unidos por el derecho al aborto que comenzó el 2 de mayo son las conexiones que los manifestantes están haciendo entre el derecho al aborto y otros temas”, dice a esta reportera Jay Ulfelder, investigador de la Universidad de Harvard que está siguiendo las protestas relacionadas con sentencias en contra del aborto para The Crowd Counting Consortium (Consorcio de Conteo de Multitudes).
La mayor parte de las manifestaciones recientes tienen como foco central los derechos de la mujer y acceso a la salud. Y suelen ser protestas, señala Ulfelder, donde abundan referencias a la religión: “Mantén tus rosarios fuera de mis ovarios”, “Mantén tu teología fuera de mi biología” o “No soy miembro de tu club de lectura” con una imagen de la biblia.
La llegada del tsunami conservador
Jonathan Guadian
